Del 1 de enero de 2013 al 26 de enero de 2015, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que depende de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP)– presentó 174 denuncias en contra de
instituciones del sector financiero, incluidos bancos, por el presunto
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también
conocido como lavado de dinero.
Dichas acusaciones, levantadas ante la Procuraduría General de la
República (PGR), implican un monto total de 91 mil 865 millones de
pesos, informa la Secretaría de Hacienda en la respuesta a la solicitud
de información 0000600025115, hecha por Contralínea por medio de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Aunado a ello, en lo que va de este sexenio y derivado de las
denuncias de la UIF, se aseguraron 1 mil 800 millones de pesos, afirma
en entrevista Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de
Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP.
Los más de 90 mil millones relacionados con las recientes denuncias,
para un periodo de 2 años 1 mes, representan el 84 por ciento de lo que
denunció la misma UIF en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón –109
mil 254 millones 173 mil pesos–, cuando supuestamente se libraba una
“guerra” contra el crimen organizado. El peor año fue 2012, cuando sólo
presentó 35 denuncias por 3 mil millones de pesos.
Al respecto, Alberto Elías Beltrán comenta que en ese último año del
gobierno calderonista sólo se aseguraron alrededor de 355 millones de
pesos. “Una cantidad pequeña”, considera el funcionario.
En entrevista, destaca los resultados de la actual administración: en
2013 se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero por las cuales,
con la actuación del Ministerio Público, se aseguraron poco más de 800
millones de pesos; agrega que el año pasado se presentaron 87 denuncias y
se aseguraron alrededor de 1 mil millones de pesos.
Alberto Elías Beltrán indica que esto se ha logrado por el nuevo
marco normativo con el que opera la Unidad de Inteligencia Financiera,
mismo que le ha permitido a la Secretaría de Hacienda tener una mayor
visibilidad en materia de combate al lavado de dinero: porque antes
únicamente recababa la información de las entidades financieras.
En efecto, los datos oficiales entregados a Contralínea por la SHCP
indican que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 se presentaron 84
denuncias contra instituciones financieras que operan en México, las
cuales tuvieron un monto total asociado por 28 mil 5 millones de pesos.
Además, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fueron 87 denuncias
por 59 mil 384 millones de pesos; y del 1 al 26 de enero de 2015, tres
denuncias por 4 mil 476 millones de pesos.
El director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de
Dinero de la SHCP explica a Contralínea que las denuncias que presenta
la UIF ante la autoridad de procuración de justicia van debidamente
soportadas: son denuncias robustas, sólidas, que permiten al Ministerio
Público actuar de manera más ágil y con mayores elementos.
En algunos casos, detalla el funcionario, esto le permite a la PGR
ahorrar tiempo, porque la Secretaría de Hacienda está facultada para
solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
con ello soportar las denuncias de operaciones que ya son consideradas
por la Secretaría de Hacienda como operaciones vinculadas a recursos de
procedencia ilícita.
Elías Beltrán agrega que el lavado de dinero es un delito muy
sofisticado que requiere la integración con elementos distintos a los de
otros ilícitos, porque es muy difícil tener pruebas directas: “Se tiene
que acreditar con pruebas circunstanciales, indiciarias, obviamente
todo esto en el marco de la ley y respetando los derechos humanos que
consagra la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.
No obstante, para el investigador Jorge Retana Yarto, especialista en
inteligencia para la seguridad nacional y maestro en ingeniería
financiera, a pesar de que se construyó y promulgó una Ley de
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mucho
más completa que la que existía –puesto que incluyó a “sectores
vulnerables” que antes no se contemplaban, como galerías de arte,
fundaciones, operaciones comerciales en efectivo, afianzadoras,
aseguradoras, más operaciones en efectivo con dólares en la banca
comercial–, no existe una acción sistemática, multifacética y con un
gran número de especialistas tras el dinero procedente del crimen
trasnacional.
