La
ayuda internacional en el contexto palestino está impulsada por una
lógica de seguridad hegemónica diseñada para satisfacer el interés de
seguridad de Israel
La “ayuda” en el contexto de las violaciones israelíes
La necesidad que tienen los palestinos de recibir ayuda deriva exclusivamente de las décadas de conflicto con Israel. En todo caso, tanto la ayuda a Israel como a Palestina está militarizada, lo que fomenta y prolonga el conflicto en lugar de abordar sus causas fundamentales.
A escala macro la ayuda a los palestinos está militarizada porque se produce en el contexto del respaldo incondicional de los gobiernos occidentales a Israel, incluido a la impunidad por las violaciones israelíes de los derechos palestinos. El suministro de ayuda militar, el comercio militar y otras formas de intercambio económico, cultural y político intensifican la capacidad israelí de ocupar, colonizar y desposeer a los palestinos. Si la ayuda subsidia directamente los costes militares de la agresión israelí a Palestina, el apoyo político internacional protege a Israel de las consecuencias de incumplir el derecho internacional, convirtiendo a los actores de la ayuda en cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por parte de Israel (Murad, 2014).
De hecho, no se cuestiona que mientras Estados Unidos brinda apoyo militar a Israel conceda a la vez “ayuda” a los palestinos para mitigar el impacto de la acción militar israelí. Los gobiernos estadounidenses han donado 124,3 mil millones de dólares en asistencia bilateral (principalmente militar), lo que convierte a Israel en el mayor receptor acumulativo de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial (Sharp, 2015: sumario). La ayuda estadounidense a Israel forma parte de la estrategia militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y son sus inversiones las que han contribuido a que Israel haya desarrollado uno de los ejércitos tecnológicamente más sofisticados del mundo (Sharp, 2015: 1). En contraste, Estados Unidos ha proporcionado casi 5 mil millones de dólares de ayuda a la Autoridad Palestina (AP) desde su creación.
Quienes critican la ayuda militar estadounidense a Israel argumentan que viola la propia legislación interna de Estados Unidos. La Campaña de Estados Unidos por el Fin de la Ocupación Israelí cita en su análisis sobre las opciones y las implicaciones políticas la propia Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos:
En virtud de este capítulo o de la Ley de control de exportación de armas [22 U.S.C. 2751 et seq.] no se proporcionará asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene pruebas fidedignas de que dicha unidad ha cometido violaciones graves de los derechos humanos.
Ruebner (2012: 18-19) va más allá al señalar que:
La Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) (PL 90-629), que condiciona y restringe la venta y el alquiler de artículos y servicios de defensa de Estados Unidos, limita el uso de armas estadounidenses exclusivamente a la seguridad interna, a la legítima defensa, a la prevención o el impedimento de la proliferación de armas de destrucción masiva y de los medios de distribución de esas armas a que el país receptor participe en acuerdos regionales o colectivos compatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
La ayuda militar estadounidense a Israel puede violar asimismo el Artículo Común Uno de los Convenios de Ginebra que obliga a los terceros Estados a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en todas las circunstancias (Dörmann y Serralvo, 2014). Hay quienes señalan que la venta de armas a Israel puede ser ilegal porque siendo como es sabido una potencia nuclear no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (Tratado, 1968).
Además cuando la ayuda se canaliza a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada se violan claramente las reglas básicas del derecho internacional y se obstaculizan las posibilidades de una paz duradera.
Los llamamientos de la sociedad civil palestina a un embargo militar contra Israel no solo se refieren a la venta de armas de Estados Unidos. Se señala también a Reino Unido por su comercio armamentístico con Israel incluidas armas que según ha quedado documentado, se han utilizado para violar derechos humanos:
En los seis meses previos al ataque de Gaza en el verano de 2014, el gobierno del Reino Unido otorgó licencias por valor de 6.968.865 libras para exportaciones de uso militar y 25.155.581 de libras para equipamientos de doble uso. Los artículos con licencia incluían componentes para aviones de combate, componentes de drones, municiones antitanques y miras nocturnas para armas. Asimismo, el dron de vigilancia Watchkeeper de Reino Unido se ha desarrollado en virtud de un contrato empresarial conjunto de mil millones de libras otorgado por el Ministerio de Defensa a Reino Unido y a la israelí Elbit Systems, permitiendo que las fuerzas armadas del Reino Unido se beneficien de tecnologías que han sido "probadas" contra palestinos bajo ocupación. (Wearning, 2015: 3).
Incluso en el mejor de los casos, el efecto neto de la ayuda internacional a los palestinos es cuestionable porque está determinada por la acción militar de Israel, que está subsidiada por Estados Unidos y otros, y cuya inmunidad política está garantizada por la comunidad internacional. Los palestinos que cuestionan esa ayuda consideran que los donantes occidentales son cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por parte de Israel, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos donantes por diferenciar sus acciones políticas de su política asistencial al sugerir que ésta es “neutral”.
