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8 de abril de 2016
El Gobierno mexicano reiteró en la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, que su grupo
de expertos que indaga el caso Iguala concluye su encomienda el último
día de este mes y no habrá un nuevo periodo.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, indicó que “el plazo lo pidieron ellos mismos y el Estado estuvo de acuerdo. Nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones”.
Mencionó: “No se considera necesario extender el mandato porque ese fue el plazo que pidieron los expertos y la responsabilidad de la investigación es de la Procuraduría”.
Por su parte, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, destacó que es innecesario ampliar el periodo para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este lunes los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acordaron reiniciar sus movilizaciones para exigir la ampliación del mandato de Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes han servido como coadyuvantes en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala desde hace más de un año.
El vocero de las familias de los jóvenes, Felipe de la Cruz, señalo que “no confiamos en el gobierno. Nuestra confianza está en el GIEI”.
El pasado 29 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, destacó que el trabajo de los especialistas de la CIDH finaliza el próximo 30 de abril y descartó que un nuevo periodo de seis meses para ese grupo.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando”, dijo el funcionario.
Sobre la exigencia de los padres de los normalistas, el responsable de la política interna del país señaló: “Yo creo que en lugar de estar discutiendo el plazo, todavía les falta tiempo. Necesitamos conclusiones, necesitamos estos nuevos caminos que ellos comentaron, que no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la PGR”.
Insistió que no cabe una prorroga, pues el trabajo de los expertos “termina el último día de abril, de acuerdo con el periodo que se amplió para sus investigaciones y para todo lo que tenían que apoyar al Estado mexicano para conocer la verdad de lo sucedido”.
Agregó: “quedó muy claro en el segundo acuerdo, recordemos que fueron dos tiempos, en el que se dijo que necesitaban, no dijeron seis meses, dijeron cuatro meses más y el acuerdo con todas las ONG, el grupo de abogados que ayudaba a los papás de los 43 jóvenes desaparecidos, que se alargara seis meses más, definitivo y último tiempo y bueno está ahí el plazo”.
El acuerdo que firmó la Comisión Interamericana con el gobierno mexicano firmado en noviembre de 2014, incluyó, además de un sueldo por más de 136 mil pesos para casa integrante del GIEI, inmunidad para blindarse de “toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial y administrativo”.
mexico@razon.com.mx
El Gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se enfrentaron en una audiencia de ese organismo, en Washington, por el informe de este organismo internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El comisionado de la CIDH, Enrique Gil Botero, acusó que el Gobierno de México muestra “esquizofrenia” al desconocer el informe.
“Desconocer la graves situaciones de derechos humanos que hay en general en nuestros países y de una manera desafortunada más acentuada en México, en este momento sería quebrantar el principio de realidad. Esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia, romper el mundo interior con el mundo exterior”, dijo Gil Botero.
Ante la acusación, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, respondió de inmediato:
“Perdone que discrepe con usted, pero de ninguna manera puedo aceptar que el Estado mexicano tiene dos actitudes. No estamos (en grave situación) por una sencilla razón, porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia. Son las organizaciones criminales que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido reaccionar haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición. Tampoco estamos de acuerdo con que el informe fue global”.
El 2 de marzo pasado, la CIDH dio a conocer su informe sobre los humanos en México, en el que asegura que el Gobierno no ha dado respuesta efectiva en el tema.
En ese encuentro, la CIDH también pidió explicaciones sobre lo que consideró un ataque de desprestigio en su contra.
“Ningún funcionario del Gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque contra la CIDH”, expresó Ruiz Cabañas.
Dijo que la demanda de fraude por 2 millones de dólares contra el secretario ejecutivo de ese organismo internacional, Emilio Álvarez Icaza, fue presentada por un particular. Agregó que esa denuncia fue desechada por no cumplir con los requisitos de ley.
Sostuvo que el denunciante “no tenía los derechos para hacer una denuncia como la que hizo, por no ser el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano”.
Ruiz Cabañas cuestionó además el informe que realizó la CIDH sobre los derechos humanos en México, al señalar que varios temas quedaron fuera del mismo, “y por eso dijimos que era un informe incompleto y lo reitero aquí”.