Ello, indica, se debe a que la modalidad y los medios predominantes
para el combate, tanto en el sexenio pasado como en el actual, es la
confrontación armada con los criminales, la captura de los liderazgos, y
no un ataque preponderante a la estructura financiera que, conforme a
los acuerdos signados por México en el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), deben ser atacados por las unidades de
Inteligencia Financiera.
Para el autor de los libros El imperio de las mafias transnacionales y
Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un
poder paraestatal, se actúa reactivamente ante denuncias concretas,
mientras que los decomisos importantes que pueden haberse hecho son por
dinero existente en “casas de seguridad” descubiertas o cuando se
captura a los líderes criminales junto al tesorero de la organización.
Al respecto, las autoridades estadunidenses indican que, de 2002 a 2014,
México logró asegurar sólo 500 millones de dólares.
El maestro Jorge Retana considera que los casos con esas
características no logran debilitar ni lejanamente la estructura
financiera criminal, que es muy poderosa. Lo mismo sucede con la Ley de
Extinción de Dominio, dice el investigador, perfeccionada pero muy poco
usada por el predominio de la lucha armada contra las organizaciones.
México, centro de lavado
Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia en su
International narcotics control strategy report que el sistema
financiero mexicano es un centro de lavado para el crimen organizado, al
tiempo que estima que en este país se blanquean entre 19 mil millones y
29 mil millones de dólares anualmente.
Esa última cifra ha sido reafirmada el pasado 9 de marzo por Kenneth
Blanco, subprocurador general estadunidense, cuando aseguró que la
delincuencia organizada lava 29 mil millones de dólares al año tanto en
México como en Estados Unidos (Víctor Cardoso,
La Jornada, 10 de marzo de 2015).
Al respecto, Alberto Elías Beltrán descalifica el monto al indicar
que no hay ninguna metodología avalada por el GAFI con la cual se pueda
sostener algo así o, siquiera, poder estimar cuánto dinero se lava en
México o en cualquier otro país. Por ello, asegura, se puede confiar
plenamente en el sistema financiero mexicano, pues los controles
establecidos en la ley antilavado han dado resultados positivos tanto en
prevención como en combate.
Añade que el blanqueo de capitales es un delito que afecta de manera
global a todos los países y que, por ello, es el GAFI el que establece
los estándares internacionales en materia de prevención y combate a dos
fenómenos delictivos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
No obstante, en su reporte de 2014 –el más reciente publicado hasta
ahora–, el Departamento de Estado estadunidense advierte que México es
considerado un importante productor de drogas ilegales y país de
tránsito para las mismas, y que el producto del tráfico ilícito de
drogas destinadas a Estados Unidos es la principal fuente de fondos
lavados a través del sistema financiero mexicano.
Agrega también que las otras fuentes importantes de recursos de
procedencia ilícita que son lavados en el sistema financiero incluyen la
corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de
personas y el tráfico de armas de fuego. Según las autoridades
estadunidenses, tan sólo las organizaciones de narcotraficantes envían
entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales a México
desde Estados Unidos.
El maestro Retena Yarto indica que el instrumento contra el blanqueo
de capital de origen criminal es la inteligencia financiera amplia,
altamente especializada, sistemática y acompañada de instituciones de
procuración de justicia con capacidad institucional para actuar respecto
de la magnitud del problema.
En entrevista, el investigador observa que el fracaso de las
instituciones en el combate al lavado de dinero vuelve a las
organizaciones criminales extremadamente difíciles de vencer, porque les
da capacidad de resistir los embates armados del Estado, de
contraatacar y expandirse a otras regiones continentales (Centro y
Suramérica).
Además, dice, les da un inmenso poder de soborno, corrupción y de
asociación criminal, tanto en la empresa privada como con los altos
funcionarios. Por ello, asegura, la estrategia actual es un fracaso de
largo plazo, pues está equivocada y es altísimamente costosa en lo
social, disimulada por golpes mediáticos.
