Para el régimen, caracterizar lo sucedido con Santiago Maldonado como desaparición forzada es equiparar a Macrì con la dictadura
A
partir de esa falacia no hay límites para la descalificación de quienes
reclaman verdad y justicia. El debate sobre Macrì y la dictadura es el
más genial cazabobos de sus consultores, para el que no hay buena
respuesta posible. El apartamiento del juez y las nuevas evidencias
validan las denuncias pero el gobierno ya logró correr el caso del
centro de atención.
Es posible que la asociación entre el reclamo por la desaparición
forzada de Santiago Maldonado y la caracterización del gobierno como una
dictadura se haya originado en la falta de formación jurídica del
presidente Maurizio Macrì y de los voceros escogidos para responder al
reclamo social, como Patricia Bullrich o Jorge Lanata:
- La ministra hizo una defensa cerrada de la Gendarmería, de la que
pretendió que había seguido las reglas del uso racional de la fuerza,
que en este caso debería haber sido mínima, dada la absoluta
desproporción de poder entre más de un centenar de gendarmes con
pertrechos modernos y una decena de desharrapados con boleadoras y
piedras.
- El showman roció con sus habituales insultos a quienes molestan al
gobierno y dio por supuesto que desaparición forzada implicaba
terrorismo de Estado. "¿Realmente pensás que Macrì tiene un plan
sistemático para que la gente desaparezca? Que la Gendarmería con un
mapa dijo vamos a secuestrar veinte mapuches y los metemos en un pozo y
los vamos matando? La campaña internacional con esto es de un cinismo
increíble, hijo de puta y cínico". El tamaño de su ignorancia compite
con el de su mala fe.
Tanto la Convención Internacional como la Interamericana sobre
desaparición forzada sólo requieren que el delito lo cometan agentes del
Estado o personas que actúen su autorización, apoyo o aquiescencia,
"seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona" o
de "la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley". Esto es exactamente lo que
hizo el gobierno durante el primer mes posterior a la irrupción armada
en la comunidad de Chubut.
Como dijo el jurista de la Alianza Cambiemos Ricardo Gil Lavedra
cuando la Convención Interamericana se incorporó al Código Penal como
artículo 142 ter: "Trata de un caso individual que no forma parte de ese
ataque sistemático". Su texto amenaza con pena de hasta 25 años de
prisión "al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de
personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia
del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más
personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona". Igual que el caso de Santiago
Maldonado. La ley 26.679 también reformó el Código Procesal Penal: de
modo que la investigación recaiga en la justicia federal y el juez deba
"apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación"
cuando miembros de las mismas "pudieran estar involucrados como autores
o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea
de mera sospecha" y no podrá archivar la causa "hasta tanto la persona
no sea hallada o restituida su identidad", que es cuando cesa de
cometerse el delito.
Del error a la intención
Desde que tomaron intervención en el tema personas menos zafias, como
el consultor Jaime Duran Barba y el ministro de Justicia Germán
Garavano, de línea directa con la fiscal Silvina Avila, esta asociación
entre la calificación del caso y la identidad con la dictadura dejó de
ser un error de ignorancia y se convirtió en un arma poderosa de campaña
electoral, como aquellas recordadas preguntas telefónicas de 2011:
-¿Sabía usted que el padre de Filmus fue el arquitecto en la construcción de viviendas Sociales con Sergio Shocklender?
Cualquiera fuera la respuesta, el llamado automático insistía:
-¿Igual lo votaría?
En 2011 la posverdad aún no se había naturalizado y la operación
basada en una premisa falsa se realizó mediante call centers
desconocidos, que Filmus y su abogado Carlos Arslanian lograron rastrear
hasta encontrarse con Duran Barba, quien fue procesado por eso: Salomón
Filmus era un jubilado que nunca tuvo nada que ver con la construcción.
Hoy, en cambio, las afirmaciones disparatadas se difunden en los medios
más poderosos, en boca de periodistas que asumen ese rol a cara
descubierta con un entusiasmo bien remunerado por el gobierno, que al
mismo tiempo se encarga de presionar para conseguir el despido o la
censura de quienes no se prestan a ese juego. Los informes de Randall
López en el programa de televisión Economía Política son la mejor
escenificación de ese método perverso. Estas son algunas de las
preguntas formuladas por el personaje del actor Martín Rechimuzzi, con
un logo parecido al de CNN en su micrófono:
-¿Qué opina de la reciente nominación al Premio Nobel de la Paz de Maurizio Macrì por su trabajo en cerrar la grieta?
-¿Qué opina del alarmante dato que se reveló en las últimas horas, de
que todos los juegos del parque de Milagro Sala estaban hechos con
resina íntegramente hipoalergénica?
-¿Cómo evalúa la magnífica gestión de Maurizio Macrì?
-¿Qué opina de la última acusación contra Cristina Kirchner por el
robo de 400 ballenas en la zona austral, cree que Cristina estaba al
tanto de ese faltante?
-En las últimas horas se conoció que en la casa de Milagro Sala había
30 sillas robadas a la Municipalidad. ¿Usted cree que deben ser
conservadas como prueba o devueltas al municipio?
