Empecemos
con la cita de un ensayo sobre la democracia burguesa en Rusia, escrito
en 1906, tras la derrota de la primera revolución rusa:
Es
sumamente ridículo creer que existe una afinidad electiva entre el gran
capitalismo, tal como se importa actualmente a Rusia y como se conoce en
Estados Unidos (…), y la ‘democracia’ o la ‘libertad’ (en todos los
significados posibles de la palabra); la verdadera pregunta debería ser
¿cómo es ‘posible’ que estos conceptos existan, a largo plazo, bajo la
dominación capitalista?
¿Quién es el autor de este lúcido
comentario? ¿Lenin, Trotsky o, quizás, Plekhanov? Es de hecho Max Weber,
el conocido sociólogo burgués. Aunque jamás desarrolló tal idea, está
sugiriendo que hay una contradicción intrínseca entre el capitalismo y
la democracia.
La historia del siglo xx parece confirmar esa
opinión: muy a menudo, cuando el poder de las clases dominantes se veía
amenazado por el pueblo, la democracia era puesta a un lado como un lujo
que no podía permitirse y reemplazada por el fascismo —Europa en las
décadas de 1920-30— o las dictaduras militares en Latinoamérica en las
décadas de 1960-70.
Afortunadamente, éste no es el caso de Europa y
Latinoamérica en la actualidad; sin embargo, hemos experimentado, en
particular durante las últimas décadas con el triunfo del
neoliberalismo,una democracia de baja intensidad, una democracia sin
contenido social que se ha convertido en recipiente vacío. Cierto, aún
tenemos elecciones, pero parecería que hay un solo partido, el Partido
del Mercado Unido, con dos variantes que tienen sólo diferencias
limitadas: la versión neoliberal de la derecha y la versión socioliberal
de centro-izquierda.
El debilitamiento de la democracia es
particularmente visible en el funcionamiento oligarca de la Unión
Europea, donde el Parlamento tiene poca influencia, mientras que el
poder se encuentra asido con fuerza por las manos de órganos no
elegidos, tal como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo. De
acuerdo con Giandomenico Majone, profesor en el Instituto Europeo de
Florencia y uno de los teóricos semioficiales de la Unión, el continente
necesita “instituciones no mayoritarias”; es decir, “instituciones
públicas que, a propósito, no sean responsables hacia los electores ni
hacia los oficiales electos”: éste representa el único camino para
protegernos de “la tiranía de la mayoría”. En dichas instituciones,
“cualidades como la experiencia, el conocimiento, la discreción
profesional y la coherencia (…) son mucho más importantes que la
responsabilidad democrática directa”. Apenas puede imaginarse una
apología más descarada de la naturaleza oligarca y antidemocrática de la
Unión.
Con la actual crisis económica, la democracia ha
descendido a sus niveles más bajos. En un editorial reciente, el diario
francés Le Figaro escribió que la presente situación es excepcional, y
esto explica por qué los procedimientos democráticos no pueden ser
siempre respetados; cuando los tiempos normales vuelvan podremos
restablecer una legitimidad democrática. Tenemos por tanto una especie
de “estado de excepción” económico/político en el sentido que Carl
Schmitt le atribuía. Pero ¿qué soberano tiene el derecho de proclamar,
de acuerdo con Schmitt, el estado de excepción? Durante algún tiempo
después de 1789 y antes de la proclamación de la República Francesa, en
1792, el rey tenía el derecho constitucional al veto. Cualquiera que
fuesen las resoluciones de la Asamblea Nacional y los deseos y las
aspiraciones de la población gala, la última palabra pertenecía a su
majestad.