Fragmentación y ayuda militarizada
Las políticas israelíes han dividido a la comunidad palestina en diferentes marcos legales e institucionales todos ellos militarizados de algún modo, razón por la cual la ayuda a los palestinos también está politizada y militarizada de diferentes maneras. Igualmente, las políticas y prácticas asociadas a la ayuda contribuyen directamente a la fragmentación política entre Cisjordania y la Franja de Gaza, a la fragmentación social y a la reivindicación de derechos igualmente fragmentados.
Los palestinos que componen el 20% de la población de Israel están colonizados en un Estado que oficialmente les designa menos derechos que a los judíos. La ayuda occidental a los ciudadanos palestinos de Israel, limitada y sujeta a las restricciones israelíes, se orienta generalmente a fortalecer la afirmación de los derechos palestinos como minoritarios, lo que refuerza la conexión de los ciudadanos palestinos con Israel a pesar de su identidad judía, al mismo tiempo que debilita sus vínculos con el resto de la comunidad palestina en el mundo árabe. Al fomentar la identidad de los palestinos como “minoritaria” y no como pueblo indígena, la ayuda occidental a los palestinos fortalece las reclamaciones territoriales de Israel. De esta manera, la ayuda a los ciudadanos palestinos de Israel forma parte del respaldo político e institucional occidental a Israel independientemente de lo que esos mismos países puedan afirmar retóricamente sobre su apoyo a los derechos palestinos en el marco del derecho internacional.
Los 3 millones de palestinos de Cisjordania también reciben una ayuda politizada y militarizada si bien los mecanismos son más complicados. Los Acuerdos de Oslo (1993) y el Protocolo de París (1994) establecieron un paradigma político y económico hegemónico dentro del cual se fragua el “desarrollo” del territorio palestino ocupado. Los investigadores Tartir y Wildeman han analizado los intereses neoliberales que propugna el marco del Banco Mundial, que es el que guía la política de la ayuda occidental al territorio palestino ocupado. Señalan que las prescripciones del Banco Mundial “[...] no tienen en cuenta ni la historia ni la realidad humana de los palestinos que luchan por sobrevivir desde hace décadas bajo una ocupación militar violenta” (2012: 1) y sobreestiman la capacidad de la AP para llevar a cabo las reformas que se le exigen dado que carece de soberanía. Mandy Turner sostiene asimismo que los objetivos de las intervenciones occidentales de “construcción de la paz” incluyen la contrainsurgencia. En otras palabras, que con la ayuda se pretende amansar las aspiraciones de liberación nacional palestina en interés de Israel (Turner, 2014).
En Cisjordania la política de asistencia se ejecuta de forma diferente según las áreas designadas por los Acuerdos de Oslo como Zona A (bajo control de la AP), Zona B (bajo control conjunto israelo-palestino) y Zona C (bajo control israelí). La política donante difiere en cada zona, siendo en la Zona C donde se genera mayor controversia por ser donde Israel impone –y la mayoría de los donantes acatan– un régimen de planificación ilegal que niega a los palestinos el acceso a sus propios recursos naturales y su derecho al desarrollo (Diakonia, 2013). Al no poder ni querer oponerse a la militarización israelí de la Zona C, los donantes internacionales contribuyen a mantener el status quo.
Si el proceso de Oslo pospuso el debate sobre el estatuto político de Jerusalén, la política de ayuda internacional no ha cuestionado la realidad práctica de la anexión israelí de Jerusalén ni el traslado forzoso de su población palestina nativa. El colapso inherente a la economía palestina en Jerusalén Oriental hace que la ciudad sea inhabitable para los palestinos (Arafeh, 2016). La eficacia de la asistencia humanitaria (por ejemplo, para las familias palestinas cuyas casas han sido demolidas por Israel) y la ayuda al desarrollo, que están limitadas por la explícita política de judaización de Israel, se ha visto totalmente minada.
El caso de la Franja de Gaza es diferente; el bloqueo israelí que ahora cumple 10 años hace que Gaza dependa casi por completo de la ayuda internacional ya que ni materiales ni personas pueden entrar o salir a través de los puestos de control israelíes sin el permiso militar israelí. Además, el sistema de ayuda está cada vez más controlado por Israel, no por Naciones Unidas, incrementando así la contribución al arsenal de armas que Israel utiliza para controlar a los palestinos en la Franja. De hecho, es precisamente la naturaleza militarizada de una ayuda basada en el principio de la seguridad –y el cauce en que se distribuye (o no)– lo que explica la ausencia de una reconstrucción adecuada tras los ataques israelíes de 2008-9, 2012 y 2014. En particular, que esta ayuda se distribuya en un contexto eminentemente marcado por las cuestiones securitarias hace que a los donantes les sea más fácil encubrir sus propias carencias políticas utilizando la excusa de la “seguridad”.