Destacó que el gobierno mexicano ha mantenido una total apertura con los organismos del sistema interamericano de derechos humanos.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, indicó que “el plazo lo pidieron ellos mismos y el Estado estuvo de acuerdo. Nosotros pensamos que ya cumplió ese plazo y estamos muy satisfechos con sus recomendaciones”.
Mencionó: “No se considera necesario extender el mandato porque ese fue el plazo que pidieron los expertos y la responsabilidad de la investigación es de la Procuraduría”.
Por su parte, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, destacó que es innecesario ampliar el periodo para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este lunes los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acordaron reiniciar sus movilizaciones para exigir la ampliación del mandato de Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes han servido como coadyuvantes en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Iguala desde hace más de un año.
El vocero de las familias de los jóvenes, Felipe de la Cruz, señalo que “no confiamos en el gobierno. Nuestra confianza está en el GIEI”.
El pasado 29 de marzo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, destacó que el trabajo de los especialistas de la CIDH finaliza el próximo 30 de abril y descartó que un nuevo periodo de seis meses para ese grupo.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando”, dijo el funcionario.
Sobre la exigencia de los padres de los normalistas, el responsable de la política interna del país señaló: “Yo creo que en lugar de estar discutiendo el plazo, todavía les falta tiempo. Necesitamos conclusiones, necesitamos estos nuevos caminos que ellos comentaron, que no encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la PGR”.
Insistió que no cabe una prorroga, pues el trabajo de los expertos “termina el último día de abril, de acuerdo con el periodo que se amplió para sus investigaciones y para todo lo que tenían que apoyar al Estado mexicano para conocer la verdad de lo sucedido”.
Agregó: “quedó muy claro en el segundo acuerdo, recordemos que fueron dos tiempos, en el que se dijo que necesitaban, no dijeron seis meses, dijeron cuatro meses más y el acuerdo con todas las ONG, el grupo de abogados que ayudaba a los papás de los 43 jóvenes desaparecidos, que se alargara seis meses más, definitivo y último tiempo y bueno está ahí el plazo”.
El acuerdo que firmó la Comisión Interamericana con el gobierno mexicano firmado en noviembre de 2014, incluyó, además de un sueldo por más de 136 mil pesos para casa integrante del GIEI, inmunidad para blindarse de “toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial y administrativo”.
Ríspida, sesión de CIDH en Washington
Se enfrentan en audiencia del organismo internacional; discrepan en la situación de derechos humanos que se vive en el país
Por María Cabadasmexico@razon.com.mx
El Gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se enfrentaron en una audiencia de ese organismo, en Washington, por el informe de este organismo internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El comisionado de la CIDH, Enrique Gil Botero, acusó que el Gobierno de México muestra “esquizofrenia” al desconocer el informe.
“Desconocer la graves situaciones de derechos humanos que hay en general en nuestros países y de una manera desafortunada más acentuada en México, en este momento sería quebrantar el principio de realidad. Esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia, romper el mundo interior con el mundo exterior”, dijo Gil Botero.
Ante la acusación, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, respondió de inmediato:
“Perdone que discrepe con usted, pero de ninguna manera puedo aceptar que el Estado mexicano tiene dos actitudes. No estamos (en grave situación) por una sencilla razón, porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia. Son las organizaciones criminales que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido reaccionar haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición. Tampoco estamos de acuerdo con que el informe fue global”.
El 2 de marzo pasado, la CIDH dio a conocer su informe sobre los humanos en México, en el que asegura que el Gobierno no ha dado respuesta efectiva en el tema.
En ese encuentro, la CIDH también pidió explicaciones sobre lo que consideró un ataque de desprestigio en su contra.
“Ningún funcionario del Gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque contra la CIDH”, expresó Ruiz Cabañas.
Dijo que la demanda de fraude por 2 millones de dólares contra el secretario ejecutivo de ese organismo internacional, Emilio Álvarez Icaza, fue presentada por un particular. Agregó que esa denuncia fue desechada por no cumplir con los requisitos de ley.
Sostuvo que el denunciante “no tenía los derechos para hacer una denuncia como la que hizo, por no ser el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano”.
Ruiz Cabañas cuestionó además el informe que realizó la CIDH sobre los derechos humanos en México, al señalar que varios temas quedaron fuera del mismo, “y por eso dijimos que era un informe incompleto y lo reitero aquí”.
Destacó que el gobierno mexicano ha mantenido una total apertura con los organismos del sistema interamericano de derechos humanos.
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