Ahora
que es público que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) está al borde del colapso financiero, tal vez se podría explicar
la insistente postura del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de esa Comisión en su informe final sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Precisaron “lamentar profundamente que el Estado mexicano haya
manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato del grupo y
de poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo
permanecen incumplidos”, subrayó Jaime Cavallaro, presidente de la CIDH.
Como
se recordará, la PGR pagó dos millones de dólares; el primer millón de
dólares se hizo para cubrir el período de marzo a agosto del 2015; el
segundo millón se destinó para el lapso de septiembre 2015 a febrero del
2016 y pretendían cobrar, por lo menos otro millón por otro año de
estancia en el país.Además ocurrieron diversos pagos de gastos colaterales y viáticos que en total son de alrededor de medio millón de dólares más.
En total, en esta primera etapa de la investigación se cobrarían tres millones de dólares y seguramente las conclusiones poco hubieran abonado para esclarecer el caso; sin embargo, el malestar mostrado durante la presentación de las conclusiones, era más por el término del acuerdo que por quedarse “inconclusas las investigaciones”.
Desde Washington, la CIDH declaró que la crisis por la que atraviesa puede repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región y señaló que el hecho de que la Comisión se quede a medio fuelle por falta de fondos significa también que no podrá volver a haber un proyecto como el del GIEI, que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosas fallas en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
La crisis financiera se vislumbraba desde el año pasado cuando Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega y la Unión Europea, entre otros, anunciaron que los refugiados que buscan asilo en Europa obligaban a la reorientación de sus prioridades en asistencia internacional.
Cuando se presenta el caso de Ayotzinapa en la CIDH y el gobierno mexicano accede en un acto de buena voluntad a apoyar al GIEI, incluso con apoyo económico, se abre una puerta que pudiera paliar la precaria situación económica de la defensora de los derechos humanos en el hemisferio occidental, ya que otros países pudieran hacer lo mismo que México al sufragar el gasto del personal de este organismo.
Como se sabe, varias de las conclusiones presentadas por el GIEI no soportan someterse a la más mínima investigación por la fragilidad jurídica en la que están sustentadas, además de que en varios de los puntos se pedía más tiempo de investigación para finalmente esclarecer el caso.
Quizás las reflexiones al interior de la CIDH sobre la precaria situación por la que transitan no están en que varios países han cambiado sus prioridades en el gasto de asistencia internacional, sino en la falta de credibilidad internacional, por el maniqueo que ha ocurrido en el resultado de sus pesquisas.
Es cierto que desde su creación, en
1959, la CIDH ha sido el garante, en varios países de América Latina y
el Caribe para que se respeten los derechos humanos que son
transgredidos continuamente en esta región del planeta; sin embargo,
también es una realidad que sus altos propósitos se han desvirtuado en
aras de mantener el status quo; de vanagloriarse de su intervencionismo;
de menospreciar el sistema de justicia y del esfuerzo institucional que
se hace para revertir el sistema de los derechos humanos que en muchos
países se viene arrastrando desde el militarismo y la dictadura. De ahí
su insistente postura en el caso Ayotzinapa, de ahí también las fallas.
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