Por último, alrededor de 5 millones de refugiados palestinos registrados reciben ayuda a través de un organismo específico de Naciones Unidas, la Agencia de Obras Públicas y Asistencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, 2016). Según sus críticos, el ambiguo mandato de protección de la UNRWA ha provocado un debate sobre hasta qué punto este organismo protege los derechos de los palestinos o debilita que las reivindicaciones de sus derechos puedan canalizarse a través de otros organismos y mecanismos (Farrah, 2010).
La ayuda bilateral a la Autoridad Palestina
Es obvio que la asistencia militar a Israel no es la única forma en que los actores internacionales subsidian la ocupación israelí de Palestina. Tanto Europa como Estados Unidos son los principales donantes bilaterales de la AP. En una crítica mordaz, Tartir sostiene que alrededor del 30% de la ayuda internacional financia el sector de la seguridad [palestina] con mil millones de dólares anuales sin que la AP rinda cuentas al pueblo palestino y en un régimen cada vez más autoritario. Desde 2005, Estados Unidos y la UE han apoyado una reforma del sector, pero “[...] el principio central de este proyecto ha sido consolidar la colaboración en materia de seguridad entre la AP e Israel” y no la seguridad de los palestinos (Tartir, 2016). Tartir señala que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de la AP y han denunciado los límites que impone la AP a la libertad de expresión, a la participación política y a la movilización (Tartir, 2016).
Así que, por un lado está la ocupación y la colonización israelíes que reciben ayuda militarizada y por otro, la AP que recibe la Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA) y que la gasta en un espacio y dentro de un proceso de “desarrollo” notablemente condicionado por el concepto de seguridad.
Por lo tanto, se mire como se mire, la ayuda en el contexto palestino está impulsada por una lógica de seguridad hegemónica diseñada para satisfacer el interés de seguridad de Israel mientras los palestinos se sienten cada vez más inseguros (Tartir, 2015).
Además, la investigación sobre la militarización de la ayuda pone de relieve algunos hechos: 1) cómo la militarización de la ayuda transforma un movimiento de liberación en subcontratista del colonizador; y 2) cómo la militarización de la ayuda crea tendencias autoritarias y favorece al sector de la seguridad y a su personal a expensas de otros sectores (por ejemplo, la salud, la educación, la producción) y a expensas de la democracia. En otras palabras, la ayuda a Palestina no solo no ha hecho frente a las bolsas de empobrecimiento y desempleo ni a la ausencia de empoderamiento sino que ha creado una inseguridad e ilegitimidad nuevas.
Militarización de la ayuda a la sociedad civil palestina
La ayuda internacional y palestina a la sociedad civil también está militarizada. Está condicionada por políticas antiterroristas que contradicen abiertamente los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad al exigir a los actores de la ayuda que investiguen a los beneficiarios desde criterios políticos, lo que agrava el conflicto interno, incluido el conflicto armado (Hall, 2015). Israel se beneficia indirectamente de que la sociedad civil palestina esté sujeta a un régimen global militarizado; también se lucra porque los de por sí importantes beneficios del sector de la seguridad israelí provienen de la exportación de productos relacionados con la lucha antiterrorista que actualmente superan los 1.000 millones de dólares anuales según el gobierno israelí (BDS, 2010).
La militarización de la ayuda y su componente securitario tiene un impacto dramático en la vida cotidiana del pueblo palestino y en su búsqueda de la liberación y la autodeterminación. La evidencia indica que tal forma de ayuda opera contra el desarrollo especialmente bajo ocupación militar extranjera. En lugar de mejorar la capacidad del pueblo palestino para reclamar su derecho a la libre determinación, la limita. En consecuencia, la inestabilidad se incrementa a largo plazo y aumenta la probabilidad de mayor militarismo y mayor violencia.
La agresión es un crimen que no debería financiarse con ayuda
La utilización de la ayuda para promover o apoyar la agresión no solo es inmoral y contraproducente sino también ilegal. Como manifiesta la Carta de Naciones Unidas, el propósito del sistema de gobernanza internacional del que nos hemos dotado es, ante todo, m antener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, ejercer medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz; suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz, (Carta de las Naciones Unidas, 1945: Capítulo 1, Artículo 1.1). Además, tres de los principios humanitarios fundamentales –humanidad, neutralidad e imparcialidad– están consagrados en la Resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General y se recogen en innumerables resoluciones y declaraciones de la ONU (OCHA, 2009: 4).
Aunque son muchos los palestinos y también los ciudadanos del mundo que consideran que Palestina es una excepción a las normas de la asistencia humanitaria, el problema de la militarización de la ayuda es generalizado. El nuevo Acuerdo para el compromiso con Estados frágiles señala que el 30% de la Asistencia Oficial al Desarrollo se gasta en contextos frágiles y conflictivos (IDPS, 2011:1). El Parlamento Europeo informó que en 2013 más de dos tercios de la asistencia humanitaria registrada por la OCDE se dirigió a crisis de larga duración (Parlamento Europeo, 2016: 3). Hay solo dos formas de interpretar esta información: o bien la ayuda internacional no tiene efecto paliativo en la perpetuación de los conflictos (y no frena el aumento de la necesidad humanitaria) o la ayuda internacional contribuye a aumentar los conflictos.
