El gobierno de López Obrador hereda un país convertido en rehén
de las organizaciones trasnacionales delictivas que mantienen el
control de gobiernos y municipios, ocupan a más de 1 millón de
trabajadores y obtienen ingresos por 600 mil millones de dólares
anuales.
Los cárteles del narcotráfico y subgrupos delictivos, con presencia
en los 32 estados del país, conforman una compleja estructura
territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las
Fuerzas Armadas Mexicanas. Los batallones de la Guardia Nacional que ya
crea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen en frente a un
poder que también posee una cobertura política, social e, incluso,
mediática.
De acuerdo con el documento confidencial
Organizaciones delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (AIC-PGR), del que
Contralínea
posee copia, la geografía nacional está distribuida entre nueve
cárteles, aliados entre sí territorialmente con más de 80 subgrupos
depredadores, que operan como ejércitos privados, células de sicarios,
huachicoleros (hurtadores de combustible), traficantes de personas, secuestradores.
El documento “de uso cerrado” elaborado por la AIC-PGR delimita con
precisión, por estado y municipio, dónde operan las organizaciones
criminales trasnacionales del Pacífico (Cártel de Sinaloa), Beltrán
Leyva, Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez), Jalisco Nueva Generación,
Arellano Félix (Cártel de Tijuana), Familia Michoacana, Zetas,
Caballeros Templarios y Golfo, que mantienen en jaque al Estado desde
hace más de 2 sexenios y ya en aprietos al gobierno de la llamada
“Cuarta Transformación”.
El control territorial del país lo encabeza el Cártel del Pacífico,
con cobertura en 14 estados y 145 municipios, de acuerdo con el
documento de inteligencia. Es seguido por los Caballeros Templarios (con
13 estados y 103 municipios); Los Zetas (11 y 159); la Familia
Michoacana, en ocho estados y 59 municipios; los Beltrán Leyva (45 y
nueve); Jalisco Nueva Generación (cuatro entidades y 40 alcaldías); el
Golfo (cuatro y 14); Carrillo Fuentes (dos y 19), y Arellano Félix
(dos estados y seis alcaldías).
Bruce Bagley, experto en narcotráfico y catedrático en la Universidad
de Miami, Florida, Estados Unidos, señala que Felipe Calderón
(presidente de México de diciembre de 2006 a noviembre de 2012), al
militarizar la lucha contra las drogas, provocó la fragmentación de los
cárteles del país, que pasaron de ocho a 80 durante su sexenio.
En entrevista con
Contralínea, el doctor en ciencias
políticas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)
ejemplifica con los dos cárteles históricos del narcotráfico: del de
Sinaloa se desprendieron los Beltrán Leyva; y del Golfo, Los Zetas. Vino
en cascada un mayor número de organizaciones delictivas, cada una
dedicada a diversas “especialidades” delincuenciales: la extorsión, el
chantaje, el robo de combustible, el robo de autos, etcétera.
El Cártel de Sinaloa –señala el investigador adscrito al Departamento
de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami– mantuvo el
monopolio parcial sobre el narcotráfico, en especial de cocaína desde la
región andina hasta Estados Unidos, mientras que Los Zetas competían
igual que el Cártel del Golfo por ese mercado.
La diversificación y proliferación de grupos delictivos vinculados
con el crimen organizado, explica Bagley, ha generado un panorama más
difícil para México y mucho más violento. Las disputas por territorios,
plazas y rutas en la frontera aumentó en la segunda mitad del sexenio de
Enrique Peña Nieto, y produjo más balaceras, muertos y enfrentamientos
en todo el país.
Autor de
Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy
(2017), el experto indica que la multiplicación y fragmentación de
grupos delictivos con mayor intensidad de conflicto se produce por
periodos en distintas regiones del país, como en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas, y después en Acapulco, Guerrero. Es
decir, no todos los cárteles se dividen a la vez como si fuera un juego.
La situación empeoró durante el sexenio recién concluido; pero la
violencia y la impunidad ya habían quedado fuera de control desde los
gobiernos de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Si algo ha
quedado claro durante estos 3 sexenios es que el combate con ataques
directos sólo terminó exacerbando el problema. Las acometidas contra los
cárteles de Juárez y de Tijuana permitió que el de Sinaloa –ya entonces
dirigido por Joaquín Guzmán Loera, el
Chapo, e Ismael Zamada García, el
Mayo– llenaran el vació.
Sobre la política antidrogas del nuevo gobierno, el académico y
experto estadunidense no tiene grandes esperanzas. “Es un panorama
pesimista porque la estrategia de debilitar a los grandes cárteles y
capos no ha funcionado”.