Actualmente, en Europa el rey no es un Borbón o un
Habsburgo sino el capital financiero, aliado a los grandes capitales
industriales. Todos los gobiernos europeos actuales son funcionarios de
ese monarca absolutista, intolerante y antidemocrático. Ya de derecha,
“centro-extremo” o seudoizquierda, ya conservadores, democristianos o
socialdemócratas, todos sirven fanáticamente el derecho al veto de su
majestad. La total y absoluta soberanía en la Europa actual supone por
tanto el mercado financiero global. Los mercados financieros dictan a
cada país los salarios y las pensiones, los recortes del gasto social,
las privatizaciones, y el índice de desempleo. Hace algún tiempo,
designaban de modo directo a los líderes de gobierno (Papademos en
Grecia y Mario Monti en Italia), seleccionando supuestos “expertos”,
fieles sirvientes suyos.
Veamos de cerca a algunos de estos
“expertos” todopoderosos. ¿De dónde vienen? Mario Draghi, titular del
Banco Central Europeo, es antiguo gerente de Goldman Sachs; Mario Monti,
antiguo miembro de la Comisión Europea, fue asesor de Goldman Sachs.
Monti y Papademos son miembros de la Comisión Trilateral, un club muy
selecto de políticos y banqueros que deciden qué hacer y cuáles medidas
tomar. El presidente de la Comisión Trilateral Europea, Peter
Sutherland, se desempeñó como integrante de la Comisión Europea y
gerente de Goldman Sachs; el vicepresidente de la Comisión Trilateral,
Vladimir Dlouhy, otrora ministro checo de Economía, es asesor de Goldman
Sachs para Europa del Este. En otras palabras, los “expertos” a cargo
de salvar Europa de la crisis solían trabajar para uno de los bancos
directamente responsables de la crisis hipotecaria en Estados Unidos.
Esto no indica una conspiración para entregar Europa a Goldman Sachs;
sólo ilustra la naturaleza oligarca de la elite “experta” que gobierna
la Unión.
Los gobiernos de Europa son indiferentes a la protesta
pública, las huelgas, las manifestaciones masivas y la opinión o los
sentimientos de la población; están atentos —y en extremo— sólo a la
opinión y los sentimientos de los mercados financieros, sus empleados y
las agencias de notación. En la seudodemocracia europea, consultar a la
gente vía plebiscito es herejía peligrosa o, peor aún, crimen contra el
Santo Mercado. El gobierno griego, encabezado por Syriza, la Coalición
de la Izquierda Radical, fue el único que tuvo el valor de organizar una
consulta popular.
El referéndum griego fue respecto no sólo a
factores económicos y sociales fundamentales sino, también y en primer
plano, a la democracia. El 61.3 por ciento del “no” supuso un intento
por desafiar el veto Real de las finanzas. Esto pudo haber constituido
un primer paso hacia la transformación de Europa, de una monarquía
capitalista a una república democrática; sin embargo, las instituciones
europeas oligarcas de hoy tienen tolerancia escasa por la democracia.
Dichas instituciones penaron de inmediato al pueblo griego por su
insolente intento de rechazar el austericidio. La deudocracia está de
vuelta en Grecia para vengarse; impone un brutal programa de medidas
económicamente recesivas, socialmente injustas y humanamente
insostenibles. La derecha alemana fabricó este monstruo y lo forzó sobre
el pueblo de Grecia con la complicidad de los falsos “amigos” de ésta
(Hollande, Renzi y otros).
En Latinoamérica, la democracia
continúa enfrentando fuertes embates por el capital. Tras las
dictaduras, trabajadores del campo y de la ciudad asediaron de nuevo su
tiranía, recetada en fuertes dosis de neoliberalismo durante la llamada
década perdida, y más adelante aún: se trató de la ofensiva de las
clases dominantes en respuesta a la situación económica global y a la
existencia de procesos de construcción de poder popular, que conduce al
ejercicio de la democracia desde abajo. Ante las decisiones elaboradas
en pequeños comités empresariales, y acatadas por gobiernos serviles,
campesinos, indígenas y trabajadores pusieron en pie organizaciones
populares tendentes a otorgar capacidad de veto a las movilizaciones
sociales a principios de siglo, en diversos países de la región. La
guerra del agua y la del gas en Bolivia entrañan expresiones nítidas del
ascenso experimentadas por la movilización popular. Ésta fue una
conquista de la democracia ejercida desde abajo, que visibilizó la
profunda conexión entre el aspecto social y el ejercicio de la
democracia directa.
