martes, 15 de enero de 2019

NOTICIAS DE HOY ene 15 (26)



NOTICIAS DE HOY ene 15 (26)

El mito del libre albedrío


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El mito del libre albedrío


Si la manipulacion y la propaganda se producían hace décadas de forma masiva, hoy debe actuar de forma más precisa, algo que la tecnología posibilita. Incluso, hay quien ha mencionado la posibilidad de piratear el propio cerebro humano, si hablamos ya en términos informáticos, para vendernos lo que deseen o seducirnos en cuestiones políticas.

Por Capi Vidal
En este blog, ya hemos abordado el concepto del libre albedrío, basado en una supuesta voluntad libre del individuo, que ya señalamos como una fantasía y un concepto reduccionista proveniente de la tradición religiosa; la libertad humana es algo comlejo y apasionante, pero la vida social está sujeta a tantos condicionantes, máxime en una sociedad jerarquizada y muy mediática, con tantos intereses, que quien no ponga en cuestión sus actos y creencias resulta alguien más bien pobre y determinado.
Esta situación se produce más en concreto en la posmoderna sociedad de consumo, donde la tecnología, internet y redes sociales juegan un cuestionable papel, deberíamos esforzarnos en un mayor tiempo para la reflexión y el contraste de las ideas. Muy probablemente, la ideología que aparentemente se ha impuesto en el desarrollo de la humanidad, con todos los altibajos que se quiera, el liberalismo, tomó una confianza exacerbada en el libre albedrío.Por lo común, las personas creen actuar libremente, sin apenas espacio para el análisis, la crítica y la autocrítica; desgraciadamente, forma parte de nuestro acervo cultural. Sin embargo, de forma obvia a poco que reflexionemos, el libre albedrío no es una realidad científica, más bien lo contrario, un concepto heredado de la visión religiosa (quizá, más en concreto, la monoteísta). Así, se considera tradicionalmente que el ser humano es libre para actuar, algo que justifica la recompensa o el castigo de Dios; yendo un poco más allá, se considera el libre albedrío resulta un reflejo de nuestra alma eterna, por lo que no hay cabida para las limitaciones biológicas y sociales. Un mito que debería tener poca relación con lo que nos dice el conocimiento, disciplinas como la antropología o la biología, incluso la filosofìa en general si se quiere ser extremadamente crítico con la ciencia.

Si negamos el libre albedrío, si empezamos a comprender que nuestros actos, elecciones, creencias e incluso nuestra propia condición pueden estar más que condicionados, si no directamente determinados, en mi opinión supondría toda una auténtica revolución cultural. Yo mismo, cuando escribo estas líneas, estoy empujado por múltiples condicionantes: mi propia naturaleza escéptica y mi confianza en el pensamiento crítico, que no deja de ser una creencia que quiere cuestionar las creencias. Con tanta o más fuerza como condicionante es también mi propio conocimiento de las cosas, así como el contexto cultural donde me muevo (que sí, es cierto, posibilita al menos cuestionar las cosas). Es decir, en la sociedad posmoderna, con todos los males que yo creo que en ella se producen, también hay un espacio para la reflexión y el pensamiento crítico. Un espacio que, demasiadas personas, no están dispuestas a ocupar, e incluso se muestran críticos con su posiblidad si se cuestionan sus propias creencias. No cabe duda que la creencia, también la del libre albedrío, ha tenido su función histórica. En épocas absolutistas, de imposiciones religiosas o en regímenes totalitarios, podía tener una lógica y cumplir un papel efectivo a la hora de luchar contrar el sistema la creencia de que el individuo actuaba libremente.
Hoy, en la compleja sociedad posmoderna, de supuesta condición liberal, pero donde gobiernos y corporaciones tienen el poder, puede que sutil en algunos aspectos, pero peligroso al manejar el adecuado conocimiento tecnológico para poder condicionar a las personas. Todos somos ciudadanos susceptibles de ser persuadidos para justificar el poder político, elegir a aquellos que toman las verdaderas decisiones, y para consumir toda suerte de productos, la mayor parte innecesarios. El creyente, aquel que sigue teniendo fe en el libre albedrío, en que sus decisiones y creencias no están manipuladas, considerará esto exagerado. Nos reafirmamos en que la creencia, si no va acompañada de bases firmes, no hace desaparecer los problemas ni transforma la realidad de modo alguno. Si la manipulacion y la propaganda se producían hace décadas de forma masiva, hoy debe actuar de forma más precisa, algo que la tecnología posibilita. Incluso, hay quien ha mencionado la posibilidad de piratear el propio cerebro humano, si hablamos ya en términos informáticos, para vendernos lo que deseen o seducirnos en cuestiones políticas.
Como un ejemplo concreto, además de un mercado de oferta y demanda de bienes y servicios en el que está claro que estamos permanentemente catalogados a poco que nos conectemos a la red, está el éxito de ciertas fuerzas políticas en sociedades (supuestamente democráticas). El triunfo de políticos reaccionarios, con discursos plagados de odio ultranacionalista, como Trump, Salvini o Bolsonaro, incluso el cierto auge de Vox en España, tal vez se explica por ciertos mecanismos manipuladores mediáticos. Es cierto que, muy probablemente, llevemos dentro todo ese miedo, egoísmo y odio, que se ve reforzado en una sociedad en la que se delega sin problemas nuestra potestad política. Pero ambas cosas, tanto las condiciones inherentes del ser humano, como la vida social y política jerarquizada, parece reforzar el hecho de que nuestros actos no son totalmente libres. El liberalismo, tal vez, se mostró eficaz en la modernidad contra los viejos poderes absolutistas, pero hoy resulta más que cuestionable ya en el siglo XXI. El libre albedrío hunde sus raíces en la tradición monoteísta, pero continuó secularizado en la Ilustración y en la Modernidad. Hoy, en la sociedad posmoderna, ya en otro estadio, tenemos que armarnos intelectualmente, negando de entrada la creencia en el libre albedrío, para no ser manipulados de otra manera.
Libre Examen


Abraham Guillén: América Latina, guerra de guerrillas e internacionalismo


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Abraham Guillén: América Latina, guerra de guerrillas e internacionalismo


Por José Luis Carretero Miramar
Desde un anarquismo profundamente socialista y un conocimiento acabado del marxismo y con firmes amistades en lo nacional-popular y en la religiosidad más progresista del pueblo, Guillén plantea una alternativa: una Patria Grande Latinoamericana socialista y profundamente democrática.

