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Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México

PARTE 1

Autor: José Reyez y Zósimo Camacho @zosimo_contra

24-31 minutes

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El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento secreto elaborado por la Sedena y la Semar, desnuda la fragilidad del Estado mexicano ante seis amenazas –la intervención militar extranjera, la primera de ellas– y reconoce la incapacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentarlas

Primera parte
Seis amenazas al Estado mexicano observan las Fuerzas Armadas en un documento secreto del más alto nivel de clasificación: una intervención militar extranjera; el empleo de armas de destrucción masiva; el terrorismo; la delincuencia organizada trasnacional; los grupos antisistémicos armados, y los ataques cibernéticos.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, diagnóstico que sintetiza las principales amenazas, riesgos y desafíos al Estado mexicano, así como las capacidades militares para hacerles frente, coloca a la intervención militar extranjera en primer lugar de las amenazas, según las propias Fuerzas Armadas Mexicanas.
El mismo documento explica que tal peligro recibe la principal atención no porque sea inminente, sino porque el escenario internacional es cada vez más complicado y las capacidades de reacción militar del país son muy limitadas. Por ello, las Fuerzas Armadas llaman a construir fortificaciones que eventualmente puedan servir de sedes alternas de gobierno y de coordinación para la defensa de la nación.
Contralínea posee copia del documento secreto elaborado durante el sexenio que está por concluir. Está firmado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar): el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Francisco Soberón Sáenz.
Además, el escrito cuenta con la aprobación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Se definen las amenazas al Estado como “antagonismos intencionales generados por el poder de otro Estado o agentes no estatales, mediante acciones violentas en los campos político y militar que ponen en peligro la seguridad interior y la defensa exterior”. De las seis amenazas, una la define como “tradicional” y las otras cinco como “emergentes”.

Invasión extranjera: Estados Unidos al acecho

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto alerta al titular del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de concretarse una “amenaza tradicional”, a la que describe como una “intervención militar extranjera”. Aunque dice que puede ser ejecutada por “alguna” nación, inmediatamente se refiere a Estados Unidos, ya sea porque esta potencia ejecute una intervención directamente o la provoque.
“El hecho de que una nación poderosa como los Estados Unidos de América se perciba amenazada en sus intereses desde nuestro país, ésta podría emprender acciones diplomáticas y económicas e incluso llegar a efectuar una intervención militar”, señala textualmente el documento.
Además, “alguna potencia extranjera podría emplear el territorio nacional como avenida de aproximación para atacar a Estados Unidos, convirtiendo a México en teatro de guerra o, bien, podría considerar que hay condiciones para declararlo como un Estado fallido, realizando una intervención militar para proteger sus intereses”.
Una vez que el magnate Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos inició de inmediato una campaña política contra México. Fuentes militares consultadas por Contralínea señalan que hoy esta amenaza es mayor no sólo por la postura del actual titular del Poder Ejecutivo estadunidense hacia los mexicanos, sino también por los problemas que está provocando a nivel mundial.
La conflictividad de Estados Unidos, señala el documento, también “se traduce en la posibilidad de que otro país pueda emplear territorio mexicano como plataforma para afectar al país del norte”.

