CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de Estados Unidos tendrá la
última palabra sobre el futuro del acuerdo bilateral negociado por ese
país y México, en un acontecimiento inédito en la política comercial de
esa nación.
Ese debate ocurriría en 2019, luego de las elecciones intermedias de noviembre próximo, en las cuales los republicanos pueden perder el control de la Cámara de Representantes y quedar en manos de los demócratas.
Las leyes Congresal Bipartidista sobre Prioridades Comerciales y Rendición de Cuentas de 2015 (TPA, por sus siglas en inglés) y de Comercio de 1974, estipulan el procedimiento para que la Cámara y el Senado analicen el nuevo arreglo comercial, que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, y lo conviertan en ley.
Para un acuerdo considerado bajo la TPA, el Congreso lo puedo avalar o anular, sin posibilidad de introducir cambios. Pero para un tratado no cubierto por esa figura, el aparato legislativo tendría mayor incidencia en su contenido y validación.
De acuerdo con Ángeles Villarreal, especialista en comercio internacional y finanzas del Servicio de Investigación Legislativa (CRS, por sus siglas en inglés) –organismo adscrito al Congreso–, es “improbable” que el estatuto de la TPA sea aplicable al pacto bilateral anunciado por ese país y México el lunes 27.
Considera que por ello resulta indispensable que Canadá se sume al arreglo, pues para un tratado tripartito el Congreso lo aprobaría o lo rechazaría, sin necesidad de anular la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993.
El presidente estadunidense Donald Trump “tendría que enviar una nueva notificación al Congreso sobre su intención de negociar un acuerdo bilateral e iniciar todo el proceso de nuevo. Eso parece ser lo que muchos miembros del Congreso están diciendo”, explica Villarreal a Apro.
La pregunta central en torno al tema es “si el presidente consultó suficientemente con el Congreso y cumplió con los objetivos de la negociación”, como lo definió la TPA.
“Si hay evidencia para demostrar que el presidente consultó lo suficiente con el Congreso es una cuestión que los legisladores tendrán que decidir”, indica Villarreal.
El informe del 26 de julio último ‘Renegociación y modernización del TLCAN’, elaborado por la experta y su colega Ian Fergusson, enumera temas legislativos clave, como la autoridad constitucional del Congreso sobre el comercio internacional, su rol en revisar el tratado, los objetivos de la negociación, el impacto sobre las industrias y la economía estadunidense, así como los objetivos de Canadá y México.
La TPA también estipula que el gobernante informe al Congreso sobre la marcha de las tratativas con sus socios.
En mayo de 2017, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), comunicó al Congreso la intención de Trump de renegociar el TLCAN, tras lo cual el gobierno abrió un periodo de consultas con los interesados en el tema.
Patrick Woodall, director de Investigación de la no gubernamental Food and Water Watch, coincide con Villarreal en que, si se trata de un acuerdo bilateral, no quedaría cubierto por la ATP.
“Es un poco temprano para predecir qué hará el Congreso. El impulso actual es tener un acuerdo pronto y notificar al Congreso en 90 días”, plazo que le permitiría signarlo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice Woodall.
El análisis de CRS resalta que “el requisito de la TPA de que el presidente cumpla con obligaciones de consulta y reporte ayuda a preservar el rol legislativo sobre acuerdos comerciales, al dar al Congreso la oportunidad de influir en el tratado antes de su finalización” y alerta que, si éste determinase que Trump “ha incumplido con ésta y otras condiciones”, podría decidir que la ley de ejecución del acuerdo no es elegible para ser considerada bajo las reglas de la TPA.
En consecuencia, explica, el Congreso podría adoptar un “procedimiento de desaprobación” conjunto en ambas cámaras.
Luego de la conclusión de las negociaciones, corre un lapso de 90 días para rubricar el acuerdo y 60 días antes de hacerlo debe publicarse el texto a firmar. Luego de la suscripción, se debe presentar en 60 días una lista de cambios a leyes estadunidenses, necesarios para la aplicación del tratado. A partir de la introducción de un proyecto de ley de aplicación del acuerdo, el Congreso tiene hasta 90 días para debatir, aprobar o rechazar la iniciativa.
Resultado incierto
El presidente puede declarar modificaciones a algunas reglas de origen y tarifas bajo determinadas circunstancias y sujetas a consultas legislativas. Esa resolución puede referirse a la aceleración de aplicación de tarifas, variaciones de reglas de origen para alfombras y suéteres, requerimientos de trazabilidad de la industria automotriz y provisiones de contenido regional para algunos automóviles.
