El dinero que el Estado perdonó a las eléctricas pudo generarles beneficios de 22.000 millones

El dinero que el Estado perdonó a las eléctricas pudo generarles beneficios de 22.000 millones







El dinero que el Estado perdonó a las eléctricas pudo generarles beneficios de 22.000 millones
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La Comisión Nacional de la Energía calculó que, hasta 2006, las grandes compañías eléctricas habían cobrado a los consumidores 3.588 millones de euros más de lo que les correspondía por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC).
Pero, extrapolada hasta la actualidad, esa deuda podría haber ascendido hasta una cifra astronómica: 22.000 millones de euros.
Una cantidad similar a la que soporta el déficit de tarifa, según las estimaciones de un estudio reciente elaborado por el Observatori del Deute en la Globalització.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que se dispone a llevar el caso de los CTC ante la Comisión Europeapor considerarlas “ayudas de Estado ilegales”, ha pedido a la UE que calcule a cuánto ascienden los beneficios que se han embolsado estas compañías gracias a un dinero que tendrían que haber devuelto hace años, pero que ningún Gobierno se atrevió a reclamar.
La Plataforma considera que “se está confiriendo a estas empresas una ventaja competitiva contraria al mercado interior”, según consta en la denuncia formal que la organización entregará en Bruselas el 30 de este mes.
Los CTC fueron creados en 1997 por el Gobierno de José María Aznar para compensar a las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) por los perjuicios derivados de la liberalización del mercado.
En concreto, se les garantizó un precio mínimo durante 10 años de hasta 36 euros por megavatio/ hora siempre que el mercado marcase un precio inferior, hasta un tope de 8.600 millones.
A partir de 2001 el precio de la energía se encareció, y por tanto ya no eran necesarias esas compensaciones.
No obstante, como estaban contabilizadas se siguieron abonando hasta 2006, cuando el Gobierno derogó los CTC.
Ese sobrepago, que la Comisión de la Energía estimó en 3.588 millones, debería haber sido devuelto por las empresas al Estado, pero ninguno de los responsables de Energía del Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero los reclamó y dejaron que prescribiera el plazo de cobro, con fecha de 2010.
Ahora la Plataforma considera que la deuda no se limita sólo a esos casi 3.600 millones, sino que ha seguido aumentando por los beneficios derivados de no devolver las compensaciones.
Según denuncian, “España ha permitido que unas centrales ya amortizadas completamente gracias a los CTC puedan obtener plenos ingresos del mercado (…) generando unas ganancias inmerecidas que otorgan a las empresas titulares de esas centrales una importante ventaja competitiva respecto al resto de instalaciones”.
Aunque el estudio del Observatori del Deute en la Globalització cree que esa cifra oscilaría los 22.000 millones de euros, Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en regulación eléctrica y miembro de la Plataforma, reconoce que es “muy difícil” hacer una estimación precisa.
Por eso han denunciado el caso ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, a quien solicitan que abra una investigación al respecto, calcule la deuda y exija su devolución.
“La deuda podría suponer una rebaja de un 10% en la factura de la luz de los españoles”, asegura Morales.
Los abogados de los demandantes entienden que no exigir la devolución de los CTC y no establecer mecanismos de corrección posteriores supone dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado.
Ya en anteriores casos, como sucedió con los astilleros en 2013, la Comisión Europea ha obligado al Estado español a reclamar las ayudas otorgadas a un sector por considerarlas ilegales.
Desde que se presente la denuncia el día 30, la Comisión tiene dos meses (aunque puede pedir una prórroga) para estudiar el caso y decidir si se abre o no una investigación, sobre la que deberá presentar conclusiones en un plazo de 18 meses.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha habilitado en su web un enlace para que organizaciones y particulares que quieran firmen para apoyar la denuncia.
PUBLICO.ES


La “estafa” de los 3.600 millones de las eléctricas, denunciada ante la Comisión Europea


La “estafa” de los 3.600 millones de las eléctricas, denunciada ante la Comisión Europea
“El mayor caso de corrupción de la historia de España”, como fue definido por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, será denunciado este mes ante la Comisión Europea después de que el pasado junio la Audiencia Nacional rechazara la querella interpuesta contra Endesa y los exministros Elena Salgado y Miguel Sebastián, acusados de “prevaricación” y “estafa” por la Organización Nacional de Consumidores Causa Común.


