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Hospitales de Alta Especialidad, construidos por razones políticas y no de salud pública
Itxaro Arteta (@iartetam)
Hospitales de Alta Especialidad, construidos por razones políticas y no de salud pública
19 de oct., 2018
En una zona rural al norte del Estado de México se levanta un
edificio de 25 mil metros cuadrados de construcción, blanco y lleno de
ventanitas cuadradas, que parece un barco encallado entre maizales y
girasoles silvestres. Es el Hospital Regional de Alta Especialidad
(HRAE) que Enrique Peña Nieto inauguró en Zumpango en su último día como
gobernador de la entidad.
Lo construyó bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) con Constructora Teya, una firma de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario vinculado a la investigación de La Casa Blanca. Pero lo hizo sin que exista justificación de por qué se eligió ese municipio o esa zona para levantar un Hospital de Alta Especialidad y, a siete años de distancia, el resultado es que opera a menos del 50% de su capacidad.
Para llegar hasta este hospital, lo mejor es hacerlo en coche, aunque no hay acceso al estacionamiento. De lo contrario, hay que tomar un autobús al centro de Zumpango o a la carretera más cercana y luego una combi que cobra 10 pesos hasta la puerta del hospital.
Solo hay acceso para pacientes y un único acompañante, visitas y familiares se quedan afuera. No importa que adentro haya salas de espera casi vacías, en la reja de entrada los familiares de los enfermos llegan con sombrillas de playa, cargan con un paraguas o de plano intentan taparse con un suéter del inclemente sol, no hay ni un árbol bajo el cual resguardarse. La única infraestructura pública que hay para ellos son tres bancas de piedra gris.
“A nosotros no nos dejan entrar, nada más a los que vienen con su credencial y que van a una visita o a revisión médica. Pero a los demás nos tienen aquí sentados a pleno sol, no nos dejan entrar ni al baño. Si quieren revisan adentro hay una sala enorme con sillas, con bancas para la gente. Aquí hace calor y ni un árbol hay para taparnos. Pero así es esto”, se queja en la puerta Yaneth Cruz, que junto a su hermana y cuñado visitan a una pariente que dio a luz.
Ni para ir al baño se permite el acceso al hospital. Los familiares recurren a una oficina del Poder Judicial de Zumpango que está enfrente y a la que sí los dejan entrar. Además de ese edificio, en los alrededores solo hay dos locales de funerales y velorios; tres puestos de tacos, antojitos y dulces; y franeleros que intentan ganarse una moneda señalando alguna de las bahías vacías al exterior del estacionamiento al que solo entra el personal.
Por dentro, esta magna obra del gobierno peñista en el Estado de México se parece poco a la imagen clásica de un hospital público en el país: no hay aglomeraciones, nadie que duerma en alguna silla esperando a un familiar, ni largas filas para análisis de laboratorio. Un martes a mediodía apenas se encuentra a una decena de personas en el área de mastografías, ultrasonidos y tomografías, y en cada uno de los cuatro pisos de la zona de consultas se repite la imagen de sillas y sillas sin ocupar. Puertas, escaleras y baños relucen como nuevos, a siete años de apertura de este Hospital de Alta Especialidad.
La construcción del HRAE de Zumpango fue concesionada por el gobierno local de Peña Nieto en 2009, a pesar de que ese mismo año el gobierno federal tenía proyectado otro hospital de alta especialidad, también en asociación público-privada, a 60 kilómetros de ahí, en Ixtapaluca.
Un estudio internacional elaborado por The Global Health Group, de la Universidad de California, junto con PWC, advirtió en 2015 que en la selección de esta obra lo que resalta son intereses políticos y no de salud pública.
“La política influyó en la decisión de construir un gran hospital de especialidades en lugar de hospitales de cuidados agudos generales más pequeños, que habrían ampliado el acceso a la atención a una mayor proporción de la población. Los grandes hospitales especializados son más favorables desde el punto de vista político, ya que brindan acceso a los pacientes más enfermos que más lo necesitan. En ambos casos, la percepción fue que la política, y no la necesidad social, influyó en las decisiones de diseño de los hospitales de PPP [público-privado]”.
