El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
se quedó en un listado de carencias y buenos deseos. Al final del
sexenio, las Fuerzas Armadas no pudieron cumplir con los lineamientos
del documento y se hundieron más en su crisis, incluso, de identidad
Quinta parte y última
Las Fuerzas Armadas Mexicanas fracasaron en el intento de aplicar el
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento de carácter secreto al que
Contralínea
tuvo acceso. Luego de 2 sexenios de “guerra” contra el narcotráfico y
de ampliaciones a su presupuesto, pocas glorias pueden contar las
milicias de tierra, mar y aire. En cambio, el desgaste al que han sido
sometidas ha causado estragos que no pudieron solventarse con la
estrategia fechada el 30 de julio de 2013.
Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, no se cumplió con uno
solo de los propósitos básicos establecidos en el escrito firmado por
los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de
Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el
almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz, respectivamente.
No se alcanzaron los objetivos de integrar y homologar sistemas
conjuntos de inteligencia y de logística militar; de comunicaciones de
mando y control, y de crear un Estado Mayor de Operaciones entre las
tres Fuerzas Armadas Permanentes, para “mantener el estado de derecho y
apoyar a la población en casos de desastre y emergencia”.
La coordinación entre el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea que establece el
Plan Militar
“no funcionó porque la Sedena y la Semar no comparten información de
operativos ni del ámbito civil, lo cual demuestra que no sirvió el
sistema de inteligencia militar y que se utilizó sólo para sus propias
metas e intereses”, advierte Martín Barrón Cruz, experto en seguridad
pública, seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
El doctor en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana y
maestro en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales (Inacipe), señala: “Lo ideal sería que ambos sistemas de
inteligencia funcionaran, pero no es así. Quizás en áreas menos visibles
y mediáticas estén funcionando, pero en el combate al crimen
organizado, por ejemplo, no funciona”, subraya. “La realidad es que no
trabajaron de manera conjunta la Sedena ni la Semar”.
El
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea
“articular un Sistema de Inteligencia Militar Conjunto mediante el
establecimiento de mecanismos que garanticen el flujo continuo y
expedito de información para generar confianza mutua entre los órganos
de inteligencia, que permita la determinación conjunta de las amenazas,
riesgos y desafíos del país y elaborar una Agenda de Riesgos Miliares,
nacionales e internacionales”.
Una vez creado el sistema de inteligencia conjunto –señala el
documento secreto–, las Fuerzas Armadas se proponen crear una Escuela de
Inteligencia Conjunta a mediano plazo, para generar una doctrina
homogénea entre ambas instituciones armadas; así como establecer
organismos de inteligencia que atiendan aspectos relacionados con los
campos del poder nacional (político, económico, social y militar).
Barrón Cruz, investigador adscrito al Inacipe, indica que para que el
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
funcione tiene que haber condiciones para ello. Por ejemplo, dice, el
plan de Peña Nieto establece promulgar la Ley de Seguridad Interior;
pero nadie, hasta el segundo semestre de 2017, se propuso impulsarla, y
luego fue aprobada abruptamente por el Congreso de la Unión, para
finalmente ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
el pasado 15 de noviembre.
En el capítulo sobre “Capacidad Estratégica Conjunta”, el
Plan Militar
plantea que las Fuerzas Armadas integrarán sus capacidades presentes y
potenciales para constituir un solo esfuerzo en operaciones marítimas,
terrestres y aéreas, mediante líneas de acción a corto, mediano y largo
plazos, pero “sin intervenir en las atribuciones de los Estados Mayores
de cada Fuerza Armada”.
Resalta la creación de un Sistema de Inteligencia Conjunto, “capaz de
apoyar operaciones militares para la seguridad interior y defensa
exterior; [contar con] tecnología de punta que mejore la búsqueda de
información, y una Escuela de Inteligencia Conjunta, que capacite al
personal en aspectos propios, así como en asuntos de comunicación
social, propaganda, contrapropaganda y asuntos civiles”.
Además, un sistema de investigación y desarrollo en el ámbito de
defensa para proyectos de armas, pertrechos, navegación, propulsión,
sensores, construcción naval y aeronáutica; investigación científica en
ciencia militar, oceanografía, hidrografía, meteorología, cartografía y
geología, que genere productos especializados para el apoyo a las
operaciones militares.
También, integrar la infraestructura de tecnología de información y
comunicaciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la conectividad
confiable, segura y oportuna entre las unidades operativas y tácticas,
mediante la inversión en sistemas de radiocomunicaciones, satelitales,
terrestres y sistemas criptográficos.
