Opinión: Es necesario un padrón depurado en los partidos

Opinión: Es necesario un padrón depurado en los partidos

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Por Arturo Espinosa Silis  @AESUPD
Enero 19, 2013  

NOTA DEL EDITOR: Arturo Espinosa Silis es Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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En días pasados el Partido Acción Nacional realizó una actualización de su padrón de militantes, activos y adherentes, con el objetivo de conocer el número de integrantes del partido.
Se hizo a través de un proceso de refrendo, en el que los militantes debían acudir a sus comités municipales o delegacionales a revalidar su militancia. Hasta antes de la depuración del padrón el partido estimaba que tenía un total de 1 millón 868,742 militantes, de los cuales 354,490 eran activos y 1 millón 514,252 adherentes. Una vez depurado el padrón la cifra final de militantes es de 373,942, de los cuales 208,415 son activos y 165,527 adherentes.
Independientemente del significado que se le pueda dar a la reducción del padrón del Partido Acción Nacional, destaco la importancia de tener un padrón depurado y que, el partido conozca el número exacto de militantes con que cuenta.
No debemos perder de vista que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin primordial es promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, para lo cual es necesario fomentar el involucramiento de los ciudadanos en la vida partidista.
Los militantes son el corazón de un partido político, de ellos depende, en cierta medida, la vida interna y externa del partido. Es a través de los partidos que los ciudadanos en general, y en particular sus militantes, pueden acceder a los cargos públicos (a partir de agosto de 2012 también por medio de las candidaturas independientes). La importancia del padrón de militantes, entre otras, radica en que dicho instrumento sirve para conocer quiénes son las personas que se encuentran afiliadas a un determinado partido político y que, de alguna forma, participan en la toma de decisiones del partido (selección de candidatos y dirigentes).
A manera de ejemplo señalo algunos supuestos en los que el padrón de militantes es fundamental para un partido político.

• Para constituir y registrar un partido político el Código Electoral señala que se requiere tener un mínimo de militantes -0.26 % del padrón electoral federal, actualmente, equivale a 220,000 afiliados, aproximadamente- además, es obligación de los partidos mantener dicho número mínimo de afiliados.
• En la mayoría de los procesos de selección de candidatos, son los militantes quienes eligen a los candidatos que contendrán por un puesto de elección popular, así como a los dirigentes del partido, a nivel nacional, estatal y municipal.
• En algunas convocatorias para elegir candidatos se exige que quien pretenda participar en el proceso partidista de selección de candidatos acredite tener el apoyo de un determino porcentaje de la militancia partidista.
• La publicación del padrón de militantes constituye una obligación de transparencia de los partidos políticos. El reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Federal Electoral señala que el padrón de militantes de los partidos políticos es información pública que debe difundirse a través de la página de internet del propio instituto electoral, lo cual implica que el mismo no sólo debe ser accesible, sino que debe encontrarse actualizado.

Lo anterior, ilustra la importancia que tiene que un partido conozca y tenga certeza de quiénes son sus militantes, por lo que su padrón debe estar actualizado. Contar con un padrón de militantes cierto y seguro garantiza que el partido cumple con el número mínimo de militantes que exige la ley, así como que sus procesos de selección de candidatos y dirigencias tiene condiciones suficientes para realizarse de manera democrática y transparente, ya que sus militantes y los ciudadanos podemos tener certeza sobre quiénes participan en ellos.
Aunado a ello, un padrón actualizado y depurado, que refleje la realidad del partido, contribuye a fomentar la participación de la militancia en la vida interna de cada instituto polítco, generando que más ciudadanos quieran involucrarse en las actividades partidistas, pues ello significa que los procesos internos se realizan en apego a los principios democráticos.
El PAN ha puesto el ejemplo, si bien el costo que pago puede parecer alto, pues el número de sus militantes es mucho menor de lo que se estimaba, lo cierto es que este ejercicio, con la consecuente difusión de los resultados, es acorde a la finalidad de los partidos de contribuir a la participación ciudadana en la vida democrática del país, así como de fomentar la transparencia de sus procesos de selección de candidatos y dirigentes, generando certeza en sus militantes y la ciudadanía en general.
Considero que los demás partidos políticos, aquellos que actualmente cuentan con registro, así como los que en este año buscarán obtener el suyo, deben seguir el camino trazado por el PAN, pues este tipo de acciones contribuyen a tener una democracia más sólida en la que los partidos asumen su papel de entidades de interés público y contribuyen a la consolidación de la democracia en el país.

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AMLO pide a Peña 'rectificar' y detallar valor de sus bienes

AMLO pide a Peña 'rectificar' y detallar valor de sus bienes

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• El excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una 'simulación' el no detallar la declaración patrimonial de altos funcionarios.