Una vez más, la marcha del capital pudo
cuestionarse sólo desde la movilización popular, desde asambleas
populares que encontraron nuevos sujetos y regiones para la
movilización. El ascenso de la democracia popular fue capaz de trazar
una estela que avanzó desde la protesta (por ejemplo, el estallido
argentino de 2000-2001), conquistó capacidad de veto, respecto a
determinadas políticas neoliberales (Bolivia, Ecuador, Argentina), e
impulsó la llegada de nuevos gobiernos en toda la región. Ello colocó
nuevas condiciones en la relación entre democracia, participación
popular y justicia social. Con distintos grados y matices, la llegada de
estos movimientos y de nuevos gobiernos suscitó procesos de
democratización de las estructuras institucionales (proyectos de
presupuesto participativo en centros urbanos), e incluso más allá de
éstas en procesos de autogestión territorial (comunidades zapatistas,
autogestión de fábricas y recursos naturales), procesos de
redistribución de la riqueza y, en los casos más radicales, dinámicas de
expropiación de recursos estratégicos al gran capital (como en Bolivia y
Venezuela). Muchos de éstos evidenciaron que la profundización de la
democracia, desde una visión participativa y comunitaria, y la justicia
social se relacionan con la existencia de potentes movimientos sociales y
de organizaciones populares (comunas, asambleas, consejos, sindicatos)
tendentes a tomar en sus manos el control de un territorio o de alguna
función social como la seguridad.
Sin embargo, el capitalismo no
fue derrotado en la región. En toda Latinoamérica, las derechas se
reorganizaron, con distintas estrategias acordes con la correlación de
fuerzas existente y la historia política de cada país. Los ejemplos más
significativos durante este periodo se hallan en Paraguay, Honduras y
Venezuela, pero también en Ecuador, Brasil y México. En 2009, Manuel
Zelaya fue destituido como presidente de Honduras por la Suprema Corte
de Justicia, acusado de traición a la patria. En el fondo, la traición
fue del gran capital, vulnerador de la voluntad popular ante la
trayectoria de un gobierno que tomó relaciones con Petrocaribe, se unió a
la Alianza Bolivariana para América y presentó la iniciativa de
impulsar una asamblea constituyente a través de un plebiscito. En
Paraguay (2012), el gobierno de Lugo fue víctima de un golpe de Estado
parlamentario, organizado mediante un proceso de destitución articulado
por el Senado. Este cuerpo legislativo acusó al Ejecutivo en turno de
inducir un clima de violencia entre las fuerzas públicas y un intento de
toma de tierras por campesinos. Evidentemente, ello implicó un enorme
revés para la democracia y la vuelta al gobierno del reaccionario
Partido Colorado.
Los casos de Paraguay y de Honduras ejemplifican
cierta diversificación estratégica por las derechas latinoamericanas. A
diferencia del periodo anterior, y ante una correlación de fuerzas
menos favorable, se valen de la manipulación mediática (muchas veces con
control monopólico de los grandes medios de comunicación, como en
Venezuela y México) e institucional para derribar gobiernos electos
democráticamente, que incluso no mostraron rasgos de radicalidad
comparable con los gobiernos de Venezuela o Bolivia. Desde luego,
Venezuela ha sido uno de los blancos preferidos, pues al imperialismo
resulta insoportable que un gobierno de izquierdas controle una de las
mayores reservas de petróleo. La situación ha dado lugar a la aparición
de diversas derechas, algunas recalcitrantes, ligadas de modo directo
con los segmentos más reaccionarias de las clases dominantes
estadounidenses (Tea party), y otras con un perfil más suave y
democrático. Ambas corrientes han intentado, como en otros países de la
región, arrancar a la izquierda algunas de sus esenciales banderas de la
lucha democrática. Desde la muerte de Chávez —la gran fortaleza, pero
también la gran debilidad del proceso bolivariano—, la derecha ascendió
en los planos político y electoral, aprovechando y provocando escenarios
de inflación y de tendencia a la dolarización de la economía y
canalizando ciertos ámbitos de descontento social.
