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Nadie sabe cuánto valen los bienes del
Presidente y los secretarios de Estado… y mucho menos los recursos
acumulados en sus cuentas bancarias.
Para nuestra desgracia, México es un país plagado de políticos corruptos y rateros. Lo sucedido en las alcaldías chiapanecas o en el gobierno tabasqueño sólo son los últimos botones de muestra.
El Presidente de la República proclama tomar muy en serio el combate a la corrupción. Transparencia y rendición de cuentas son sus consignas.
Enrique Peña Nieto lo hace porque está obligado a cumplir la ley. Pero además publica su declaración patrimonial… y sus más cercanos colaboradores lo imitan, salvo el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien evita la publicidad de sus bienes... ¿Para evitarse males?
Pero la ley no obliga a revelar a la sociedad los datos precisos del patrimonio de los funcionarios públicos. Basta entregar a la Secretaría de la Función Pública la lista de sus bienes. Hacer públicas sus posesiones materiales es —en todo caso— un compromiso y una obligación moral… una muestra de buenas intenciones.
Pero de poco sirven tan buenas intenciones si los hechos se quedan a medias.
Las declaraciones publicadas en la página de la Presidencia sirven como referencia, pero son insuficientes. Los documentos nos permiten saber que el Presidente gana 193 mil 478 pesos mensuales… que el salario de Manuel Mondragón es superior al del secretario de Gobernación… que a Francisco Rojas, director de la CFE, le gustan los autos de lujo o que Rosario Robles sólo es dueña de una camioneta… comprada a plazos.
Pero más allá de los sueldos y el número de propiedades manifestadas, el ejercicio de transparencia queda opaco. Nadie sabe cuánto valen los bienes del Presidente y los secretarios de Estado… cuántas y cuáles son las joyas y obras de arte poseídas por ellos… y mucho menos los recursos acumulados en sus cuentas bancarias.
Podría argumentarse confidencialidad por razones de seguridad.
Aun así, no le falta razón a la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, quien alega opacidad en el afán de transparencia.
Así las cosas, las declaraciones patrimoniales de los hombres y mujeres del poder podrá provocar un efecto bumerán… desatar suspicacias y reducir la certeza de una genuina voluntad de transparencia a un mero ejercicio de relaciones publicas… para efectos mediáticos.
MONJE LOCO: Vamos a ver si nos entendemos. La percepción ordinaria mensual bruta por concepto de sueldos y salarios es la misma para todos los secretarios del gabinete presidencial. Asciende a 205 mil 122 pesos… con derecho a seguro de separación. La neta son 145 mil 284 pesos en todos los casos, salvo el de aquellos quienes reciben un pago extra de hasta 30% por arriba del sueldo ordinario, por cuestiones de riesgo. Los miembros de las Fuerzas Armadas reciben pagos adicionales de acuerdo a su antigüedad en el servicio. Así lo precisa la Secretaría de la Función Pública. Dicho de otro modo, todos los miembros del gabinete son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Por ejemplo, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, gana 205 mil mensuales, más otros 467 mil 330 por "servicios profesionales" (672 mil en total)… mientras que las peor pagadas son las únicas tres mujeres del gabinete: Claudia Ruiz Massieu (Turismo), Mercedes Juan (Salud) y Rosario Robles (Sedesol). ¿Cuál es el criterio?
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