La
oposición de López Obrador a la construcción del nuevo aeropuerto en
Texcoco no es nueva, pero tampoco ha sido por razones técnicas ni
ecológicas. El 18 de noviembre de 2001, siendo jefe de Gobierno del
Distrito Federal, declaró que era injusto el trato que se estaba dando a
los campesinos con la expropiación de las tierras para el nuevo
aeropuerto. (La Jornada, 19/11/01).
El 22 de octubre de 2001, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer el decreto de expropiación de alrededor de 5 mil 500 hectáreas a unos 4 mil 300 propietarios de 13 ejidos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, comenzaron las protestas por el precio del avalúo y por el mismo decreto de expropiación, por lo que los campesinos decidieron proceder legalmente. Lo que ofrecía el gobierno por metro cuadrado no parecía justo. Les prometieron 7.20 pesos por metro cuadrado. Se especuló entonces que si les hubieran ofrecido 50 pesos por metro cuadrado habrían aceptado, pues en su totalidad esos terrenos son sódico-salinos con alto porcentaje de sodio intercambiable, alta salinidad y alta alcalinidad y sólo favorables a organismos halófilos. No son, por lo tanto, suelos propicios para cultivos agrícolas. Estas condiciones, según el Atlas de la Ciudad de México (1961 y 1987), son exactamente las mismas (al igual que por formación geológica y depósitos lacustres) para los terrenos donde están ubicados los aeropuertos de Santa Lucía, el Benito Juárez actual y el proyecto ya iniciado en el antiguo Lago de Texcoco denominado indistintamente NAIM o NAICM.
De esas 5 mil y pico hectáreas expropiadas, alrededor de 2 mil 60 se dedicarían al aeropuerto y el resto a la zona de conservación ecológica. En realidad no se requería expropiar esa cantidad de hectáreas, pues el gobierno federal, según se dijo entonces,
Si el actual aeropuerto de Ciudad de México está asentado en terrenos de igual consistencia al iniciado en Texcoco y al de Santa Lucía, sobran las discusiones sobre su pertinencia por cuanto a suelo y la nula vocación agrícola de las áreas correspondientes (sólo aptas para pastos salados y algunas cactáceas). Si ha funcionado el actual, el nuevo operará todavía mejor, con la ventaja sobre el de Santa Lucía de que está mucho más cerca de la capital del país. Por lo que se refiere a vuelos y tránsito de aviones, el problema es para superespecialistas, por lo que yo no puedo opinar y tal vez tampoco millones de mexicanos.
Pronto se hará una consulta sobre el tema para que –según AMLO– sea el pueblo el que decida. Sólo veo, en principio, un problema: si los especialistas no se ponen de acuerdo y en ocasiones parecen sordos en un diálogo en el que cada quien dice lo que se le viene a la cabeza, ¿qué se espera que digamos los ignorantes que seremos consultados? ¿Nos basamos en la información que se ha divulgado hasta ahora? ¿En cuál de todas? Porque, recordemos, López Obrador señaló en su campaña que no lo haría el gobierno porque saldría muy costoso para el pueblo de México, pero que sí se podría concesionar su construcción y mantenimiento a la iniciativa privada. Si ellos creen que será negocio, que le entren –dijo en síntesis. Más adelante un ingeniero cercano a AMLO mencionó que no era buena idea en Texcoco y que sería mejor agrandar y habilitar el de Santa Lucía al mismo tiempo que se podría mantener el actual. Jiménez Espriú aceptó esa opción, aunque semanas después discurrió que también podría habilitarse el aeropuerto de Toluca y remozar el actual en Ciudad de México. Esta opción, que incluiría la ampliación de Santa Lucía (tres aeropuertos), sería viable sólo a corto plazo. La de Texcoco, en cambio, es un proyecto ventajoso a mucho mayor plazo y se trataría de una sola terminal aérea.
A mí me parece ociosa la consulta (difícilmente vinculante), pues es tal la complejidad técnica del aeropuerto que lo ideal sería que los que sí saben lo resuelvan, incluido el tema de las aves residentes y migratorias que se ha solucionado positivamente en otros aeropuertos ya existentes, por ejemplo en España y en Holanda. Realizar la consulta como fue presentada el lunes pasado es, además de sesgada (en su comité ciudadano sólo participaron opositores al proyecto de Texcoco), poco razonable o, si se prefiere, basada en un concepto muy pobre de la democracia participativa, pues sólo concurrirá, en el mejor de los casos, alrededor de 2 por ciento de los ciudadanos del país y no necesariamente los más conocedores del asunto.