En ese contexto, señala Bagley, México está en peores condiciones que
al inicio del Siglo XXI con Fox, que empeoró con Calderón y que con
Peña Nieto resultó con más criminalidad y mayor diversificación y
violencia que nunca.
Pero el gran problema es que “no sólo hay más violencia, sino más
penetración y corrupción a todos los niveles de gobierno, en especial en
las administraciones estatales y municipales; por ello, el saldo es
negativo, y se requiere un cambio de paradigma y de estrategia”.
Considera que medidas como legalizar la mariguana y despenalizar
otras drogas, así como atacar las estructuras financieras del crimen
organizado, son pasos en el sentido correcto que empieza a dar el
gobierno que inició el pasado 1 de diciembre.
“No significa que estas medidas van a acabar con el crimen organizado
durante el periodo del presidente López Obrador, pero dado que el valor
agregado mayor proviene del narcotráfico, si se reducen sus ganancias
se puede minimizar, no eliminar, la diversificación del crimen
organizado que aflige al país entero.”
Estados y municipios, trincheras de los cárteles
El documento
Organizaciones Delictivas de la AIC-PGR, de
acceso restringido, describe en forma detallada estados y municipios
convertidos en trincheras bajo control de las organizaciones
trasnacionales delictivas:
El Cártel del Pacífico mantiene presencia territorial en Baja
California, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Jalisco, Campeche,
Yucatán, Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit y Coahuila. Las
organizaciones que integraron el Cártel de los Beltrán Leyva en
Aguascalientes, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Sonora y Sinaloa. La organización Carrillo Fuentes en
Chihuahua y Sinaloa.
Por su parte, Cártel de Jalisco Nueva Generación en Jalisco, Colima,
Guanajuato y Michoacán, mientras que la de los Arellano Félix en Baja
California y Baja California Sur. La Familia Michoacana, en el Estado de
México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima, Michoacán, Quintana Roo y
Morelos. Los Zetas, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo,
Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y
Puebla.
En cuanto a los Caballeros Templarios, éstos mantienen presencia en
Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Jalisco, Colima, Tabasco y
Guanajuato. Y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, Nuevo León, Quintana
Roo, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.
Cobertura total del crimen organizado
Las organizaciones trasnacionales delictivas, “desde una posición
subordinada a algunas autoridades” crearon una red y sistema de sobornos
y favores, y provocaron un desajuste político-económico que alteró la
seguridad interna de México, considera el contralmirante de la Armada de
México, Martín Enrique Barney Montalvo.
Director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada
de México (Ininvestam), Barney Montalvo es maestro en estudios
estratégicos de seguridad por la Universidad de Defensa Nacional en
Washington, DC. También participó en los cursos de mando naval en el
Colegio de Guerra Naval en Newport, Rhode Island; de contraterrorismo en
el Centro de Estudios Asia-Pacifico en Hawái y en la Universidad de
Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos.
Al explicar la evolución del crimen organizado en el país, en el
marco del encuentro regional “El mercado de la cocaína. Criminalidad
organizada en el área común de inseguridad Atlántica”, celebrado en la
Facultad de Ciencias Política y Sociales de la UNAM, indica que hay una
paradoja en el tema de seguridad del país.
“Por un lado, se permitió a las organizaciones trasnacionales
delincuenciales realizar sus actividades con mayor ganancia y menor
riesgo; y por otro lado, facilitó a las autoridades corruptas limitar y
controlar las actividades ilícitas.”
Barney Montalvo, experto en seguridad nacional, refiere que desde
hace 35 años la pérdida del control de las rutas por parte de los
cárteles colombianos posibilitó a las organizaciones trasnacionales del
crimen mexicanas emerger y empoderarse rápidamente del tráfico de drogas
para satisfacer el mercado de Estados Unidos y de otras latitudes.
El resultado: “La ola de violencia se incrementó; tan sólo los
homicidios registrados entre 2000 y 2017 desbordó cualquier expectativa y
derivó en violencia política que ha sido más evidente en los últimos 11
años [2007-2018] con más de 100 asesinatos de alcaldes y políticos de
diversas organizaciones partidistas”.
La ola de violencia política se acrecentó durante el más reciente
proceso electoral –sobre todo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de marzo
de 2018–, periodo en el que se registraron 117 ataques contra de
políticos, con saldo de 68 asesinatos; así como 24 agresiones contra
familiares de políticos con saldo de 28 víctimas. El 50 por ciento de
los asesinatos ocurrió en cuatro estados: Oaxaca, Michoacán, Veracruz y
Guerrero, apunta el director del Ininvestam.