Por José Luis Carretero Miramar
Abraham Guillén Sanz, anarcosindicalista y comisario del IV Cuerpo del Ejército republicano comandado por al albañil anarquista Cipriano Mera en la Guerra Civil española, economista y periodista, un revolucionario que había estado en las cárceles franquistas y se había evadido varias veces de ellas, llegó a América Latina, concretamente a la Argentina, en 1948, cuando contaba con 35 años.
Guillén estuvo en América Latina desde entonces hasta su vuelta a España a finales de los años setenta.  Concretamente estuvo afincado en Argentina, Uruguay y Perú, aunque visitó muchos otros países. Este largo periplo estuvo plagado de exilios y detenciones, acompañado de alguna visita a las cárceles, salpimentado por acusaciones públicas, en las revistas del mainstream conservador, de ser un “hombre extremadamente peligroso”.
En sus andanzas latinoamericanas Guillén se vinculó con los principales movimientos revolucionarios de la época. Muy ligado a John William Cooke a su llegada a la Argentina y al Ministerio de Economía, militó en el peronismo más obrerista y radical en los años de la Resistencia Peronista, participando en la conformación del primer grupo guerrillero del país, los Uturuncos, al mismo tiempo que trabajaba de asesor económico del Senado (puesto que abandonaría como protesta ante la aprobación una ley que facilitaba la inversión directa extranjera y la toma del control de la economía argentina por las transnacionales norteamericanas). Después de recibir instrucción en Cuba, en compañía de los revolucionarios argentinos más conocidos de su tiempo, como el propio Cooke, Alicia Eguren o el “Vasco” Bengoechea, y bajo la atenta mirada del Ché Guevara, viajará a Uruguay, donde pasará a ser considerado como uno de los inspiradores de la experiencia de los Tupamaros, así como de la OPR-33, grupo armado vinculado a la Federación Anarquista Uruguaya.
En Uruguay, donde ejercerá de periodista con el pseudónimo de Arapey y de profesor de la Universidad del Trabajo, escribirá un de sus más conocidos libros (pese a que fue inmediatamente retirado de la circulación por la censura): “Estrategia de la guerrilla urbana. Principios de la guerra revolucionaria” (1965). En él, Guillén mantenía la tesis de que, en oposición a la propuesta foquista, centrada en la lucha en el campo,  presentada por Regis Debray bajo el amparo de la influencia cubana, la forma de implementar la lucha armada de manera más racional en los países latinoamericanos era la guerrilla urbana, vinculada estrechamente con las luchas obreras, y en el marco de una relación dialéctica con las necesidades políticas de un amplio movimiento popular antiimperialista construido desde una perspectiva fundamentalmente antidogmática e inclusiva. Aunque se ha discutido si la paternidad de estas tesis era realmente de Guillén, o se debe originalmente a militantes tupamaros como Naivillat, lo cierto es que Guillén ya había escrito extensivamente, en otros de sus textos, sobre esta problemática, que vinculaba estrechamente con la experiencia de las luchas callejeras en los primeros momentos de la Guerra Civil española.
Tras un nuevo exilio forzado, que le llevo brevemente de nuevo a Argentina, donde le podemos encontrar realizando cursos de formación para el espacio político de lo que pronto sería el PRT-ERP (grupo guerrillero argentino de los 70), Guillén recaló en Perú, donde trabajó como asesor de la Organización Internacional del Trabajo y como empleado del gobierno peruano del progresista Velasco Alvarado, encargado de la realización de estudios sobre el cooperativismo y de la puesta en marcha de Bancoop, una entidad financiera cooperativa destinada a la financiación del sector social de la economía. La fuerte atención que Guillén presta en Perú a la temática del cooperativismo y la autogestión, tenía sus precedentes en su actuación como asesor en las colectivizaciones madrileñas durante la Guerra Civil española o en su participación en un congreso de autogestores en la Yugoslavia del Mariscal Tito, que le llevó a publicar un conocido libro mostrando los avances de la autogestión yugoslava. La autogestión será la temática de sus más conocidos textos, escritos a su vuelta a España, “Economía Libertaria” y “Economía Autogestionaria”, redactados con la voluntad de efectuar un trabajo de fundamentación rigurosa de la propuesta del socialismo autogestionario.
Guillén, pues, escribió sobre la lucha armada, sobre la autogestión, sobre muchos otros temas (la España franquista, la Revolución española, el sector uruguayo de la pesca, etc). Pero también escribió, y mucho, sobre América Latina.
Sobre América Latina Guillén escribió algunos de sus principales y más voluminosos textos, concretamente su primer libro “El destino de Hispanoamérica” (1952), así como gran parte de su magna obra en dos volúmenes “La agonía del imperialismo” (1957), que le llevó a perder su puesto de trabajo por haber incluido un último capítulo en el que se hablaba explícitamente de la lucha armada, y lo principal de su libro “El imperialismo del dólar” (1962). Eso por no hablar de sus innumerables artículos u otros libros más cortos sobre la situación económica de Argentina, Uruguay, o el conjunto de América Latina.
“El destino de Hispanoamérica” es un fuerte alegato antiimperialista, que plantea una alternativa a la dependencia y subdesarrollo del continente americano: la unidad económica y política iberoamericana. Guillén escribe desde el antidogmatismo más vehemente. Reclamando un espacio teórico que se afirma anticapitalista, pero que no tiene miedo de mancharse compartiendo los latidos de los movimientos populares. Una perspectiva global que va más allá de Argentina para plantear una alternativa de conjunto para América Latina.
Guillén, en sus trabajos, llegará a la conclusión, compartida en su tiempo por los principales movimientos revolucionarios de América, de que esa unidad latinoamericana sólo puede labrarse construyendo un gran movimiento revolucionario de dimensión continental, tremendamente plural, antidogmático y firmemente inserto en la vida real de las clases populares. Desde un anarquismo profundamente socialista y un conocimiento acabado del marxismo y con firmes amistades en lo nacional-popular y en la religiosidad más progresista del pueblo, Guillén plantea una alternativa: una Patria Grande Latinoamericana socialista y profundamente democrática.


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Recolonización, por Thierry Meyssan



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El sol nunca se pone en el Imperio británico.

El imperio francés


Hace 10 años que venimos señalando como un disparate la voluntad francesa de reinstaurar ‎la autoridad de Francia sobre sus ex colonias. Esa era la lógica de la nominación de Bernard ‎Kouchner como ministro de Exteriores, decisión tomada por el presidente Nicolas ‎Sarkozy al llegar al poder. Sarkozy echó a un lado la noción de «Derechos Humanos» de los ‎revolucionarios franceses y adoptó la de los anglosajones [1]. ‎
Posteriormente, el también presidente francés y amigo de Sarkozy, Francois Hollande, declaró en ‎una conferencia de prensa, cuando asistía a la Asamblea General de la ONU, que era hora de ‎reinstaurar un mandato sobre Siria. Más claramente aún lo dijo después el ex presidente francés ‎Valery Giscard d’Estaing, sobrino del embajador Francois George-Picot (el de los acuerdos Sykes-‎Picot). Y es evidentemente en ese sentido que hay que interpretar la voluntad del actual presidente ‎de Francia, Emmanuel Macron, de continuar la guerra contra Siria, aún sin Estados Unidos. ‎
Siempre hubo en Francia un «partido colonial», en el estaban representados todos los partidos ‎políticos y que actuaba como un grupo de influencia o de cabildeo al servicio de la clase rica. ‎Como siempre ha sucedido cada vez que a los capitalistas sin escrúpulos se les hace difícil ‎controlar impunemente la fuerza de trabajo nacional, hoy resurge en Francia el mito de la conquista colonial. El principio es el siguiente: Si los “Chalecos Amarillos” se rebelan, ‎continuamos la «explotación del hombre por el hombre» usando a los sirios. ‎

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El imperio francés, «portador» de la civilización.‎
En el pasado, esa forma de dominación se escondía tras «el deber de difundir la civilización», ‎invocado por el político francés Jules Ferry –a cuya memoria Francois Hollande dedicó su ceremonia de ‎investidura presidencial [2]. Hoy en día, el pretexto es proteger a los pueblos ‎cuyos dirigentes son calificados de «dictadores». ‎
Francia no es la única ex potencia colonial que actúa de esa manera. Turquía no tardó en seguirle ‎los pasos. ‎

El imperio otomano


Tres meses después del intento de derrocarlo y asesinarlo frustrado en julio de 2016, ‎el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pronunciaba un discurso en la inauguración de la ‎universidad que lleva su nombre (RTEU). Y exponía entonces una muestra de las ambiciones de la ‎República Turca desde que fue creada, así como de las ambiciones de su nuevo régimen [3]. En referencia explícita al «Juramento Nacional» (Misak-i Milli) ‎‎ [4], adoptado ‎el 12 de febrero de 1920 por el Parlamento otomano, Erdogan justificaba su irredentismo. ‎
Ese juramento, que constituye la base del paso del Imperio Otomano a la República Turca, reclama ‎los territorios del noreste de Grecia (Tracia Occidental y Dodecaneso) [5], todo Chipre, el norte de Siria (incluyendo las regiones de Idlib, Alepo y Hassakeh), y el norte de Irak ‎‎(incluyendo Mosul).‎
Hoy en día, ese imperio en fase de reconstitución ya ocupa el norte de Chipre (la seudo ‎‎«República Turca de Chipre del Norte»), el noroeste de Siria y una pequeña parte de Irak. Para ‎todas esas zonas, donde Turquía impone el uso de su propia lengua y su moneda, se ha nombrado ‎un wali (gobernador), que tiene una oficina en el palacio presidencial (el Palacio Blanco) que ‎Erdogan hizo construir para sí mismo en Ankara. ‎

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El Imperio Otomano, basado en la ignorancia de sus súbditos, cerró las ‎escuelas del mundo árabe. ‎


