El Gobierno de
Venezuela ha decretado el
estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por un periodo 60 días,
el máximo que permite la Constitución, según ha publicado este viernes
la Gaceta Oficial, para ampliar los poderes del Ejecutivo con el fin de
abordar la
grave situación de desabastecimiento e inflación desbocada que sufre el país.
La adopción de esta medida de excepción, que se puede prorrogar por otros 60 días, coincide con la
comparecencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional para
dar cuenta de su gestión. Será la tercera vez que Maduro presente su
informe anual desde que fue elegido presidente en abril de 2013, aunque
en ninguna de las dos anteriores se había enfrentado a
un Parlamento con mayoría de la oposición, que logró
una amplia mayoría en las últimas elecciones legislativas.
También este viernes,
el Banco Central de Venezuela ha ofrecido los primeros datos de PIB y de inflación del país en más de un año:
entre enero y septiembre de 2015, la economía experimentó una caída del 7,1%, mientras que
los precios subieron un 108,7%.
Esta inflación de septiembre es
la más alta de la historia en Venezuela ya
que supera el máximo alcanzado en 1996 durante el mandato de Rafael
Caldera, cuando se situó en el 103%. En términos interanuales (desde
septiembre de 2014), el aumento del Índice de Precios al Consumidor
(INPC) es mucho mayor, ya que alcanza el 141,5%.
El informe, que achaca el descenso del PIB a la
caída del precio del petróleo, detalla también que Venezuela registra unas reservas internacionales de 16.275 millones de dólares al cierre de 2015.
Estos
datos revelan la profundidad de la crisis económica de Venezuela, cuya
consecuencia más visible es el desabastecimiento de los mercados y las
limitaciones para acceder a bienes básicos. Así, el estado de emergencia
económica
permitirá ampliar las facultades del Ejecutivo, así como "la
restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas", según recoge la
Ley Órganica sobre los Estados de Excepción, que matiza, sin embargo, que esa restricción no puede afectar a derechos fundamentales.
Partidas extraordinarias y cobertura de necesidades básicas
En este sentido, el
vicepresidente económico y ministro de Economía Productiva, Luis Salas,
ha explicado en una comparecencia desde el Palacio Presidencial de
Miraflores que se adopta esta medida "para proteger al pueblo en función
de las amenazas existentes". Así, el decreto le concede al Ejecutivo
"atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender
eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que
atraviesa la economía venezolana".
Esa atribución se le concede para
"asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales",
ha subrayado. Salas ha señalado que con el decreto se intentan "mitigar
los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor
ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de
bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra
de los precios petroleros".
El decreto faculta el Ejecutivo, según ha explicado Salas, para
utilizar partidas que no gastaron en 2015; asignar
recursos extraordinarios para bienes básicos como
salud, educación, alimentos y vivienda; hacer modificaciones fiscales; y
flexibilizar las compras del Estado, entre otras medidas. Asimismo,
permite adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el acceso
de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera
necesidad", para lo que
se podrán "requerir los medios públicos, privados o de empresas mixtas" necesarios.
El decreto se remitirá a la Asamblea Nacional para "su consideración y aprobación" en los próximos ocho días, así como
al Tribunal Supremo de Justicia "para que se pronuncie sobre su constitucionalidad", también en los ocho días siguientes, según Salas.
La publicación de este decreto coincide con la
presentación de la memoria de gestión anual del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, que
por primera vez en 15 años cuenta con mayoría de la oposición, una sesión en la que se espera que el presidente aborde las
medidas previstas para superar la crisis.
La Asamblea Nacional no tiene entre sus atribuciones aprobar o censurar el balance anual de la gestión, pero
su nuevo presidente, el opositor Henry Ramos Allup, ha recordado que el discurso de Maduro será sometido a
un debate parlamentario en el que se podrá "emitir un pronunciamiento político". Además,
los ministros deberán entregar a los diputados los informes de gestión de sus respectivas carteras, que
si pueden ser reprobados por la cámara.
Un crisis provocada por el hundimiento del petróleo
Venezuela sufre una
grave crisis económica, causada fundamentalmente por el
desplome de los precios del petróleo, que supone casi el 95% de los ingresos del país.
La
deficiencias del tejido productivo -Venezuela se ve obligada a importar
la mayoría de los productos básicos que consume- y ese descenso brusco
de los ingresos, que ha reducido los dólares disponibles para importar
bienes, han provocado una
escasez permanente en los mercados venezolanos: la gente solo puede comprar productos básicos, como el arroz o la harina, en días concretos y en cantidades limitadas.
Eso ha provocado el florecimiento de
un enorme mercado negro, de dólares y de bienes, y una
inflación disparada,
hasta el punto que el Gobierno ha evitado durante meses publicar
estadísticas oficiales sobre la evolución de los precios y el PIB. Este
viernes, el Banco Central de Venezuela ha vuelto a dar esos datos, ya
que hasta ahora había que guiarse por las estimaciones del Fondo
Monetario Internacional; en este sentido, sus previsiones apuntan a que
la inflación superará el 200% en 2016, el PIB caerá un 4% y el desempleo crecerá un 18,1%.
El
chavismo ha achacado esa situación a lo que Maduro denomina la "guerra
económica", una supuesta conspiración de la oposición con ayuda de
empresarios y de Estados Unidos para limitar los productos disponibles.
Sin embargo, los controles de precios impuestos por el Gobierno no han
logrado reconducir la situación y el presidente remodeló su gabinete la
semana pasada, nombrando un nuevo viceministro de Economía.
Maduro reforma su gabinete y nombra un nuevo viceministro de economía
El Ejecutivo reconoce errores al afrontar la crisis
“Nuestros instrumentos no fueron suficientes para aplacar los impactos; se han cometido errores“
Este mismo viernes, el
ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría,
ha reconocido que "se han cometido errores" para paliar la crisis
económica. "Nuestros instrumentos no fueron suficientes para aplacar los
impactos que se están generando sobre la población y sobre el país como
un todo [...] se han cometido errores", ha comentado Faría en una
entrevista en el canal Globovisión.
El titular de la cartera de Comercio ha añadido que
el Gobierno ha "subestimado la caída de los precios del petróleo". En este sentido, el ministro ha argumentado que el modelo económico venezolano "no es un modelo socialista", sino que
es "un capitalismo de Estado" que se caracteriza por una "fuerte dependencia en relación al exterior".
Con todo,
Faría ha vuelto a achacar a la ‘guerra económica’ la situación,
asegurando que la crisis responde a "años de ataques a la moneda
nacional, al aparato productivo, al contrabando de extracción y a un año
de caída de los precios del petróleo". Así, ha reiterado que la
responsabilidad de la crisis no es exclusiva de los gobiernos presididos
por Nicolás Maduro y su antecesor, el
difunto Hugo Chávez.
“Es consecuencia de un declive histórico […] no hemos derrotado la guerra económica“
"Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es
consecuencia de un declive histórico […] no hemos derrotado la guerra
económica", ha señalado, antes de recordar que en las últimas elecciones
legislativas "el chavismo pagó el malestar de la guerra económica",
aunque ha recalcado que
"estamos seguros de que vamos rápidamente a pasar a una contraofensiva".