El informe del secretario general de la ONU sobre la Cumbre Humanitaria Mundial adopta un tono predeciblemente diplomático pero una lectura cuidadosa revela el reconocimiento de que la falta de voluntad política es la causa de la ineficacia de la ayuda. Señala que “[…] Abordar las necesidades humanitarias de las personas requiere algo más que aumentar los niveles de asistencia. Es necesario un esfuerzo mucho más determinado y ponderado para reducir las necesidades, que esté anclado en la voluntad política y en el liderazgo para prevenir y poner fin a los conflictos”. (AGNU, 2016: 1).
Existen abundantes pruebas documentadas en informes y en la práctica que demuestran la relación entre ayuda y perpetuación de los conflictos. Palestina representa uno de los muchos ejemplos de cómo la ayuda viola el “principio de no perjudicar”, fundamental no solo para la credibilidad de la ayuda sino también para la credibilidad del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La ayuda no debe promover ni permitir la agresión ni activa ni pasivamente. En Palestina, incluso la ayuda para fines manifiestamente “buenos”, como alimentos, salud, educación, agua y saneamiento, se ejecuta dentro de un complejo régimen asistencial que sirve a los intereses políticos expansionistas de Israel y de los países donantes. Un estudio reciente de Aid Watch Palestine ha revelado que el 78% de la ayuda al territorio palestino ocupado acaba en la economía israelí (Hever, 2016) para subsidiar entre el 18% y el 30% de los costes de la ocupación. Tartir y Wildeman sostienen igualmente que la obligada integración económica con Israel hace que la economía palestina sea vulnerable; con frecuencia Israel retiene fondos (con el apoyo de Estados Unidos) para castigar las políticas palestinas que no le convienen, como las iniciativas palestinas para que se satisfagan sus derechos internacionalmente consagrados a través de los mecanismos de Naciones Unidas (2012:1.)
En otro ejemplo evidente, la ayuda internacional que utiliza el Mecanismo de Reconstrucción de Gaza, del que forma parte Naciones Unidas, está recibiendo criticas porque legitima el bloqueo ilegal israelí en la Franja de Gaza (Murad, 2015/16) y porque beneficia a Israel al dar cobertura internacional al fomento de los intereses económicos y militares israelíes.
Conclusión
La ayuda a los palestinos está militarizada al menos en cuatro niveles:
Recuperar la ayuda para los derechos humanos: recomendación de políticas
La militarización de la ayuda a los palestinos anula la legitimidad de la ayuda como intervención humanitaria o de desarrollo creíble. Para que la ayuda internacional recupere su potencial de cooperante en la realización de los derechos humanos debe estar integrada en mecanismos eficaces de rendición de cuentas que presionen a todas las partes para que cumplan con el derecho internacional y respeten los derechos humanos.
Cuesta imaginar que sin ninguna forma de presión Israel vaya a cumplir con el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos palestinos. Si bien existen ejemplos de sanciones a través de la ayuda (por ejemplo, las de Estados Unidos contra Turquía, Indonesia, Guatemala, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Zimbabwe, Colombia, Filipinas, Pakistán y Bahrein), casi nunca se han utilizado contra Israel (Ruebner, 2012: 19-25).
Por otro lado, la Campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) promovida desde la sociedad civil ha tenido un impacto demostrable en la capacidad israelí de mantener un desarrollo militar irresponsable (Juma 'y Mantovani, 2016). Todas las partes interesadas deberían estudiar el potencial de las sanciones estratégicas para presionar a Israel a cumplir con el derecho internacional. La acción más inmediata y evidente es exigir un embargo militar total contra Israel y contra todas las partes que no respeten el derecho internacional.
Empoderar a los palestinos significa equiparlos con las herramientas para resistir la dominación colonial israelí y mejorar sus capacidades para la solidaridad, la resiliencia y la firmeza. Los actores de la ayuda internacional deben reconocer y aceptar que el desarrollo bajo la ocupación militar y la colonización implica ante todo un proceso de confrontación para hacer efectivos los derechos, incluido el derecho a la autodeterminación.
Referencias
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Fuente: https://alaatartirdotcom.files.wordpress.com/2017/06/realitycheck_2017_final_ebook.pdf
La necesidad que tienen los palestinos de recibir ayuda deriva exclusivamente de las décadas de conflicto con Israel. En todo caso, tanto la ayuda a Israel como a Palestina está militarizada, lo que fomenta y prolonga el conflicto en lugar de abordar sus causas fundamentales.