El imperio británico


Por su parte, el Reino Unido se ve indeciso, desde hace 2 años, sobre su futuro después del ‎Brexit. ‎
Poco después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la primer ministro británica Theresa ‎May viajó a Estados Unidos. Dirigiéndose a los responsables del Partido Republicano, la señora ‎May propuso reinstaurar el liderazgo anglosajón sobre el resto del mundo [6]. Pero el presidente Trump fue reelecto precisamente por los opositores de los ‎sueños imperiales y para liquidar estos últimos, no para compartirlos. ‎
Presa de la decepción, la señora May viajó entonces a China para proponer al presidente Xi ‎Jinping controlar con él los intercambios internacionales. Le dijo que la City estaba dispuesta a ‎garantizar la convertibilidad de las monedas occidentales en yuanes [7]. Pero el presidente Xi no fue electo para entrar en negocios con la heredera de la ‎potencia que desmanteló su país y que le impuso la guerra del opio. ‎
La señora May trató entonces de aplicar una tercera fórmula con la Commonwealth [8]. Algunas de las ex colonias de la Corona, como la India, registran hoy un fuerte ‎crecimiento y pudieran convertirse en valiosos socios comerciales. Simbólicamente, el delfín de la ‎Corona, el príncipe Charles, fue nombrado presidente de la Commonwealth. Y la señora May ‎anunció que por fin se vería un Reino Unido «global» (Global Britain). ‎
En una entrevista concedida al Sunday Telegraph –edición del 30 de diciembre de 2018– el ‎ministro británico de Defensa, Gavin Williamson, expuso su análisis de la situación. Desde ‎el fiasco del Canal de Suez –en 1935–, el Reino Unido aplicaba una política de descolonización y ‎retiraba sus tropas del resto del mundo. Hoy mantiene bases militares permanentes sólo en Gibraltar, ‎en Chipre, en la isla Diego García y en las islas Malvinas (Islas Falklands, según la denominación ‎imperial). Hace 63 años que Londres viene contando con la Unión Europea, entidad que Winston ‎Churchill imaginó pero sin intenciones de que Inglaterra entrara en ella. El Brexit viene a ‎poner fin a la política del Reino Unido como miembro de la Unión Europea. En lo adelante, «el ‎Reino Unido regresa como potencia global». ‎
Y ya Londres está tratando de abrir dos nuevas bases militares permanentes. La primera estaría en ‎Asia (en Singapur o Brunei) y la segunda en Latinoamérica, probablemente en Guyana, para ‎participar en la nueva etapa de la estrategia Rumsfeld-Cebrowski de destrucción de las regiones ‎del mundo no implicadas en el proceso de globalización. La guerra en Latinoamérica comenzaría ‎con una invasión contra Venezuela por parte de Colombia (país con un régimen ‎proestadounidense), Brasil (país con un régimen proisraelí) y Guyana (país bajo control británico). ‎
Sin molestarse, como Francia, en inventar grandes discursos, el Reino Unido construyó un imperio ‎con ayuda de las transnacionales, poniendo los ejércitos británicos al servicio de estas últimas. Los ‎británicos dividieron entonces el mundo en dos. Su soberano era rey de Inglaterra –donde tenía ‎que someterse a la tradición política– y emperador de las Indias –donde reemplazaba a la antigua ‎Compañía de Indias y actuaba como autócrata. ‎
La descolonización fue consecuencia de la guerra fría, fue impuesta a los países de Europa ‎occidental por el dúo Estados Unidos-URSS, se mantuvo durante la etapa del mundo unipolar ‎pero su cuestionamiento ya no encuentra obstáculo desde que Estados Unidos anunció que ‎se retira del «Medio Oriente ampliado» (o «Gran Medio Oriente)». ‎
Es difícil prever qué forma adoptará la colonización futura. Las diferencias en los niveles de ‎educación hicieron posible la colonización del pasado. ¿Y ahora?‎

Crimen organizado, el tamaño del monstruo que acecha a López Obrador


contralinea.com.mx

Crimen organizado, el tamaño del monstruo que acecha a López Obrador

 

 

Autor: José Reyez

El gobierno de López Obrador hereda un país convertido en rehén de las organizaciones trasnacionales delictivas que mantienen el control de gobiernos y municipios, ocupan a más de 1 millón de trabajadores y obtienen ingresos por 600 mil millones de dólares anuales.

Los cárteles del narcotráfico y subgrupos delictivos, con presencia en los 32 estados del país, conforman una compleja estructura territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Los batallones de la Guardia Nacional que ya crea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen en frente a un poder que también posee una cobertura política, social e, incluso, mediática.
De acuerdo con el documento confidencial Organizaciones delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (AIC-PGR), del que Contralínea posee copia, la geografía nacional está distribuida entre nueve cárteles, aliados entre sí territorialmente con más de 80 subgrupos depredadores, que operan como ejércitos privados, células de sicarios, huachicoleros (hurtadores de combustible), traficantes de personas, secuestradores.
El documento “de uso cerrado” elaborado por la AIC-PGR delimita con precisión, por estado y municipio, dónde operan las organizaciones criminales trasnacionales del Pacífico (Cártel de Sinaloa), Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez), Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix (Cártel de Tijuana), Familia Michoacana, Zetas, Caballeros Templarios y Golfo, que mantienen en jaque al Estado desde hace más de 2 sexenios y ya en aprietos al gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”.
El control territorial del país lo encabeza el Cártel del Pacífico, con cobertura en 14 estados y 145 municipios, de acuerdo con el documento de inteligencia. Es seguido por los Caballeros Templarios (con 13 estados y 103 municipios); Los Zetas (11 y 159); la Familia Michoacana, en ocho estados y 59 municipios; los Beltrán Leyva (45 y nueve); Jalisco Nueva Generación (cuatro entidades y 40 alcaldías); el Golfo (cuatro y 14); Carrillo Fuentes (dos  y 19), y  Arellano Félix (dos estados y seis alcaldías).
Bruce Bagley, experto en narcotráfico y catedrático en la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos, señala que Felipe Calderón (presidente de México de diciembre de 2006 a noviembre de 2012), al militarizar la lucha contra las drogas, provocó la fragmentación de los cárteles del país, que pasaron de ocho a 80 durante su sexenio.
En entrevista con Contralínea, el doctor en ciencias políticas por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ejemplifica con los dos cárteles históricos del narcotráfico: del de Sinaloa se desprendieron los Beltrán Leyva; y del Golfo, Los Zetas. Vino en cascada un mayor número de organizaciones delictivas, cada una dedicada a diversas “especialidades” delincuenciales: la extorsión, el chantaje, el robo de combustible, el robo de autos, etcétera.
El Cártel de Sinaloa –señala el investigador adscrito al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami– mantuvo el monopolio parcial sobre el narcotráfico, en especial de cocaína desde la región andina hasta Estados Unidos, mientras que Los Zetas competían igual que el Cártel del Golfo por ese mercado.
La diversificación y proliferación de grupos delictivos vinculados con el crimen organizado, explica Bagley, ha generado un panorama más difícil para México y mucho más violento. Las disputas por territorios, plazas y rutas en la frontera aumentó en la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, y produjo más balaceras, muertos y enfrentamientos en todo el país.
Autor de Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy (2017), el experto indica que la multiplicación y fragmentación de grupos delictivos con mayor intensidad de conflicto se produce por periodos en distintas regiones del país, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas, y después en Acapulco, Guerrero. Es decir, no todos los cárteles se dividen a la vez como si fuera un juego.
La situación empeoró durante el sexenio recién concluido; pero la violencia y la impunidad ya habían quedado fuera de control desde los gobiernos de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Si algo ha quedado claro durante estos 3 sexenios es que el combate con ataques directos sólo terminó exacerbando el problema. Las acometidas contra los cárteles de Juárez y de Tijuana permitió que el de Sinaloa –ya entonces dirigido por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, e Ismael Zamada García, el Mayo– llenaran el vació.
Sobre la política antidrogas del nuevo gobierno, el académico y experto estadunidense no tiene grandes esperanzas. “Es un panorama pesimista porque la estrategia de debilitar a los grandes cárteles y capos no ha funcionado”.
En ese contexto, señala Bagley, México está en peores condiciones que al inicio del Siglo XXI con Fox, que empeoró con Calderón y que con Peña Nieto resultó con más criminalidad y mayor diversificación y violencia que nunca.
Pero el gran problema es que “no sólo hay más violencia, sino más penetración y corrupción a todos los niveles de gobierno, en especial en las administraciones estatales y municipales; por ello, el saldo es negativo, y se requiere un cambio de paradigma y de estrategia”.
Considera que medidas como legalizar la mariguana y despenalizar otras drogas, así como atacar las estructuras financieras del crimen organizado, son pasos en el sentido correcto que empieza a dar el gobierno que inició el pasado 1 de diciembre.
“No significa que estas medidas van a acabar con el crimen organizado durante el periodo del presidente López Obrador, pero dado que el valor agregado mayor proviene del narcotráfico, si se reducen sus ganancias se puede minimizar, no eliminar, la diversificación del crimen organizado que aflige al país entero.”