Bajo la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993, la proclama del presidente de modificar reglas de origen o tarifas debe obtener la asesoría de las comisiones estipuladas en la Ley de Comercio de 1974 y de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, reportar la medida propuesta a las comisiones de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, las razones para esa postura y las sugerencias recibidas y consultar a las comisiones durante un periodo de al menos 60 días.
Al amparo de esa legislación, operan ocho grupos sobre agricultura, comercio industrial, trabajo y ambiente, de los cuales el más trascendental es la Comisión Asesora para Política Comercial y Negociaciones.
Esas instancias deben reunirse al término de las negociaciones para entregar al presidente, al Congreso y al USTR un reporte sobre el acuerdo cerrado en los 30 días subsiguientes a la comunicación oficial del presidente al Congreso sobre la conclusión de las tratativas.
En febrero, marzo y junio pasados, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Kevin Brady, sostuvo al menos tres reuniones con Lighthizer sobre las negociaciones comerciales.
Pero no hay evidencia de que la Comisión senatorial de Finanzas, encabezada por el también republicano Orrin Hatch, haya hecho lo propio este año.
Mientras, congresistas y senadores ya han adelantado posturas frente al acuerdo bilateral. El día del anuncio oficial, Brady declaró que analizará “cuidadosamente” los detalles y hará consultas con “mis colegas y electores en las próximas semanas para determinar si la nueva propuesta cumple con las prioridades comerciales establecidas por el Congreso”.
Por su parte, Hatch expresó que, para cumplir con la TPA y obtener el apoyo del Congreso, “un TLCAN modernizado debe estipular reglas fuertes para proteger los derechos de propiedad intelectual”, y anticipó la revisión de los detalles del acuerdo para que “un TLCAN reconstruido pueda pasar en el Congreso y convertirse en ley”.
El demócrata Ron Wyden, miembro titular de la Comisión de Finanzas del Senado, fue más crítico al manifestar que la administración Trump “debe cumplir con las leyes para mantener informado al Congreso y al público y dar tiempo extenso para revisar cualquier trato antes de votarlo. Sobre un tema tan importante como la política comercial, los estadunidenses y sus representantes en el Congreso no deben permanecer en la oscuridad”.
Ese debate ocurriría en 2019, luego de las elecciones intermedias de noviembre próximo, en las cuales los republicanos pueden perder el control de la Cámara de Representantes y quedar en manos de los demócratas.
Las leyes Congresal Bipartidista sobre Prioridades Comerciales y Rendición de Cuentas de 2015 (TPA, por sus siglas en inglés) y de Comercio de 1974, estipulan el procedimiento para que la Cámara y el Senado analicen el nuevo arreglo comercial, que sustituiría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, y lo conviertan en ley.
Para un acuerdo considerado bajo la TPA, el Congreso lo puedo avalar o anular, sin posibilidad de introducir cambios. Pero para un tratado no cubierto por esa figura, el aparato legislativo tendría mayor incidencia en su contenido y validación.
De acuerdo con Ángeles Villarreal, especialista en comercio internacional y finanzas del Servicio de Investigación Legislativa (CRS, por sus siglas en inglés) –organismo adscrito al Congreso–, es “improbable” que el estatuto de la TPA sea aplicable al pacto bilateral anunciado por ese país y México el lunes 27.
Considera que por ello resulta indispensable que Canadá se sume al arreglo, pues para un tratado tripartito el Congreso lo aprobaría o lo rechazaría, sin necesidad de anular la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993.
El presidente estadunidense Donald Trump “tendría que enviar una nueva notificación al Congreso sobre su intención de negociar un acuerdo bilateral e iniciar todo el proceso de nuevo. Eso parece ser lo que muchos miembros del Congreso están diciendo”, explica Villarreal a Apro.
La pregunta central en torno al tema es “si el presidente consultó suficientemente con el Congreso y cumplió con los objetivos de la negociación”, como lo definió la TPA.
“Si hay evidencia para demostrar que el presidente consultó lo suficiente con el Congreso es una cuestión que los legisladores tendrán que decidir”, indica Villarreal.
El informe del 26 de julio último ‘Renegociación y modernización del TLCAN’, elaborado por la experta y su colega Ian Fergusson, enumera temas legislativos clave, como la autoridad constitucional del Congreso sobre el comercio internacional, su rol en revisar el tratado, los objetivos de la negociación, el impacto sobre las industrias y la economía estadunidense, así como los objetivos de Canadá y México.