A escala macro la ayuda a los palestinos está militarizada porque se produce en el contexto del respaldo incondicional de los gobiernos occidentales a Israel, incluido a la impunidad por las violaciones israelíes de los derechos palestinos. El suministro de ayuda militar, el comercio militar y otras formas de intercambio económico, cultural y político intensifican la capacidad israelí de ocupar, colonizar y desposeer a los palestinos. Si la ayuda subsidia directamente los costes militares de la agresión israelí a Palestina, el apoyo político internacional protege a Israel de las consecuencias de incumplir el derecho internacional, convirtiendo a los actores de la ayuda en cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por parte de Israel (Murad, 2014).
De hecho, no se cuestiona que mientras Estados Unidos brinda apoyo militar a Israel conceda a la vez “ayuda” a los palestinos para mitigar el impacto de la acción militar israelí. Los gobiernos estadounidenses han donado 124,3 mil millones de dólares en asistencia bilateral (principalmente militar), lo que convierte a Israel en el mayor receptor acumulativo de asistencia exterior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial (Sharp, 2015: sumario). La ayuda estadounidense a Israel forma parte de la estrategia militar de Estados Unidos en Oriente Próximo y son sus inversiones las que han contribuido a que Israel haya desarrollado uno de los ejércitos tecnológicamente más sofisticados del mundo (Sharp, 2015: 1). En contraste, Estados Unidos ha proporcionado casi 5 mil millones de dólares de ayuda a la Autoridad Palestina (AP) desde su creación.
Quienes critican la ayuda militar estadounidense a Israel argumentan que viola la propia legislación interna de Estados Unidos. La Campaña de Estados Unidos por el Fin de la Ocupación Israelí cita en su análisis sobre las opciones y las implicaciones políticas la propia Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos:
En virtud de este capítulo o de la Ley de control de exportación de armas [22 U.S.C. 2751 et seq.] no se proporcionará asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene pruebas fidedignas de que dicha unidad ha cometido violaciones graves de los derechos humanos.
Ruebner (2012: 18-19) va más allá al señalar que:
La Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) (PL 90-629), que condiciona y restringe la venta y el alquiler de artículos y servicios de defensa de Estados Unidos, limita el uso de armas estadounidenses exclusivamente a la seguridad interna, a la legítima defensa, a la prevención o el impedimento de la proliferación de armas de destrucción masiva y de los medios de distribución de esas armas a que el país receptor participe en acuerdos regionales o colectivos compatibles con la Carta de las Naciones Unidas.
La ayuda militar estadounidense a Israel puede violar asimismo el Artículo Común Uno de los Convenios de Ginebra que obliga a los terceros Estados a garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en todas las circunstancias (Dörmann y Serralvo, 2014). Hay quienes señalan que la venta de armas a Israel puede ser ilegal porque siendo como es sabido una potencia nuclear no ha firmado el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (Tratado, 1968).
Además cuando la ayuda se canaliza a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada se violan claramente las reglas básicas del derecho internacional y se obstaculizan las posibilidades de una paz duradera.
Los llamamientos de la sociedad civil palestina a un embargo militar contra Israel no solo se refieren a la venta de armas de Estados Unidos. Se señala también a Reino Unido por su comercio armamentístico con Israel incluidas armas que según ha quedado documentado, se han utilizado para violar derechos humanos:
En los seis meses previos al ataque de Gaza en el verano de 2014, el gobierno del Reino Unido otorgó licencias por valor de 6.968.865 libras para exportaciones de uso militar y 25.155.581 de libras para equipamientos de doble uso. Los artículos con licencia incluían componentes para aviones de combate, componentes de drones, municiones antitanques y miras nocturnas para armas. Asimismo, el dron de vigilancia Watchkeeper de Reino Unido se ha desarrollado en virtud de un contrato empresarial conjunto de mil millones de libras otorgado por el Ministerio de Defensa a Reino Unido y a la israelí Elbit Systems, permitiendo que las fuerzas armadas del Reino Unido se beneficien de tecnologías que han sido "probadas" contra palestinos bajo ocupación. (Wearning, 2015: 3).
Incluso en el mejor de los casos, el efecto neto de la ayuda internacional a los palestinos es cuestionable porque está determinada por la acción militar de Israel, que está subsidiada por Estados Unidos y otros, y cuya inmunidad política está garantizada por la comunidad internacional. Los palestinos que cuestionan esa ayuda consideran que los donantes occidentales son cómplices de las violaciones de los derechos palestinos por parte de Israel, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos donantes por diferenciar sus acciones políticas de su política asistencial al sugerir que ésta es “neutral”.
Fragmentación y ayuda militarizada
Las políticas israelíes han dividido a la comunidad palestina en diferentes marcos legales e institucionales todos ellos militarizados de algún modo, razón por la cual la ayuda a los palestinos también está politizada y militarizada de diferentes maneras. Igualmente, las políticas y prácticas asociadas a la ayuda contribuyen directamente a la fragmentación política entre Cisjordania y la Franja de Gaza, a la fragmentación social y a la reivindicación de derechos igualmente fragmentados.