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/021a2pol
El 22 de octubre de 2001, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer el decreto de expropiación de alrededor de 5 mil 500 hectáreas a unos 4 mil 300 propietarios de 13 ejidos de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, comenzaron las protestas por el precio del avalúo y por el mismo decreto de expropiación, por lo que los campesinos decidieron proceder legalmente. Lo que ofrecía el gobierno por metro cuadrado no parecía justo. Les prometieron 7.20 pesos por metro cuadrado. Se especuló entonces que si les hubieran ofrecido 50 pesos por metro cuadrado habrían aceptado, pues en su totalidad esos terrenos son sódico-salinos con alto porcentaje de sodio intercambiable, alta salinidad y alta alcalinidad y sólo favorables a organismos halófilos. No son, por lo tanto, suelos propicios para cultivos agrícolas. Estas condiciones, según el Atlas de la Ciudad de México (1961 y 1987), son exactamente las mismas (al igual que por formación geológica y depósitos lacustres) para los terrenos donde están ubicados los aeropuertos de Santa Lucía, el Benito Juárez actual y el proyecto ya iniciado en el antiguo Lago de Texcoco denominado indistintamente NAIM o NAICM.
De esas 5 mil y pico hectáreas expropiadas, alrededor de 2 mil 60 se dedicarían al aeropuerto y el resto a la zona de conservación ecológica. En realidad no se requería expropiar esa cantidad de hectáreas, pues el gobierno federal, según se dijo entonces,
contaba con 5 mil hectáreas de su propiedad; pero, además, en opinión de varios especialistas, no se necesitaban tantas para un aeropuerto, pues el Kennedy de Nueva York ocupa la mitad de esa área (2 mil hectáreas), el de Narita en Japón 3 mil hectáreas y el Charles de Gaulle de París 3 mil 200 hectáreas.
Si el actual aeropuerto de Ciudad de México está asentado en terrenos de igual consistencia al iniciado en Texcoco y al de Santa Lucía, sobran las discusiones sobre su pertinencia por cuanto a suelo y la nula vocación agrícola de las áreas correspondientes (sólo aptas para pastos salados y algunas cactáceas). Si ha funcionado el actual, el nuevo operará todavía mejor, con la ventaja sobre el de Santa Lucía de que está mucho más cerca de la capital del país. Por lo que se refiere a vuelos y tránsito de aviones, el problema es para superespecialistas, por lo que yo no puedo opinar y tal vez tampoco millones de mexicanos.
Pronto se hará una consulta sobre el tema para que –según AMLO– sea el pueblo el que decida. Sólo veo, en principio, un problema: si los especialistas no se ponen de acuerdo y en ocasiones parecen sordos en un diálogo en el que cada quien dice lo que se le viene a la cabeza, ¿qué se espera que digamos los ignorantes que seremos consultados? ¿Nos basamos en la información que se ha divulgado hasta ahora? ¿En cuál de todas? Porque, recordemos, López Obrador señaló en su campaña que no lo haría el gobierno porque saldría muy costoso para el pueblo de México, pero que sí se podría concesionar su construcción y mantenimiento a la iniciativa privada. Si ellos creen que será negocio, que le entren –dijo en síntesis. Más adelante un ingeniero cercano a AMLO mencionó que no era buena idea en Texcoco y que sería mejor agrandar y habilitar el de Santa Lucía al mismo tiempo que se podría mantener el actual. Jiménez Espriú aceptó esa opción, aunque semanas después discurrió que también podría habilitarse el aeropuerto de Toluca y remozar el actual en Ciudad de México. Esta opción, que incluiría la ampliación de Santa Lucía (tres aeropuertos), sería viable sólo a corto plazo. La de Texcoco, en cambio, es un proyecto ventajoso a mucho mayor plazo y se trataría de una sola terminal aérea.
A mí me parece ociosa la consulta (difícilmente vinculante), pues es tal la complejidad técnica del aeropuerto que lo ideal sería que los que sí saben lo resuelvan, incluido el tema de las aves residentes y migratorias que se ha solucionado positivamente en otros aeropuertos ya existentes, por ejemplo en España y en Holanda. Realizar la consulta como fue presentada el lunes pasado es, además de sesgada (en su comité ciudadano sólo participaron opositores al proyecto de Texcoco), poco razonable o, si se prefiere, basada en un concepto muy pobre de la democracia participativa, pues sólo concurrirá, en el mejor de los casos, alrededor de 2 por ciento de los ciudadanos del país y no necesariamente los más conocedores del asunto.
Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/10/18/opinion/021a2pol
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