Consultado sobre las posibilidades de que México sea susceptible de una intervención extranjera, Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), explica que en caso de que alguna potencia buscara invadir Estados Unidos, el primer paso sería invadir México.
“El Comando Norte de Estados Unidos, dentro de sus planes y agenda, considera a México como una parte muy importante para su seguridad. Sin embargo, somos la parte más vulnerable, lo cual obliga a combatir las amenazas asimétricas regionales y fortalecer el sistema de justicia”, subraya el académico.
González Arroyo agrega que “no podemos cerrar los ojos a que pueda haber una invasión, no hacia México, pero sí como puerta de entrada de otros países al territorio norteamericano”.
Para el general brigadier y quien fuera preso político en cárceles militares, José Francisco Gallardo Rodríguez, México tiene una posición geopolítica importante pero, al mismo tiempo, “muy vulnerable” frente a la hegemonía global de Estados Unidos, que cuenta con un ejército de 2 millones de efectivos, tecnología secreta y que necesita recursos de México.
Consultado sobre una eventual agresión militar de Estados Unidos a México, el también doctor en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que esta posibilidad está siempre presente entre las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Otro documento al que Contralínea ha tenido acceso, y es de carácter “confidencial”, incluso señala de qué manera deben actuar las Fuerzas Armadas ante tal agresión. El Manual de Operaciones en Campaña, editado por la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena, señala que ante la superioridad del enemigo y la imposibilidad de enfrentarlo abiertamente en el terreno, “el Ejército se transformaría en una guerra de guerrillas”.
Sin embargo, a este respecto, Gallardo Rodríguez explica que la principal característica de la guerra de guerrillas es el apoyo del pueblo, donde los combatientes se mimetizan o camuflan entre la población, obtienen insumos y abastecimientos. Así que esta táctica no tendría éxito en caso de invasión, debido al desgaste de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos en las que se han visto involucradas y las represiones que han ejecutado. El Ejército “tiene como enemigo al pueblo por su política de seguridad interior”.
El exmilitar contradice al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que el país tuviera amenazas y, en algún momento, planteó la posibilidad de disolver al Ejército.
“Le dije al presidente electo que eso no es posible: hay 40 países que no tienen Ejército, pero son protectorados de otras naciones. Y México no puede ni es un protectorado, ya perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos ya nos ha invadido.”
Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), señala que México sí puede ser objeto de una intervención militar, pero no por parte de Estados Unidos: “Como nunca, la seguridad nacional de México se encuentra apalancada con la seguridad y defensa de Estados Unidos y Canadá”, subraya.
El también maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) explica que “la hipótesis de agresión entre México y Estados Unidos se eliminó desde la Segunda Guerra Mundial; más bien, México tiene que cooperar con Estados Unidos, el cual se ha visto obligado a reconocer que las amenazas son regionales [y no sólo nacionales]”.

Experto en seguridad nacional, seguridad regional y geopolítica, Rodríguez Sánchez de Lara reconoce que México ha importado la agenda de seguridad de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora que se adelantó el conflicto comercial entre Estados Unidos y China –previsto por el Consejo de Inteligencia estadunidense para 2030, cuando las capacidades militares y económicas del país asiático rebasarían a Estados Unidos–, México no puede negar que sus intereses están directamente relacionados con su geografía.
“Por eso los enemigos de Estados Unidos son potencialmente también nuestros; no sólo en el ámbito comercial, sino en el de seguridad y el ciberespacio”. Señala que, incluso, con el acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se ve impedido legalmente para ampliar sus niveles de cooperación de seguridad y defensa con potencias emergentes como Rusia y China.
Ante la amenaza real de una intervención militar de Estados Unidos o provocada por este país, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala como una necesidad a mediano plazo, “edificar instalaciones fortificadas que resistan los efectos de una posible guerra para el establecimiento de sedes alternas de gobierno y mando de la defensa nacional, que cuente con sistemas de comunicaciones y enlace, que permitan llevar a cabo oportunamente la toma de decisiones en la capacidad de respuesta del Estado ante una intervención extranjera”.

