La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer
los ejes de la estructura que tendrá el Gobierno de la República a
partir del próximo 1 de diciembre.
En una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; se transforma la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar y se desaparecen las más de 2 mil representaciones federales en los estados.
Además, la propuesta contempla la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el del nuevo gobierno Centro Nacional de Inteligencia (CNI); se desaparecen las oficinas de Oficialía Mayor de las dependencias federales; y se transforman otras secretarías en sus nombres y estructuras.
La propuesta fue catalogada como “de gran calado” por la bancada de Morena, pues la intención es tener un gobierno más austero y eficiente, sostuvo Mario Delgado, quien presentó la iniciativa en tribuna.
En esta Ley se crea nuevamente una dependencia encargada de la seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“Está claro que la concentración en la Secretaría de Gobernación de las labores de seguridad no dio resultados. Ahí están los números, son evidentes”, expuso Delgado.
A la par de la creación de la nueva SSP, también se lanzará una nueva estrategia para combatir la inseguridad, en la que esta dependencia llevará la batuta de la política sobre ese tema.
“A esta secretaría se le adscribe el mando de la Policía Federal, se le faculta para hacer actividades de investigación, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para supervisar y tener bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia. También lanzará el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, expuso.
Con el cambio, la Secretaría de Gobernación ahora estará enfocada principalmente a la política interior, al diálogo institucional y la atención integral de las víctimas.
Otro cambio se dará en la Secretaría de Hacienda, que ahora estará a cargo de hacer compras consolidadas y tendrá la obligación de manejar el censo y los padrones de todos los programas sociales, a fin de que no haya duplicidades.
Sin embargo, no se ha especificado cómo se entregarán estos apoyos cuando se trate de comunidades donde no hay acceso a servicios bancarios.
La Secretaría de Desarrollo Social cambiará de nombre a Secretaría de Bienestar y estará bajo las órdenes de María Luisa Albores.
Delgado explicó que no solo se trata de un cambio de denominación, sino de enfoque.
“Es una transformación de fondo. Queremos pasar de una estrategia que privilegiaba políticas asistencialistas y clientelares, a políticas que impulsen los derechos sociales y que lleven a los mexicanos a superar las condiciones que provocan la pobreza, y que el objetivo principal sea el bienestar.
“Vamos a pasar de beneficiarios a sujetos de derechos, de una política asistencialista a una política participativa. De tener un enfoque residual y focalizado, a un enfoque integral. De tener un manejo opaco y discrecional, a un manejo transparente y con rendición de cuentas, y a tener una visión sobre todo progresiva con perspectiva de derechos”, afirmó Delgado en tribuna.
Otro cambio se dará también en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estará a cargo de Josefa González Blanco Ortíz Mena.
Uno de los cambios es que su prioridad será el agua, cuyo enfoque se centrará en que el acceso al líquido sea un derecho.
También se transforma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ahora será Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
El eje de esta dependencia será la autosuficiencia alimentaria y no tanto el enfoque exportador que se tiene ahora.
Además, la Ley contempla fusionar Liconsa y Diconsa y crea un nuevo organismo llamado Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana.
La Secretaría de la Función Pública estará a cargo de monitorear la política de austeridad de toda la estructura de gobierno, así como de nombrar a los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias.
La reforma a la Ley contempla también la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que operarán en cada entidad federativa, y donde operarán los coordinadores nombrados por López Obrador.
Estas Delegaciones estarán a cargo de la coordinación entre autoridades federales y estatales.
2 mil representaciones federales serán sustituidas por las Delegaciones de Programas de Desarrollo
Jerárquicamente, estarán a cargo de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; pero en su acción se involucrarán también otras dependencias.
“Para el ejercicio de sus funciones, los titulares de las Delegaciones contarán con la estructura administrativa que determine el reglamento aplicable o los acuerdos que al efecto expida el jefe de la Oficina de la Presidencia; las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán lo conducente”, expone la iniciativa.
Esta propuesta deberá ser aprobada antes del último día de noviembre para que el nuevo gobierno entre con su estructura.
En una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; se transforma la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar y se desaparecen las más de 2 mil representaciones federales en los estados.
Además, la propuesta contempla la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el del nuevo gobierno Centro Nacional de Inteligencia (CNI); se desaparecen las oficinas de Oficialía Mayor de las dependencias federales; y se transforman otras secretarías en sus nombres y estructuras.