Las aspiraciones de desarrollo del
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
para cada Fuerza Armada son vastas. La Armada requiere, por ejemplo,
desde consolidar la organización de las Regiones Navales para contar con
una zona por estado costero, hasta “consolidar la preparación de las
fuerzas navales para escalar su organización en caso de amenaza de
intervención militar extranjera”.
También, equipo y armamento orgánico y especial de unidades de
Inteligencia Militar a nivel de brigada, de batallón y de compañías
independientes; sistemas de vigilancia por radar y monitoreo de señales;
equipos de inspección no intrusiva para los Centros Unificados para la
Protección Marítima y Portuaria (Cumar); equipamiento para cuarteles
generales, instalaciones logísticas, hospitales y escuelas.
Sin embargo, a más de 1 década de la “guerra” contra el narcotráfico, el
Plan Militar
propone “realizar estudios para la instalación de sistemas de
vigilancia por radar y guerra electrónica en ambos litorales del país”.
El documento secreto, aprobado por el presidente Enrique Peña Nieto
en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sugiere
adquirir dos aeronaves de ala rotativa, armamento para siete brigadas,
13 batallones, 14 compañías independientes y nueve compañías de
seguridad a instalaciones navales de Inteligencia Militar, vehículos
blindados de reconocimiento ligero para cinco agrupamientos de seguridad
a instalaciones estratégicas, dos fragatas con capacidad
antisuperficie, antiaérea y antisubmarina; 25 aeronaves de ala fija y 40
de ala rotativa.
Las propuestas contenidas en el
Plan militar se cumplieron
parcialmente. Fracasó la creación de una escuela de inteligencia
conjunta. La compra de equipo y modernización de instalaciones para
responder al narcotráfico fue parcial. La generación de una industria
naval-militar distó mucho de la realidad, asegura Martín Barrón,
catedrático del Inacipe.
“Peña Nieto concedió a las Fuerzas Armadas sólo una pequeña parte de lo que pidieron los militares en el
Plan
secreto; sin embargo, el mandatario continuó la campaña mediática a
favor de las Fuerzas Armadas, iniciada por su antecesor Felipe Calderón,
por su heroísmo, capacidad profesional y servicio a la patria.”
Condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y citaciones al
valor heroico, al mérito militar, el mérito especial, al mérito técnico,
y sobre todo “al mérito en la campaña contra el narcotráfico”,
perseverancia excepcional, distinción naval y por servicios
distinguidos, halagos, premios, promociones, ascensos, aumentos de
sueldos, ostentación de equipo en desfiles conmemorativos. Mientras, la
sociedad quedó inerme frente a la delincuencia organizada en amplias
regiones del país.
“La constante y
machacosa exaltación propagandística
oficial de las Fuerzas Armadas no tuvo su correlato en el combate a la
delincuencia organizada y el narcotráfico, cuyos grupos se multiplicaron
en más de 300 que operan en el territorio nacional”, advierte el
general y doctor en administración pública José Francisco Gallardo
Rodríguez. Quien fuera preso político en cárceles militares entre 1993 y
2002, señala que en esta publicidad y propaganda a favor de las Fuerzas
Armadas se incluyeron las acciones de apoyo a la población en casos de
desastres.
Gallardo Rodríguez dice que no debe perderse de vista que las Fuerzas
Armadas deben estar subordinadas al ámbito civil del Estado. No se
requiere que los militares se involucren más en temas civiles. Por el
contrario, de lo que se trata es de desmilitarizar a la sociedad y los
espacios públicos usurpados históricamente por el cuerpo militar.
“En una democracia, a los militares les está prohibido por ley
participar en asuntos que son de exclusiva competencia de autoridades
civiles: concebir y operar la política de defensa, deliberar en asuntos
públicos, aplicar la ley, perseguir el delito, combatir al narcotráfico y
al crimen organizado, entrometerse en la seguridad pública y los
procesos electorales”, enfatiza.
Al fracaso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia
organizada se suma la incertidumbre que les depara en el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, de convertir gran parte de ellas en una
Guardia Nacional, sujeta a una nueva regulación de las operaciones
armadas que realizan, contenidas en la nueva legislación que discute el
Congreso de la Unión.
Pliego petitorio para la guerra
El
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto proponía al
presidente Peña Nieto la necesidad de contar a corto plazo con una
Fuerza Armada terrestre, con una Comandancia y tres Cuerpos del Ejército
móviles, flexibles y con poder de fuego, que constituyan elementos
fundamentales de maniobra para desarrollar la doctrina de defensa, así
como unidades especializadas para confrontar una amenaza tradicional (es
decir, intervención militar extranjera) y diluir amenazas, riesgos y
desafíos.