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Cuartoscuro

  @ADNPolitico

El excandidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, pidió al presidente Enrique Peña Nieto "rectificar" y detallar el valor de sus bienes.El fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consideró que no tiene sentido que en su declaración patrimonial, los altos servidores públicos federales sólo manifiesten con cuáles valores cuentan sin difundir cuánto cuestan éstos.
"Ojalá rectifique y hoy, mañana, pasado mañana, (Peña Nieto) dé a conocer las cantidades de lo que valen los bienes que manifestó, y que lo hagan todos (los funcionarios). Si no, no tiene ningún sentido", comentó tras asistir a la asamblea constitutiva del comité municipal de Morena en Paraíso, Tabasco.
López Obrador abundó que no es lo mismo declarar una casa en una unidad habitacional que una "grande residencia", y agregó que la zona también importa para determinar el valor.
"Si el (secretario) de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dice ‘un edificio’, ¿eso qué? De un piso, de dos pisos, tres pisos, ¿qué edificio es?, ¿está en la colonia Obrera o está en Santa Fe?, ¿cuánto cuesta?", indicó.
Si los funcionarios no ofrecen los pormenores de sus propiedades, advirtió el experredista, sería una "simulación".
"Es pura simulación. Afortunadamente ya la gente no se deja engañar", comentó.
López Obrador recomendó a Peña Nieto cancelar el contrato del nuevo avión presidencial -cuyo modelo ha presentado fallas y en Estados Unidos se ordenó cancelar los vuelos de este tipo de aeronaves- y destinar los recursos en beneficio de la gente más humilde.
"(Peña Nieto) va a ir a Chiapas, tengo entendido, a iniciar el plan de combate a la pobreza. Yo le recomiendo que anuncie que no va a comprar el avión, que son 6,300 millones (de pesos) que va a usar para combatir la pobreza", manifestó.
Califica aquí el desempeño de Andrés Manuel López Obrador a partir de esta nota

El Gobierno de Calderón aumenta a 533% el gasto en blindaje

El Gobierno de Calderón aumenta a 533% el gasto en blindaje

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• Durante el sexenio se destinaron 45 millones de pesos para la seguridad del exmandatario.

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Getty Images

Por Elia Baltazar  @ADNPolitico

CNNMéxico. Durante el Gobierno de Felipe Calderón, la presidencia de México creció 533% el gasto anual para el blindaje de vehículos, que pasó de 3 millones en 2007 a 19 en 2012.En total, se destinaron 45 millones de pesos para la seguridad del expresidente (2006-2012) y su familia, informó el Estado Mayor Presidencial (EMP) como respuesta a una solicitud de información realizada a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En respuesta a dicha solicitud, el EMP no ofreció detalles sobre las empresas proveedoras de servicios de seguridad, por considerar que esa información que puede poner en riesgo al expresidente y su familia.
“(Los trabajadores de dichas empresas) pueden ser obligados por grupos de la delincuencia organizada a revelar información de las características y detalles técnicos de este servicio, datos que pueden dar una idea precisa del nivel de fuerza que se requiere para poder llevar a cabo un atentado contra la vida, seguridad y salud del Presidente, su familia y del propio personal del Estado Mayor Presidencial”, indicó en su respuesta.

Transparencia opaca. Artículo José Cárdenas / Excélsior

Transparencia opaca. Artículo José Cárdenas / Excélsior

Nadie sabe cuánto valen los bienes del Presidente y los secretarios de Estado… y mucho menos los recursos acumulados en sus cuentas bancarias.

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Para nuestra desgracia, México es un país plagado de políticos corruptos y rateros. Lo sucedido en las alcaldías chiapanecas o en el gobierno tabasqueño sólo son los últimos botones de muestra.

El Presidente de la República proclama tomar muy en serio el combate a la corrupción. Transparencia y rendición de cuentas son sus consignas.

Enrique Peña Nieto lo hace porque está obligado a cumplir la ley. Pero además publica su declaración patrimonial… y sus más cercanos colaboradores lo imitan, salvo el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien evita la publicidad de sus bienes... ¿Para evitarse males?

Pero la ley no obliga a revelar a la sociedad los datos precisos del patrimonio de los funcionarios públicos. Basta entregar a la Secretaría de la Función Pública la lista de sus bienes. Hacer públicas sus posesiones materiales es —en todo caso— un compromiso y una obligación moral… una muestra de buenas intenciones.

Pero de poco sirven tan buenas intenciones si los hechos se quedan a medias.