La iniciativa de la nueva estructura fue presentada por Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, quien se asegurará de que quede aprobada a más tardar en un mes, antes de que la administración entrante asuma su cargo
Una nueva estructura
La futura arquitectura del Gobierno federal modificará algunos ejes que llevaban años inamovibles.La propuesta fue catalogada como “de gran calado” por la bancada de Morena, pues la intención es tener un gobierno más austero y eficiente, sostuvo Mario Delgado, quien presentó la iniciativa en tribuna.
En esta Ley se crea nuevamente una dependencia encargada de la seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“Está claro que la concentración en la Secretaría de Gobernación de las labores de seguridad no dio resultados. Ahí están los números, son evidentes”, expuso Delgado.
A la par de la creación de la nueva SSP, también se lanzará una nueva estrategia para combatir la inseguridad, en la que esta dependencia llevará la batuta de la política sobre ese tema.
“A esta secretaría se le adscribe el mando de la Policía Federal, se le faculta para hacer actividades de investigación, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para supervisar y tener bajo su adscripción el Centro Nacional de Inteligencia. También lanzará el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, expuso.
Con el cambio, la Secretaría de Gobernación ahora estará enfocada principalmente a la política interior, al diálogo institucional y la atención integral de las víctimas.
Otro cambio se dará en la Secretaría de Hacienda, que ahora estará a cargo de hacer compras consolidadas y tendrá la obligación de manejar el censo y los padrones de todos los programas sociales, a fin de que no haya duplicidades.
En la nueva estructura gubernamental desaparecerán todas las oficinas de Oficialía Mayor, y solo habrá una Oficialía Mayor única que estará en la Secretaría de HaciendaEsta secretaría, que estará a cargo de Carlos Urzúa, entregará de manera directa los apoyos de los programas sociales a los ciudadanos empadronados; esto, sin intermediarios de organizaciones o grupos sociales.
Sin embargo, no se ha especificado cómo se entregarán estos apoyos cuando se trate de comunidades donde no hay acceso a servicios bancarios.
La Secretaría de Desarrollo Social cambiará de nombre a Secretaría de Bienestar y estará bajo las órdenes de María Luisa Albores.
Delgado explicó que no solo se trata de un cambio de denominación, sino de enfoque.
“Es una transformación de fondo. Queremos pasar de una estrategia que privilegiaba políticas asistencialistas y clientelares, a políticas que impulsen los derechos sociales y que lleven a los mexicanos a superar las condiciones que provocan la pobreza, y que el objetivo principal sea el bienestar.
“Vamos a pasar de beneficiarios a sujetos de derechos, de una política asistencialista a una política participativa. De tener un enfoque residual y focalizado, a un enfoque integral. De tener un manejo opaco y discrecional, a un manejo transparente y con rendición de cuentas, y a tener una visión sobre todo progresiva con perspectiva de derechos”, afirmó Delgado en tribuna.
Otro cambio se dará también en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estará a cargo de Josefa González Blanco Ortíz Mena.
Uno de los cambios es que su prioridad será el agua, cuyo enfoque se centrará en que el acceso al líquido sea un derecho.
También se transforma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ahora será Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
El eje de esta dependencia será la autosuficiencia alimentaria y no tanto el enfoque exportador que se tiene ahora.
Además, la Ley contempla fusionar Liconsa y Diconsa y crea un nuevo organismo llamado Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana.
La Secretaría de la Función Pública estará a cargo de monitorear la política de austeridad de toda la estructura de gobierno, así como de nombrar a los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias.
La reforma a la Ley contempla también la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que operarán en cada entidad federativa, y donde operarán los coordinadores nombrados por López Obrador.
Estas Delegaciones estarán a cargo de la coordinación entre autoridades federales y estatales.
2 mil representaciones federales serán sustituidas por las Delegaciones de Programas de Desarrollo
Jerárquicamente, estarán a cargo de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; pero en su acción se involucrarán también otras dependencias.
“Para el ejercicio de sus funciones, los titulares de las Delegaciones contarán con la estructura administrativa que determine el reglamento aplicable o los acuerdos que al efecto expida el jefe de la Oficina de la Presidencia; las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán lo conducente”, expone la iniciativa.
Esta propuesta deberá ser aprobada antes del último día de noviembre para que el nuevo gobierno entre con su estructura.
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