Terrorismo y armas de destrucción masiva: territorio amenazado

De la misma geopolítica de México y su relación con Estados Unidos, se derivan otros riesgos: el que se cometan actos terroristas en territorio nacional y se utilicen armas de destrucción masiva.
En dicho Plan Militar se advierte de “graves repercusiones para México, derivadas del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte”. Tal disputa escaló hasta el punto de desbordarse con el uso de armas de destrucción masiva y desatar una guerra nuclear entre ambas naciones.
“Se ha observado el desenvolvimiento de Corea del Norte como amenaza hacia los Estados Unidos de América [y] de que pueda utilizar armas de destrucción masiva”. Agrega el documento: “[…] de ser así, podría afectar a parte de nuestro territorio, ya sea por la presencia de lluvia ácida o bien por la internación de un virus o incluso hasta por acciones terroristas”.
Añade que este tipo de acciones, perpetradas por un Estado u otras organizaciones terroristas que pudieran emplear el territorio nacional para realizar ataques contra la infraestructura mexicana o de Estados Unidos, “podría provocar una intervención militar estadunidense con afectaciones graves a la infraestructura y economía del país […] creando psicosis en la población y en el Poder Nacional, y tendría como consecuencia una parálisis del país [y un escenario de] terrorismo”.
Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, posgraduado en estudios sobre América Latina por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia, señala que los atentados del 11 de septiembre de 2001 catapultaron el tema del terrorismo y la protección de Estados Unidos como los principales temas de una agenda de seguridad regional.
“El perímetro de seguridad de América del Norte pasó del Río Bravo al Suchiate [es decir, de la Frontera Sur de Estados Unidos a la Frontera Sur de México], mediante un trabajo importante de contrainteligencia para evitar la infiltración de terroristas por México”. Tal política se profundizó durante el sexenio de Felipe Calderón y se mantuvo en el de Enrique Peña Nieto. Una condición preponderante fue la de “contener la migración centroamericana”, explica el especialista.
Humberto González Arroyo, experto en seguridad nacional por el INAP, coincide en que el uso de armas de destrucción masiva es una amenaza latente para el país, igual que el uso de drones con fines de ataques terroristas y tráfico de drogas, que ya son utilizados por el crimen organizado con estos propósitos.
“El ingenio de los grupos delincuenciales es vasto; por eso el fenómeno es asimétrico y hay muchos Estados que no cuentan con infraestructura tecnológica ni capacidad de fuerza para poder reaccionar frente a ellos. Hay una combinación de delincuencia organizada y amenazas asimétricas que requieren atención de los gobiernos”, explica.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto plantea como estrategia de defensa a corto plazo ante el empleo de armas de destrucción masiva, fortalecer la seguridad y protección de aduanas, puertos y aeropuertos, para evitar su ingreso al país, mediante la implementación de un modelo de control interinstitucional, con tecnología de inspección no intrusiva y expedita. Las Fuerzas Armadas destacan la participación que deben asumir otras instancias federales: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Con respecto del combate al terrorismo, en el documento la Sedena y la Semar aconsejan crear unidades organizadas, equipadas y adiestradas para identificar y neutralizar grupos terroristas. Para ello demandan la participación del propio SNSP y del Instituto Nacional de Migración (INM). Además, señalan la necesidad de crear una estructura de vigilancia y control en la geografía nacional, con la misión de identificar y evitar el asentamiento de grupos terroristas en territorio mexicano.
Además, a largo plazo, las Fuerzas Armadas plantean “utilizar los órganos de inteligencia nacional bajo la coordinación de un ente, para articular acciones de inteligencia nacional tendientes a identificar y restringir el tránsito ilegal de inmigrantes no identificados y de elementos integrantes de organizaciones delictivas que sean susceptibles de realizar actos terroristas”. Estos órganos estarían coordinados “por un órgano de inteligencia nacional”.

