Industria farmacéutica vs. salud pública
Alainet
Foto: Pixabay
Las
empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de
frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso
corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las
demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.
Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que
padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela
vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos,
ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les
recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de
curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de
un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto
último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la
competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un
poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en
proporción al costo real de producción, cuanto que en función de lo que
el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas
empresas transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores
empresas mundiales: Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso
anual de 129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se
acerca ni de lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del
sobre-precio basta recordar el caso de Sofosbuvir, desarrollado para
tratar la hepatitis C (una enfermedad que antes no tenía cura), que
afecta a más de 170 millones de personas en el mundo y puede causar la
muerte.
Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU compró la empresa
Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con la patente del
Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó por 100. Un
tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta US$84 mil
dólares[1]. Con la venta de
este producto, en un año la empresa recuperó toda su inversión. Si bien
ha bajado en algo el precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a
muchos enfermos de hepatitis C.
Cabe decir que, si los
sectores empobrecidos no pueden pagar los precios elevados, tampoco es
de preocupación para la industria: los pobres son vistos como un mercado
para vender los medicamentos más comunes y baratos. Ello sin hablar de
las “enfermedades olvidadas”, aquellas que afectan principalmente a
sectores pobres del Sur y para las cuales las farmacéuticas no se
empeñan en investigar medicamentos para contrarrestarlos, porque no se
lo ve como una opción rentable; es el caso, por ejemplo, de la
enfermedad de Chagas, de la cual se estima que apenas el 1% de personas
afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de
indefensión de la población frente al poder de la industria
farmacéutica, le corresponde al sector público una alta responsabilidad
para aplicar las necesarias medidas y regulaciones de control y
equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho humano a la
salud, particularmente para los sectores más empobrecidos. Un signo
alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso universal a
medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición
para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a
los Estados a que continúen colaborando para desvincular el costo de la
nueva investigación y desarrollo, de los precios de los medicamentos,
vacunas y diagnósticos, en el caso de enfermedades que afectan
principalmente a los países en desarrollo y las enfermedades tropicales
olvidadas. En otro acuerdo, se reconoce la necesidad de fortalecer las
capacidades de los Estados en materia de salud pública, mediante, entre
otras medidas, la aplicación efectiva de las flexibilidades reconocidas
para países en desarrollo bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS
(aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad
intelectual), para reducir el costo de las medicinas, por ejemplo, con
el establecimiento de licencias obligatorias para producir medicamentos
genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces
son presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han
firmado acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones
“TRIPS plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el
sistema de disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de
licencias obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El Acuerdo
Transpacífico (TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por ejemplo,
los patentes para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la
biotecnología), que de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además
que, a corto plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar
las mismas reglas de patentes que se aplican en los países
desarrollados.
Respuestas regionales
En América
Latina se está buscando diversas respuestas a estos retos. Por ejemplo,
en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un Observatorio de
Productos Farmacéuticos (
http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/),
donde los consumidores pueden ubicar dónde comprar las medicinas más
convenientes para sus tratamientos y a menores precios. La medida ha
contribuido a rebajar los precios.
Una de las medidas más
efectivas es la compra pública agregada, que significa que el Estado
negocia en masa la compra de los medicamentos que más necesitan los
servicios públicos de salud, lo que le permite un mayor poder de
negociación con las empresas productoras. Por ejemplo, este año el
gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más usados para el
tratamiento de las principales causas de muerte, mediante una subasta
inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana la oferta de
menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320 millones de
dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta en la región
de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho mayor en
relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso público:
https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes
de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los precios de
todos los medicamentos más esenciales en la región, y encontró que una
misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento en diferentes
países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso 600%, en
algunos casos. El estudio le permitió fijar el precio referencial de la
subasta, ya que normalmente las farmacéuticas no sueltan este tipo de
información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países
compran en conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos
de integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un
mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los
países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la
posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto a
disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por
su parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS),
entidad de Unasur, está impulsando una serie de medidas para estos
propósitos. Además de impulsar una compra pública agregada entre los
países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual se
hará público), se está elaborando un mapeo de las capacidades
productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector
público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda
Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay iniciativas
también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para las
enfermedades particulares de la región, en particular las “olvidadas”.
Otras
respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen: desarrollar
vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud pública
(históricamente han sido elaborados por las empresas) con información
más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar
legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de medicamentos,
evitando el mal uso de las patentes; homologar los sistemas de registro
sanitario y de control de calidad, que no tienen por qué ser distintos
en cada país. En el caso de medicamentos “biosimilares” (un equivalente
de genéricos, para los medicamentos biológicos), por ser más complejos,
hay la exigencia adicional de asegurar que tengan la misma calidad, lo
que requiere invertir en investigación previa, que se podría hacer
conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue
enfrentando diversos problemas. Uno de ellos es la “judicialización de
la salud” como le explicó a ALAI, en una entrevista, la nueva directora
ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los ministros de salud de la región
han identificado que es una de las principales amenazas a los sistemas
de salud, tanto para el uso racional de medicamentos, como para la
sostenibilidad de los sistemas, afirmó. Por ejemplo, hay juicios
planteados por grupos de enfermos que han obligado al Estado a cubrir el
costo de medicamentos patentados, que no están en el cuadro nacional de
medicamentos, ni necesariamente son mejores, siendo además que el
sistema judicial no está capacitado técnicamente para juzgarlo.
Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de mil millones de dólares por
casos judicializados. En varias oportunidades se ha descubierto que los
bufets de abogados u ONGs que auspician a estos grupos de pacientes
reciben financiamiento de las empresas farmacéuticas transnacionales, lo
que constituye un claro conflicto de interés.
A la par de estas
prácticas, los niveles de corrupción van penetrando a diversos
estamentos de la sociedad. Es el caso de los premios e incentivos
económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos médicos para que
receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias que más venden sus
productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por
ejemplo, el uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las
empresas. O hay empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente
retirar un medicamento y remplazarlo por otro más caro, como lo denunció
recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con personas
hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las
transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho
a la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es
con políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas
regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia de
su color político, son afectados. En tal sentido es preocupante la
tendencia en algunos países hacia la reprivatización de los servicios
públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún, dado el
carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el
cuadro de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga entregando
mayores prerrogativas a estas empresas a nombre del libre comercio o de
atraer la inversión extranjera.
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista
América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”.
http://www.alainet.org/es/revistas/517
Notas:
[1] Martin Khor, Access to medicines and the right to health and life,
www.alainet.org/es/node/168961
[2] Ver también: Sally Burch, El poder de las farmacéuticas y el derecho a los medicamentos,
www.alainet.org/es/articulo/179977
Fuente:
http://www.alainet.org/es/articulo/180785
[Arabia Saudita•DIOS•Geo política•Israel•Oriente Medio•Palestina•Predicciones•Profecía] 9/10/2016 13:15:00
