La
ayuda internacional en el contexto palestino está impulsada por una
lógica de seguridad hegemónica diseñada para satisfacer el interés de
seguridad de Israel
La “ayuda” en el contexto de las violaciones israelíes
La
necesidad que tienen los palestinos de recibir ayuda deriva
exclusivamente de las décadas de conflicto con Israel. En todo caso,
tanto la ayuda a Israel como a Palestina está militarizada, lo que
fomenta y prolonga el conflicto en lugar de abordar sus causas
fundamentales.
A escala macro la ayuda a los palestinos está
militarizada porque se produce en el contexto del respaldo incondicional
de los gobiernos occidentales a Israel, incluido a la impunidad por las
violaciones israelíes de los derechos palestinos. El suministro de
ayuda militar, el comercio militar y otras formas de intercambio
económico, cultural y político intensifican la capacidad israelí de
ocupar, colonizar y desposeer a los palestinos. Si la ayuda subsidia
directamente los costes militares de la agresión israelí a Palestina, el
apoyo político internacional protege a Israel de las consecuencias de
incumplir el derecho internacional, convirtiendo a los actores de la
ayuda en cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por
parte de Israel (Murad, 2014).
De hecho, no se cuestiona que
mientras Estados Unidos brinda apoyo militar a Israel conceda a la vez
“ayuda” a los palestinos para mitigar el impacto de la acción militar
israelí. Los gobiernos estadounidenses han donado 124,3 mil millones de
dólares en asistencia bilateral (principalmente militar), lo que
convierte a Israel en el mayor receptor acumulativo de asistencia
exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial (Sharp, 2015:
sumario). La ayuda estadounidense a Israel forma parte de la estrategia
militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y son sus inversiones las
que han contribuido a que Israel haya desarrollado uno de los ejércitos
tecnológicamente más sofisticados del mundo (Sharp, 2015: 1). En
contraste, Estados Unidos ha proporcionado casi 5 mil millones de
dólares de ayuda a la Autoridad Palestina (AP) desde su creación.
Quienes
critican la ayuda militar estadounidense a Israel argumentan que viola
la propia legislación interna de Estados Unidos. La Campaña de Estados
Unidos por el Fin de la Ocupación Israelí cita en su análisis sobre las
opciones y las implicaciones políticas la propia Ley de Asistencia
Exterior de Estados Unidos:
En virtud de este capítulo o de
la Ley de control de exportación de armas [22 U.S.C. 2751 et seq.] no se
proporcionará asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad
de un país extranjero si el secretario de Estado tiene pruebas
fidedignas de que dicha unidad ha cometido violaciones graves de los
derechos humanos.
Ruebner (2012: 18-19) va más allá al señalar que:
La
Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) (PL 90-629), que
condiciona y restringe la venta y el alquiler de artículos y servicios
de defensa de Estados Unidos, limita el uso de armas estadounidenses
exclusivamente a la seguridad interna, a la legítima defensa, a la
prevención o el impedimento de la proliferación de armas de destrucción
masiva y de los medios de distribución de esas armas a que el país
receptor participe en acuerdos regionales o colectivos compatibles con
la Carta de las Naciones Unidas.
La ayuda militar
estadounidense a Israel puede violar asimismo el Artículo Común Uno de
los Convenios de Ginebra que obliga a los terceros Estados a garantizar
el respeto del derecho internacional humanitario en todas las
circunstancias (Dörmann y Serralvo, 2014). Hay quienes señalan que la
venta de armas a Israel puede ser ilegal porque siendo como es sabido
una potencia nuclear no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación
de Armas Nucleares (Tratado, 1968).
Además cuando la ayuda se
canaliza a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada se violan
claramente las reglas básicas del derecho internacional y se
obstaculizan las posibilidades de una paz duradera.