Las declaraciones publicadas en la página de la Presidencia sirven como referencia, pero son insuficientes. Los documentos nos permiten saber que el Presidente gana 193 mil 478 pesos mensuales… que el salario de Manuel Mondragón es superior al del secretario de Gobernación… que a Francisco Rojas, director de la CFE, le gustan los autos de lujo o que Rosario Robles sólo es dueña de una camioneta… comprada a plazos.

Pero más allá de los sueldos y el número de propiedades manifestadas, el ejercicio de transparencia queda opaco. Nadie sabe cuánto valen los bienes del Presidente y los secretarios de Estado… cuántas y cuáles son las joyas y obras de arte poseídas por ellos… y mucho menos los recursos acumulados en sus cuentas bancarias.

Podría argumentarse confidencialidad por razones de seguridad.

Aun así, no le falta razón a la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, quien alega opacidad en el afán de transparencia.

Así las cosas, las declaraciones patrimoniales de los hombres y mujeres del poder podrá provocar un efecto bumerán… desatar suspicacias y reducir la certeza de una genuina voluntad de transparencia a un mero ejercicio de relaciones publicas… para efectos mediáticos.

MONJE LOCO: Vamos a ver si nos entendemos. La percepción ordinaria mensual bruta por concepto de sueldos y salarios es la misma para todos los secretarios del gabinete presidencial. Asciende a 205 mil 122 pesos… con derecho a seguro de separación. La neta son 145 mil 284 pesos en todos los casos, salvo el de aquellos quienes reciben un pago extra de hasta 30% por arriba del sueldo ordinario, por cuestiones de riesgo. Los miembros de las Fuerzas Armadas reciben pagos adicionales de acuerdo a su antigüedad en el servicio. Así lo precisa la Secretaría de la Función Pública. Dicho de otro modo, todos los miembros del gabinete son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Por ejemplo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, gana 205 mil mensuales, más otros 467 mil 330 por "servicios profesionales" (672 mil en total)… mientras que las peor pagadas son las únicas tres mujeres del gabinete: Claudia Ruiz Massieu (Turismo), Mercedes Juan (Salud) y Rosario Robles (Sedesol). ¿Cuál es el criterio?

Partidos y poderes no deben ser rehenes del Pacto: Madero. Con Denise Maerker

Partidos y poderes no deben ser rehenes del Pacto: Madero. Con Denise Maerker

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, reconoció que en recientes fechas han advertido la existencia de una fuerte campaña en medios de comunicación que busca desmoralizar al organismo político que preside y dejar atrás los logros obtenidos en los últimos 12 años, la cual desconocen quién encabece.

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El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, al referirse a las declaraciones de la senadora Luisa María Calderón, en el sentido de que la delincuencia organizada ha citado a diversos alcaldes michoacanos en instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) para indicarles las líneas que deberán seguir sus gobiernos, aclaró que él no estaba enterado de esta situación y aseguró que éste es un tema meritorio de un análisis e investigación profundas.

Entrevistado en el espacio informativo "Atando Cabos", expresó que es bien sabido que el crimen organizado trata de influir en las decisiones de los gobiernos municipales e incluso en los procesos electorales constantemente, por lo que comprometió entablar comunicación con los funcionarios emanados del blanquiazul, a fin de conocer con mayor detalle estos hechos denunciados por la hermana del expresidente Felipe Calderón.

En otro orden de ideas, respecto a las afirmaciones de la senadora Calderón sobre la existencia de un golpeteo continuo por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condicionado al contenido del Pacto por México, Madero Muñoz aclaró que el pacto es un tema que no lo relaciona con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino con una agenda en favor del país y sus habitantes.

"El partido es el que se relaciona con el gobierno y le exigimos respeto, como partido, no chantajeando a través del pacto. No podemos ser rehenes del pacto, porque el pacto es para beneficiar a los mexicanos y estamos convencidos de su contenido", abundó.

Al ser cuestionado sobre si el PAN se siente bajo ataque del PRI y del gobierno federal, Madero Muñoz dictó, "yo no acepto vincular una cosa con la otra, no puedes utilizar la agenda de reformas por México a un comportamiento o a un trato que te dispense" y añadió que han advertido la existencia de una fuerte campaña en medios de comunicación que busca desmoralizar al organismo político que preside y dejar atrás los logros obtenidos en los últimos 12 años, la cual desconocen quién encabece.

En este sentido, reveló que durante la plenaria con los senadores del blanquiazul, les aclaró que se debe trabajar tanto en la agenda de reformas y el Pacto por México, como para contrarrestar esta campaña "por cuerdas separadas", pues el partido debe exigir al gobierno respeto, un trato digno y condiciones de igualdad para la competencia electoral sin poner de por medio el pacto o la agenda.