La Secretaría de Salud no justificó la ubicación de ninguno de los HRAE
El de Zumpango es de competencia local, pero hay otros seis Hospitales de Alta Especialidad federales —tres de ellos construidos también en modalidad APP—, de los que el informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de salud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) alerta sobre lo cuestionable que es la decisión de dónde fueron construidos.
“Los HRAE se construyeron para fortalecer el acceso a la medicina de alta especialidad en el interior del país. Su localización geográfica se determinó con base en un análisis nacional y regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. Sin embargo, las auditorías e informes especializados de universidades y consultorías independientes sugieren que la localización y el tamaño de los hospitales no fueron decididos exclusivamente con criterios técnicos, sino que también influyeron factores políticos”, señala el reporte.
El primer contrato APP del sector salud se firmó en el sexenio de Vicente Fox para construir el HRAE del Bajío a las afueras de León, Guanajuato, estado natal del entonces presidente. Esa obra se concesionó en 2005 a la empresa española Acciona S.A., para operar hasta 2030 por un monto de mil 147 millones de pesos. Esa firma, actualmente construye el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La segunda concesión de un HRAE se entregó en 2007, ya durante la presidencia de Felipe Calderón: el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario, en las orillas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue otorgado por mil 456 millones de pesos a la empresa Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, que lo mismo construye puentes que oficinas de gobiernos locales. El contrato de operación es hasta 2032.
En 2009 se otorgó el de Ixtapaluca, Estado de México, a GIA+A, Assignia y Eductrade, levantado sobre la carretera México-Puebla. GIA+A lo preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que en 2016 ganó otro contrato de este tipo para un hospital del ISSSTE en Mérida, proyecto que fue propuesta de la propia empresa y el gobierno aceptó construir.
Y ese mismo año se concesionó en la misma entidad —apenas 60 kilómetros al norte—, el de Zumpango, pero en este caso por la secretaría de salud local. La empresa a cargo fue IGSA Solutions y Constructora Teya, parte de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. Fue el más caro, con un contrato por más de 7 mil millones de pesos hasta 2034, por lo que cada año el gobierno estatal paga alrededor de 315 millones, según se explicó en su inauguración.
Todos estos hospitales de alta especialidad o tercer nivel están subutilizados, a veces en más del 50%, mientras las clínicas de primer nivel y los hospitales generales de segundo padecen saturación.
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión para fiscalizar la infraestructura y equipamiento de los HRAES, y una de sus observaciones fue que no se justificó si había otros hospitales que pudieran equiparse y ampliarse para convertirse en centros regionales de alta especialidad, antes de construir estos; o por qué se eligió una ciudad en particular y no en otra.
“La Secretaría de Salud no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito; de los criterios de distribución del universo de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de la cobertura (…). Tampoco dispuso de la justificación por la que se determinó la creación de los HRAE en las zonas en las que se ubicaron”, señaló.
La mayoría de atenciones, por urgencias
En los pasillos del Hospital de Ixtapaluca, tres mujeres buscan a la trabajadora social para saber si el Seguro Popular cubre a su hermano, que llegó de emergencia tras sufrir un derrame cerebral. Afuera de la puerta del HRAE de Zumpango, varias personas esperan entrar a conocer al nuevo miembro de la familia, ya que su parienta dio a luz ahí porque el hospital de Tecámac está en remodelación. Mientras otra mujer está desesperada porque le piden pagar 500 mil pesos para dar de alta a su hijo, que fue llevado ahí porque tuvo un accidente en una carretera cercana.
Con pasar un día en la puerta de estos hospitales se puede constatar que abundan las hospitalizaciones por urgencias, que deberían resolverse en otras unidades de salud; mientras que las citas para atender las enfermedades que los HRAE deberían atender, son pocas.
En el Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, por ejemplo, el 65% de los pacientes dados de alta entraron por una urgencia, de acuerdo con información del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Secretaría de Salud, que revisó MCCI revisó para el informe Salud Deteriorada.