“La frecuencia de asesinatos de este tipo es tema de gobernabilidad,
ya que la capacidad y efectividad al realizar estos crímenes supone un
método, daña la legitimidad del gobierno e impide el ejercicio de las
funciones sustanciales del Estado”, enfatiza Barney Montalvo.
Dinámica de la violencia en México
El experto en seguridad nacional e inteligencia subraya que la ola de
violencia que generan las organizaciones criminales continúa imparable y
en aumento, y se registra en una dinámica que inmiscuye no sólo a los
cárteles y el Estado, sino también a la sociedad.
“Por un lado, la capacidad de los cárteles se basa en el desarrollo
de sus operaciones de tráfico de drogas y financieras que causan graves
daños al desarrollo del país; por otro lado, el poder de influencia de
los cárteles radica su capacidad para actual con impunidad”, enfatiza.
Esto permite a los cárteles poner en práctica operaciones complejas
que incluyen: tráfico de drogas, personas, dinero y armas, así como la
operación ilegal de instituciones bancarias y comerciales para lavado de
dinero que laceran aún más a la sociedad, como el soborno, la
extorsión, el secuestro, los “servicios de protección” (sicariato),
mediante el uso de violencia y el terror.
La corrupción y violencia que utilizan los cárteles debilita las
instituciones encargadas de mantener el estado de derecho y de proteger a
la población de la violencia y el terror, lo cual sucede a través de un
proceso que Peter Lupsha identifica de tres fases: depredadora,
parásita y simbiótica.
En ese sentido, Barney Montalvo explica que el futuro de la
estabilidad y prosperidad del país bajo el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador está amenazado por la corrupción que las organizaciones
criminales trasnacionales provocan y estimulan entre las instituciones y
la población.
“El impacto de la corrupción afecta a la economía, modifica las
relaciones sociales y la forma de vida de los ciudadanos, deteriora el
tejido social”. Y amenaza “la aspiración de construir un Estado
democrático legítimo”. Así, apunta, “cuando el Estado pierde legitimidad
pierde el derecho y habilidad para gobernar”.
No sólo eso. Los cárteles impiden el bienestar social, la convivencia
ciudadana y aplicación de la ley; hieren y afectan la salud física y
mental pública, los derechos ciudadanos y frenan el desarrollo
económico.
Los Zetas y legitimidad del gobierno
Barney Montalvo destaca el papel del narcotráfico en el proceso de
descomposición del gobierno y el Estado mexicanos, y cómo afectan la
legitimidad del gobierno las organizaciones trasnacionales delictivas
como el cártel de Los Zetas.
“Las organizaciones criminales trasnacionales que operan en México,
como Los Zetas, corrompen a las autoridades, obstruyen la acción del
gobierno, alimentan la desconfianza y desalientan la participación
política, erosionan la democracia, nutren y disputan el mercado de
drogas y motivan e incluso gestan protestas y manifestaciones en contra
del gobierno”, subraya.
Destaca que la afectación de la legitimidad del gobierno se gesta en
dos fases: por un lado, utilizan la violencia para generar terror y ser
temidos por la sociedad; y por otro lado, corrompen para ganar
impunidad, lo cual debilita las instituciones gubernamentales, y les
permite actuar con libertad y menor riesgo para alcanzar su objetivo
principal de obtener ganancias lucrativas.
Así, la impunidad de Los Zetas convierte a la sociedad en víctima,
atrapada en el descontento y temor, bajo la amenaza de sus vidas y
bienes, lo cual se traduce en desconfianza en las instituciones de
gobierno y deteriora el tejido social.
“El debilitamiento de las instituciones gubernamentales ocasiona la
pérdida del monopolio del uso de la fuerza y el debilitamiento de la
cohesión social, influyen de manera negativa en la legitimidad del
gobierno, pérdida de participación ciudadana y de gobernabilidad”, anota
Barney Montalvo en entrevista con
Contralínea.
En síntesis, dice, Los Zetas, como el resto de los grupos criminales,
buscan controlar áreas de interés y rutas de tráfico de drogas,
personas y armas, usurpan funciones del Estado, fungen como actores
políticos de facto por arriba de la autoridad, generan violencia para
mantener la supremacía del mercado ilícito, alteran la vida
socioeconómica de la sociedad atrapándola en lo legal, y fomentan la
cultura de la ilegalidad.
De tal manera que “la fortaleza o fragilidad del Estado se debe a la
fortaleza o debilidad de su legitimidad, razón imperiosa para contener
el fenómeno e implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento
del mismo; de lo contrario, los efectos que la están dañando se
potencializarán con consecuencias que alterarán la seguridad nacional”.