-¿Cómo ve la iniciativa del diputado de Cambiemos de techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad?
-En los comedores de Pascual Kirchner en Santa Cruz no se servía la
comida que se hacía ahí sino que se pedía por delivery. ¿Qué se debería
hacer con esa comida?
-¿Cuánta indignación le produce esta medida?
-¿Le preocupan los grupos que están agitando la gobernabilidad
violentamente? El proyecto que se enviará para frenar estos ataques
vandálicos incluye prohibición de corte de rutas, control de lecturas y
reencarcelamiento de feministas. ¿Le parece suficiente o deberían
buscarse más medidas?
-¿El voto electrónico es la solución para las empresas que tienen el voto electrónico?
Las respuestas de público real interrogado en la calle hacen llorar
primero de risa y después de tristeza. Una vez estigmatizado el reclamo
por una investigación imparcial de la desaparición forzada de Santiago
Maldonado, durante un operativo de la Gendarmería, sin orden judicial y
bajo la supervisión directa del jefe de gabinete del Ministerio de
Seguridad, Pablo Noceti, quien lo anunció en dos reportajes antes de que
ocurriera, no hay forma de salir de la trampa. Jaime Duran Barba
escribió que "se necesita ser demasiado fanático como para imaginar que
se puedan reunir Mauricio, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal,
Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, para planificar la desaparición
de alguien. Eso contraría sus convicciones de manera radical y son
personas que empezaron a hacer política en el siglo XXI, cuando no
existían soviéticos que auspicien guerrillas, ni norteamericanos que
respalden a dictaduras militares. La discusión acerca de las maldades
del capitalismo, las ideas fascistoides de Puerta de Hierro, Tacuara o
los Montoneros es un anacronismo único en un mundo en el que no existe
ni el Muro de Berlín ni grupos católicos fundamentalistas" ("Violencia e
impostura", Perfil, 9 de septiembre).
Las personas más temperamentales y con menor criterio político se
ofuscan ante esta tergiversación y responden con bufidos que deleitan a
sus adversarios, que los utilizan como confirmación de aquello que los
provocó. Quienes se toman un tiempo para decodificar la astuta maniobra,
dirán que nunca pensaron que Macrì fuera la dictadura ni conspirara con
sus colaboradores para desaparecer a sus adversarios políticos. En
cualquier caso el objetivo está logrado y el eje de la discusión se
desplaza hacia un territorio ideal que se abstrae de los hechos.
Un sistema
Macrì
no es la dictadura y no sólo porque haya sido electo según los
mecanismos constitucionales y las autoridades se renueven cada dos años
en comicios sin proscripciones. También porque funciona el sistema de
contrapesos y controles entre poderes. Su coalición está en minoría en
ambas cámaras del Congreso y sólo gobierna cinco de las 24
jurisdicciones subnacionales. Tres de los cinco miembros de la Corte
Suprema de Justicia ya estaban en funciones cuando asumió, igual que la
Procuradora General de la Nación, y los sistemas supranacionales de
protección de los Derechos Humanos están atentos a lo que ocurre en la
Argentina. El jefe de gabinete de ministros exhibe un cumplimiento
superior al de todos sus predecesores de su deber constitucional de
concurrir todos los meses al Congreso para informar de la marcha del
gobierno y producir los informes y explicaciones que cualquiera de las
Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Las Universidades Nacionales se
gobiernan por un sistema tripartito en el cual los tres claustros eligen
por el voto a sus representantes. Las ONG ejercen su función de
propuesta y control de políticas públicas. Es posible escribir artículos
críticos como este sin que el medio que los publica sea clausurado. El
derecho de asociación está garantizado, y las centrales y sindicatos de
trabajadores son reconocidxs por el Estado.
Además la vida cotidiana no está bajo el ojo censor de obispos y
cardenales; la policía no decide sobre el largo de las faldas de las
mujeres o el pelo de los varones ni hurga entre las sábanas de los
hoteles a la caza de adúlterxs que son conducidxs en patrullero hasta su
hogar, para ser devueltxs con escarnio al cónyuge engañado; tampoco
está prohibido que los hombres circulen en bermudas y ojotas o que las
parejas se besen en las plazas. Y cuando algún desubicado con o sin
uniforme pretende impedir que una chica amamante en la plaza o dos se
besen en un bar, la reacción social les hace saber con tetazos o besadas
masivxs que no hay espacio en la sociedad argentina para esas actitudes
trogloditas, el INADI emite dictámenes críticos y los colegios dictan
clases alusivas a esos derechos. El propio Macrì va por el tercer
matrimonio y tiene un pasado fiestero que no oculta. No existe censura
cinematográfica ni teatral y los programas de televisión recorren la
anatomía humana [de las mujeres jóvenes] con deleite e insistencia.
Las trampas del autoritarismo
Esto no mengua en nada la crítica al modo en que se ejerce ese poder y
a las excepciones al estado de derecho que se verifican con alarmante
frecuencia, pero que no pueden ser asimiladas al estado de excepción.
