Los cinco frentes del ataque a la libertad de prensa
El artículo del 'New York Times' contaba
sólo una parte de los obstáculos que se encuentran los medios de
comunicación para ser rea
lmente libres e independientes.
lmente libres e independientes.
La publicación de fotos de policías puede considerarse un delito tras la aprobación de la Ley Mordaza.
El 10 de noviembre, el diario El País reaccionaba al artículo del New York Times
en el que se exponía la crítica situación de los grandes medios de
comunicación españoles, atados por deudas y servidumbres políticas, con
un despido: el del periodista Miguel Ángel Aguilar, que colaboraba con
una columna semanal desde 1994.
El artículo del periódico estadounidense ha servido para dar una segunda oportunidad al informe, publicado sólo unos meses antes, del International Press Institute (IPI) España, la libertad de prensa en un momento de cambio, que ya alertaba de las principales amenazas a la libertad para expresarse y para informar en un contexto de movilización y transformaciones económicas y políticas.
“En España no hay problemas con la libertad de expresión”, insistía otro miembro parlamentario del PP
El informe, realizado por una misión internacional a través de 35 entrevistas con responsables políticos y periodistas, señala una serie de amenazas que sobrevuelan sobre la libertad de expresión. Unos peligros negados en todo momento por las autoridades del Partido Popular consultadas. “No hemos adoptado ninguna medida restrictiva de la libertad de expresión”, decía Rafael Hernando Fraile, portavoz parlamentario del PP. “En España no hay problemas con la libertad de expresión”, insistía otro miembro parlamentario del partido, Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña.
Unas afirmaciones que chocan, según el informe, “con las advertencias que han lanzado medios de comunicación y observadores políticos y de derechos humanos tanto de España como de fuera del país”.
Una imagen de las protestas de ayer en Madrid contra la 'Ley Mordaza'. / Juan Zarza / Diso Press
Bajo el pretexto de salvaguardar “el orden público”, el PP se ha visto “en solitario en el campo de la opinión pública nacional e internacional” defendiendo una medida que el 75% de los encuestados no comparten, incluido los votantes del Partido Popular, afirma el informe.
“Con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre”, denuncia la APM
Una apreciación que comparten desde la Asociación de la Prensa en Madrid: “Con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre”.
Entre las novedades de la Ley Mordaza más criticadas en relación a la libertad de expresión el informe menciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales [...] que pueda poner en riesgo el éxito de una operación" considerada un “infracción grave” y castigable con una multa de entre 601 y 30.000 euros. Una consideración casi tan arbitraria como las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, consideradas por la nueva ley como “infracción leve” y castigadas con una multa de entre 100 y 600 euros.
Firma del pacto antiterrorista entre Rajoy y Sánchez.
Una vez más, la libertad de interpretación de la ley que se otorga a las autoridades se refleja en la pérdida de libertades de la población y los medios. “Es llamativo que buena parte de estas novedades están dirigidas a sancionar o penar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas, como internet y las redes sociales. Otro elemento común es la redacción vaga de muchos artículos, dejando un peligroso margen para que casi cualquiera pueda ser acusado”, denunciaba la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
"Estas novedades están dirigidas a sancionar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas, como internet y las redes sociales"
Según la PDLI, “la reforma en materia de terrorismo es la más grave, por la importancia de las penas y la suspensión de derechos fundamentales (como la detención incomunicada o la violación de secretos de las comunicaciones) que supone para quien resulte
acusado”.
Como si fuera poco, la PDLI alerta de que el periodismo de investigación que se basa en la filtración de documentos –como el caso Falciani, los correos de Blesa o el caso Snowden– según la interpretación de las autoridades podría entrar en “la esfera de lo que ahora pasa a considerarse terrorismo”.
Barcenas entra en los juzgados. / David Fernández
Un punto incluido en la reforma para evitar, según denunciaron las voces críticas con la ley, las imágenes de imputados por corrupción, sobre todo, del Partido Popular. Sin embargo, en lo que el informe considera “una victoria de los defensores de la libertad de prensa” se modificó la ley para dejar claro que nunca se prohibiría la grabación o distribución de imágenes de las personas detenidas.
