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Cuando el capitalismo se comió a los Estados Kaos en la red
Por Miguel Ángel Conejos Montalar
Este
jueves entró en vigor el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA),
que supone la apertura de puertas a un nuevo modelo político en el que
las corporaciones alcanzan cotas de poder que pueden llegar a anular a
los Estados.
El tratado de libre comercio con Canadá entrará en vigor este jueves de forma provisional y
con él lo harán la práctica totalidad de mecanismos y disposiciones
pactadas por Bruselas y Ottawa, sin ni siquiera haber sido ratificado
por la totalidad de parlamentos europeos.
Desde Bruselas se sigue tratando de vender las supuestas bondades de un tratado que en términos macroeconómicos, al parecer los únicos que desde las instituciones europeas se comprenden, podría reducir los aranceles en varios cientos de millones al año y permitir un aumento de las exportaciones por encima del 10%.
La práctica totalidad de los informes europeos apuntan hacia esos beneficios. En sentido contrario al acuerdo tan solo se mostraba un estudio de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, alertando de la destrucción de más de 200.000 empleos en el espacio UE, a la vez que ponía en duda la compatibilidad del CETA y las leyes actuales, tanto las europeas como las propias de los Estados.
La realidad es que la aplicación del CETA, todavía pendiente de decisiones e informes judiciales como el solicitado por Bélgica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo que resuelva si el tratado “es compatible con los Tratados de la UE, en lo que afecta a los derechos fundamentales”, supone la apertura de una puerta que podría dejar a los Estados desarmados ante las corporaciones y multinacionales.
Quizá temerosos algunos de los miembros de la UE se opusieron al Sistema de Tribunales de Inversiones -el controvertido punto del CETA que permitía a las multinacionales demandar a los Estados- por lo que éste ha sido el único punto del Tratado que no entrará en vigor este jueves.
La experiencia canadiense con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) – similar al CETA y firmado entre Estados Unidos, Canadá y México- debería ser motivo suficiente para suspender ese punto definitivamente. Desde la implantación del TCLAN Canadá ha sido demandado en 37 ocasiones por corporaciones y ha perdido o llegado a un acuerdo sobre ocho de esas demandas, pagando 171,5 millones de dólares estadounidenses a inversores extranjeros en concepto de daños.
Además, el CETA atenta contra los derechos laborales y los servicios públicos. Así lo han denunciado conjuntamente el movimiento sindical europeo y canadiense. Hace meses que vienen avisando que el derecho de sindicación y de negociación colectiva no vienen recogidos en el CETA y que tampoco existe protección explícita de los servicios públicos, lo que podría abrir la puerta a la liberalización de algunos sectores.
Generalizando, el CETA consiente la creación de un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, en este caso canadienses, aunque como ocurre con las empresas internas o cualquiera de los habitantes de la Unión Europea ya tengan acceso a sistemas jurídicos internos ante los que presentar sus demandas. Además estas corporaciones parten con ventaja sobre el común de los mortales, pues disponen de gabinetes de abogados y consultoras económicas más sofisticadas que les permiten evaluar la rentabilidad de sus inversiones con la legalidad de cada territorio.
¿Por qué hacerles una legislación a la medida? Un análisis liviano de la situación política actual nos lleva a pensar que hace tiempo que no se gobierna mirando a los pueblos y sí poniendo la vista en los resultados macroeconómicos. Una visión periférica de ambos bandos, inversores y legisladores, nos haría comprobar que con este tipo de tratados quienes realmente ganan son los inversores con capacidad económica como para demandar a los Estados, mientras que estos obtienen un beneficio macroeconómico y geoestratégico, pese a los perjuicios de desprotección de la economía local, vulneración de derechos de los y las trabajadoras y puesta en riesgo de servicios y capitales públicos.
El CETA ha eclipsado al primero de los grandes tratados de libre comercio que iba a ser firmado por la UE, el TTIP con Estados Unidos. Sin embargo, ha habido quienes han tachado al CETA como el “caballo de troya” del TTIP. En ese sentido se manifestaba Florent Marcellesi, Eurodiputado por EQUO en el Parlamento Europeo, haciendo referencia a que muchas de las multinacionales estadounidenses podrían actuar en base al CETA gracias a sus filiales canadienses, y no son pocas las que tienen oficinas a ambos lados del Lago Ontario, entre muchas otras Monsanto, Cargill, McDonalds, IBM, Google, Ford o Coca-Cola.
Además del TTIP, todavía en la nevera debido en parte a la gran contestación social, la Unión Europea ya trabaja en acuerdos similares con México (TLCUEM), recientemente ha anunciado otro futuro acuerdo con Australia y Nueva Zelanda, así como la modernización en el sentido de estos acuerdos de libre comercio del vigente con Chile.
Saliendo del ámbito meramente territorial y dentro del neoliberalismo salvaje que parece dominarlo todo, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés) es el que más evidentemente atenta contra la soberanía de los Estados. Firmado por 23 países el tratado tiene como objetivo la liberalización de servicios públicos abarcando sectores como el empleo, la comunicación, el transporte, la salud, el suministro de agua, los residuos y la distribución de energía entre otros.
La firma del CETA abre una brecha en la hasta ahora supuesta soberanía de los Estados, y sirve en cierto modo como documento fundacional de una época que hace ya tiempo comenzó a gestarse en Europa, una era en la que la capitalismo ya está masticando a la política.