"Yo no puedo negar que ha habido corrupción en muchos ejercicios de panistas en algunas funciones, eso no lo puedo negar, hay que hacer la acusación, la denuncia. Pero tampoco que cuando no hay nada, se construyan estos ambientes de que hay algo cuando no hay una denuncia, cuando no hay una actuación concreta. Hay que probarlo y hay que perseguir cualquier irregularidad", explicó.

Finalmente, puntualizó que Acción Nacional nunca debe tratar de proteger a alguno de sus militantes o pedir algún trato distinto, a cambio de impulsar alguna agenda que sea buena para México y con la cual coincidan.

"Son cuerdas separadas, pero cuando no hay nada en concreto lo único que pedimos es respeto."

cegs

El principio "pro persona"

El principio pro persona

Miguel Concha

L

a pretensión injustificable y regresiva del diputado priísta Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, de volver a introducir de manera por demás contradictoria en el artículo primero de la Constitución la prevalencia de ésta frente a los tratados internacionales aprobados por México, en la solución de conflictos entre normas que protegen derechos humanos, ha vuelto a plantear en el país la urgente necesidad de que los funcionarios judiciales, representantes populares, operadores políticos y abogados comprendan a cabalidad el nuevo paradigma en garantías individuales aprobado por el constituyente permanente en junio de 2011, el cual implica necesariamente la aplicación del principio pro persona. Cuanto más que en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello a pesar de los promocionales que pregonan su actuación de conformidad también con los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos, existen voces que patrioteramente ostentan su ignorancia culpable, pregonando que en México no hay más principio pro persona que el que establece la Constitución.

Y sobre todo porque el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el también priísta Raymundo King de la Rosa, declaró hace ocho días en El Universal que promovería la aprobación de esa aberrante reforma, a pesar de que su autor –en reacción a una carta dirigida a la Cámara de Diputados, y entregada personalmente al Presidente de la República el pasado 9 de enero, con más de 200 firmas de especialistas, académicos, representantes de organizaciones civiles y sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos–, ha declarado en varias ocasiones que ya no moverá un dedo para promoverla.
En esa carta, que sigue recibiendo adhesiones en todo el país, y de organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, se le pide expresamente, de manera fundada y motivada, al diputado Arroyo Vieyra que la retire y que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la deseche. El principio pro persona, traducción fiel del principio pro homine, aunque con un sentido más amplio, y respetando la perspectiva de género, ha sido coherentemente desarrollado y descrito en el derecho internacional de las garantías individuales, asumido por los sistemas jurídicos de todos los países democráticos, como un criterio de interpretación en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.
Como expresa el especialista Karlos Castilla, en un texto titulado precisamente El principio pro persona en la administración de justicia, éste se basa en que los derechos inherentes a la persona, reconocidos por la conciencia jurídica universal, deben ser protegidos frente a las acciones u omisiones ilegítimas del Estado. Esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, las cadenas de mando, los grupos clandestinos e irregulares a su servicio, así como frente a la red de interacciones institucionales que favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos humanos. Añadiendo, por cierto, que este principio, que también puede manifestarse o ser aplicado por el resto de los operadores jurídicos: ministerio público, policía, defensor público, abogado, etcétera, es y debe ser un importante instrumento para el juzgador, y es también sin lugar a dudas un principio que debe ser observado por éste, a fin de no crear normas regresivas-limitantes de la protección y vigencia de los derechos humanos, como es el caso de la iniciativa, publicada ya inoportunamente en la Gaceta Parlamentaria.

Por ello, los firmantes y adherentes a la carta afirman que esa propuesta de reforma va en contra del propio artículo primero, que expresamente establece la aplicación del principio pro persona en la resolución de conflictos entre normas relativas a los derechos humanos, al incumplir la obligación que la misma Constitución le impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, incluido el Poder Legislativo, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo cual hace caer por su propio peso la presunta intención de esa contradictoria iniciativa que comentamos, de clarificar con ella supuestamente confusiones en la práctica entre normas protectoras de derechos humanos.
Los autores de la carta afirman con razón que el hecho de que no exista una jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales sobre garantías individuales, “implica una garantía frente a cambios constitucionales potencialmente arbitrarios –como el de referencia–, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos”. Es importante subrayar que en la misma carta se menciona que esto no implica que la Constitución pierda su supremacía, pues el Artículo 133 establece las reglas para que los tratados sean incorporados al sistema jurídico mexicano, de manera que la Constitución queda como filtro de ingreso al sistema, ni que los derechos se conviertan en absolutos. Es por tanto urgente que tal iniciativa sea retirada y que la Comisión de Puntos Constitucionales la deseche cuanto antes.