Los Hospitales de Alta Especialidad sólo deberían atender alrededor de un 5% de los padecimientos, los más complejos, mientras en los Hospitales Generales podrían resolver más del 15%, y en los centros de salud, la gran mayoría. Pero ni todos los que necesitan atención especializada llegan hasta el tercer nivel, ni los primeros niveles logran atender a toda la población.
Yolanda Terrones no puede entender por qué si el Hospital de Zumpango está semivacío, a su papá le hayan tardado meses en dar fecha de cirugía por la insuficiencia renal que le trataban. Tanto, que finalmente una complicación lo hizo entrar de urgencia para que lo operaran tres días antes de lo programado.
“Ya lo habían diagnosticado porque su riñón ya no funcionaba. Se le hizo un litro de pus adentro y ya no aguantó el dolor, se tuvo que venir el sábado 15 de septiembre de urgencia, cuando su cirugía estaba para el martes”, cuenta semanas después, con su papá, Pablo, de 89 años, recién dado de alta.
“Lo peor es que el martes que estaba mi hermana con él, de repente llegan y lo empiezan a preparar, porque tenía cirugía programada. Y tuvo que explicarles y moverse para decirles: es que a mi papá ya lo operaron. ¿Pero cómo pueden ser estos errores? Si no estamos al pendiente se lo llevan y capaz que le sacan el otro riñón, o lo vuelven a abrir, ¿o qué? Y para mi hermana fue un susto, porque primero creyó que era porque mi papá había caído en crisis”.
En la familia, todos los hermanos hombres son caballerangos de un club de polo, igual que lo fue su papá, por lo que recurrieron al Seguro Popular, quienes deberían beneficiarse de los servicios de los HRAE’s. “No tienen salud, ni afore, ni antigüedad, son como trabajadores de la época de la Revolución”, dice Yolanda. Sin embargo, no se los hicieron válido para la operación y entre los ocho hermanos tuvieron que reunir dinero para pagar más de 30 mil pesos de la cirugía.
“Para los que ganamos el salario mínimo es fuerte. Aunque claro, para la cirugía que le hicieron, estoy consciente de que no es mucho”, se consuela.
Lo construyó bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) con Constructora Teya, una firma de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario vinculado a la investigación de La Casa Blanca. Pero lo hizo sin que exista justificación de por qué se eligió ese municipio o esa zona para levantar un Hospital de Alta Especialidad y, a siete años de distancia, el resultado es que opera a menos del 50% de su capacidad.
Para llegar hasta este hospital, lo mejor es hacerlo en coche, aunque no hay acceso al estacionamiento. De lo contrario, hay que tomar un autobús al centro de Zumpango o a la carretera más cercana y luego una combi que cobra 10 pesos hasta la puerta del hospital.
Solo hay acceso para pacientes y un único acompañante, visitas y familiares se quedan afuera. No importa que adentro haya salas de espera casi vacías, en la reja de entrada los familiares de los enfermos llegan con sombrillas de playa, cargan con un paraguas o de plano intentan taparse con un suéter del inclemente sol, no hay ni un árbol bajo el cual resguardarse. La única infraestructura pública que hay para ellos son tres bancas de piedra gris.
“A nosotros no nos dejan entrar, nada más a los que vienen con su credencial y que van a una visita o a revisión médica. Pero a los demás nos tienen aquí sentados a pleno sol, no nos dejan entrar ni al baño. Si quieren revisan adentro hay una sala enorme con sillas, con bancas para la gente. Aquí hace calor y ni un árbol hay para taparnos. Pero así es esto”, se queja en la puerta Yaneth Cruz, que junto a su hermana y cuñado visitan a una pariente que dio a luz.
Ni para ir al baño se permite el acceso al hospital. Los familiares recurren a una oficina del Poder Judicial de Zumpango que está enfrente y a la que sí los dejan entrar. Además de ese edificio, en los alrededores solo hay dos locales de funerales y velorios; tres puestos de tacos, antojitos y dulces; y franeleros que intentan ganarse una moneda señalando alguna de las bahías vacías al exterior del estacionamiento al que solo entra el personal.