Los palestinos que componen el 20% de la población de Israel están colonizados en un Estado que oficialmente les designa menos derechos que a los judíos. La ayuda occidental a los ciudadanos palestinos de Israel, limitada y sujeta a las restricciones israelíes, se orienta generalmente a fortalecer la afirmación de los derechos palestinos como minoritarios, lo que refuerza la conexión de los ciudadanos palestinos con Israel a pesar de su identidad judía, al mismo tiempo que debilita sus vínculos con el resto de la comunidad palestina en el mundo árabe. Al fomentar la identidad de los palestinos como “minoritaria” y no como pueblo indígena, la ayuda occidental a los palestinos fortalece las reclamaciones territoriales de Israel. De esta manera, la ayuda a los ciudadanos palestinos de Israel forma parte del respaldo político e institucional occidental a Israel independientemente de lo que esos mismos países puedan afirmar retóricamente sobre su apoyo a los derechos palestinos en el marco del derecho internacional.
Los 3 millones de palestinos de Cisjordania también reciben una ayuda politizada y militarizada si bien los mecanismos son más complicados. Los Acuerdos de Oslo (1993) y el Protocolo de París (1994) establecieron un paradigma político y económico hegemónico dentro del cual se fragua el “desarrollo” del territorio palestino ocupado. Los investigadores Tartir y Wildeman han analizado los intereses neoliberales que propugna el marco del Banco Mundial, que es el que guía la política de la ayuda occidental al territorio palestino ocupado. Señalan que las prescripciones del Banco Mundial “[...] no tienen en cuenta ni la historia ni la realidad humana de los palestinos que luchan por sobrevivir desde hace décadas bajo una ocupación militar violenta” (2012: 1) y sobreestiman la capacidad de la AP para llevar a cabo las reformas que se le exigen dado que carece de soberanía. Mandy Turner sostiene asimismo que los objetivos de las intervenciones occidentales de “construcción de la paz” incluyen la contrainsurgencia. En otras palabras, que con la ayuda se pretende amansar las aspiraciones de liberación nacional palestina en interés de Israel (Turner, 2014).
En Cisjordania la política de asistencia se ejecuta de forma diferente según las áreas designadas por los Acuerdos de Oslo como Zona A (bajo control de la AP), Zona B (bajo control conjunto israelo-palestino) y Zona C (bajo control israelí). La política donante difiere en cada zona, siendo en la Zona C donde se genera mayor controversia por ser donde Israel impone –y la mayoría de los donantes acatan– un régimen de planificación ilegal que niega a los palestinos el acceso a sus propios recursos naturales y su derecho al desarrollo (Diakonia, 2013). Al no poder ni querer oponerse a la militarización israelí de la Zona C, los donantes internacionales contribuyen a mantener el status quo.
Si el proceso de Oslo pospuso el debate sobre el estatuto político de Jerusalén, la política de ayuda internacional no ha cuestionado la realidad práctica de la anexión israelí de Jerusalén ni el traslado forzoso de su población palestina nativa. El colapso inherente a la economía palestina en Jerusalén Oriental hace que la ciudad sea inhabitable para los palestinos (Arafeh, 2016). La eficacia de la asistencia humanitaria (por ejemplo, para las familias palestinas cuyas casas han sido demolidas por Israel) y la ayuda al desarrollo, que están limitadas por la explícita política de judaización de Israel, se ha visto totalmente minada.
El caso de la Franja de Gaza es diferente; el bloqueo israelí que ahora cumple 10 años hace que Gaza dependa casi por completo de la ayuda internacional ya que ni materiales ni personas pueden entrar o salir a través de los puestos de control israelíes sin el permiso militar israelí. Además, el sistema de ayuda está cada vez más controlado por Israel, no por Naciones Unidas, incrementando así la contribución al arsenal de armas que Israel utiliza para controlar a los palestinos en la Franja. De hecho, es precisamente la naturaleza militarizada de una ayuda basada en el principio de la seguridad –y el cauce en que se distribuye (o no)– lo que explica la ausencia de una reconstrucción adecuada tras los ataques israelíes de 2008-9, 2012 y 2014. En particular, que esta ayuda se distribuya en un contexto eminentemente marcado por las cuestiones securitarias hace que a los donantes les sea más fácil encubrir sus propias carencias políticas utilizando la excusa de la “seguridad”.
Por último, alrededor de 5 millones de refugiados palestinos registrados reciben ayuda a través de un organismo específico de Naciones Unidas, la Agencia de Obras Públicas y Asistencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, 2016). Según sus críticos, el ambiguo mandato de protección de la UNRWA ha provocado un debate sobre hasta qué punto este organismo protege los derechos de los palestinos o debilita que las reivindicaciones de sus derechos puedan canalizarse a través de otros organismos y mecanismos (Farrah, 2010).