Respuestas más
radicales pueden observarse en el caso de México. Los monumentales
fraudes electorales de 1988 y de 2006 expresaron el consenso y la
alianza entre las clases dominantes del país y el imperialismo
estadounidense. En 2006, el candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador levantó un discurso que halló, en el horizonte social-liberal de
Lula, un ejemplo para su proyecto de gobierno, lejos de Hugo Chávez y
Evo Morales. Pese al perfil profundamente moderado de su propuesta de
gobierno, los grandes capitales decidieron cancelar el proceso por la
fuerza, efectuando un fraude obsceno y desatando, como respuesta a la
ilegitimidad del proceso, la llamada guerra contra el narcotráfico, que
ha cobrado más de 150 mil vidas en los últimos años. En este periodo es
posible identificar, como en Europa, personajes que conectan el control
financiero con funciones gubernamentales vitales para el capital
financiero. Agustín Guillermo Carstens Carstens, actual gobernador del
Banco de México, fue uno de los principales artífices de la estrategia
económica y financiera del gobierno de Felipe Calderón en 2006; no por
casualidad, en el periodo anterior fungió como importante directivo del
Fondo Monetario Internacional.
Mientras la crisis empeora y la
indignación pública se incrementa, hay una tentación creciente entre
varios gobiernos por distraer la atención pública hacia un chivo
expiatorio: los inmigrantes. Así, extranjeros indocumentados,
inmigrantes no comunitarios, musulmanes y gitanos son presentados como
la amenaza principal de la Unión Europea. Esto permite por supuesto
muchas oportunidades para partidos racistas, xenófobos, semifascistas o
abiertamente fascistas que proliferan y son ya, en varios países, parte
del gobierno —una seria amenaza a la democracia en el continente.
La
única esperanza es la creciente aspiración por una Europa que vaya más
allá de la competición salvaje, las brutales políticas de austeridad y
las eternas deudas por pagar. Otra Europa es posible: una democrática,
ecológica y social. Pero ésta no se alcanzará sin un esfuerzo común de
las poblaciones europeas que traspase las fronteras étnicas y los
estrechos límites del Estado-nación.
Lejos de creer que la batalla
de la democracia contra el capital ha sido ganada en Latinoamérica,
estamos convocados a observar que el capital conserva buena parte de su
poder en la región y que ello representa una amenaza constante en el
campo político. Tampoco podemos olvidar los delicados acontecimientos de
Ecuador (cuando Correa fue retenido por un contingente de policías) y
Bolivia (cuando a Evo Morales no se permitió aterrizar en Francia y
Portugal ante el rumor de que Snowden fuera a viajar con él), así como
la existencia de bases militares.
Hay una necesidad apremiante de
profundizar la democracia mediante la construcción de poder popular; un
ejemplo muy significativo al respecto son las comunas generadas en
Venezuela desde 2009. Es importante remodelar los Estados desde una
visión que sobrepase y rompa con los designios de la democracia liberal y
los dictados del gran capital. Las experiencias conquistadas en las
asambleas constituyentes resultan fundamentales, sin perder de vista la
necesidad de construir poder popular más allá de sus formas estatales,
generando un puente y vínculo entre lo democrático y lo comunitario,
como demuestran diversas experiencias en la actualidad, para repensar
los horizontes anticapitalistas y comunistas de nuestro siglo.
