Unidos-Podemos y
las candidaturas ciudadanas han presentado a los gobiernos de estos
Ayuntamientos como modelo a seguir si pudieran gobernar el Estado. Pero,
¿qué ha cambiado realmente para la vida real de millones de
trabajadores y trabajadoras, parados, precarios, jóvenes sin estudios o
estudiantes sin futuro, desde que la nueva izquierda española ha llegado
al poder municipal en las principales ciudades del Estado?
Entre los discursos radicales de Pablo Iglesias para la tribuna -con los que dicho sea de paso
se impuso contra el discurso conciliador de Iñigo Errejón en la
guerra interna de
Podemos-, y la practica real donde gobiernan, hay todo un abismo. Tanto
pablistas como errejonistas, transformados en gestores del Estado
capitalista en las grandes ciudades, han negado las demandas de
remunicipalización de los servicios públicos, el derecho a la vivienda y
al trabajo, la ruptura con las grandes corporaciones empresariales y el
no pago de la deuda ilegítima.
En cambio, desalojan a los
“manteros” inmigrantes, chocan contra los trabajadores en huelga (como el
metro de Barcelona),
pagan religiosamente a los grandes bancos acreedores de la deuda
ilegítima, hacen acuerdos con los grandes empresarios y negocian las
políticas con el PSOE.
Los “Ayuntamientos del cambio” son la prueba del poder de
Podemos-Izquierda Unida y sus aliados como Manuela Carmena en Madrid o
Ada Colau en Barcelona. Y no la han superado. En casi dos años de
gobierno han demostrado que no están dispuestos a ir más allá de tibias
medidas cosméticas, sin resolver ninguna de las demandas sociales ni
democráticas pendientes, cediendo a cada paso ante las presiones de las
empresas, los bancos y la derecha tradicional.
¿Y la remunicipalización de los servicios públicos?
Decenas de Plataformas por la
remunicipalización de los servicios públicos vienen
trabajando en todo el Estado para exigir que se cumpla lo que fue una
promesa de campaña de estas candidaturas, que desecharon ni bien
asumieron.
En las grandes empresas de servicios, estratégicas para el funcionamiento de la ciudad como
limpieza, cuidado de parques y otros servicios públicos, se han mantenido y renovado las
concesiones a las grandes empresas privadas que
vienen haciendo negocios millonarios a costa de los trabajadores y
usuarios. Y en los poquísimos casos que se producido alguna
remunicipalización -de sectores muy pequeños-, se han realizado en
condiciones completamente desfavorables para los trabajadores, como el
escandaloso caso de Madrid donde el Ayuntamiento ha decidido
despedir a 37 trabajadores del centro deportivo Moscardó, negándose a subrogar a la plantilla.
En esta cuestión central, nada ha cambiado respecto a los gobiernos
anteriores. Se garantiza la continuidad de los negocios capitalistas a
costa de los servicios públicos, contando con la complicidad de los
sindicatos mayoritarios, que se niegan a luchar por la
remunicipalización, como es el caso de UGT y CCOO en el sector de
limpieza, por dar solo un ejemplo.
En todo el Estado es necesario desarrollar la lucha por la
remunicipalización de los servicios públicos, mediante la movilización
de los trabajadores y usuarios, con campañas, acciones, encierros,
huelgas sectoriales y huelgas generales por ciudades. Porque esta es una
demanda que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras.
Al mismo tiempo, es necesario plantear que las remunicipalizaciones
se hagan sin indemnización alguna a las empresas que han lucrado con los
servicios públicos, y bajo el control de trabajadores y usuarios, el
único modo de garantizar un servicio eficiente, al servicio de las
necesidades sociales y sin corrupción estatal.
¿Y la vivienda para todos?
En el mes de enero, la
Coordinadora por la vivienda de Madrid replicaba
a Manuela Carmena, por sus declaraciones sobre la cuestión de la
vivienda: “Es lamentable que la alcaldesa no vea cómo el boom
constructor y la estafa bancaria dibujan el paisaje en el que todas
somos afectadas. Al contrario, fortalece con su discurso un modelo
neoliberal en el que la vivienda se convierte en mercancía en vez de ser
un derecho fundamental: creemos que se pierde una oportunidad única de
hacer de la lucha contra la pobreza y la desigualdad la punta de lanza
del proyecto municipal.”
Desde la Plataforma han denunciado también “el miedo del Ayuntamiento
a intervenir en las estructuras que sostienen la desigualdad y producen
‘casas sin gente y gente sin casas’”, a la vez que se criminaliza a
quienes ocupan viviendas vacías porque no tienen ninguna alternativa
habitacional. La plataforma denuncia que existen “3.000.000 de pisos
vacíos en todo el Estado”, pero sigue habiendo cientos de miles de
familias sin casas.