La ayuda bilateral a la Autoridad Palestina
Es obvio que la asistencia militar a Israel no es la única forma en que los actores internacionales subsidian la ocupación israelí de Palestina. Tanto Europa como Estados Unidos son los principales donantes bilaterales de la AP. En una crítica mordaz, Tartir sostiene que alrededor del 30% de la ayuda internacional financia el sector de la seguridad [palestina] con mil millones de dólares anuales sin que la AP rinda cuentas al pueblo palestino y en un régimen cada vez más autoritario. Desde 2005, Estados Unidos y la UE han apoyado una reforma del sector, pero “[...] el principio central de este proyecto ha sido consolidar la colaboración en materia de seguridad entre la AP e Israel” y no la seguridad de los palestinos (Tartir, 2016). Tartir señala que tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de la AP y han denunciado los límites que impone la AP a la libertad de expresión, a la participación política y a la movilización (Tartir, 2016).
Así que, por un lado está la ocupación y la colonización israelíes que reciben ayuda militarizada y por otro, la AP que recibe la Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA) y que la gasta en un espacio y dentro de un proceso de “desarrollo” notablemente condicionado por el concepto de seguridad.
Por lo tanto, se mire como se mire, la ayuda en el contexto palestino está impulsada por una lógica de seguridad hegemónica diseñada para satisfacer el interés de seguridad de Israel mientras los palestinos se sienten cada vez más inseguros (Tartir, 2015).
Además, la investigación sobre la militarización de la ayuda pone de relieve algunos hechos: 1) cómo la militarización de la ayuda transforma un movimiento de liberación en subcontratista del colonizador; y 2) cómo la militarización de la ayuda crea tendencias autoritarias y favorece al sector de la seguridad y a su personal a expensas de otros sectores (por ejemplo, la salud, la educación, la producción) y a expensas de la democracia. En otras palabras, la ayuda a Palestina no solo no ha hecho frente a las bolsas de empobrecimiento y desempleo ni a la ausencia de empoderamiento sino que ha creado una inseguridad e ilegitimidad nuevas.
Militarización de la ayuda a la sociedad civil palestina
La ayuda internacional y palestina a la sociedad civil también está militarizada. Está condicionada por políticas antiterroristas que contradicen abiertamente los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad al exigir a los actores de la ayuda que investiguen a los beneficiarios desde criterios políticos, lo que agrava el conflicto interno, incluido el conflicto armado (Hall, 2015). Israel se beneficia indirectamente de que la sociedad civil palestina esté sujeta a un régimen global militarizado; también se lucra porque los de por sí importantes beneficios del sector de la seguridad israelí provienen de la exportación de productos relacionados con la lucha antiterrorista que actualmente superan los 1.000 millones de dólares anuales según el gobierno israelí (BDS, 2010).
La militarización de la ayuda y su componente securitario tiene un impacto dramático en la vida cotidiana del pueblo palestino y en su búsqueda de la liberación y la autodeterminación. La evidencia indica que tal forma de ayuda opera contra el desarrollo especialmente bajo ocupación militar extranjera. En lugar de mejorar la capacidad del pueblo palestino para reclamar su derecho a la libre determinación, la limita. En consecuencia, la inestabilidad se incrementa a largo plazo y aumenta la probabilidad de mayor militarismo y mayor violencia.
La agresión es un crimen que no debería financiarse con ayuda
La utilización de la ayuda para promover o apoyar la agresión no solo es inmoral y contraproducente sino también ilegal. Como manifiesta la Carta de Naciones Unidas, el propósito del sistema de gobernanza internacional del que nos hemos dotado es, ante todo, m antener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, ejercer medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz; suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz, (Carta de las Naciones Unidas, 1945: Capítulo 1, Artículo 1.1). Además, tres de los principios humanitarios fundamentales –humanidad, neutralidad e imparcialidad– están consagrados en la Resolución 46/182 (1991) de la Asamblea General y se recogen en innumerables resoluciones y declaraciones de la ONU (OCHA, 2009: 4).
Aunque son muchos los palestinos y también los ciudadanos del mundo que consideran que Palestina es una excepción a las normas de la asistencia humanitaria, el problema de la militarización de la ayuda es generalizado. El nuevo Acuerdo para el compromiso con Estados frágiles señala que el 30% de la Asistencia Oficial al Desarrollo se gasta en contextos frágiles y conflictivos (IDPS, 2011:1). El Parlamento Europeo informó que en 2013 más de dos tercios de la asistencia humanitaria registrada por la OCDE se dirigió a crisis de larga duración (Parlamento Europeo, 2016: 3). Hay solo dos formas de interpretar esta información: o bien la ayuda internacional no tiene efecto paliativo en la perpetuación de los conflictos (y no frena el aumento de la necesidad humanitaria) o la ayuda internacional contribuye a aumentar los conflictos.