En el ramillete de propuestas, la milicia plantea además constituir
una unidad de ciberseguridad y ciberdefensa y una unidad para
emergencias químicas biológicas y radiológicas (QBR), y crear tres
compañías de aviación del Ejército. Además, adquirir lanzacohetes,
ametralladoras y misiles antiaéreos; sistemas de localización de blancos
para artillería, y vehículos blindados de reconocimiento de mando y
control.
“Adquirir obuseros de artillería, cañones y sistemas de misiles
antitanque, radares para artillería antiaérea, equipos de guerra
electrónica”. En este punto, el documento resalta que debe legislarse
para que estos materiales sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En materia de infraestructura, el
Plan Militar sugiere
construir cuarteles, laboratorios especializados, trenes de transporte,
almacenes logísticos y hangares, parques de maquinaria y herramientas;
centros de adiestramiento nacional y regionales.
Destaca construir sedes alternas de gobierno y mando, con sistemas de
comunicaciones y enlace material que permitan la dirección nacional de
la defensa del país, “para contar en todo momento con capacidad de toma
de decisiones para enfrentar una crisis”.
Para la organización de la Fuerza Aérea, el documento requiere de
tecnología de punta, recursos humanos técnicamente preparados, con una
estructura que conforme la defensa del espacio aéreo con cinco
componentes a nivel ala, en un esfuerzo integral con las fuerzas navales
del Golfo y Pacífico y los tres cuerpos del Ejército desplegados en
territorio nacional, que constituyan elementos de acción del poder del
Estado y contribuyan en el mantenimiento del estado de derecho.
Para cumplir con este objetivo, el documento señala que se requieren
85 aeronaves de ala rotativa para misiones de transporte de tropa y de
carga, operaciones especiales, escolta, reconocimiento armado, enlace,
apoyo por el fuego y en apoyo al Plan DN III; 72 aeronaves de ala fija
para operaciones de vigilancia y control del espacio aéreo,
reconocimiento, adiestramiento y ambulancia aérea.
A mediano plazo, instalar un Centro de Mando y Control que remplace
al actual (denominado SIVA) y adquirir dos centros de mando adicionales;
uno para Chihuahua y otro para Santa Lucía, Estado de México.
Finalmente, en recursos humanos el
Plan para defender la
independencia y soberanía del espacio aéreo, requiere incrementar la
admisión en planteles militares y reclutamiento en los organismos de la
Fuerza Aérea, y contar con 19 mil 555 elementos para 2030, considerando
un mínimo del 97 por ciento en personal y capacidad operativa de pilotos
y especialistas, y servicios comunes.
El documento concluye: “el
Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto
como instrumento de planeación estratégica orienta los objetivos de
defensa con una visión 2030 y propone el desarrollo armónico de las
Fuerzas Armadas, acorde con el papel que México juega en la región,
persigue el inconfundible propósito de defender la integridad,
independencia y soberanía nacionales para el presente y futuro de los
mexicanos”.
Finalizado el diagnóstico, estampan sus firmas al calce, por la
Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda
(matrícula 6416991) y por la Secretaría de Marina, el almirante Vidal
Francisco Soberón Sanz (matrícula S-6605839).
El doctor Martín Barrón Cruz indica que la agenda militar secreta
está vinculada con problemas de seguridad nacional de temas internos
–como la delincuencia organizada– y externos –como la relación con
Estados Unidos. Por ello, desde la visión militar, se piensa que un
cártel pretende desestabilizar o derrocar al gobierno, lo cual es
erróneo.
“Lo que pretende el cártel es que los gobernantes lo dejen operar,
que haya un gobierno consolidado que opere para sus intereses en función
del dinero, no les preocupa la corrupción ni la ideología, ni quien
gobierne, sino el dinero”, enfatiza.
La visión militarista de cómo se enfoca el narcotráfico y la
delincuencia organizada es como si estuvieran ante una narcoguerrilla y
narcoterrorismo, “lo cual no es así, porque ambos fenómenos no son los
objetivos de los traficantes de drogas, sino temas de
contrainteligencia, la cual funciona si se cuenta con información de
inteligencia”, acota el catedrático del Inacipe.
Indica que la contrainteligencia es también combatir el
lavado de dinero.
Subraya la paradoja de que México cuente con todos los instrumentos
legales u técnicos para ello, pero no hay casos concretos de combate. El
programa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República
está bien armado pero no funciona en la práctica, y si no se ataca la
fuente del dinero persistirá el problema.
Con respecto de la propuesta de modificar la legislación militar,
señala que tal intención viene de administraciones pasadas, y ya hay
jurisprudencia. “El problema son los desplantes de López Obrador contra
las Fuerzas Armadas: cambiarlos de militares a guardia nacional,
eliminar el Estado Mayor Presidencial… así no funciona”, critica el
especialista.
