Organización internacional pide a EPN sustituir Frontera Sur y que migración sea considerada crisis humanitaria
Por: Cecilia Balderas
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“Recomendamos que el impacto del Programa Frontera Sur sea evaluado. Creemos que está desconociendo por completo, el interés superior del niño que proclama el gobierno mexicano pero que no está cumpliendo. Debe hacerse una revisión y una transformación”, sostuvo la analista, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Trujillo explicó, tras la presentación del informe sobre Honduras y su migración en el Senado de la República, que esta situación no puede ser solucionada por un solo país, sino que tiene que ser afrontada a través de una acción de carácter regional que involucre al gobierno de México.
Entre las recomendaciones que la Misión hace a la administración de Peña Nieto resalta la necesidad urgente de que el tema migratorio sea considerado como una crisis humanitaria y tenga una respuesta encaminada a la promoción y defensa de los derechos humanos; de la protección de la población migrante y también, por la garantía de los derechos de las organizaciones que trabajan en su defensa.
“Hemos constatado que existe una sistemática violación de los derechos de la población migrante en los países de Norteamérica y tiene que ver, incluso, con que no se les brinde la información adecuada; por ejemplo, informarles que tienen derecho a solicitar refugio, que no pueden ser detenidos -como lo están siendo en México- por el simple hecho de no tener papeles porque eso no es un delito, es simplemente un problema administrativo. Esas detenciones no solo son injustas, sino arbitrarias”, explicó Trujillo.
México: mirada “de carácter represivo”
La organización internacional recomendó además al Estado mexicano, que se maneje con total respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues “son los que más sufren en la ruta migratoria y sus derechos son completamente violados”.
Otro grave problema del gobierno mexicano, apuntó Trujillo, se relaciona con la deportación, pues los funcionarios y las dependencias involucradas en la materia, carecen de una perspectiva de defensa y protección de derechos.
“Lo que el gobierno mexicano ha venido haciendo fundamentalmente, es asumir el asunto como un tema de deportación…pedimos que no haya una mirada exclusiva de carácter represivo. La mirada de seguridad que propone el gobierno mexicano debe ser transformada por un enfoque de mayor responsabilidad con los derechos humanos”, abundó la experta.
Respecto a la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM), Trujillo argumentó que el principal problema, es que esta dependencia considera que las detenciones que realiza son encaminadas a la protección de la población frente a los peligros de los grupos del crimen organizado o del narcotráfico, pero “consideramos que esto constituye por sí mismo una detención”.
A esta problemática se suma la deficiente atención que se brinda a la población migrante en los centros de detención, pues por ejemplo; las mujeres que están embarazadas son deportadas a su país se origen por la vía terrestre, en trayectos de entre 12 y 30 horas, lo que implica que viajen en condiciones inhumanas.
Trujillo solicitó que los menores repatriados sean acompañados, pues “pudimos verificar que hay niños y niñas llegando a San Pedro Sula que son depositados por autoridades mexicanas en aerolíneas comerciales sin el acompañamiento de oficiales de protección a la infancia. Esta es otra medida urgente que se tiene que tomar”.
La experta abundó en la necesidad de que haya una mayor articulación entre todos los organismos involucrados en la materia, luego de que documentaron maltratos y abusos contra los migrantes, además de exigir que haya sanciones para los funcionarios o agentes del Estado que cometan este tipo de agresiones.
Trujillo informó que en una reunión que sostuvo el pasado lunes con el Quinto Relator de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su equipo de trabajo, hizo patente su preocupación por la ausencia de los cónsules hondureños en las rutas migratorias de México.
Sobre el asesinato de migrantes en diversas zonas de nuestro país, Trujillo se pronunció por una investigación profunda y exhaustiva, pues considera que la tasa de impunidad que prevalece en nuestro país es “altísima”.
De acuerdo al Centro de Atención al Migrante Retornado, durante el primer semestre de este año, fueron deportadas, desde México a Honduras, 24 mil 30 personas. Las estadísticas apuntan a que nuestro país detiene y deporta tres veces más migrantes que el propio Estados Unidos.
Además, la militarización fronteriza y el fuerte control migratorio implementado por el gobierno de Peña Nieto obligan a que los migrantes opten por otras rutas menos transitadas, lo que incrementa los riesgos y sus vulnerabilidades. Los Comités de Familiares de Migrantes tienen documentados más de 400 casos de migrantes desaparecidos a lo largo de la ruta migratoria.
Políticos y funcionarios públicos, entre los agresores
La Misión Internacional de Verificación se llevó a cabo en Honduras, en julio pasado, con el objetivo de comprender las causas de la migración forzada de la población hondureña.
Los resultados arrojaron que anualmente, entre 75 y 100 mil personas de esta nacionalidad abandonan su país –la mayoría a causa de la violencia- sin embargo, al internarse en el nuestro, también son víctimas de los grupos criminales y de funcionarios públicos que transgreden sus derechos humanos.
Entre los responsables de las violaciones de derechos humanos de la población migrante, la Misión identifica a políticos, autoridades, agentes de migración, funcionarios consulares, miembros de la policía y operadores de justicia por abusos como la revictimización de migrantes, malos tratos, abusos y cobro de sobornos para que les dejen continuar su camino.
Como responsables de violencia contra la población migrante se identificó a grupos del crimen organizado, maras y pandillas, coyotes, delincuencia común y compañías ferrocarrileras, quienes no se responsabilizan de los accidentes y delitos que suceden en los trenes.
Además de las recomendaciones arriba señaladas, la Misión pide al gobierno mexicano ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de la condición de refugiado, implementar políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y sancionar los delitos y las violaciones de derechos humanos de las que es víctima la población migrante, así como dar seguimiento a la implementación de la Comisión Forense para el acceso a la justicia a víctimas y sus familiares extendida a lo largo de la ruta migratoria por la Procuraduría General de la República (PGR).
Subrayan que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) debe proceder conforme a derecho e informar apropiadamente a todas las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias sobre su derecho a solicitar asilo en tanto que las autoridades migratorias mexicanas deben proporcionar información que explique a los migrantes que realicen este trámite, que durante el proceso de su solicitud, no tienen que estar en centros de detención y pueden permanecer en las casas del migrante.
“En la búsqueda y localización de la población migrante, el gobierno de México debe garantizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos el acceso a los centros de detención y de recepción de migrantes”, consigna el documento.
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