Grupos antisistémicos armados, el eterno “enemigo interno”

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que en México, como en diferentes partes del mundo, se están generando diversos “Grupos Antisistémicos”, cuyo objetivo es desestabilizar a los Estados, “situación que debe ser cuidadosamente tratada ya que, en caso de escalar, podría dar origen a la pérdida de gobernabilidad y gobernanza, y considerar a México como un Estado débil o fallido”.
Carlos Antonio Aguirre Rojas, sociólogo, historiador y economista que se ha especializado en el estudio de movimientos antisistémicos en América Latina, considera que los objetivos que persiguen estos grupos no representan un riesgo para el país, sino “una esperanza”.
Consultado sobre la “amenaza” que podrían significar los movimientos antisistémicos para México, lejos de la visión militarista, el doctor por la UNAM y por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, define:
“Son movimientos que están en contra del sistema capitalista injusto, basado en la explotación económica, la discriminación social, el despotismo político, el secuestro del Estado por parte de una pequeña minoría, por lo que plantean destruir el capitalismo y construir una sociedad más justa”, explica.
El concepto de antisistémico –prosigue el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)– es cercano al del movimiento anticapitalista en México que representa el neozapatismo y otros movimientos, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Menciona también a la lucha actual de la Tribu Yaqui en Sonora, los indígenas de Veracruz y del Estado de México, y los movimientos campesinos que luchan por iniciativas promovidas desde la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“El EZLN es un movimiento nacional e internacional de grupos antisistémicos que no representan un riesgo para el país, sino que frente a la crisis económica y degradación de su clase política en su conjunto, incluyendo a todos los partidos: PAN [Acción Nacional], PRI [Revolucionario Institucional], PRD (de la Revolución Democrática], Morena [Movimiento Regeneración Nacional], y frente a todas las formas de discriminación y desigualdad, representan la única esperanza de una transformación pacífica e inteligente del país.”
Reconoce que el EZLN es una guerrilla, pero es la “más pacífica del mundo” y su movimiento es civil y pacífico.
Acepta que hay otros grupos antistémicos armados, pero son eso: grupos y no movimientos. Considera que, por su reducido tamaño, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) no pueden ser considerados realmente movimientos antisistémicos. No cuentan con “una base social extensa, organizada, con actividad pública sostenida”.

Del anarquismo, señala que se trata de una tradición intelectual seria; aunque hoy se hace mal uso del término porque con facilidad e ignorancia se le califica de “anarquista” a cualquier hecho o grupo.
Emilio Vizarretea, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, dice que los grupos armados antisistémicos como el EPR, el ERPI y EZLN son una realidad en el país y operan en algunos estados con reivindicaciones similares, pero diferentes métodos de lucha frente al gobierno.
Ejemplifica que en Guerrero, donde hay mayor actividad del ERPI y el EPR, “hubo un proceso de aprendizaje para las Fuerzas Armadas cuando el Ejército combatió a Lucio Cabañas; y adquirió experiencia y capacidad de reproducirla, mientras que los guerrilleros no tenían esa experiencia ni cuadros, ni formación ni dónde capacitase para la lucha, a diferencia del EZLN que si tiene un proyecto político-militar”.
Acepta que también hoy los grupos armados han aprendido. Lucio Cabañas y Genaro Vázquez sostuvieron una confrontación directa con las Fuerzas Armadas, motivados más por las injusticias que vivían que por un proyecto de Estado. “Y se volvieron presa fácil, a diferencia del EPR y el ERPI, que no han podido ser exterminados”, señala el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
“Dan batalla porque la población los protege en la sierra de Guerrero, incluso en Acapulco, y eso les permite en ocasiones generarse puestos, lo cual no puede hacer el EZLN, porque ya están identificados los territorios donde opera; son resultado de las ventajas de logística, de contrainteligencia y territorio que aprendieron”, explica Vizarretea.
En ese sentido, el maestro en seguridad nacional Humberto González Arroyo, anota que los grupos armados seguirán siendo monitoreados por el Estado y el nuevo gobierno tiene que trabajar en el desarme, llegar a una conciliación política, sobre todo en estados del país donde las autodefensas se basan en sus propias leyes.
En efecto, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que para el combate a los grupos antisistémicos armados se debe hacer uso de un órgano de inteligencia nacional centralizado, que esté bajo la dirección de un organismo rector.
Los militares plantean en el documento identificar y dar seguimiento a las actividades de grupos armados en el país, “con la finalidad de tomar acciones preventivas para desarticular esta amenaza a la seguridad nacional”.
En el corto plazo, demandan coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, para identificar áreas susceptibles de ser utilizadas por grupos antisistémicos, y “negar la penetración ideológica y el surgimiento de intereses por parte de dichos grupos”, con estrategias de protección y programas especiales, “para prevenir su impacto en la integridad y permanencia del Estado”.
Además, desplegar fuerzas de tarea conjuntas de la Sedena y la Semar para identificar, definir y dar seguimiento a brotes de manifestaciones de grupos armados en territorio nacional.