Economía del crimen organizado
Las ganancias de las organizaciones delictivas trasnacionales al
cierre del 2018 representan ingresos hasta por 600 mil millones de
dólares anuales, más del doble de la industria farmacéutica nacional;
ocupan a más de 1 millón de trabajadores y para la producción de amapola
cubren más de 44 mil 100 hectáreas, 150 por ciento más que en años
previos, sostiene el doctor en ciencia política por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea Rosales.
En entrevista con
Contralínea, el catedrático destaca que el
consumo de opiáceos en Estados Unidos significa un gasto de 19 mil 439
millones de dólares para combatir la epidemia del Siglo XXI, mercado en
el que participan 5 millones de personas y que provocó en ese país la
muerte por sobredosis de 64 mil personas en 2018.
“Se trata de un problema global que se vuelve binacional
México-Estados Unidos, por el nulo control que hay en el tráfico, venta y
consumo de estupefacientes”, arguye el también experto en seguridad
nacional.
Vizarretea Rosales indica que sólo en Guerrero hay una zona muerta
donde ningún Ejército o autoridad puede entrar, ubicado en el corredor
de Iguala- Tierra Caliente: la entrada al corredor agroindustrial de
producción de amapola para la exportación en 24 mil 800 hectáreas.
“Es un problema de seguridad nacional cuya solución demanda políticas
de Estado para combatir la delincuencia organizada trasnacional y los
corporativos a su servicio; ya no es asunto exclusivo de las Fuerzas
Armadas, sino multifactorial y multidimensional”, que deberá contemplar
el gobierno de López Obrador para no repetir la historia de sus
antecesores.
Al referirse a la fragmentación de los cárteles, Vizarretea Rosales
destaca que sólo en Guerrero participan del trasiego, producción y venta
de drogas seis organizaciones y 60 grupos y subgrupos en lucha
permanente por el control de plazas y un mercado que representa 7 mil
200 millones de dólares en la primera cosecha de amapola.
“El problema es grave si se considera que al año hay tres cosechas de
amapola en Guerrero, en cuya producción participan entre el 75 y 85 por
ciento de familias relacionadas con las drogas, por lo que no es fácil
para el gobierno de López Obrador resolverlo, en un país como México
donde el 80 por ciento de los presidentes municipales, es decir, más de 2
mil alcaldes, están ‘tocados’ por el narcotráfico”, enfatiza el experto
en seguridad nacional.
La encrucijada de López Obrador
El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” requerirá, además
de voluntad política, el combate a la estructura financiera de los
narcotraficantes, que sigue intacta, asemejándose a multinacionales del
crimen más que a grupos de delincuentes, así como el concurso y la
colaboración de la comunidad internacional, augura María Luisa Pastor
Gómez.
En su análisis “México en la encrucijada. Diez años de guerra contra el narcotráfico”, contenido en el
Panorama geopolítico de los conflictos del
Instituto de Estudios Estratégicos de España (IEEE), la especialista en
inteligencia y seguridad nacional advierte que de no tomarse en cuenta
esos factores, la victoria sobre el narcotráfico no será posible en el
nuevo gobierno.
Pastor Gómez enumera que a una década de enfrentamiento militar con
los narcotraficantes, “México ha decomisado droga por valor de 90 mil
millones de euros; incautado 200 mil armas de fuego, 162 mil vehículos
terrestres y marítimos y 607 aeronaves; inutilizado 5 mil pistas de
aterrizaje clandestinas, y
decapitado las principales organizaciones delictivas”.
Sin embargo, advierte que se ha dado una carrera armamentista entre
cárteles cuyo resultado es el dominio territorial “y esto implica que
muchos mexicanos quedan bajo el yugo de su autoridad, lo que se
convierte en una clara amenaza a la soberanía del Estado y pone en
peligro a toda la sociedad”.
La erradicación del narcotráfico en México es un clamor social, un
problema global por la relación transnacional existente entre
producción, comercio y consumo. Por ello, la analista del IEEE considera
que México “nunca podrá acabar con esta lacra en solitario, sin la
estrecha colaboración de otros países, en especial con Estados Unidos”.
Contrainsurgencia y crimen organizado
Al explicar los alcances y límites de la doctrina de
contrainsurgencia en el contexto mexicano, Fausto Carvajal Glass señala
que durante la última década, ha sido considerada a nivel internacional
para enfrentar casos de violencia armada y, en el contexto del combate a
la delincuencia organizada en México, ha sido examinada como una
alternativa para contrarrestar la violencia de las organizaciones
delictivas, toda vez que éstas representan un caso de “insurgencia
criminal”.