Estados y municipios, trincheras de los cárteles

El documento Organizaciones Delictivas de la AIC-PGR, de acceso restringido, describe en forma detallada estados y municipios convertidos en trincheras bajo control de las organizaciones trasnacionales delictivas:
El Cártel del Pacífico mantiene presencia territorial en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Jalisco, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Durango, Sonora, Nayarit y Coahuila. Las organizaciones que integraron el Cártel de los Beltrán Leyva en Aguascalientes, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y Sinaloa. La organización Carrillo Fuentes en Chihuahua y Sinaloa.
Por su parte, Cártel de Jalisco Nueva Generación en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, mientras que la de los Arellano Félix en Baja California y Baja California Sur. La Familia Michoacana, en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima, Michoacán, Quintana Roo y Morelos. Los Zetas, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
En cuanto a los Caballeros Templarios, éstos mantienen presencia en Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Jalisco, Colima, Tabasco y Guanajuato. Y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Cobertura total del crimen organizado

Las organizaciones trasnacionales delictivas, “desde una posición subordinada a algunas autoridades” crearon una red y sistema de sobornos y favores, y provocaron un desajuste político-económico que alteró la seguridad interna de México, considera el contralmirante de la Armada de México, Martín Enrique Barney Montalvo.
Director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (Ininvestam), Barney Montalvo es maestro en estudios estratégicos de seguridad por la Universidad de Defensa Nacional en Washington, DC. También participó en los cursos de mando naval en el Colegio de Guerra Naval en Newport, Rhode Island; de contraterrorismo en el Centro de Estudios Asia-Pacifico en Hawái y en la Universidad de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos.
Al explicar la evolución del crimen organizado en el país, en el marco del encuentro regional “El mercado de la cocaína. Criminalidad organizada en el área común de inseguridad Atlántica”, celebrado en la Facultad de Ciencias Política y Sociales de la UNAM, indica que hay una paradoja en el tema de seguridad del país.
“Por un lado, se permitió a las organizaciones trasnacionales delincuenciales realizar sus actividades con mayor ganancia y menor riesgo; y por otro lado, facilitó a las autoridades corruptas limitar y controlar las actividades ilícitas.”
Barney Montalvo, experto en seguridad nacional, refiere que desde hace 35 años la pérdida del control de las rutas por parte de los cárteles colombianos posibilitó a las organizaciones trasnacionales del crimen mexicanas emerger y empoderarse rápidamente del tráfico de drogas para satisfacer el mercado de Estados Unidos y de otras latitudes.
El resultado: “La ola de violencia se incrementó; tan sólo los homicidios registrados entre 2000 y 2017 desbordó cualquier expectativa y derivó en violencia política que ha sido más evidente en los últimos 11 años [2007-2018] con más de 100 asesinatos de alcaldes y políticos de diversas organizaciones partidistas”.
La ola de violencia política se acrecentó durante el más reciente proceso electoral –sobre todo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de marzo de 2018–, periodo en el que se registraron 117 ataques contra de políticos, con saldo de 68 asesinatos; así como 24 agresiones contra familiares de políticos con saldo de 28 víctimas. El 50 por ciento de los asesinatos ocurrió en cuatro estados: Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero, apunta el director del Ininvestam.
“La frecuencia de asesinatos de este tipo es tema de gobernabilidad, ya que la capacidad y efectividad al realizar estos crímenes supone un método, daña la legitimidad del gobierno e impide el ejercicio de las funciones sustanciales del Estado”, enfatiza Barney Montalvo.

Dinámica de la violencia en México

El experto en seguridad nacional e inteligencia subraya que la ola de violencia que generan las organizaciones criminales continúa imparable y en aumento, y se registra en una dinámica que inmiscuye no sólo a los cárteles y el Estado, sino también a la sociedad.
“Por un lado, la capacidad de los cárteles se basa en el desarrollo de sus operaciones de tráfico de drogas y financieras que causan graves daños al desarrollo del país; por otro lado, el poder de influencia de los cárteles radica su capacidad para actual con impunidad”, enfatiza.
Esto permite a los cárteles poner en práctica operaciones complejas que incluyen: tráfico de drogas, personas, dinero y armas, así como la operación ilegal de instituciones bancarias y comerciales para lavado de dinero que laceran aún más a la sociedad, como el soborno, la extorsión, el secuestro, los “servicios de protección” (sicariato), mediante el uso de violencia y el terror.
La corrupción y violencia que utilizan los cárteles debilita las instituciones encargadas de mantener el estado de derecho y de proteger a la población de la violencia y el terror, lo cual sucede a través de un proceso que Peter Lupsha identifica de tres fases: depredadora, parásita y simbiótica.
En ese sentido, Barney Montalvo explica que el futuro de la estabilidad y prosperidad del país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está amenazado por la corrupción que las organizaciones criminales trasnacionales provocan y estimulan entre las instituciones y la población.
“El impacto de la corrupción afecta a la economía, modifica las relaciones sociales y la forma de vida de los ciudadanos, deteriora el tejido social”. Y amenaza “la aspiración de construir un Estado democrático legítimo”. Así, apunta, “cuando el Estado pierde legitimidad pierde el derecho y habilidad para gobernar”.
No sólo eso. Los cárteles impiden el bienestar social, la convivencia ciudadana y aplicación de la ley; hieren y afectan la salud física y mental pública, los derechos ciudadanos y frenan el desarrollo económico.

Los Zetas y legitimidad del gobierno

Barney Montalvo destaca el papel del narcotráfico en el proceso de descomposición del gobierno y el Estado mexicanos, y cómo afectan la legitimidad del gobierno las organizaciones trasnacionales delictivas como el cártel de Los Zetas.
“Las organizaciones criminales trasnacionales que operan en México, como Los Zetas, corrompen a las autoridades, obstruyen la acción del gobierno, alimentan la desconfianza y desalientan la participación política, erosionan la democracia, nutren y disputan el mercado de drogas y motivan e incluso gestan protestas y manifestaciones en contra del gobierno”, subraya.
Destaca que la afectación de la legitimidad del gobierno se gesta en dos fases: por un lado, utilizan la violencia para generar terror y ser temidos por la sociedad; y por otro lado, corrompen para ganar impunidad, lo cual debilita las instituciones gubernamentales, y les permite actuar con libertad y menor riesgo para alcanzar su objetivo principal de obtener ganancias lucrativas.
Así, la impunidad de Los Zetas convierte a la sociedad en víctima, atrapada en el descontento y temor, bajo la amenaza de sus vidas y bienes, lo cual se traduce en desconfianza en las instituciones de gobierno y deteriora el tejido social.
“El debilitamiento de las instituciones gubernamentales ocasiona la pérdida del monopolio del uso de la fuerza y el debilitamiento de la cohesión social, influyen de manera negativa en la legitimidad del gobierno, pérdida de participación ciudadana y de gobernabilidad”, anota Barney Montalvo en entrevista con Contralínea.
En síntesis, dice, Los Zetas, como el resto de los grupos criminales, buscan controlar áreas de interés y rutas de tráfico de drogas, personas y armas, usurpan funciones del Estado, fungen como actores políticos de facto por arriba de la autoridad, generan violencia para mantener la supremacía del mercado ilícito, alteran la vida socioeconómica de la sociedad atrapándola en lo legal, y fomentan la cultura de la ilegalidad.
De tal manera que “la fortaleza o fragilidad del Estado se debe a la fortaleza o debilidad de su legitimidad, razón imperiosa para contener el fenómeno e implementar acciones que contribuyan al fortalecimiento del mismo; de lo contrario, los efectos que la están dañando se potencializarán con consecuencias que alterarán la seguridad nacional”.