Los
llamamientos de la sociedad civil palestina a un embargo militar contra
Israel no solo se refieren a la venta de armas de Estados Unidos. Se
señala también a Reino Unido por su comercio armamentístico con Israel
incluidas armas que según ha quedado documentado, se han utilizado para
violar derechos humanos:
En los seis meses previos al ataque
de Gaza en el verano de 2014, el gobierno del Reino Unido otorgó
licencias por valor de 6.968.865 libras para exportaciones de uso
militar y 25.155.581 de libras para equipamientos de doble uso. Los
artículos con licencia incluían componentes para aviones de combate,
componentes de drones, municiones antitanques y miras nocturnas para
armas. Asimismo, el dron de vigilancia Watchkeeper de Reino Unido se ha
desarrollado en virtud de un contrato empresarial conjunto de mil
millones de libras otorgado por el Ministerio de Defensa a Reino Unido y
a la israelí Elbit Systems, permitiendo que las fuerzas armadas del
Reino Unido se beneficien de tecnologías que han sido "probadas" contra
palestinos bajo ocupación. (Wearning, 2015: 3).
Incluso en el
mejor de los casos, el efecto neto de la ayuda internacional a los
palestinos es cuestionable porque está determinada por la acción militar
de Israel, que está subsidiada por Estados Unidos y otros, y cuya
inmunidad política está garantizada por la comunidad internacional. Los
palestinos que cuestionan esa ayuda consideran que los donantes
occidentales son cómplices de las violaciones de los derechos palestinos
por parte de Israel, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos donantes
por diferenciar sus acciones políticas de su política asistencial al
sugerir que ésta es “neutral”.
Fragmentación y ayuda militarizada
Las
políticas israelíes han dividido a la comunidad palestina en diferentes
marcos legales e institucionales todos ellos militarizados de algún
modo, razón por la cual la ayuda a los palestinos también está
politizada y militarizada de diferentes maneras. Igualmente, las
políticas y prácticas asociadas a la ayuda contribuyen directamente a la
fragmentación política entre Cisjordania y la Franja de Gaza, a la
fragmentación social y a la reivindicación de derechos igualmente
fragmentados.
Los palestinos que componen el 20% de la población
de Israel están colonizados en un Estado que oficialmente les designa
menos derechos que a los judíos. La ayuda occidental a los ciudadanos
palestinos de Israel, limitada y sujeta a las restricciones israelíes,
se orienta generalmente a fortalecer la afirmación de los derechos
palestinos como minoritarios, lo que refuerza la conexión de los
ciudadanos palestinos con Israel a pesar de su identidad judía, al mismo
tiempo que debilita sus vínculos con el resto de la comunidad palestina
en el mundo árabe. Al fomentar la identidad de los palestinos como
“minoritaria” y no como pueblo indígena, la ayuda occidental a los
palestinos fortalece las reclamaciones territoriales de Israel. De esta
manera, la ayuda a los ciudadanos palestinos de Israel forma parte del
respaldo político e institucional occidental a Israel independientemente
de lo que esos mismos países puedan afirmar retóricamente sobre su
apoyo a los derechos palestinos en el marco del derecho internacional.
Los
3 millones de palestinos de Cisjordania también reciben una ayuda
politizada y militarizada si bien los mecanismos son más complicados.
Los Acuerdos de Oslo (1993) y el Protocolo de París (1994) establecieron
un paradigma político y económico hegemónico dentro del cual se fragua
el “desarrollo” del territorio palestino ocupado. Los investigadores
Tartir y Wildeman han analizado los intereses neoliberales que propugna
el marco del Banco Mundial, que es el que guía la política de la ayuda
occidental al territorio palestino ocupado. Señalan que las
prescripciones del Banco Mundial “[...] no tienen en cuenta ni la
historia ni la realidad humana de los palestinos que luchan por
sobrevivir desde hace décadas bajo una ocupación militar violenta”
(2012: 1) y sobreestiman la capacidad de la AP para llevar a cabo las
reformas que se le exigen dado que carece de soberanía. Mandy Turner
sostiene asimismo que los objetivos de las intervenciones occidentales
de “construcción de la paz” incluyen la contrainsurgencia. En otras
palabras, que con la ayuda se pretende amansar las aspiraciones de
liberación nacional palestina en interés de Israel (Turner, 2014).
