La
defensa del trabajo en Reino Unido es cada vez más complicado. El
Gobierno Conservador celebra la segunda lectura de una propuesta que
pretende endurecer los requisitos para convocar una huelga.
Este lunes terminaba el Congreso Nacional de Sindicatos del Reino Unido celebrado en la ciudad de Brighton.
Los representantes sindicales que han tomado parte tenían nuevas noticias que digerir.
Por
un lado la elección del nuevo líder del Partido Laborista, por otro,
el mayor ataque contra sindicatos en 30 años y es que también se ha
celebrado la segunda lectura de la polémica reforma de la ley sindical
en el Parlamento.
La
reforma sindical propuesta por el Gobierno es tan restrictiva que
incluso un miembro conservador del Parlamento ha calificado algunos de
los puntos como propios de un régimen franquista. Otros críticos alegan
que esta reforma tiene una base ideológica y que no da una respuesta a
los problemas de hoy.
La reforma
hará más difícil la huelga, aumentando los niveles mínimos de
participación al 50 % para que esta sea legal, obligando a que tanto
huelgas, como el uso de redes sociales con fines activistas, se
notifiquen con dos semanas de antelación.
Durante
los actos de protesta, habrá un líder o representante en cada piquete
que deberá estar documentado y marcado con una banda en el brazo. El
incumplimiento de estas medidas podría resultar en penas de hasta
20.000 libras.
La
reforma también afectará de lleno al Partido Laborista al cambiar el
modelo de financiación directa desde los grandes sindicatos
mayoritarios hacia el partido que ahora ocupa la oposición y también
afectará a las propias huelgas pues la empresa se reserva el derecho de
contratar a personas externo para cubrir las bajas y evitar que los
huelguistas consigan sus metas. La votación final en la Cámara de los
Lores se realizará en 2016.
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