Economía del crimen organizado

Las ganancias de las organizaciones delictivas trasnacionales al cierre del 2018 representan ingresos hasta por 600 mil millones de dólares anuales, más del doble de la industria farmacéutica nacional; ocupan a más de 1 millón de trabajadores y para la producción de amapola cubren más de 44 mil 100 hectáreas, 150 por ciento más que en años previos, sostiene el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea Rosales.
En entrevista con Contralínea, el catedrático destaca que el consumo de opiáceos en Estados Unidos significa un gasto de 19 mil 439 millones de dólares para combatir la epidemia del Siglo XXI, mercado en el que participan 5 millones de personas y que provocó en ese país la muerte por sobredosis de 64 mil personas en 2018.
“Se trata de un problema global que se vuelve binacional México-Estados Unidos, por el nulo control que hay en el tráfico, venta y consumo de estupefacientes”, arguye el también experto en seguridad nacional.
Vizarretea Rosales indica que sólo en Guerrero hay una zona muerta donde ningún Ejército o autoridad puede entrar, ubicado en el corredor de Iguala- Tierra Caliente: la entrada al corredor agroindustrial de producción de amapola para la exportación en 24 mil 800 hectáreas.
“Es un problema de seguridad nacional cuya solución demanda políticas de Estado para combatir la delincuencia organizada trasnacional y los corporativos a su servicio; ya no es asunto exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino multifactorial y multidimensional”, que deberá contemplar el gobierno de López Obrador para no repetir la historia de sus antecesores.
Al referirse a la fragmentación de los cárteles, Vizarretea Rosales destaca que sólo en Guerrero participan del trasiego, producción y venta de drogas seis organizaciones y 60 grupos y subgrupos en lucha permanente por el control de plazas y un mercado que representa 7 mil 200 millones de dólares en la primera cosecha de amapola.
“El problema es grave si se considera que al año hay tres cosechas de amapola en Guerrero, en cuya producción participan entre el 75 y 85 por ciento de familias relacionadas con las drogas, por lo que no es fácil para el gobierno de López Obrador resolverlo, en un país como México donde el 80 por ciento de los presidentes municipales, es decir, más de 2 mil alcaldes, están ‘tocados’ por el narcotráfico”, enfatiza el experto en seguridad nacional.

La encrucijada de López Obrador

El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” requerirá, además de voluntad política, el combate a la estructura financiera de los narcotraficantes, que sigue intacta, asemejándose a multinacionales del crimen más que a grupos de delincuentes, así como el concurso y la colaboración de la comunidad internacional, augura María Luisa Pastor Gómez.
En su análisis “México en la encrucijada. Diez años de guerra contra el narcotráfico”, contenido en el Panorama geopolítico de los conflictos del Instituto de Estudios Estratégicos de España (IEEE), la especialista en inteligencia y seguridad nacional advierte que de no tomarse en cuenta esos factores, la victoria sobre el narcotráfico no será posible en el nuevo gobierno.
Pastor Gómez enumera que a una década de enfrentamiento militar con los narcotraficantes, “México ha decomisado droga por valor de 90 mil millones de euros; incautado 200 mil armas de fuego, 162 mil vehículos terrestres y marítimos y 607 aeronaves; inutilizado 5 mil pistas de aterrizaje clandestinas, y decapitado las principales organizaciones delictivas”.
Sin embargo, advierte que se ha dado una carrera armamentista entre cárteles cuyo resultado es el dominio territorial “y esto implica que muchos mexicanos quedan bajo el yugo de su autoridad, lo que se convierte en una clara amenaza a la soberanía del Estado y pone en peligro a toda la sociedad”.
La erradicación del narcotráfico en México es un clamor social, un problema global por la relación transnacional existente entre producción, comercio y consumo. Por ello, la analista del IEEE considera que México “nunca podrá acabar con esta lacra en solitario, sin la estrecha colaboración de otros países, en especial con Estados Unidos”.

Contrainsurgencia y crimen organizado

Al explicar los alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano, Fausto Carvajal Glass señala que durante la última década, ha sido considerada a nivel internacional para enfrentar casos de violencia armada y, en el contexto del combate a la delincuencia organizada en México, ha sido examinada como una alternativa para contrarrestar la violencia de las organizaciones delictivas, toda vez que éstas representan un caso de “insurgencia criminal”.
En su análisis “Alcances y límites de la doctrina de contrainsurgencia en el contexto mexicano”, publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales, Carvajal Glass sostiene que aun cuando se reconoce que ambos fenómenos (delincuencia organizada  e insurgencia criminal) llegan a compartir algunas características, es un error epistemológico estudiar al crimen organizado en México como una expresión de insurgencia criminal.
Sin embargo, sugiere que un enfoque de contrainsurgencia puede contribuir a mitigar la violencia homicida en México –“siempre y cuando se considere como un eslabón más de una estrategia de seguridad multidimensional, y no la estrategia en sí misma”–, y señala los alcances, límites y retos que enfrenta en el teatro de operaciones mexicano contra las organizaciones criminales.
En suma, dice, es un error decir que la contrainsurgencia sea una estrategia que permite alcanzar los fines políticos. En cambio, es una forma de emplear los medios militares para cumplir los objetivos a nivel táctico-operacional. “Lo anterior no significa que los fundamentos de la contrainsurgencia no puedan ser aplicables al escenario mexicano”.
Carvajal Glass, miembro del Centro de Investigación para la Paz México (Cipmex) y de la Federación Mundial de Estudios del Futuro (WFSF, por su sigla en inglés), concluye que cualquier política de seguridad en México tiene que estar orientada a restablecer el orden y generar condiciones de estabilidad a nivel municipal, y reducir la violencia en regiones del país donde no se cuenta con la fortaleza institucional, “podría ser uno de los principales objetivos de una campaña contrainsurgente”.
En la realidad en México se impone a la teoría de la contrainsurgencia –puesta en práctica en Afganistán e Irak para el combate de grupos armados–, ya que hay casos en donde los grupos delictivos interactúan de diversas formas con la sociedad (más allá de la violencia), por lo que pueden llegar a contar con una base social sólida.
En estos casos, dice Carvajal Glass, el objetivo de una campaña contrainsurgente de despejar de miembros del crimen organizado y sostener el territorio, puede resultar contraproducente, toda vez que podría ser visto por la población como una acción invasiva, creando más violencia de la que se proponía mitigar.
Advierte que el uso de la fuerza militar no es en lo absoluto sustituto o suplemento de la acción política. Por eso, aclara que “el esfuerzo contrainsurgente tiene que ser pensado como parte de una gran campaña política, siendo el propósito de ésta ganarse el corazón y la mente de la gente para generar estructuras de control, organización y movilización alternativas a las existentes en comunidades donde los grupos delictivos tengan una base social sólida”.
Para el caso mexicano, las ganancias que se tengan en seguridad en el corto plazo, como producto de las acciones militares de despejar y sostener un territorio se tienen que traducir forzosamente en avance político de largo plazo. De lo contrario, el esfuerzo contrainsurgente será únicamente parte de la continuación de un proceso de descomposición política y social a nivel municipal.
“Pensemos que hay un consenso en que la Coin [Doctrina de Contrainsurgencia] es una forma efectiva para reducir la violencia producida por la delincuencia organizada en una comunidad. De modo que las Fuerzas Armadas realizan operaciones cuyo objetivo es recuperar territorios controlados por un grupo delictivo o grupos delictivos.
“¿Y después qué seguiría? ¿Hasta cuándo permanecerían los contingentes militares en una comunidad? Más importante aún, ¿cuál es el propósito político del uso de la fuerza militar? Un enfoque de contrainsurgencia implica también apoyar en la construcción y/o fortalecimiento de instituciones civiles a nivel local que detonen, a su vez, las capacidades gubernamentales, el desarrollo económico, la reforma del sector de seguridad, entre otros.”
Empero, aclara el catedrático del Cesnav, “esto ya no le compete al poder militar, implica el completo involucramiento del poder político de los distintos niveles y órdenes de gobierno para que la inversión pública, o privada, para escuelas, hospitales, turismo, etcétera, lleguen a localidades, sin que con ello se sugiera una política de seguridad con una óptica asistencialista, sino de generación de capacidades institucionales a nivel municipal.
“De no ser así, se continuará utilizando por tiempo indefinido a las Fuerzas Armadas para realizar actividades que no les corresponden, desde repeler agresiones de civiles armados, hasta servir como oficiales de tránsito, y continuaría el proceso de degradación en las relaciones cívico-militares”.
José Réyez

Documenta Inteligencia Financiera participación de cinco empresarios y exfuncionarios en el robo de combustibles


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Documenta Inteligencia Financiera participación de cinco empresarios y exfuncionarios en el robo de combustibles

Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado en los últimos días ante la Procuraduría General de la República cinco casos de personas que presumiblemente están involucradas en el robo de combustibles y lavado de dinero.