En Cisjordania la política de asistencia se ejecuta de forma diferente según las áreas designadas por los Acuerdos de Oslo como
Zona A (bajo control de la AP),
Zona B (bajo control conjunto israelo-palestino) y
Zona C (bajo control israelí). La política donante difiere en cada zona, siendo en la
Zona C
donde se genera mayor controversia por ser donde Israel impone –y la
mayoría de los donantes acatan– un régimen de planificación ilegal que
niega a los palestinos el acceso a sus propios recursos naturales y su
derecho al desarrollo (Diakonia, 2013). Al no poder ni querer oponerse a
la militarización israelí de la
Zona C, los donantes internacionales contribuyen a mantener el
status quo.
Si
el proceso de Oslo pospuso el debate sobre el estatuto político de
Jerusalén, la política de ayuda internacional no ha cuestionado la
realidad práctica de la anexión israelí de Jerusalén ni el traslado
forzoso de su población palestina nativa. El colapso inherente a la
economía palestina en Jerusalén Oriental hace que la ciudad sea
inhabitable para los palestinos (Arafeh, 2016). La eficacia de la
asistencia humanitaria (por ejemplo, para las familias palestinas cuyas
casas han sido demolidas por Israel) y la ayuda al desarrollo, que están
limitadas por la explícita política de judaización de Israel, se ha
visto totalmente minada.
El caso de la Franja de Gaza es
diferente; el bloqueo israelí que ahora cumple 10 años hace que Gaza
dependa casi por completo de la ayuda internacional ya que ni materiales
ni personas pueden entrar o salir a través de los puestos de control
israelíes sin el permiso militar israelí. Además, el sistema de ayuda
está cada vez más controlado por Israel, no por Naciones Unidas,
incrementando así la contribución al arsenal de armas que Israel utiliza
para controlar a los palestinos en la Franja. De hecho, es precisamente
la naturaleza militarizada de una ayuda basada en el principio de la
seguridad
–y el cauce en que se distribuye (o no)– lo que explica la ausencia de
una reconstrucción adecuada tras los ataques israelíes de 2008-9, 2012 y
2014. En particular, que esta ayuda se distribuya en un contexto
eminentemente marcado por las cuestiones securitarias hace que a los
donantes les sea más fácil encubrir sus propias carencias políticas
utilizando la excusa de la “seguridad”.
Por último, alrededor de 5
millones de refugiados palestinos registrados reciben ayuda a través de
un organismo específico de Naciones Unidas, la Agencia de Obras
Públicas y Asistencia de Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, 2016). Según sus críticos, el
ambiguo mandato de protección de la UNRWA ha provocado un debate sobre
hasta qué punto este organismo protege los derechos de los palestinos o
debilita que las reivindicaciones de sus derechos puedan canalizarse a
través de otros organismos y mecanismos (Farrah, 2010).
La ayuda bilateral a la Autoridad Palestina
Es
obvio que la asistencia militar a Israel no es la única forma en que
los actores internacionales subsidian la ocupación israelí de Palestina.
Tanto Europa como Estados Unidos son los principales donantes
bilaterales de la AP. En una crítica mordaz, Tartir sostiene que
alrededor del 30% de la ayuda internacional financia el sector de la
seguridad [palestina] con mil millones de dólares anuales sin que la AP
rinda cuentas al pueblo palestino y en un régimen cada vez más
autoritario. Desde 2005, Estados Unidos y la UE han apoyado una reforma
del sector, pero “[...] el principio central de este proyecto ha sido
consolidar la colaboración en materia de seguridad entre la AP e Israel”
y no la seguridad de los palestinos (Tartir, 2016). Tartir señala que
tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado el
uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de la AP
y han denunciado los límites que impone la AP a la libertad de
expresión, a la participación política y a la movilización (Tartir,
2016).