En el caso de las capturas de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y
Miguel Treviño Morales, el Z-40, pregunta: “¿Cuál ha sido la
consecuencia en cuanto al golpe de sus estructuras financieras? Nadie
sabe nada, nadie sabe si se ha procedido contra ellas. Porque la otra
cara de la moneda de esta estrategia es la exhibición pública de ‘golpes
mediáticos’ para cambiar la percepción social sobre el tema. Pero eso
no puede ser una estrategia seria, sistemática, multifacética y efectiva
para golpear a profundidad el poder financiero del crimen
trasnacional”.
En PGR, resultados mediocres
Lejos de los golpes mediáticos, los resultados que arroja la PGR
parecen no ser tan contundentes. La Evaluación número 1207. “Política
pública de seguridad pública”, elaborada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y publicada en febrero pasado, indica que la UIF
presentó 316 denuncias por lavado de dinero en el sector financiero
entre 2007 y 2013. De éstas, en la PGR el 51.9 por ciento (es decir,
164) se encontraba pendiente de despacho; el 35.4 por ciento (112) fue
consignada ante la autoridad judicial competente, y el 12.7 por ciento
(40) restante no se consignó, ya sea por la determinación del no
ejercicio de la acción penal, la acumulación de la averiguación previa o
la determinación de enviarla a reserva. Las 316 denuncias involucraron a
1 mil 837 instituciones financieras, detalla.
Lo anterior, a pesar de la UIF?entrega expedientes concluyentes sobre la procedencia ilícita del dinero.
Respecto del estado que guardaron las averiguaciones previas
resultado de las denuncias presentadas por la UIF ante la PGR, la ASF
indica que las que fueron consignadas ante la autoridad judicial
competente se incrementaron en 91.7 por ciento, al pasar de 12 en 2007 a
23 en 2013; en contraste, las averiguaciones previas despachadas que no
se consignaron decrecieron en 20 por ciento, de cinco averiguaciones
previas no consignadas en 2007 a cuatro en 2013.
Agrega que si bien han disminuido las averiguaciones previas que no
se consignaron ante un juez con relación a las averiguaciones previas
efectivamente consignadas, el número de averiguaciones previas
pendientes de despacho se incrementó 6.1 veces durante el periodo, al
pasar de ocho en 2007 a 57 en 2013.
En entrevista, Alberto Elías Beltrán explica que el trabajo de la UIF
incluye la coordinación con las autoridades encargadas de la
procuración de justicia. Una vez que se presentan las denuncias,
detalla, es la PGR la encargada de integrar los expedientes. Por ello,
señala la importancia de que México cuente con personal capacitado y
especializado en el tema no sólo en la Secretaría de Hacienda, sino en
la PGR y en el Poder Judicial.
Según el funcionario, con la nueva ley antilavado México tiene un
régimen mucho más robusto y una mayor coordinación. “Se están dando los
resultados. No ha sido fácil porque es un cambio, un proceso que ha
venido dándose con el propósito de quitarle el mayor número de activos a
la delincuencia organizada, pero también con el propósito de obtener
sentencias condenatorias y la determinación de los decomisos. Estamos en
eso, se están empezando a dar, pero es un proceso. También no hay que
olvidar que ha habido un número de sentencias a nivel estatal, porque
hay varias entidades federativas que ya tienen regulado en su marco
normativo el tipo penal de lavado”.
Elías Beltrán se dice seguro de que “en la evaluación [del GAFI], que
será en 2017, el resultado de la efectividad va a ser muy bueno y nos
vamos a posicionar a nivel internacional mucho mejor de lo que estamos.
Hoy estamos muy bien posicionados en un régimen de prevención y combate
al lavado de dinero, pero a lo mejor sí lo que falta es esa efectividad:
que los ciudadanos vean que sí somos efectivos en todo este combate
derivado de este proceso de modificaciones de las leyes y la
capacitación de quienes participamos en esto”.