La UIF ha acreditado la participación de dos empresarios, un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un exdiputado local y un expresidente municipal en el robo de gasolinas y blanqueo de capitales. Se trata de cinco implicados directamente y otros 10 de manera indirecta. Pero la UIF analiza otros 200 casos.
Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia, detalló que estos cincos casos involucran más de 1 mil millones de pesos. En el primero de los cinco están implicados 80 millones de pesos; en el segundo, 150 millones; en el tercero, 386 millones; en el cuarto, 27 millones, y en el quinto, 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.
En la conferencia de prensa que esta mañana encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF dijo que quienes se dedican al robo de combustibles también incurren en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
“Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan, en ocasiones, en más de 2 millones de dólares; adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo. Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas. Y cómo se compran boletos de avión, cómo se compran joyas y, en general, obras de arte para efecto de blanquear los capitales provenientes del robo de hidrocarburos.”
Nieto Castillo informó que, desde el 20 de diciembre y hasta el momento, se han bloqueado las cuentas de las 15 personas de forma directa y de otras 24 de manera relacionada.
La investigación de la UIF arrojó que varias de las estaciones de gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo, que son diferentes al número de recursos con los que opera.
“Es decir, muchas gasolineras, a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol [combustible robado]. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero.”
Nieto Castillo señaló que el trabajo conjunto de la UIF con las Secretarías de la Función Pública, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y con el Sistema de Administración Tributario permitió el congelamiento de cuentas y “llevar hasta este momento a cinco casos específicos que ante la Procuraduría General de la República con la idea de que se judicialicen de forma pronta”.
Zósimo Camacho

El espejo de Espert refleja una Argentina que duele mirar


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El espejo de Espert refleja una Argentina que duele mirar

Autor: Bernardo Congote

El político y economista argentino José Luis Espert ha desatado un tsunami de opiniones: luego de sus declaraciones en La Nación, el debate ha superado ya las 2 mil 500 reacciones. Buceando entre ellas, se podría obtener una precisa radiografía de la Argentina de hoy.

Espert es un opinador que incomoda. No balbucea como lo hacen los “políticamente correctos” y, por tanto, carece de fans. Si habitara en otro país, podría ser candidateado para presidir el Banco Mundial (cargo vacante por estos días). Pero la Argentina, en general, no soporta a un Espert.
Tiene una gran virtud de la que carecemos la mayoría de los economistas: habla claro. Eso de que “el Estado no es una agencia de empleos ni de subsidios” es fenomenal. Sólo que en un país con 2 millones de empleados públicos ineficientes se arriesga a ser suicida. Pero ello no lo detiene. Refuerza advirtiendo que “el Estado está para devolverle en bienes públicos los impuestos pagados por los ciudadanos” y no para pagar los sueldos de millares de funcionarios.
Espert también explica por qué resulta inútil esperar que los argentinos paguen sus impuestos (o su contraparte, dejen de robarse los recursos del Tesoro). No es porque el argentino sea de suyo inmoral o negligente, sino porque se ha dejado estafar una y mil veces: paga impuestos pero no ve que el Estado le devuelva algo a cambio. Esta suma de estafas habría inducido una depresión colectiva que, explicaría, por ejemplo, por qué la opinión ha castigado a Cambiemos inclusive cuando éste le está devolviendo sus impuestos en centenares de frentes de obra pública. Es claro que el deprimido no puede aceptar la mano amiga.
Esta depresión colectiva también impediría hacerles frente a los corruptos. El hecho de que el cristinismo posea todavía posibilidades electorales, cuando sus líderes se desplazan a diario, sonrientes, entre Comodoro Py y Ezeiza, explicaría, tanto la impunidad de la justicia como la depresión social.
Sólo un país con poderes castrados y una opinión deprimida se traga sapos del tamaño de los que saltan por la Argentina.
Y el hecho de que (Miguel Ángel) Pichetto, el líder opositor, mantenga los fueros de Cristina Fernández de Kirchner y, al tiempo, se siga contoneando como líder opositor, indicaría no que el tal senador sea un fenómeno sino que sus votantes están hundidos. Ciegos. Sordos. Mudos. En suma, deprimidos.
El balance sugiere que Espert está corriendo riesgos que, paradójicamente, le llevarían al éxito. Los centenares de argentinos que se han batido en la prensa alrededor de sus propuestas indican que el economista despierta energías, razones y emociones nuevas, susceptibles de madurar como alternativa política para este 2019.
Sin hacer un conteo riguroso, bien podría ocurrir que dos tercios de las opiniones escritas en La Nación favorecerían las propuestas de Espert. Y que el tercio restante aparecería víctima o de pobres razonamientos o del miedo. Y ambas señales tienen solución.
La pobreza de ideas se resuelve permitiendo la entrada a nuevas ideas. Y el miedo, hermano de la depresión colectiva, puede ver luces dentro del túnel, sobre todo cuando vea venir una locomotora en contravía: Cristina Fernández.
A Espert se le critica sobre todo porque “sólo es un economista”. Podría ocurrir que esta crítica fuera, para la Argentina de hoy, una virtud antes que un defecto. Primero porque la economía es, estructuralmente, política: ningún otro científico social podría ejecutar asociaciones más profundas entre su disciplina y la dinámica social. El economista estudia al ser humano trabajando, produciendo, transformando. Y el político que tiene éxito, precisamente lo logra estimulando el trabajo y la productividad. Esto es, transformando.
Un economista capaz de denunciar que el sindicalismo argentino es el peor enemigo del trabajo: pinta como un apropiado dirigente político. Porque no se trata de irse contra los 2 millones de empleados públicos; bastaría con cambiar la correlación de fuerzas entre el Estado y la decena de oligarcas de overol que se escudan en el sindicalismo en concierto para delinquir. Porque ¡vaya si es cierto que el sindicalismo argentino detiene la creación de empleos! Porque ¡vaya si las llamadas “paritarias” entre empresarios y oligarcas de overol se han convertido en parasitarias!
¿Cómo llamar entonces a la presión sindical que induce a subir los precios rompiendo el bolsillo de los consumidores y los ahorros empresariales? ¿Cómo llamar sino parásita a una minoría que se ha hecho multimillonaria con las cuotas de sus afiliados? ¿Cómo llamar sino parásita a una minoría que convierte a los sindicatos en fuente de empleo exclusivo de sus familiares y amigos?
Y al final, ¿en qué lugar quedaría la Iglesia Católica, patrocinadora divina del parasitismo sindical argentino? La hora de Espert serviría, también, para llamarle a cuentas al curato que actúa agazapado defendiendo sólo sus intereses de clase. No olvidemos la pantomima de la Iglesia y los Ladrones, hace unas semanas.
Bernardo Congote*
*Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Federalismo y Libertad (Argentina, www.federalismoylibertad.org), profesor universitario colombiano y autor de La Iglesia (agazapada) en la violencia política, disponible en www.amazon.com

Más allá del Tren y lo Maya: el neoextractivismo con “rostro humano”


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Más allá del Tren y lo Maya: el neoextractivismo con “rostro humano”

Autor: Sergio Sergio Prieto Diaz

Prioritario en el programa del nuevo gobierno, el llamado Tren Maya avanza aun con lagunas de tipo legal, técnico y de procedimiento. Se trata de un proyecto que va mucho más allá de un Tren, y cuyas complejas implicaciones son de tipo social y ambiental. Se trata de abrir la puerta al extractivismo y a la acumulación de capital, precisamente donde los gobiernos anteriores fracasaron.