Así que, por un lado está la ocupación y la colonización
israelíes que reciben ayuda militarizada y por otro, la AP que recibe la
Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA) y que la gasta en un espacio y
dentro de un proceso de “desarrollo” notablemente condicionado por el
concepto de seguridad.
Por lo tanto, se mire como se mire, la
ayuda en el contexto palestino está impulsada por una lógica de
seguridad hegemónica diseñada para satisfacer el interés de seguridad de
Israel mientras los palestinos se sienten cada vez más inseguros
(Tartir, 2015).
Además, la investigación sobre la militarización de la ayuda pone de relieve algunos hechos:
1) cómo la militarización de la ayuda transforma un movimiento de liberación en subcontratista del colonizador; y
2)
cómo la militarización de la ayuda crea tendencias autoritarias y
favorece al sector de la seguridad y a su personal a expensas de otros
sectores (por ejemplo, la salud, la educación, la producción) y a
expensas de la democracia. En otras palabras, la ayuda a Palestina no
solo no ha hecho frente a las bolsas de empobrecimiento y desempleo ni a
la ausencia de empoderamiento sino que ha creado una inseguridad e
ilegitimidad nuevas.
Militarización de la ayuda a la sociedad civil palestina
La
ayuda internacional y palestina a la sociedad civil también está
militarizada. Está condicionada por políticas antiterroristas que
contradicen abiertamente los principios humanitarios de imparcialidad y
neutralidad al exigir a los actores de la ayuda que investiguen a los
beneficiarios desde criterios políticos, lo que agrava el conflicto
interno, incluido el conflicto armado (Hall, 2015). Israel se beneficia
indirectamente de que la sociedad civil palestina esté sujeta a un
régimen global militarizado; también se lucra porque los de por sí
importantes beneficios del sector de la seguridad israelí provienen de
la exportación de productos relacionados con la lucha antiterrorista que
actualmente superan los 1.000 millones de dólares anuales según el
gobierno israelí (BDS, 2010).
La militarización de la ayuda y su
componente securitario tiene un impacto dramático en la vida cotidiana
del pueblo palestino y en su búsqueda de la liberación y la
autodeterminación. La evidencia indica que tal forma de ayuda opera
contra el desarrollo especialmente bajo ocupación militar extranjera. En
lugar de mejorar la capacidad del pueblo palestino para reclamar su
derecho a la libre determinación, la limita. En consecuencia, la
inestabilidad se incrementa a largo plazo y aumenta la probabilidad de
mayor militarismo y mayor violencia.
La agresión es un crimen que no debería financiarse con ayuda
La utilización de la ayuda para promover o apoyar la agresión no solo
es inmoral y contraproducente sino también ilegal. Como manifiesta la
Carta de Naciones Unidas, el propósito del sistema de gobernanza
internacional del que nos hemos dotado es, ante todo,
m antener
la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, ejercer medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz; suprimir
actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; lograr por
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y
del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento
de la paz, (Carta de las Naciones Unidas, 1945: Capítulo 1, Artículo
1.1). Además, tres de los principios humanitarios fundamentales
–humanidad, neutralidad e imparcialidad– están consagrados en la
Resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General y se recogen en
innumerables resoluciones y declaraciones de la ONU (OCHA, 2009: 4).