Sin
duda, la baja en el precio de las commodities y del petróleo afecta
gravemente la base de las políticas de redistribución de estos
gobiernos, y tiende a aumentar las condiciones de inflación y a otorgar
condiciones para ataques económicos y políticos por los grandes
capitales del continente, aliados del imperialismo estadounidense.
Coincidimos en la idea de defender frente al imperialismo a gobiernos
elegidos de modo democrático, apoyando las medidas tendentes a
profundizar la democracia y la equidad. Sin embargo, es fundamental
distinguir las disidencias que emergen desde el campo de las derechas y
las provenientes de manera legítima desde el campo popular y la
izquierda. La conciencia y organización populares, necesarias para
barrer a la derecha del continente, sólo pueden provenir de procesos de
autoorganización, donde la pluralidad y el debate hacen parte de la
creatividad revolucionaría.
En otras palabras, nuestra esperanza
por el futuro está en la indignación popular y los movimientos sociales,
expandidos en particular entre la juventud y las mujeres en diversos
países. Para estos movimientos, resulta cada vez más evidente que la
lucha por la democracia es una contra el neoliberalismo y —en un último
análisis— el mismo capitalismo, un sistema inherentemente
antidemocrático, como Max Weber señaló hace más de 100 años.
Post Scriptum
La
inmigración a Europa de cientos de miles de refugiados, víctimas de los
conflictos del Medio Oriente —y de las intervenciones imperialistas—,
ha provocado en muchos gobiernos reacciones histéricas, xenófobas y
racistas; el caso más brutal lo representa el ultraderechista de
Hungría, pero está lejos de ser el único. Por otro lado, los atentados
terroristas de ISIS en París han servido de pretexto para que la
seudosocialista administración gala imponga un estado de excepción,
suspendiendo las garantías constitucionales. En las elecciones
regionales en Francia, el Frente Nacional se proyecta como el primer
partido en el país, en tanto que los organismos de derecha y
centro-izquierda retoman las temáticas racistas e islamófobas de Marine
Le Pen. Hay por fortuna focos de resistencia de la izquierda radical en
Portugal, Grecia, Estado español, Inglaterra y otros territorios, pero
predominan en la Unión Europea el desastre neoliberal y la ofensiva de
fuerzas fascistas y racistas. Ambos representan tendencias profundamente
antidemocráticas.
Al mismo tiempo, la victoria de Macri y la
derecha en Argentina, los desastrosos resultados del Partido Socialista
Unido de Venezuela, que colocan un escenario donde el parlamento es
dirigido por la derecha, y el juicio iniciado contra Dilma en Brasil
constituyen la apertura de un nuevo periodo en el que, a la crisis
económica y el reflujo de las movilizaciones y los gobiernos de
izquierda, se suma una ruptura política que amenaza de manera
contundente la estabilidad de la izquierda en Latinoamérica.
Este
viraje, desde luego, debe impulsar la más amplia unidad contra la
escalada golpista, sin olvidar la urgencia de generar una visión crítica
en torno al transformismo experimentado por algunos gobiernos
progresistas, como el del PT en Brasil, que se han aproximado a
posiciones social-liberales, reproduciendo patrones económicos
extractivistas y rentistas, y que hoy parecen llegar a un callejón sin
salida. Los acontecimientos mencionados profundizan de modo simultáneo
la reorganización de la derecha y el asedio a la democracia conquistada
por las movilizaciones en las últimas décadas. Pese a esas condiciones,
sectores significativos de las mayorías del continente presentan una
conciencia que confronta abiertamente al neoliberalismo, y en cierta
medida al propio capitalismo. Con seguridad, esta energía hará frente a
la salida autoritaria formulada por las derechas y el imperialismo
estadounidense, pues no todo está dicho en el continente.
Michäel
Löwy es un sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño. Actualmente
es director de investigación emérito del CNRS y profesor de la EHESS de
París.
Samuel González coautor de varios trabajos de Michäel Löwy.
Fuente: Memoria, Mexico