Explica que, de acuerdo con la Constitución, el Plan DN-III es para
apoyar a la población en casos de desastres, la seguridad interna y el
orden compete a la guardia nacional; la seguridad externa le toca al
Ejército y la seguridad pública a la policía, “pero como no hay guardia
nacional se le dio la tarea a las Fuerzas Armadas, “que no han dado
resultados”, acota.
De acuerdo con el maestro en seguridad nacional Jesús de Miguel
Sebastián, coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor de la Armada
de México, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de orden
público y seguridad ciudadana debe ser considerada como una
excepcionalidad, y en consecuencia regularla como tal. “Éstas tienen
unos cometidos mucho más amplios relacionados con la defensa nacional y
que requieren disponer de unas capacidades y una preparación específicas
para ello”, apunta.
Aclara que caer en el error de especializar a los ejércitos en un
instrumento de seguridad pública no solamente es desnaturalizarlos, sino
poner en grave riesgo la seguridad y defensa nacionales.
“Si nos referimos al caso de México en el umbral de un nuevo cambio
de administración, cabe añadir una nueva reflexión: reducir la lucha
contra el fenómeno del crimen organizado al empleo de las Fuerzas
Armadas es una estrategia ineficaz, cuando no negativa”, alerta.
Se debe construir a la mayor brevedad un sistema policial que les
permita recuperar el espacio de la seguridad pública y de esta manera
diferenciar claramente las agendas de las seguridad interior y la
pública, considera Jesús de Miguel Sebastián, experto en seguridad y
defensa.
El también catedrático del Colegio de Defensa Nacional indica que la
seguridad nacional desborda hoy el ámbito ofensivo-defensivo y va más
allá de su dimensión militar; a la vez, que la seguridad interior se ve
afectada por fenómenos y situaciones que superan el ámbito territorial
nacional.
“El hecho que la seguridad haya estado tradicionalmente asociada a
los riesgos le confiere un carácter de incertidumbre por cuanto éstos
tienen una naturaleza y un origen variable y por ende, resulta imposible
garantizar la seguridad plena, lo que lleva a determinar el grado de
inseguridad permisible y el nivel de vulnerabilidad que se puede
aceptar”, señala.
“Proteger el Estado ha dejado de ser el único objeto a preservar: la
persona ha ido adquiriendo un valor central, por cuanto muchos de los
fenómenos que afectan a la seguridad como la migración, el terrorismo,
el crimen organizado, los efectos del cambio climático o incluso las
nuevas guerras tienen a las personas como sus principales víctimas”,
explica el académico.
Indica que los riesgos ya no se diferencian de manera clara entre
internos o externos, para establecer la diferencia entre la seguridad y
la defensa. “Nos tenemos que fundamentar más bien en el gradiente entre
probabilidad e impacto, que nos permita definir el nivel de la amenaza
sobre la seguridad y garantizar así la resiliencia”.
Al considerar las respuestas y los medios, Jesús de Miguel,
investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada
de México (IIEAM), precisa que éstos desbordan el tradicional ámbito
militar y, en su caso, el policial que ha caracterizado a la seguridad.
Se requiere por ello encontrar soluciones mucho más integrales que
incluyan a los diferentes elementos del Estado y de la sociedad.
Para Humberto González Arroyo, experto en temas de seguridad nacional
por el Instituto Nacional de Administración Pública, la Policía
Federal, la Sección Segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, la
Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) “están activos a la espera de reorganizarse para
enfrentar amenazas asimétricas a la seguridad nacional”.
El académico espera que el nuevo gobierno de López Obrador “tenga
claro el concepto de seguridad nacional y los servicios de inteligencia
para que pueda mejorarlos, pues no se puede concebir un Estado sin
ellos”. La perspectiva en el periodo de López Obrador es que, “con
asesores y operadores adecuados, se pueda tener un buen aparato de
inteligencia de Estado”, subraya.
Añade que se tiene que transparentar la
Agenda Nacional de Riesgos
con reservas, para no vulnerar la seguridad nacional con el crimen
organizado o agentes de otros países, pero aclara que hay muchas
actividades donde tiene cabida la transparencia y tiene obligación el
gobierno de publicarlas.
González Arroyo destaca que si bien el equipo de López Obrador está
en un periodo de adaptación, de prueba y error y de diseño de las nuevas
instituciones, debe tener claro que la seguridad nacional nada tiene
que ver con la seguridad pública, y que no se puede concebir un Estado
sin servicios de inteligencia, para estar preparados ante riesgos y
amenazas.
José Réyez/Zósimo Camacho / Quinta parte y última