Aunque
son muchos los palestinos y también los ciudadanos del mundo que
consideran que Palestina es una excepción a las normas de la asistencia
humanitaria, el problema de la militarización de la ayuda es
generalizado. El nuevo Acuerdo para el compromiso con Estados frágiles
señala que el 30% de la Asistencia Oficial al Desarrollo se gasta en
contextos frágiles y conflictivos (IDPS, 2011:1). El Parlamento Europeo
informó que en 2013 más de dos tercios de la asistencia humanitaria
registrada por la OCDE se dirigió a crisis de larga duración (Parlamento
Europeo, 2016: 3). Hay solo dos formas de interpretar esta información:
o bien la ayuda internacional no tiene efecto paliativo en la
perpetuación de los conflictos (y no frena el aumento de la necesidad
humanitaria) o la ayuda internacional contribuye a aumentar los
conflictos.
El informe del secretario general de la ONU sobre la
Cumbre Humanitaria Mundial adopta un tono predeciblemente diplomático
pero una lectura cuidadosa revela el reconocimiento de que la falta de
voluntad política es la causa de la ineficacia de la ayuda. Señala que
“[…] Abordar las necesidades humanitarias de las personas requiere algo
más que aumentar los niveles de asistencia. Es necesario un esfuerzo
mucho más determinado y ponderado para reducir las necesidades, que esté
anclado en la voluntad política y en el liderazgo para prevenir y poner
fin a los conflictos”. (AGNU, 2016: 1).
Existen abundantes
pruebas documentadas en informes y en la práctica que demuestran la
relación entre ayuda y perpetuación de los conflictos. Palestina
representa uno de los muchos ejemplos de cómo la ayuda viola el
“principio de no perjudicar”, fundamental no solo para la credibilidad
de la ayuda sino también para la credibilidad del sistema internacional
posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La ayuda no debe promover
ni permitir la agresión ni activa ni pasivamente. En Palestina, incluso
la ayuda para fines manifiestamente “buenos”, como alimentos, salud,
educación, agua y saneamiento, se ejecuta dentro de un complejo régimen
asistencial que sirve a los intereses políticos expansionistas de Israel
y de los países donantes. Un estudio reciente de Aid Watch Palestine ha
revelado que el 78% de la ayuda al territorio palestino ocupado acaba
en la economía israelí (Hever, 2016) para subsidiar entre el 18% y el
30% de los costes de la ocupación. Tartir y Wildeman sostienen
igualmente que la obligada integración económica con Israel hace que la
economía palestina sea vulnerable; con frecuencia Israel retiene fondos
(con el apoyo de Estados Unidos) para castigar las políticas palestinas
que no le convienen, como las iniciativas palestinas para que se
satisfagan sus derechos internacionalmente consagrados a través de los
mecanismos de Naciones Unidas (2012:1.)
En otro ejemplo evidente,
la ayuda internacional que utiliza el Mecanismo de Reconstrucción de
Gaza, del que forma parte Naciones Unidas, está recibiendo criticas
porque legitima el bloqueo ilegal israelí en la Franja de Gaza (Murad,
2015/16) y porque beneficia a Israel al dar cobertura internacional al
fomento de los intereses económicos y militares israelíes.
Conclusión
La ayuda a los palestinos está militarizada al menos en cuatro niveles:
-
La ayuda militar y el comercio militar con Israel están normalizados a
pesar de la evidencia de que la ayuda se utiliza para violar los
derechos palestinos protegidos por el derecho internacional;
-
El marco de dos Estados establecido por Oslo, dentro del cual se
aplica esencialmente la ayuda occidental refleja los intereses
políticos y militares de Estados Unidos y de Europa así como el
consenso neoliberal dirigido por el Banco Mundial en lugar de los
intereses palestinos definidos democráticamente;
-
El desarrollo y la ayuda humanitaria a los palestinos, canalizados bien
a través de instituciones internacionales o de la AP, está diseñado
para proteger el monopolio colonial de Israel a expensas de la
seguridad palestina y de su autodeterminación; y
-
La ayuda a la sociedad civil, tanto internacional como palestina, está
condicionada por políticas antiterroristas que exacerban los
conflictos internos, incluidos los conflictos armados, en violación de
los principios de imparcialidad y neutralidad.