Más que cárteles y narcotráfico

El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto resalta la situación incontrolable que impera en el país, debido a las actividades de la delincuencia organizada trasnacional y su estela de muertos, desaparecidos, desplazados y heridos.

De acuerdo con el documento, las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen claro “que los cárteles de la droga mantienen vínculos con sus análogos en otras latitudes y que, con el afán de mantener las rutas de tráfico de armas, personas, drogas y precursores químicos, [realizan] además otras actividades ilícitas que atentan contra la estabilidad del Estado, con la consecuente afectación a la imagen internacional”.
En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto se señala que el narcotráfico es la actividad ilícita más lucrativa que realiza la delincuencia organizada trasnacional, que incluye la producción, la tenencia, el tráfico y el narcomenudeo de enervantes. Sin embargo, se agrega que estas organizaciones han proliferado en otras actividades delincuenciales como la trata de personas, el secuestro y la extorsión.
Para ejecutar estas actividades, los criminales “actúan con violencia y uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, es común que la delincuencia organizada trasnacional emplee personal nacional y extranjero, principalmente migrantes”.
El general brigadier Francisco Gallardo señala que toda la política antidrogas llevada a cabo por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido errónea. No debería considerarse un asunto ni de seguridad nacional ni de seguridad interior. Para este doctor las drogas son materia de seguridad pública y, sobre todo, de salud pública.
Argumenta que el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional y el Estado cuando los flujos de dinero que genera sirven para financiar campañas electorales, infiltrar a las estructuras electorales, municipales y estatales.
“En ese momento el narcotráfico se convierte en amenaza a la seguridad nacional porque ataca la estructura y sobrevivencia del Estado mexicano, que es el fundamento de la seguridad nacional que tiene que ver con el desarrollo y permanencia del Estado”, destaca el general Gallardo.
Humberto González Arroyo, diplomado en seguridad nacional, democracia y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana, explica que el crimen organizado y las bandas son amenazas asimétricas que deben ser combatidas de manera específica.
Plantea necesario atender las amenazas asimétricas no tradicionales como el lavado de dinero, la ciberseguridad, la seguridad ambiental, la inmigración, la gobernabilidad, las relaciones cívico-militares. “Necesitamos un país que esté más de la mano con las Fuerzas Armadas y que trabaje en estrategias de inteligencia y contrainteligencia de manera obligatoria en el contexto en que estamos viviendo”.
Por ejemplo, dice, “hoy hay guerras asimétricas que para efectos del Estado y de seguridad nacional, el crimen organizado tiene más armas y poder contra las instituciones en el ámbito de seguridad pública”.
Explica que no es sólo el narcotráfico, sino la trata de personas, el cobro de piso (extorsión), la piratería. “Es un fenómeno que, combinado, para el Estado es muy complicado de enfrentar”.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto demanda la creación de “una metodología de seguimiento en los diferentes niveles de ejercicio de mando de la administración pública y los Poderes de la Unión, para identificar, abatir y evitar actos de corrupción, que contribuyan a las acciones contra la delincuencia organizada”.