Este reconocimiento no es a favor de Macrì sino de un debate fructífero
entre quienes se oponen a su gobierno y el resto de la sociedad, porque
si las premisas son falsas el edificio que se construya sobre ellas será
frágil y en riesgo de derrumbe, como ocurre con el discurso de los
psicóticos, cuya lógica impecable no los sostiene, porque sus cimientos
están fisurados.
La manipulación electoral quedó en evidencia en la carga de datos de
las últimas PASO, que hubiera sido más grave de regir el voto
electrónico por el que se desvive el gobierno. La dádiva, el ayuno y la
amenaza se ejercen sobre los gobernadores e intendentes de la oposición
para que condicionen las posiciones de los legisladores que les
responden. El Poder Ejecutivo designó por decreto a los dos nuevos
jueces de la Corte Suprema, aunque debió retroceder por la fuerte
reacción que ello provocó y cumplir a medias con los procedimientos
regulares, y consiguió atraer a otros para contar con una mayoría
confiable. Desde que asumió, Macrì se entromete en el órgano
independiente que la Constitución creó en su artículo 120 y reclama a
gritos la renuncia de su titular Alejandra Gils Carbó. También sostiene
que los jueces laborales que fallan a favor de los trabajadores forman
parte de una mafia conducida por el diputado kirchnerista Héctor Recalde
y anuncia que deberán irse y ser reemplazados aquellos jueces que no
comprendan el cambio de época.
Como no tiene los dos tercios necesarios para destituir a la
Procuradora en juicio político, ha recurrido al amistoso Colegio de
Abogados de la City de Buenos Aires, cuyos clientes son los CEOS de las
grandes empresas hoy en el gobierno. A través de una sus máscaras
políticas, el Colegio pidió la inconstitucionalidad de la ley del
Ministerio Público que sólo admite el juicio político como mecanismo de
remoción. El Poder Ejecutivo se allanó a esa pretensión, lo cual implica
postular la inconstitucionalidad de sus propias leyes, cosa que no
tiene precedentes. Esa operación está en marcha y se activará si
Alejandra Gils Carbó es procesada por la compra de un edificio a precio
de mercado, por la que ella misma ordenó investigar a un empleado
infiel. Con la complicidad del presidente de la Corte Suprema, que
demoró la jura de un nuevo representante de la oposición, consiguió una
transitoria mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura y la usó
para suspender a un juez que le molestaba, mientras amenaza a otros con
el mismo trato.
En acuerdo con una fuerza de tareas judicial asentada en Comodoro Py,
hostiga con una profusión de causas de dudosa consistencia a la ex
presidente, reservándose la carta de una proscripción según sean las
previsiones electorales. No sólo se proponen condenarla por decisiones
políticas, sino también por traición a la Patria e incluso homicidio.
Para ello la Gendarmería realizó un nuevo peritaje sobre la muerte del
fiscal Natalio A. Nisman. En mayo, antes de que se iniciara, Clarín
anunció que sus conclusiones dirían que el ahorrista en dólares fue
asesinado. Un post irónico dice que si siguen metiendo gente en el baño,
el peritaje podría decir que murió sofocado en el tumulto. Ante las
decisiones de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos por la detención arbitraria de Milagro Sala y la
desaparición forzada de Santiago Maldonado el gobierno reitera los
gestos de acatamiento. Pero en la práctica la líder de la organización
Túpac Amaru sigue privada de su libertad en un régimen que el juez Pablo
Pullen Llermanos niega que sea de prisión domiciliaria, ya que
convirtió en cárcel una casa que la Túpac Amaru había destinado a unidad
de rehabilitación de chicos con adicciones. Marcos Peña Braun ha tenido
la inteligencia de convertir sus informes al Congreso en material de
campaña, dada la atención selectiva que brinda a esas sesiones una
prensa ávida de la publicidad oficial, que se prodiga según el grado de
adhesión a las políticas del gobierno. Este diario es discriminado en
forma brutal (el gobierno anterior hizo lo mismo con Perfil). Además las
presiones oficiales también se ejercen para censurar notas y suprimir
periodistas, en empresas cuyos propietarios son vulnerables por razones
ajenas a la libertad de expresión. Presiones similares condicionan las
actitudes sindicales.
En este momento hay inspecciones integrales de la AFIP en gremios del
sector llamado independiente o Los Gordos (UOCRA, Gastronómicos, SMATA)
que son los más presionables, además de la que fue enviada a Víctor
Santa María. Y frente a los reclamos de trabajadores ocupados o
desocupados, sindicalizados o no, la respuesta estatal se inclina cada
día más por la represión y la criminalización, para lo cual ha adquirido
abundante parafernalia de seguridad y prepara reformas legislativas de
talante autoritario. Y en entrevistas con medios amistosos, desde la
presidencia se han dirigido en forma intimidatoria al CELS. Afirman que
no quieren confrontar con la familia de la víctima pero "prometen
'exponer' al CELS, al que mantienen en el centro de su fastidio. 'Ya
habrá tiempo para eso'", amenaza este gobierno tan distinto a la
dictadura.
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