En una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha explicado los pormenores de la denuncia que presentará ante la Comisión Europea para solicitar que se ordene a España recuperar el exceso de compensación a las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC) y cuya devolución no fue exigida.
Se trata de las compensaciones acordadas entre el Gobierno y las eléctricas en 1997 ante la pretendida liberalización del sector, justificadas en la previsión de que ésta devendría en precios de la electricidad inferiores a los que se consideraron en el momento de realizar las inversiones en centrales eléctricas.
Es conocido que la realidad, por el contrario, es que los precios han resultado ser muy superiores a los previstos, por lo que, además de recibir pagos compensatorios, el balance ha sido claramente favorable a los intereses de las eléctricas y desfavorable para los ciudadanos.
A pesar de que la Ley del Sector Eléctrico de 1997 contemplaba expresamente que “el Gobierno establecería el procedimiento que asegurara la compensación procedente, en su caso, a los consumidores”, los sucesivos Gobiernos optaron por no exigir la devolución y dejar que la obligación de hacerlo, según criterio de la Abogacía General del Estado, prescribiera.
Tras el archivo del caso por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción por no apreciar indicios de delito penal, la iniciativa de la Plataforma se dirige ahora a recuperar el dinero instando a la Comisión Europea a que declare ilegal el exceso de ayudas concedido.
192 millones más
El ingeniero experto en regulación eléctrica, Jorge Morales de Labra ha profundizado en el funcionamiento del sistema de los CTC, detallando que, según cálculos de la Comisión Nacional de Energía realizados en febrero de 2007, el reparto del exceso de cobro a 30 de junio de 2006 por empresas era el siguiente:

Esta cifra es 192 millones superior a la considerada hasta la fecha debido a que, según recogía la propia CNE en sus cálculos, había una empresa:
Elcogas, que, a diferencia del resto, no tenía excedente de cobro de compensaciones, sino déficit, cuantificado precisamente en esa cantidad.
Habida cuenta de que Elcogas, desde julio de 2006, contó primero con un plan de viabilidad extraordinario y posteriormente se acogió al procedimiento de apoyo del carbón nacional, puede considerarse que en la fecha actual no tiene pendiente de cobro cuantía alguna en concepto de CTC y, en consecuencia, la suma debida a los consumidores por el conjunto de empresas eléctricas era de 3.588 millones de euros.
Morales ha explicado que el problema no se limita a los 3.600 millones a junio de 2006, sino que se extiende hasta la actualidad, debido a que la mayoría de centrales eléctricas que disfrutaron de CTC siguen produciendo electricidad hoy en día, por lo que gozan de beneficios extraordinarios —que no habían previsto cuando realizaron sus inversiones— que aumentan sustancialmente la deuda.
Beneficios de 22.000 millones para las eléctricas


Ha recordado que, según un estudio elaborado recientemente por el Observatori del Deute en la Globalització, se calcula que los beneficios llovidos del cielo de las centrales hidroeléctricas y nucleares entre 1998 y 2013 asciende a 10.583 millones de euros nominales, que equivaldrían a más de 22.000 millones a precios de 2013.
La regularización de esta situación, en consecuencia, además de mejorar sustancialmente la competencia en el mercado eléctrico español, permitiría por sí sola eliminar la mayoría del déficit de tarifa acumulado en años anteriores.
El impacto en la factura eléctrica de los españoles sería inmediato y supondría rebajas del entorno del 10% del importe de la misma, muy superior a, por ejemplo, el derivado del “hachazo” a las renovables aprobado por el actual Gobierno y que, en lugar de dinamitar la seguridad jurídica del país, la reforzaría.
Vulneración de la normativa europea


Los abogados voluntarios del despacho Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law, Daniel Pérez y Piet Holtrop han explicado los detalles jurídicos de la denuncia, en la que se desarrollan dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado.
Por un lado, el Reino de España, al no exigir la devolución de los 3.600 millones de euros pagados de más a las eléctricas, se ha extralimitado respecto a la autorización que la Comisión Europea ya dio a España en 2001 para otorgar los CTC, ya que ésta estaba condicionada a que las ayudas se limitaran a lo estrictamente necesario para recuperar la inversión más un beneficio industrial razonable, y claramente, se ha ido más allá de lo autorizado.
Y por otro lado, al no establecer mecanismos de corrección de la retribución en el periodo posterior a los CTC, España ha permitido que unas centrales ya amortizadas completamente gracias a los CTC puedan obtener plenos ingresos del mercado, a pesar de que sus costes variables son mucho más bajos que esos ingresos.
Por lo tanto, se están generando unas ganancias inmerecidas que otorgan a las empresas titulares de esas centrales una importante ventaja competitiva respecto al resto de instalaciones.
Daniel Pérez ha señalado que este tipo de mecanismos de corrección para la etapa postayuda son muy importantes para la Comisión, como demuestra la reciente Decisión sobre la nueva central nuclear que pretende construirse en Hinkley Point, Reino Unido.
Una denuncia ciudadana


La coordinadora de la Plataforma, Cote Romero, ha remarcado la importancia de que “la ciudadanía organizada marque el paso a los políticos, llegando incluso a asumir iniciativas que, como en este caso, debieran haber promovido ellos”.
Ha confirmado que el día 30 de septiembre la Plataforma tiene previsto celebrar una reunión con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas para explicar la denuncia y someterse a las preguntas de los funcionarios europeos.
Hasta entonces, se ha habilitado en la web de la Plataforma un enlace para que los interesados en apoyar la iniciativa como organización, puedan adherirse a la misma y en breve habilitará otro enlace de adhesiones a título individual y demostrar así a la Comisión que no se trata de una actuación de un lobby empresarial, como el que a buen seguro tratará de impedir su buen fin, sino de una denuncia ciudadana fuertemente apoyada socialmente.- See more at: postdigital.es
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