Por dentro, esta magna obra del gobierno peñista en el Estado de México se parece poco a la imagen clásica de un hospital público en el país: no hay aglomeraciones, nadie que duerma en alguna silla esperando a un familiar, ni largas filas para análisis de laboratorio. Un martes a mediodía apenas se encuentra a una decena de personas en el área de mastografías, ultrasonidos y tomografías, y en cada uno de los cuatro pisos de la zona de consultas se repite la imagen de sillas y sillas sin ocupar. Puertas, escaleras y baños relucen como nuevos, a siete años de apertura de este Hospital de Alta Especialidad.
La construcción del HRAE de Zumpango fue concesionada por el gobierno local de Peña Nieto en 2009, a pesar de que ese mismo año el gobierno federal tenía proyectado otro hospital de alta especialidad, también en asociación público-privada, a 60 kilómetros de ahí, en Ixtapaluca.
Un estudio internacional elaborado por The Global Health Group, de la Universidad de California, junto con PWC, advirtió en 2015 que en la selección de esta obra lo que resalta son intereses políticos y no de salud pública.
“La política influyó en la decisión de construir un gran hospital de especialidades en lugar de hospitales de cuidados agudos generales más pequeños, que habrían ampliado el acceso a la atención a una mayor proporción de la población. Los grandes hospitales especializados son más favorables desde el punto de vista político, ya que brindan acceso a los pacientes más enfermos que más lo necesitan. En ambos casos, la percepción fue que la política, y no la necesidad social, influyó en las decisiones de diseño de los hospitales de PPP [público-privado]”.
La Secretaría de Salud no justificó la ubicación de ninguno de los HRAE
El de Zumpango es de competencia local, pero hay otros seis Hospitales de Alta Especialidad federales —tres de ellos construidos también en modalidad APP—, de los que el informe Salud Deteriorada: Opacidad y negligencia en el sistema público de salud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) alerta sobre lo cuestionable que es la decisión de dónde fueron construidos.
“Los HRAE se construyeron para fortalecer el acceso a la medicina de alta especialidad en el interior del país. Su localización geográfica se determinó con base en un análisis nacional y regional sobre la demanda de servicios de medicina de alta especialidad. Sin embargo, las auditorías e informes especializados de universidades y consultorías independientes sugieren que la localización y el tamaño de los hospitales no fueron decididos exclusivamente con criterios técnicos, sino que también influyeron factores políticos”, señala el reporte.
El primer contrato APP del sector salud se firmó en el sexenio de Vicente Fox para construir el HRAE del Bajío a las afueras de León, Guanajuato, estado natal del entonces presidente. Esa obra se concesionó en 2005 a la empresa española Acciona S.A., para operar hasta 2030 por un monto de mil 147 millones de pesos. Esa firma, actualmente construye el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La segunda concesión de un HRAE se entregó en 2007, ya durante la presidencia de Felipe Calderón: el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario, en las orillas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue otorgado por mil 456 millones de pesos a la empresa Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, que lo mismo construye puentes que oficinas de gobiernos locales. El contrato de operación es hasta 2032.
En 2009 se otorgó el de Ixtapaluca, Estado de México, a GIA+A, Assignia y Eductrade, levantado sobre la carretera México-Puebla. GIA+A lo preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que en 2016 ganó otro contrato de este tipo para un hospital del ISSSTE en Mérida, proyecto que fue propuesta de la propia empresa y el gobierno aceptó construir.
Y ese mismo año se concesionó en la misma entidad —apenas 60 kilómetros al norte—, el de Zumpango, pero en este caso por la secretaría de salud local. La empresa a cargo fue IGSA Solutions y Constructora Teya, parte de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. Fue el más caro, con un contrato por más de 7 mil millones de pesos hasta 2034, por lo que cada año el gobierno estatal paga alrededor de 315 millones, según se explicó en su inauguración.