Buenas noticias en TVE1.
El Gobierno estableció que una mayoría absoluta en el Congreso era suficiente para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE
El documento presentado mostraba ejemplos concretos de lo que consideraban “manipulación informativa” de la cobertura de asuntos de interés público, particularmente en relación a escándalos financieros relacionados con integrantes del Partido Popular.
Ya desde los inicios del Gobierno de Mariano Rajoy, en abril de 2012, se evidenció el interés por controlar la información en RTVE. Mediante un decreto ley, el Gobierno estableció que una mayoría absoluta en el Congreso era suficiente para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE, concediendo al partido en el poder “una influencia indebida en la composición del Concejo”, cuando antes era necesaria una mayoría de dos tercios.
Ya
sea por las deudas con la banca o por la publicidad, la mayoría de los
medios de comunicación son dependientes de la financiación de las
empresas del Ibex 35.
El artículo del periódico estadounidense ha servido para dar una segunda oportunidad al informe, publicado sólo unos meses antes, del International Press Institute (IPI) España, la libertad de prensa en un momento de cambio, que ya alertaba de las principales amenazas a la libertad para expresarse y para informar en un contexto de movilización y transformaciones económicas y políticas.
“En España no hay problemas con la libertad de expresión”, insistía otro miembro parlamentario del PP
El informe, realizado por una misión internacional a través de 35 entrevistas con responsables políticos y periodistas, señala una serie de amenazas que sobrevuelan sobre la libertad de expresión. Unos peligros negados en todo momento por las autoridades del Partido Popular consultadas. “No hemos adoptado ninguna medida restrictiva de la libertad de expresión”, decía Rafael Hernando Fraile, portavoz parlamentario del PP. “En España no hay problemas con la libertad de expresión”, insistía otro miembro parlamentario del partido, Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña.
Unas afirmaciones que chocan, según el informe, “con las advertencias que han lanzado medios de comunicación y observadores políticos y de derechos humanos tanto de España como de fuera del país”.
Una imagen de las protestas de ayer en Madrid contra la 'Ley Mordaza'. / Juan Zarza / Diso PressAmenaza 1
Ley Mordaza
La Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, ya sea ejercida por medios de comunicación o por particulares, según el IPI.Bajo el pretexto de salvaguardar “el orden público”, el PP se ha visto “en solitario en el campo de la opinión pública nacional e internacional” defendiendo una medida que el 75% de los encuestados no comparten, incluido los votantes del Partido Popular, afirma el informe.
“Con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre”, denuncia la APM
Una apreciación que comparten desde la Asociación de la Prensa en Madrid: “Con la entrada en vigor de la Ley Mordaza, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre”.
Entre las novedades de la Ley Mordaza más criticadas en relación a la libertad de expresión el informe menciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales [...] que pueda poner en riesgo el éxito de una operación" considerada un “infracción grave” y castigable con una multa de entre 601 y 30.000 euros. Una consideración casi tan arbitraria como las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”, consideradas por la nueva ley como “infracción leve” y castigadas con una multa de entre 100 y 600 euros.
Más información sobre la Ley Mordaza
Firma del pacto antiterrorista entre Rajoy y Sánchez.Amenaza 2
Ley Antiyihadista
El llamado pacto antiterrorista firmado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en febrero de 2015 tiene un reverso tenebroso para la libertad de prensa, según el informe del IPI.Una vez más, la libertad de interpretación de la ley que se otorga a las autoridades se refleja en la pérdida de libertades de la población y los medios. “Es llamativo que buena parte de estas novedades están dirigidas a sancionar o penar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas, como internet y las redes sociales. Otro elemento común es la redacción vaga de muchos artículos, dejando un peligroso margen para que casi cualquiera pueda ser acusado”, denunciaba la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
"Estas novedades están dirigidas a sancionar las nuevas formas de difusión y organización de las protestas, como internet y las redes sociales"
Según la PDLI, “la reforma en materia de terrorismo es la más grave, por la importancia de las penas y la suspensión de derechos fundamentales (como la detención incomunicada o la violación de secretos de las comunicaciones) que supone para quien resulte
acusado”.