Ataques cibernéticos y electromagnéticos, la guerra electrónica

El documento elaborado por la Sedena y la Semar alerta también de “otra amenaza emergente que se vislumbra”. Está constituida, asienta el diagnóstico, por los “Ataques Cibernéticos”. Éstos pueden ser “ya sea en forma esporádica, intermitente o continua contra la infraestructura crítica y las tecnologías de la información y comunicaciones de instituciones estatales, empresas o centros generadores de servicios y/o riqueza para el desarrollo nacional”.
Las Fuerzas Armadas atribuyen los ataques cibernéticos a un Estado o, bien, a criminales o terroristas con intereses particulares; “en principio, tienen un impacto mediático y afectan negativamente al poder nacional”.
Si México no está preparado para enfrentar combates en tierra, mar y aire, menos lo está en la cuarta dimensión: el espacio cibernético. Los ciberataques y la ciberdelincuencia son amenazas asimétricas que pueden parar hidroeléctricas, hospitales, causar problemas a una planta nuclear o atacar al sistema bancario, subraya Humberto González Arroyo, especialista en inteligencia para la seguridad nacional por el INAP.
“A pesar de que la Unidad de Inteligencia Naval, la Policía Federal, en combinación con la policía científica, cuentan con centros de emergencia y respuesta tecnológica para interceptar ciberataques desde su origen y desarrollo, no están al ciento por ciento de su capacidad, requieren inversión, así como los centros de fusión de inteligencia para contrarrestar este tipo de ataques”, indica el académico.
Explica que los robos de identidad, por la simetría y las nuevas modalidades tanto para la seguridad nacional como la seguridad pública, obligan a todos los organismos de inteligencia y de protección de Estado a estar en alerta máxima, contar con recursos y equipos sofisticados para enfrentar amenazas cibernéticas.
En este terreno, dice, la ciberdelincuencia ha afectado a empresas privadas y a personas con robos de identidad, fraudes bancarios, clonación de tarjetas, transferencias ilícitas de dinero, ocasionando pérdidas millonarias. La administración pública, aunque hay más control en protección de datos, prevención de amenazas y detección de ataques, no ha estado exenta de ataques de grupos internacionales de la delincuencia organizada.
Durante el Foro Ejecutivo Ciberseguridad en el sector financiero, realizado el 26 de septiembre pasado, el director de la empresa Telmex, Héctor Slim Seade (hijo del magnate Carlos Slim), reveló que millones de mexicanos fueron afectados durante 2017 por el cibercrimen, con pérdidas por más de 7 mil millones de dólares. Se quejó que desde el gobierno “hace falta un articulador de políticas públicas que generen ciberseguridad”.
En el mismo foro, el director de Tecnologías de la Información del Banco de México, Octavio Berges, aseguró que sólo una institución financiera sufre alrededor de 85 ciberataques al año en promedio.
El nuevo tratado comercial, que incluye la ciberseguridad –dice por su parte el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara–, ya implica ingresar en la órbita de la defensa del ciberespacio en términos económicos, militares y de seguridad con Estados Unidos. “Se ha confirmado con certeza que México ha sido atacado por un grupo de Corea del Norte”.
Sugiere que es fundamental invertir en ciberseguridad y ciberdefensa, a las que considera las mayores vulnerabilidades del país, “como lo demuestra el ataque reciente a Citibanamex y otros bancos”.
Rodríguez Sánchez de Lara sostiene que si bien hay capacidad de respuesta contra este fenómeno delictivo, propone que académicos, empresarios y públicos diversos tienen la necesidad de establecer una agencia nacional de ciberseguridad que pueda coordinarse con las políticas en la materia del Estado mexicano.

Su planteamiento coincide con el del Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto: “crear en el corto plazo Sistemas de Seguridad Cibernética y Electromagnética para protección de las instituciones del Estado, mediante inversión en investigación y desarrollo e implementación de herramientas de seguridad y guerra electrónica”.
José Réyez / Zósimo Camacho (Primera de cinco partes)

Contralínea 614 / del 29 de Octubre al 04 de Noviembre 2018