El informe del secretario general de la ONU sobre la Cumbre Humanitaria Mundial adopta un tono predeciblemente diplomático pero una lectura cuidadosa revela el reconocimiento de que la falta de voluntad política es la causa de la ineficacia de la ayuda. Señala que “[…] Abordar las necesidades humanitarias de las personas requiere algo más que aumentar los niveles de asistencia. Es necesario un esfuerzo mucho más determinado y ponderado para reducir las necesidades, que esté anclado en la voluntad política y en el liderazgo para prevenir y poner fin a los conflictos”. (AGNU, 2016: 1).
Existen abundantes pruebas documentadas en informes y en la práctica que demuestran la relación entre ayuda y perpetuación de los conflictos. Palestina representa uno de los muchos ejemplos de cómo la ayuda viola el “principio de no perjudicar”, fundamental no solo para la credibilidad de la ayuda sino también para la credibilidad del sistema internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La ayuda no debe promover ni permitir la agresión ni activa ni pasivamente. En Palestina, incluso la ayuda para fines manifiestamente “buenos”, como alimentos, salud, educación, agua y saneamiento, se ejecuta dentro de un complejo régimen asistencial que sirve a los intereses políticos expansionistas de Israel y de los países donantes. Un estudio reciente de Aid Watch Palestine ha revelado que el 78% de la ayuda al territorio palestino ocupado acaba en la economía israelí (Hever, 2016) para subsidiar entre el 18% y el 30% de los costes de la ocupación. Tartir y Wildeman sostienen igualmente que la obligada integración económica con Israel hace que la economía palestina sea vulnerable; con frecuencia Israel retiene fondos (con el apoyo de Estados Unidos) para castigar las políticas palestinas que no le convienen, como las iniciativas palestinas para que se satisfagan sus derechos internacionalmente consagrados a través de los mecanismos de Naciones Unidas (2012:1.)
En otro ejemplo evidente, la ayuda internacional que utiliza el Mecanismo de Reconstrucción de Gaza, del que forma parte Naciones Unidas, está recibiendo criticas porque legitima el bloqueo ilegal israelí en la Franja de Gaza (Murad, 2015/16) y porque beneficia a Israel al dar cobertura internacional al fomento de los intereses económicos y militares israelíes.
Conclusión
La ayuda a los palestinos está militarizada al menos en cuatro niveles:
-
La ayuda militar y el comercio militar con Israel están normalizados a
pesar de la evidencia de que la ayuda se utiliza para violar los
derechos palestinos protegidos por el derecho internacional;
-
El marco de dos Estados establecido por Oslo, dentro del cual se
aplica esencialmente la ayuda occidental refleja los intereses
políticos y militares de Estados Unidos y de Europa así como el
consenso neoliberal dirigido por el Banco Mundial en lugar de los
intereses palestinos definidos democráticamente;
-
El desarrollo y la ayuda humanitaria a los palestinos, canalizados bien
a través de instituciones internacionales o de la AP, está diseñado
para proteger el monopolio colonial de Israel a expensas de la
seguridad palestina y de su autodeterminación; y
-
La ayuda a la sociedad civil, tanto internacional como palestina, está
condicionada por políticas antiterroristas que exacerban los
conflictos internos, incluidos los conflictos armados, en violación de
los principios de imparcialidad y neutralidad.
Recuperar la ayuda para los derechos humanos: recomendación de políticas
La militarización de la ayuda a los palestinos anula la legitimidad de la ayuda como intervención humanitaria o de desarrollo creíble. Para que la ayuda internacional recupere su potencial de cooperante en la realización de los derechos humanos debe estar integrada en mecanismos eficaces de rendición de cuentas que presionen a todas las partes para que cumplan con el derecho internacional y respeten los derechos humanos.
Cuesta imaginar que sin ninguna forma de presión Israel vaya a cumplir con el derecho internacional y con el respeto a los derechos humanos palestinos. Si bien existen ejemplos de sanciones a través de la ayuda (por ejemplo, las de Estados Unidos contra Turquía, Indonesia, Guatemala, El Salvador, Argentina, Nicaragua, Zimbabwe, Colombia, Filipinas, Pakistán y Bahrein), casi nunca se han utilizado contra Israel (Ruebner, 2012: 19-25).
Por otro lado, la Campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) promovida desde la sociedad civil ha tenido un impacto demostrable en la capacidad israelí de mantener un desarrollo militar irresponsable (Juma 'y Mantovani, 2016). Todas las partes interesadas deberían estudiar el potencial de las sanciones estratégicas para presionar a Israel a cumplir con el derecho internacional. La acción más inmediata y evidente es exigir un embargo militar total contra Israel y contra todas las partes que no respeten el derecho internacional.
Empoderar a los palestinos significa equiparlos con las herramientas para resistir la dominación colonial israelí y mejorar sus capacidades para la solidaridad, la resiliencia y la firmeza. Los actores de la ayuda internacional deben reconocer y aceptar que el desarrollo bajo la ocupación militar y la colonización implica ante todo un proceso de confrontación para hacer efectivos los derechos, incluido el derecho a la autodeterminación.
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