La expropiación sin indemnización de los pisos vacíos de los bancos,
tanto a nivel estatal como municipal, para crear parqués de vivienda
sociales, con alquileres accesibles para parados y familias
empobrecidas, no puede postergarse ni un minuto más. Esta es la única
manera realista de solucionar esta demanda social tan sentida que
condena a la tragedia a miles de familias sin techo. Esto es lo que se
niegan a siquiera intentar los “Ayuntamientos del cambio”, que prefieren
sentarse a negociar con los bancos antes que resolver las necesidades
de los sectores más afectados por la crisis.
¿Y la promesa de trabajo y terminar con la precariedad?
El paro y la precariedad del empleo siguen siendo una de las
preocupaciones más grandes de los trabajadores. En casi dos años de
gobiernos “del cambio”, ¿qué ha cambiado en esta cuestión? La verdad es
que nada. Atados a la lógica de la “austeridad” del gasto y de respetar
las imposiciones del Estado central, los Ayuntamientos se han negado a
aplicar medidas como la reducción de la jornada laboral sin reducción
salarial para abrir nuevas plazas de trabajo, aumentar los presupuestos
para promover planes de empleo para parados y jóvenes, planes de obras
públicas bajo control de vecinos y trabajadores, y la propia
remunicipalización de los servicios públicos para abrir nuevas fuentes
de trabajo, etc. Tampoco se proponen terminar con la precariedad en las
empresas, más allá de algún discurso para la TV.
Se podría hacer una larga lista de las demandas sociales y
democráticas que los “Ayuntamientos del cambio” ni se plantean resolver.
Ante cada discurso que Pablo iglesias hace en la tribuna del Congreso o
en un Plató de TV, se pueden encontrar decenas de ejemplos que
demuestran que no hay relación alguna entre discurso y realidad.
¿Qué izquierda necesitamos?
La emergencia de Podemos fue vista por millones como la posibilidad
de que surgiera un nuevo partido de izquierda que dijera basta a seguir
siendo los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los parados y los
pensionistas los que paguemos los platos rotos de la crisis capitalista.
Con ese apoyo hoy Unidos-Podemos, Ahora Madrid, Barcelona en Comú y
otras fuerzas afines han ganado un enorme peso superestructural y de
integración en las instituciones del Régimen: aparte de ostentar el
gobierno en las principales ciudades, tienen 67 diputados nacionales, 21
senadores, 145 diputados autonómicos, 5 Eurodiputados y varios cientos
de concejales en ciudades todo el Estado español.
Pero, ¿qué se ha conseguido con esto? ¿De qué sirve un nuevo partido
de izquierda con cientos de diputados nacionales y autonómicos,
concejales, etc., que no resuelve las demandas más elementales por las
que millones le dieron su apoyo? Podemos nació con un discurso contra la
“casta política”, pero los límites de su programa lo han transformado
en una nueva aristocracia de izquierda.
Sus representantes aparecen permanentemente en la televisión, hacen
discursos encendidos y hasta se acercan a las luchas para hacerse
selfies y poner algún tuit, pero son incapaces de luchar seriamente por
mejorar la situación de la mayoría de la población. Porque para eso hay
que enfrentarse a los poderes reales con la fuerza de la movilización de
los trabajadores, las mujeres y la juventud, no integrarse mansamente a
sus instituciones.
La movilización social está retornando a las calles. Sólo en la última semana,
cientos de miles de mujeres y jovenes tomaron las calles de todos el estado para luchar contra la violencia machista,
en defensa de la educación pública y
contra los ataques del Gobierno. En mayo, las Marchas de La Dignidad
nuevamente volverán a confluir en Madrid para luchar por el pan, el
trabajo, la dignidad y contra el pago de la deuda. Es necesario
canalizar esta energía social hacia un plan de lucha contra el gobierno y
los recortes.
La experiencia que ya están haciendo con los Ayuntamientos del cambio
miles de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y estudiantes, plantea la
necesidad de agrupar a los sectores anticapitalistas, para luchar
juntos por reactivar la movilización obrera y popular y defender un
programa para que la crisis la paguen los capitalistas.
Para ellos necesitamos una nueva izquierda, sí, pero que sea
anticapitalista y de los trabajadores, que frente a los límites
reformistas de Unidos-Podemos, diga claramente que no es posible
reformar el capitalismo y que plantee la única perspectiva realista para
conquistar todas las reivindicaciones pendientes, un gobierno de los
trabajadores y el pueblo.
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