Como si fuera poco, la PDLI alerta de que el periodismo de investigación que se basa en la filtración de documentos –como el caso Falciani, los correos de Blesa o el caso Snowden– según la interpretación de las autoridades podría entrar en “la esfera de lo que ahora pasa a considerarse terrorismo”.
Más información sobre el pacto antiterrorista
Barcenas entra en los juzgados. / David FernándezAmenaza 3
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Para la PDLI, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo texto final fue aprobado en septiembre de 2015, fue un intento de cerrar el “círculo de la criminalización de internet”, sobre todo por la ampliación de la actividad de vigilancia de la policía y por la introducción de “las medidas necesarias para asegurar el respeto los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de las personas detenidas.Un punto incluido en la reforma para evitar, según denunciaron las voces críticas con la ley, las imágenes de imputados por corrupción, sobre todo, del Partido Popular. Sin embargo, en lo que el informe considera “una victoria de los defensores de la libertad de prensa” se modificó la ley para dejar claro que nunca se prohibiría la grabación o distribución de imágenes de las personas detenidas.
Más información sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Buenas noticias en TVE1.Amenaza 4
Uso político de los servicios públicos de radio y televisión
Los principios éticos y profesionales de RTVE “son habitualmente incumplidos en lo que se refiere a la imparcialidad, pluralidad, veracidad y objetividad, convirtiéndose por el contrario en un instrumento de propaganda al servicio de Gobierno”. Así de rotundas eran las palabras del Consejo de Informativos, un órgano asesor interno de RTVE en abril de 2015.El Gobierno estableció que una mayoría absoluta en el Congreso era suficiente para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE
El documento presentado mostraba ejemplos concretos de lo que consideraban “manipulación informativa” de la cobertura de asuntos de interés público, particularmente en relación a escándalos financieros relacionados con integrantes del Partido Popular.
Ya desde los inicios del Gobierno de Mariano Rajoy, en abril de 2012, se evidenció el interés por controlar la información en RTVE. Mediante un decreto ley, el Gobierno estableció que una mayoría absoluta en el Congreso era suficiente para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE, concediendo al partido en el poder “una influencia indebida en la composición del Concejo”, cuando antes era necesaria una mayoría de dos tercios.
Ya
sea por las deudas con la banca o por la publicidad, la mayoría de los
medios de comunicación son dependientes de la financiación de las
empresas del Ibex 35.Amenaza 5
La servidumbre económica
La quinta amenaza afecta directamente a la línea editorial y la frágil supervivencia de la mayoría de los grandes medios españoles: la dependencia de la banca en medio de la crisis del periodismo tradicional. "Los periódicos están en manos de los acreedores, y también en las de un Gobierno que ha ayudado a convencer a los acreedores de que los periódicos deberían seguir vivos incluso cuando están asfixiados a causa de sus deudas", aseguraba Aguilar en el reportaje del New York Times. Una situación que había derivado en una “crisis de credibilidad” de los medios tradicionales y la aparición de otros nuevos, entre los que se menciona a ElDiario.es o El Español, dos medios que afirman ser “independientes”, e incluso “comprometidos”, pese a que la mayoría de su financiación proviene de la publicidad de las más grandes empresas del Ibex 35.La lista negra de los medios españoles
Un informe previo del International Press Institute, la Federación Europea de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, El estado de la libertad de prensa en España: 2015, de marzo de ese año, señalaba siete problemas:- Nuevas leyes restrictivas, incluyendo la Ley de Seguridad Ciudadana.
- Amenazas a la independencia de la radiotelevisión pública de España (RTVE).
- Falta de un regulador independiente especializado en la radio y la televisión a nivel nacional.
- Necesidad de una mayor transparencia en la asignación de la publicidad institucional.
- Nueva legislación de transparencia que no cumple con los estándares internacionales.
- Tendencia por parte de representantes públicos a celebrar ruedas de prensa "sin preguntas".
- Existencia de leyes penales de difamación.
- El aumento de los poderes del Gobierno a la hora de llevar a cabo tarea de vigilancia en masa, en general, y de periodistas, en particular.
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