Todos estos hospitales de alta especialidad o tercer nivel están subutilizados, a veces en más del 50%, mientras las clínicas de primer nivel y los hospitales generales de segundo padecen saturación.
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación realizó una revisión para fiscalizar la infraestructura y equipamiento de los HRAES, y una de sus observaciones fue que no se justificó si había otros hospitales que pudieran equiparse y ampliarse para convertirse en centros regionales de alta especialidad, antes de construir estos; o por qué se eligió una ciudad en particular y no en otra.
“La Secretaría de Salud no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito; de los criterios de distribución del universo de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de la cobertura (…). Tampoco dispuso de la justificación por la que se determinó la creación de los HRAE en las zonas en las que se ubicaron”, señaló.
La mayoría de atenciones, por urgencias
En los pasillos del Hospital de Ixtapaluca, tres mujeres buscan a la trabajadora social para saber si el Seguro Popular cubre a su hermano, que llegó de emergencia tras sufrir un derrame cerebral. Afuera de la puerta del HRAE de Zumpango, varias personas esperan entrar a conocer al nuevo miembro de la familia, ya que su parienta dio a luz ahí porque el hospital de Tecámac está en remodelación. Mientras otra mujer está desesperada porque le piden pagar 500 mil pesos para dar de alta a su hijo, que fue llevado ahí porque tuvo un accidente en una carretera cercana.
Con pasar un día en la puerta de estos hospitales se puede constatar que abundan las hospitalizaciones por urgencias, que deberían resolverse en otras unidades de salud; mientras que las citas para atender las enfermedades que los HRAE deberían atender, son pocas.
En el Hospital de Alta Especialidad de Yucatán, por ejemplo, el 65% de los pacientes dados de alta entraron por una urgencia, de acuerdo con información del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la Secretaría de Salud, que revisó MCCI revisó para el informe Salud Deteriorada.
Los Hospitales de Alta Especialidad sólo deberían atender alrededor de un 5% de los padecimientos, los más complejos, mientras en los Hospitales Generales podrían resolver más del 15%, y en los centros de salud, la gran mayoría. Pero ni todos los que necesitan atención especializada llegan hasta el tercer nivel, ni los primeros niveles logran atender a toda la población.
Yolanda Terrones no puede entender por qué si el Hospital de Zumpango está semivacío, a su papá le hayan tardado meses en dar fecha de cirugía por la insuficiencia renal que le trataban. Tanto, que finalmente una complicación lo hizo entrar de urgencia para que lo operaran tres días antes de lo programado.
“Ya lo habían diagnosticado porque su riñón ya no funcionaba. Se le hizo un litro de pus adentro y ya no aguantó el dolor, se tuvo que venir el sábado 15 de septiembre de urgencia, cuando su cirugía estaba para el martes”, cuenta semanas después, con su papá, Pablo, de 89 años, recién dado de alta.
“Lo peor es que el martes que estaba mi hermana con él, de repente llegan y lo empiezan a preparar, porque tenía cirugía programada. Y tuvo que explicarles y moverse para decirles: es que a mi papá ya lo operaron. ¿Pero cómo pueden ser estos errores? Si no estamos al pendiente se lo llevan y capaz que le sacan el otro riñón, o lo vuelven a abrir, ¿o qué? Y para mi hermana fue un susto, porque primero creyó que era porque mi papá había caído en crisis”.
En la familia, todos los hermanos hombres son caballerangos de un club de polo, igual que lo fue su papá, por lo que recurrieron al Seguro Popular, quienes deberían beneficiarse de los servicios de los HRAE’s. “No tienen salud, ni afore, ni antigüedad, son como trabajadores de la época de la Revolución”, dice Yolanda. Sin embargo, no se los hicieron válido para la operación y entre los ocho hermanos tuvieron que reunir dinero para pagar más de 30 mil pesos de la cirugía.
“Para los que ganamos el salario mínimo es fuerte. Aunque claro, para la cirugía que le hicieron, estoy consciente de que no es mucho”, se consuela.
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