Sin embargo, Retana Yarto observa que el sistema financiero actual es
inconcebible sin la inmensidad de los fondos provenientes de la
criminalidad trasnacional, los cuales se entremezclan con los fondos de
origen lícito hasta que logran “desaparecer” su origen real.
“Si sumas monetariamente el valor de los distintos mercados de
productos y servicios criminales llegas a una cifra cercana a los 4.5
billones de dólares anuales, los cuales no están en fosas, sino en el
conjunto del sistema financiero internacional. Éste ha sido un
subproducto de la globalización, integración y liberalización de los
mercados financieros como modelo de finanzas internacionales. Por ello,
en la mayoría de los países más desarrollados se castiga el blanqueo de
capitales desigualmente: castiga a quien deposita dinero ilícito en el
sistema bancario o bursátil pero no a la institución que los recibe y
los moviliza con fines de lucro, quien siempre aduce ‘problemas de
instrumentación de la normatividad’ internacionalmente aceptada para
evitar el problema, o ‘fallos en la responsabilidad de los oficiales de
cumplimiento’ bancarios encargados de su instrumentación, y asumen la
multa. No hay banqueros o altos funcionarios encarcelados: hay una
asimetría absurda, pero es la tónica internacional en la materia. En
realidad, las instituciones bancarias están protegidas con este tipo de
legislación, blindadas, tienen un certificado de semi-impunidad”.
El investigador refiere que en este problema del blanqueo de
capitales son las altas comisiones que pagan los tesoreros de las
organizaciones trasnacionales del crimen mafioso: suman entre 10 y 25
por ciento del monto depositado o invertido para su legitimación. Es
altísima, casi cualquiera toma el riesgo (aquí sí) de aceptar dinero
ilícito, porque internamente saben cómo procesar su blanqueo.
Respecto de las garantías que se pueden tener de que el sector formal
(incluido el sistema financiero) no participa en la trama criminal como
lavador de activos, señala que no hay ninguna. “En condiciones de una
economía con los fallos estructurales como los que tiene la mexicana, en
donde las pequeñas y medianas empresas (a pesar de que cada año se
incrementen nominalmente los fondos que se les entregan para sus planes
productivos) se mantienen en la marginación, los fondos ilícitos son una
enorme tentación para los empresarios y una enorme ventana de
oportunidades para los tesoreros de tales organizaciones”.
Sobre este punto, pregunta: “¿Qué ha sucedido con las 3 mil 500
empresas que se dijo dominaba el Cártel de Sinaloa?, ¿cómo se hizo de
ellas?, ¿cuáles y en qué sectores están? Nada, simplemente nada. No hay
que olvidar que el crimen trasnacional organizado como mafia, al ser
organizaciones paraestatales, ocupan los lugares que el Estado ataca
deficientemente o no ataca como parte de sus responsabilidades
sociales”.
Respecto de lo que falta por hacer en México para combatir el
ilícito, Retana Yarto enlista lo siguiente: a) modificar la estrategia
actual; b) derivarla hacia el quiebre de la capacidad financiera de las
organizaciones criminales transnacionales; c) que los planes de “ayuda,
capacitación y entrenamiento” que existen con Estados Unidos y otros
países (se acaba de firmar uno con Gran Bretaña), incluyan un número
sustancial de especialistas en blanqueo de capital y en la ejecución de
las UIF estatales o regionales; e) generar la capacidad institucional
(instancias judiciales y jueces especializados en blanqueo de capital)
para atender sistemáticamente este tema; f) crear –como existe en otros
países– no sólo una policía cibernética, sino una policía financiera,
apoyada por un ejército de especialistas, varias UIF más y tribunales
especializados. Sin ello, el grado de aplicación del marco normativo
actual es casi inexistente, o inservible; g) elevar a categoría de tema
de seguridad nacional la lucha contra este fenómeno.