Desde Bruselas se sigue tratando de vender las supuestas bondades de un tratado que en términos macroeconómicos, al parecer los únicos que desde las instituciones europeas se comprenden, podría reducir los aranceles en varios cientos de millones al año y permitir un aumento de las exportaciones por encima del 10%.
La práctica totalidad de los informes europeos apuntan hacia esos beneficios. En sentido contrario al acuerdo tan solo se mostraba un estudio de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, alertando de la destrucción de más de 200.000 empleos en el espacio UE, a la vez que ponía en duda la compatibilidad del CETA y las leyes actuales, tanto las europeas como las propias de los Estados.
La realidad es que la aplicación del CETA, todavía pendiente de decisiones e informes judiciales como el solicitado por Bélgica al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidiendo que resuelva si el tratado “es compatible con los Tratados de la UE, en lo que afecta a los derechos fundamentales”, supone la apertura de una puerta que podría dejar a los Estados desarmados ante las corporaciones y multinacionales.
Quizá temerosos algunos de los miembros de la UE se opusieron al Sistema de Tribunales de Inversiones -el controvertido punto del CETA que permitía a las multinacionales demandar a los Estados- por lo que éste ha sido el único punto del Tratado que no entrará en vigor este jueves.
La experiencia canadiense con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) – similar al CETA y firmado entre Estados Unidos, Canadá y México- debería ser motivo suficiente para suspender ese punto definitivamente. Desde la implantación del TCLAN Canadá ha sido demandado en 37 ocasiones por corporaciones y ha perdido o llegado a un acuerdo sobre ocho de esas demandas, pagando 171,5 millones de dólares estadounidenses a inversores extranjeros en concepto de daños.
Además, el CETA atenta contra los derechos laborales y los servicios públicos. Así lo han denunciado conjuntamente el movimiento sindical europeo y canadiense. Hace meses que vienen avisando que el derecho de sindicación y de negociación colectiva no vienen recogidos en el CETA y que tampoco existe protección explícita de los servicios públicos, lo que podría abrir la puerta a la liberalización de algunos sectores.
Generalizando, el CETA consiente la creación de un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, en este caso canadienses, aunque como ocurre con las empresas internas o cualquiera de los habitantes de la Unión Europea ya tengan acceso a sistemas jurídicos internos ante los que presentar sus demandas. Además estas corporaciones parten con ventaja sobre el común de los mortales, pues disponen de gabinetes de abogados y consultoras económicas más sofisticadas que les permiten evaluar la rentabilidad de sus inversiones con la legalidad de cada territorio.
¿Por qué hacerles una legislación a la medida? Un análisis liviano de la situación política actual nos lleva a pensar que hace tiempo que no se gobierna mirando a los pueblos y sí poniendo la vista en los resultados macroeconómicos. Una visión periférica de ambos bandos, inversores y legisladores, nos haría comprobar que con este tipo de tratados quienes realmente ganan son los inversores con capacidad económica como para demandar a los Estados, mientras que estos obtienen un beneficio macroeconómico y geoestratégico, pese a los perjuicios de desprotección de la economía local, vulneración de derechos de los y las trabajadoras y puesta en riesgo de servicios y capitales públicos.
Los otros CETA
Pese a que el CETA será el primer macro-tratado firmado por la UE, Canadá ya dispone de ocho tratados bilaterales con gobiernos europeos. Tras la entrada en vigor de este jueves esos tratados quedarían en papel mojado, puesto que los inversores preferirán un tratado como el CETA, mucho más ventajoso para ellos.El CETA ha eclipsado al primero de los grandes tratados de libre comercio que iba a ser firmado por la UE, el TTIP con Estados Unidos. Sin embargo, ha habido quienes han tachado al CETA como el “caballo de troya” del TTIP. En ese sentido se manifestaba Florent Marcellesi, Eurodiputado por EQUO en el Parlamento Europeo, haciendo referencia a que muchas de las multinacionales estadounidenses podrían actuar en base al CETA gracias a sus filiales canadienses, y no son pocas las que tienen oficinas a ambos lados del Lago Ontario, entre muchas otras Monsanto, Cargill, McDonalds, IBM, Google, Ford o Coca-Cola.
Además del TTIP, todavía en la nevera debido en parte a la gran contestación social, la Unión Europea ya trabaja en acuerdos similares con México (TLCUEM), recientemente ha anunciado otro futuro acuerdo con Australia y Nueva Zelanda, así como la modernización en el sentido de estos acuerdos de libre comercio del vigente con Chile.
Saliendo del ámbito meramente territorial y dentro del neoliberalismo salvaje que parece dominarlo todo, el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA por sus siglas en inglés) es el que más evidentemente atenta contra la soberanía de los Estados. Firmado por 23 países el tratado tiene como objetivo la liberalización de servicios públicos abarcando sectores como el empleo, la comunicación, el transporte, la salud, el suministro de agua, los residuos y la distribución de energía entre otros.
La firma del CETA abre una brecha en la hasta ahora supuesta soberanía de los Estados, y sirve en cierto modo como documento fundacional de una época que hace ya tiempo comenzó a gestarse en Europa, una era en la que la capitalismo ya está masticando a la política.
Cuando el capitalismo se comió a los Estados
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