La TPA también estipula que el gobernante informe al Congreso sobre la marcha de las tratativas con sus socios.
En mayo de 2017, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), comunicó al Congreso la intención de Trump de renegociar el TLCAN, tras lo cual el gobierno abrió un periodo de consultas con los interesados en el tema.
Patrick Woodall, director de Investigación de la no gubernamental Food and Water Watch, coincide con Villarreal en que, si se trata de un acuerdo bilateral, no quedaría cubierto por la ATP.
“Es un poco temprano para predecir qué hará el Congreso. El impulso actual es tener un acuerdo pronto y notificar al Congreso en 90 días”, plazo que le permitiría signarlo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice Woodall.
El análisis de CRS resalta que “el requisito de la TPA de que el presidente cumpla con obligaciones de consulta y reporte ayuda a preservar el rol legislativo sobre acuerdos comerciales, al dar al Congreso la oportunidad de influir en el tratado antes de su finalización” y alerta que, si éste determinase que Trump “ha incumplido con ésta y otras condiciones”, podría decidir que la ley de ejecución del acuerdo no es elegible para ser considerada bajo las reglas de la TPA.
En consecuencia, explica, el Congreso podría adoptar un “procedimiento de desaprobación” conjunto en ambas cámaras.
Luego de la conclusión de las negociaciones, corre un lapso de 90 días para rubricar el acuerdo y 60 días antes de hacerlo debe publicarse el texto a firmar. Luego de la suscripción, se debe presentar en 60 días una lista de cambios a leyes estadunidenses, necesarios para la aplicación del tratado. A partir de la introducción de un proyecto de ley de aplicación del acuerdo, el Congreso tiene hasta 90 días para debatir, aprobar o rechazar la iniciativa.
Resultado incierto
El presidente puede declarar modificaciones a algunas reglas de origen y tarifas bajo determinadas circunstancias y sujetas a consultas legislativas. Esa resolución puede referirse a la aceleración de aplicación de tarifas, variaciones de reglas de origen para alfombras y suéteres, requerimientos de trazabilidad de la industria automotriz y provisiones de contenido regional para algunos automóviles.
Bajo la Ley de Aplicación del TLCAN de 1993, la proclama del presidente de modificar reglas de origen o tarifas debe obtener la asesoría de las comisiones estipuladas en la Ley de Comercio de 1974 y de la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, reportar la medida propuesta a las comisiones de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes y de Finanzas del Senado, las razones para esa postura y las sugerencias recibidas y consultar a las comisiones durante un periodo de al menos 60 días.
Al amparo de esa legislación, operan ocho grupos sobre agricultura, comercio industrial, trabajo y ambiente, de los cuales el más trascendental es la Comisión Asesora para Política Comercial y Negociaciones.
Esas instancias deben reunirse al término de las negociaciones para entregar al presidente, al Congreso y al USTR un reporte sobre el acuerdo cerrado en los 30 días subsiguientes a la comunicación oficial del presidente al Congreso sobre la conclusión de las tratativas.
En febrero, marzo y junio pasados, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Kevin Brady, sostuvo al menos tres reuniones con Lighthizer sobre las negociaciones comerciales.
Pero no hay evidencia de que la Comisión senatorial de Finanzas, encabezada por el también republicano Orrin Hatch, haya hecho lo propio este año.
Mientras, congresistas y senadores ya han adelantado posturas frente al acuerdo bilateral. El día del anuncio oficial, Brady declaró que analizará “cuidadosamente” los detalles y hará consultas con “mis colegas y electores en las próximas semanas para determinar si la nueva propuesta cumple con las prioridades comerciales establecidas por el Congreso”.
Por su parte, Hatch expresó que, para cumplir con la TPA y obtener el apoyo del Congreso, “un TLCAN modernizado debe estipular reglas fuertes para proteger los derechos de propiedad intelectual”, y anticipó la revisión de los detalles del acuerdo para que “un TLCAN reconstruido pueda pasar en el Congreso y convertirse en ley”.
El demócrata Ron Wyden, miembro titular de la Comisión de Finanzas del Senado, fue más crítico al manifestar que la administración Trump “debe cumplir con las leyes para mantener informado al Congreso y al público y dar tiempo extenso para revisar cualquier trato antes de votarlo. Sobre un tema tan importante como la política comercial, los estadunidenses y sus representantes en el Congreso no deben permanecer en la oscuridad”.
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