La
violación intrínseca de los derechos palestinos que produce una ayuda
que beneficia a Israel no se produciría si los donantes –en su función
política y asistencial– exigieran a Israel que cumpliese con el derecho
internacional. Sin embargo, la impunidad que brindan los actores
internacionales a Israel tiene el efecto de intensificar su política de
agresión, lo que resulta de una hipocresía escandalosa: los gobiernos
donantes y los actores humanitarios son quienes permiten que Israel
deniegue sus derechos a los palestinos al proporcionarles una ayuda
destinada a garantizar la dominación permanente de Israel.
Recuperar la ayuda para los derechos humanos: recomendación de políticas
La
militarización de la ayuda a los palestinos anula la legitimidad de la
ayuda como intervención humanitaria o de desarrollo creíble. Para que la
ayuda internacional recupere su potencial de cooperante en la
realización de los derechos humanos debe estar integrada en mecanismos
eficaces de rendición de cuentas que presionen a todas las partes para
que cumplan con el derecho internacional y respeten los derechos
humanos.
Cuesta imaginar que sin ninguna forma de presión Israel
vaya a cumplir con el derecho internacional y con el respeto a los
derechos humanos palestinos. Si bien existen ejemplos de sanciones a
través de la ayuda (por ejemplo, las de Estados Unidos contra Turquía,
Indonesia, Guatemala, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Zimbabwe,
Colombia, Filipinas, Pakistán y Bahrein), casi nunca se han utilizado
contra Israel (Ruebner, 2012: 19-25).
Por otro lado, la Campaña
internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) promovida desde
la sociedad civil ha tenido un impacto demostrable en la capacidad
israelí de mantener un desarrollo militar irresponsable (Juma 'y
Mantovani, 2016). Todas las partes interesadas deberían estudiar el
potencial de las sanciones estratégicas para presionar a Israel a
cumplir con el derecho internacional. La acción más inmediata y evidente
es exigir un embargo militar total contra Israel y contra todas las
partes que no respeten el derecho internacional.
Empoderar a los
palestinos significa equiparlos con las herramientas para resistir la
dominación colonial israelí y mejorar sus capacidades para la
solidaridad, la resiliencia y la firmeza. Los actores de la ayuda
internacional deben reconocer y aceptar que el desarrollo bajo la
ocupación militar y la colonización implica ante todo un proceso de
confrontación para hacer efectivos los derechos, incluido el derecho a
la autodeterminación.
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Fuente: https://alaatartirdotcom.files.wordpress.com/2017/06/realitycheck_2017_final_ebook.pdf
Este crecimiento está fundamentado en un entorno global favorable y una política monetaria acomodaticia
que recordemos que el BCE decidió extender el programa de compra de
activos más allá de diciembre de 2017, a un ritmo mensual de 30.000
millones de euros. 
La razón principal de esto fue una notable recuperación la economía global,
responsable de la actividad exportadora de empresas industriales
alemanas. Como resultado, la utilización de la capacidad industrial se
incrementó, y las empresas invirtieron más fuertemente en bienes de
equipo. 
Las encuestas empresariales han mostrado un mayor optimismo en la economía francesa desde la elección de Emmanuel Macron como presidente en junio, y su gobierno ha impulsado una reforma laboral que espera que impulse una mayor actividad e invierta la tendencia de creación de desempleo en los último años.
Como hemos comentado varías veces, el gran problema del euro es Italia por su bajo crecimiento y su alta relación relación en la deuda pública sobre PIB que asciende al 132%, siendo la segunda más alta de la Eurozona por detrás de Grecia.
Para entenderlo, si analizamos el comercio exterior, cerca de dos
tercios de todo el comercio exterior (el 64,8%) de España está vinculado
a la Unión Europea, y poco más de la mitad (el 51,8%) establece relaciones comerciales con los países de la Eurozona (efecto divisa cero). 