En su análisis “Alcances y límites de la doctrina de
contrainsurgencia en el contexto mexicano”, publicado por el Centro de
Estudios Superiores Navales, Carvajal Glass sostiene que aun cuando se
reconoce que ambos fenómenos (delincuencia organizada e insurgencia
criminal) llegan a compartir algunas características, es un error
epistemológico estudiar al crimen organizado en México como una
expresión de insurgencia criminal.
Sin embargo, sugiere que un enfoque de contrainsurgencia puede
contribuir a mitigar la violencia homicida en México –“siempre y cuando
se considere como un eslabón más de una estrategia de seguridad
multidimensional, y no la estrategia en sí misma”–, y señala los
alcances, límites y retos que enfrenta en el teatro de operaciones
mexicano contra las organizaciones criminales.
En suma, dice, es un error decir que la contrainsurgencia sea una
estrategia que permite alcanzar los fines políticos. En cambio, es una
forma de emplear los medios militares para cumplir los objetivos a nivel
táctico-operacional. “Lo anterior no significa que los fundamentos de
la contrainsurgencia no puedan ser aplicables al escenario mexicano”.
Carvajal Glass, miembro del Centro de Investigación para la Paz
México (Cipmex) y de la Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFSF,
por su sigla en inglés), concluye que cualquier política de seguridad
en México tiene que estar orientada a restablecer el orden y generar
condiciones de estabilidad a nivel municipal, y reducir la violencia en
regiones del país donde no se cuenta con la fortaleza institucional,
“podría ser uno de los principales objetivos de una campaña
contrainsurgente”.
En la realidad en México se impone a la teoría de la
contrainsurgencia –puesta en práctica en Afganistán e Irak para el
combate de grupos armados–, ya que hay casos en donde los grupos
delictivos interactúan de diversas formas con la sociedad (más allá de
la violencia), por lo que pueden llegar a contar con una base social
sólida.
En estos casos, dice Carvajal Glass, el objetivo de una campaña
contrainsurgente de despejar de miembros del crimen organizado y
sostener el territorio, puede resultar contraproducente, toda vez que
podría ser visto por la población como una acción invasiva, creando más
violencia de la que se proponía mitigar.
Advierte que el uso de la fuerza militar no es en lo absoluto
sustituto o suplemento de la acción política. Por eso, aclara que “el
esfuerzo contrainsurgente tiene que ser pensado como parte de una gran
campaña política, siendo el propósito de ésta ganarse el corazón y la
mente de la gente para generar estructuras de control, organización y
movilización alternativas a las existentes en comunidades donde los
grupos delictivos tengan una base social sólida”.
Para el caso mexicano, las ganancias que se tengan en seguridad en el
corto plazo, como producto de las acciones militares de despejar y
sostener un territorio se tienen que traducir forzosamente en avance
político de largo plazo. De lo contrario, el esfuerzo contrainsurgente
será únicamente parte de la continuación de un proceso de descomposición
política y social a nivel municipal.
“Pensemos que hay un consenso en que la Coin [Doctrina de
Contrainsurgencia] es una forma efectiva para reducir la violencia
producida por la delincuencia organizada en una comunidad. De modo que
las Fuerzas Armadas realizan operaciones cuyo objetivo es recuperar
territorios controlados por un grupo delictivo o grupos delictivos.
“¿Y después qué seguiría? ¿Hasta cuándo permanecerían los
contingentes militares en una comunidad? Más importante aún, ¿cuál es el
propósito político del uso de la fuerza militar? Un enfoque de
contrainsurgencia implica también apoyar en la construcción y/o
fortalecimiento de instituciones civiles a nivel local que detonen, a su
vez, las capacidades gubernamentales, el desarrollo económico, la
reforma del sector de seguridad, entre otros.”
Empero, aclara el catedrático del Cesnav, “esto ya no le compete al
poder militar, implica el completo involucramiento del poder político de
los distintos niveles y órdenes de gobierno para que la inversión
pública, o privada, para escuelas, hospitales, turismo, etcétera,
lleguen a localidades, sin que con ello se sugiera una política de
seguridad con una óptica asistencialista, sino de generación de
capacidades institucionales a nivel municipal.
“De no ser así, se continuará utilizando por tiempo indefinido a las
Fuerzas Armadas para realizar actividades que no les corresponden, desde
repeler agresiones de civiles armados, hasta servir como oficiales de
tránsito, y continuaría el proceso de degradación en las relaciones
cívico-militares”.
José Réyez