Las novedades sobre el gran proyecto del sexenio, el Tren Maya, se suceden a una velocidad vertiginosa, aunque la cantidad y calidad de la información disponible no se corresponde al nivel de los avances. Se multiplican reuniones informativas y se alistan ceremonias para pedir permiso a la Madre Tierra. Pero como comunidad académica socialmente comprometida, no podemos obviar algunas cuestiones que están quedando al margen, y que ameritan bajarle al menos una marcha al acelerado proyecto y realizar un análisis más complejo.
Todo discurso que propone nuevos proyectos de desarrollo cuyo objetivo es generar o explotar la riqueza y prosperidad de una región, se plantea contemplando el bienestar social de sus habitantes; sin embargo, todos los proyectos tienen efectos o impactos que si bien se espera sean positivos, también tienen consecuencias que impactan otros sectores de manera incierta.
Queremos compartir algunas inquietudes que tienen que ver, por un lado con los alcances reales del proyecto en la región y, por otro lado, con las preocupantes lagunas de tipo legal, técnico y de procedimiento del mismo. Dado el impulso de los acontecimientos, las presentamos como crítica constructiva amplia y prospectiva, como acompañamiento (y vigilancia) a la nueva administración.

I. En primer lugar, se trata de un proyecto que es mucho más que un Tren, y cuyas implicaciones no se limitan a un concepto de “lo maya” incompleto y apenas visible. La marca Tren Maya, como árbol, impide vislumbrar la profundidad del proyecto, en este caso, de la selva.
El Tren, que será de pasajeros y de carga, transportará productos derivados del petróleo, comunicando y vertebrando las Zonas Económicas Especiales (ZEE), proyecto estrella del sexenio anterior. Las ZEE específicamente localizadas en la región de la Frontera Sur están planteadas como zonas de intensa acumulación del capital transnacional, que contará con amplios beneficios y exenciones de impuestos. Si a éstas añadimos la recientemente aprobada refinería de Dos Bocas (Tabasco), y el proyecto de Corredor Transístmico que conectaría el eje Coatzacoalcos-Salina Cruz con el resto del país, encontramos que el Tren Maya articulará las industrias y maquilas neoextractivas del sur de México y norte de Centroamérica hacia los mercados mundiales. Mención y preocupación aparte es la intención de crear la primera Zona Económica Especial Indígena en el área de Valladolid (Yucatán), con el propósito de explotar y exportar los conocimientos sobre plantas y medicinas tradicionales de las comunidades indígenas, también para sacarlas de su subdesarrollo aunque sea a costa de su identidad. No es descabellado pensar en Bayer dando empleo precario a las sabias abuelas mayas para exprimirles su conocimiento ancestral.
Además, la localización y adecuación de la vía del Tren servirá de entrada de otros proyectos energéticos que a lo largo del derecho de vía federal se introducen, literalmente, en territorio hasta ahora vedado, incrementando riesgos e impactos ambientales de distinto signo. Estos proyectos, con el pretexto de la conectividad regional y el pendiente de su impacto ambiental, complementan y resucitan la iniciativa del sexenio pasado de construir un gasoducto, añadiendo la introducción de una red de fibra óptica en el mismo derecho de vía, y la construcción de 300 caminos rurales de concreto hidráulico fuera de la misma.

II. Más allá de los aspectos técnicos, forestales y medioambientales del proyecto del Tren y las demás infraestructuras, existe un ámbito muy complejo y de vital interés que hasta ahora no ha sido problematizado: sus implicaciones en términos de movilidad interna y migración internacional. El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, anunciado en la reciente Cumbre Mundial de Migración de Marrakech de diciembre, pretende atraer inversiones y proyectos en el área de la Frontera Sur de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), con el objetivo manifiesto de combatir el subdesarrollo y generar opciones para evitar la emigración: objetivos compartidos por el proyecto del tren. El Plan es un paso más en la consolidación de México como país-tapón de las migraciones hacia Estados Unidos, y de la región Frontera Sur como territorio de amortiguamiento y contención. El Tren Maya, las ZEE y las infraestructuras serán un mercado de atracción de las migraciones regionales, y tendrán fuertes implicaciones en los procesos de movilidad interna de las comunidades, provocando dinámicas potencialmente conflictivas. Destacaremos brevemente apenas dos, con sus múltiples aristas:
-La plusvalía de los terrenos estratégicos que provocarán la venta por parte de sus propietarios originales (o los procesos de expulsión y/o movilidad forzada, directa o indirecta), y su desplazamiento a los polos de desarrollo, provocando procesos de gentrificación urbana, proliferación de barriadas marginalizadas y ciudades-espejo. La migración a las nuevas ciudades implica el despoblamiento, temporal o permanente, de comunidades originarias, no sólo en términos poblacionales, pero también cultural e identitario.
-El descenso de salarios para los trabajos primarios por la alta oferta de trabajadores precarizados (locales y migrantes regionales), frente a la llegada de trabajadores extra-regionales altamente especializados y con altos salarios, alimentarán dinámicas y conflictos de convivencia intercultural en entornos altamente competitivos.

III. Por si la complejidad técnica del Tren Maya, y la consideración del entramado subyacente no fueran muestras suficientes de la complejidad del proyecto regional, es necesario destacar que ambas parecen estar obviando un conjunto de impactos potenciales y normativas existentes, que en materia de medioambiente, protección y conservación de la biodiversidad deberían estar en primera línea de consideración. No es posible que semejante proyecto regional, abanderando un cambio de paradigma de producción y desarrollo, omita las nociones más básicas de protección del territorio, que es al mismo tiempo, protección de las personas que lo habitan. A continuación perfilamos algunos de estos impactos y alcances hasta ahora poco considerados.
-Modificación del hábitat de flora y fauna en todo el territorio del trazado de la vía, pérdida de conectividad ecológica y la compleja consideración de alternativas para los corredores biológicos; el ruido y la vibración producidos tanto durante la construcción del tren, como durante todo el ciclo de operaciones; la utilización de biodiesel como combustible, frente a la opción eléctrica de las vías federales adyacentes, o incluso de nuevas fuentes sustentables por desarrollar. El aprovechamiento forestal y el proceso progresivo de compactación de los suelos podrían escudarse en la normativa que exime de los informes de impacto ambiental cuando se producen en selvas tropicales menores a 20 hectáreas.
-En 2016, Yucatán y Campeche ocuparon los dos últimos lugares a nivel nacional en cuanto al porcentaje de tratamiento y eliminación de aguas residuales con 5 y 6.4 por ciento respectivamente, muy por debajo del promedio nacional (58.2 por ciento). Esta dramática situación, junto a los cuestionamientos sobre el origen del agua que sería necesaria y a costa de quien se conseguiría en una región con desequilibrios y escasez estructural de dicho elemento, amenaza con un fuerte impacto en acuíferos, escorrentías y cuerpos de agua superficiales.
-Se deberá establecer una programa de reforestación no solo con árboles endémicos y frutales, sino incluir especies propias de los ecosistemas que se van a alterar garantizando su viabilidad y permanencia. No se trata de plantar por plantar, sino de repoblar respetando el equilibrio natural de los sistemas.
-La ubicación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en una región biológicamente estratégica y medioambientalmente crítica del sureste mexicano, sujeta a un proceso de degradación costera muy importante, contiene dos aspectos de crítica importancia: la cuestión de la descarga de aguas residuales de la refinería (cuya norma no contempla la descarga de hidrocarburos), así como el hecho que las adyacentes Lagunas de Mecoacán y su manglar, en proceso de ser declarada Área Natural Protegida, es un sitio con relevancia biológica y necesidades específicas de rehabilitación ecológica.

IV. El proyecto del Tren tiene diferentes aristas, con recorridos diseñados en tramos diferenciados, donde los impactos en poblaciones silvestres y humanas no serán iguales. Por ejemplo, el tramo del pacífico cruzará zonas con cambio de uso de suelo en zonas con alta perturbación, que generarían una conectividad entre estados y poblaciones favoreciendo el transporte de carga y turístico e incrementando la población y servicios alrededor de las estaciones establecidas. Sin embargo, el tramo propuesto de Escárcega hacia Bacalar recorre una parte importante de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el corazón de la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América, con una gran diversidad biológica, declarado en 2014 como como Bien Mixto (cultural y natural) en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (sigla en inglés de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Ante este estas características, considerar un cambio en el uso de suelo en “favor del desarrollo” debe ser evaluado con severo juicio, criterio, responsabilidad, conocimiento y ética, en beneficio de las poblaciones silvestres y las poblaciones locales mayas.
Los estudios de impacto ambiental y la consulta de los pueblos nativos mayas deben ser transparentes y no deben ser sesgados. Una consulta donde se pregunta a la población y sólo hay dos opciones de respuesta “si” o “no” sin informar de las consecuencias y el costo para la vida silvestre, las poblaciones locales, incluso para otros sectores a través del recorte presupuestal (ciencia), no es transparente.
Consideramos que con los reflectores en el Tren Maya, en su noción de turismo cultural, verde y sostenible, existe el peligro potencial de repetir viejas lógicas con ropajes distintos. De perdernos el conjunto por centrar nuestra atención en una de sus partes. Para evitar caer en el círculo perverso de la historia, reivindicamos por último, pero en primer lugar, el derecho de los pueblos indígenas de la región y de las comunidades residentes, no sólo a ser “consultados” sino a ser parte constitutiva del proyecto desde sus propias bases. Así no sólo se restituye la deuda histórica o se curan las heridas del colonialismo, sino que se permite la emergencia de nuevas nociones de desarrollo como el buen vivir, que superan cualquier sustantivo que queramos añadirle al primero (social, sostenible, humano).
También es necesario que se ofrezcan espacios de interacción a la academia y las organizaciones sociales no orgánicas, pues es la crítica constructiva la que efectivamente localiza y denuncia los retos pendientes antes de que terminen siendo, de nuevo, heridas incurables. Hoy tenemos en México una oportunidad histórica para un cambio de paradigma impostergable ya en todo el mundo. Nuestro planeta, nuestras sociedades, nosotras y nosotros necesitamos transformarnos para bien y de una vez. Y desde todos los ámbitos debemos tener el valor y la determinación de hacer todo lo posible y algunos imposibles para lograrlo. Para hacer por una vez lo que hasta ahora no se ha hecho nunca, o apenas se ha intentado: dar voz y escuchar a quienes han sido históricamente silenciados.
Salomé Cabrera* y Sergio Prieto Díaz**
*Investigadora del Colegio de la Frontera Sur; doctora en ciencias en infectómica y patogénesis molecular por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; maestra en ciencias de la salud y de la producción animal y médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México
**Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de la Frontera Sur; doctor en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana; especialista en migración internacional, cartografía, poscolonialidad, raza, derechos humanos, etnicidad y política, e historia y política internacionales

EE.UU. prolonga permanencia militar en frontera con México


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EE.UU. prolonga permanencia militar en frontera con México



Estados Unidos (EE.UU.) extenderá hasta el 30 de septiembre de 2019, el despliegue de soldados y miembros de la Guardia Costera en la frontera con México para ayudar a las autoridades fronterizas ante el flujo migratorio irregular, anunciaron este lunes las autoridades de ese país.
"El Secretario de Defensa suplente, Pat Shanahan, aprobó el apoyo del Departamento de Defensa al Departamento de Seguridad de EE.UU. hasta el 30 de septiembre de 2019", señaló en un comunicado emitido desde el Gobierno estadounidense.
"El Departamento de Defensa continuará brindando apoyo aéreo", agregó también la declaración.
EE.UU. ya cuenta con más de 2.300 soldados estacionados a lo largo de la frontera, desplegados por orden del presidente Donald Trump, quien emitió la orden en octubre de 2018, antes de las elecciones de mitad de mandato.
Además, unos 2.200 miembros de la Guardia Nacional apoyan las operaciones fronterizas.
Inicialmente, la labor de las tropas desplegadas en la frontera con México había sido principalmente la de construir kilómetros de cercas de alambre de púas a lo largo de los puntos de los cruces fronterizos más usados por migrantes centroamericanos.
Trump ha sido inquebrantable en su demanda de un muro fronterizo, provocando un importante estancamiento político y un cierre parcial del gobierno, el que está entrando en su cuarta semana, convirtiéndose en el más extenso de la historia y dejando crecientes costos asociados.
>> Rechazan la posibilidad de una emergencia en EE.UU. por el muro

Macron inicia debate para atender demandas de chalecos amarillos


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Macron inicia debate para atender demandas de chalecos amarillos



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inicia este martes el debate nacional con el que pretende hacer frente a las demandas del movimiento de los chalecos amarillos.
Desde la comuna Grand Bourgtheroulde, el mandatario comenzará los diálogos que se extenderán hasta febrero, y cuyos resultados serán dados a conocer el 15 de marzo, según el compromiso asumido por el presidente francés.
Se espera que en las próximas semanas se den los encuentros con los alcaldes de las diversas localidades del país en un "debate que debe ser lo más informal posible", según informaron desde la Presidencia.
En una carta a los franceses divulgada el pasado fin de semana, Macron instó a la mayoría de los ciudadanos a participar en el gran debate con el fin de presentar propuestas para atender las demandas sociales de los chalecos amarillos.
En la misiva al pueblo francés, Emmanuel Macron mencionó unas 30 cuestiones en las que considera necesario reformar el país, articuladas en torno a los cuatro temas del debate: la transición ecológica; la fiscalidad y los gastos públicos; la democracia y la ciudadanía; y la organización del Estado y los servicios públicos.
La intención del proceso es buscar un consenso nacional en medio de las manifestaciones de los chalecos amarillos, que llevan nueve jornadas de sábado de intensas protestas en demanda de una mayor justicia fiscal y social.
Antes de la carta de Macron, solo otros dos presidentes franceses, Francois Mitterrand, y Nicolas Sarkozy, habían escrito misivas al pueblo. En ambos casos eran maniobras electorales, anunciando su candidatura para un segundo mandato en el Palacio del Elíseo.
Macron, en cambio, lo hizo después de menos de dos años en el poder, y con ello busca comenzar a sanar las relaciones con un pueblo indignado por las reformas económicas liberales del líder de 41 años y sus maneras monárquicas.
>> Al menos 72 % de los franceses desaprueba la gestión de Macron

Huelga en aeropuertos alemanes afecta a 220.000 pasajeros


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Huelga en aeropuertos alemanes afecta a 220.000 pasajeros

 

 


Alrededor de 220.000 pasajeros se verán afectados este martes por la cancelación de vuelos en Alemania, tras la reanudación de la huelga del personal de seguridad de los principales aeropuertos germanos.
Entre las terminales aéreas destacan las de Fráncfort,  Múnich, Hannover, Bremen, Hamburgo entre otras, lo que ha obligado a cancelar miles de vuelos.
El sindicato alemán Verdi, anunció el pasado viernes que la medida de fuerza se convocaría para el aeropuerto de Frankfurt, sin descartar que pudiera extenderse a otros aeropuertos, tal y como ha confirmado este lunes.
"Hoy llamamos #Sicherheitspersonal a 8 alemán! #Flughäfen #Warnstreik Puedes averiguar de qué se trata aquí: https://bit.ly/2ClL3la "
Las huelgas se realizarán durante todo el día, pero con horas diferentes por regiones. El gremio ha señalado que se espera que los paros produzcan restricciones "muy severas en el tráfico aéreo".
Los trabajadores de seguridad de los aeropuertos ya han participado en otras dos jornadas de huelga los pasados 7 y 10 de enero, provocando la cancelación del ocho por ciento de los vuelos; la segunda protesta registró alrededor de 600 cancelaciones.
>> Aeropuertos de París en huelga para exigir mejoras salariales