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Un gallero y seis homicidios: la cacería humana en Puebla
Redacción Revolución
Por: Diego Legrand y Edmundo Vázquez
(06 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Entre el 28 de octubre y el 27 de noviembre 2015, seis jóvenes originarios de la ciudad de Puebla fueron secuestrados uno por uno, ejecutados e incinerados por guardias privados del empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, con la ayuda de dos policías ministeriales del Estado, en activo.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía General del Estado, se trataba de cuatro sujetos responsables de un robo con violencia a la casa del empresario unos meses antes y de dos inocentes, cuyos restos fueron fundidos en ácido y desechados a una coladera por sus captores.
El caso fue cobrando relevancia, de los medios locales pasó a interesar periódicos nacionales e internacionales, hasta que el 20 de febrero 2016, elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (Fisdai) arrestaron al hombre de negocio y a sus escoltas; quienes fueron acusados de haber mandado a asesinar a los seis jóvenes en represalia por el hurto cometido en su casa; bajo el cargo de secuestro agravado.
Pero la irrupción de un comando armado, que asesinó a dos personas y secuestró por lo menos a veinte en un palenque de Cuautlanzingo, Puebla, este primero de marzo, parece indicar que lo que en un principio fue presentado por la fiscalía como un simple caso de venganza, podría marcar el principio de una historia violenta en la región.
I
El primero de los seis en desaparecer fue el lechero de la colonia Lomas de San Miguel, Marco Antonio Cuautle Cuautle, el 19 de octubre 2015. De acuerdo con las cámaras de seguridad que captaron la escena, el hombre fue asaltado y secuestrado mientras manejaba su camioneta Chevrolet Silverado sobre la avenida Camino al Batán, cerca de donde trabajaba. A los nueve días, el 28 de noviembre, unos individuos que se presentaron como policías ministeriales también “levantaron” a su amigo Román Limón Gómez, quien viajaba en compañía de su esposa y su hija.
Allí sí que les presentamos nuestras disculpas a las familias, porque ellos no tenían nada que ver, explicó el propio fiscal de alto impacto, Fernando Rosales, a los parientes de las víctimas, según el relato de dos familiares. Se trató de un error.
Durante casi dos meses, dos hombres contratados por Jorge Aduna vigilaron la colonia, recolectaron información y finalmente procedieron a secuestrar a Antonio Cuautle y a Fernando Rosales. A cada uno se les pagó la suma 60 mil pesos, pero se equivocaron de personas. Para reemplazarlos, el empresario contrató a un profesional: Antonio Cantú García.
Las siguientes víctimas serían Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez, herreros ambos, el 12 de noviembre 2015. Fueron engañados mediante falsas promesas de empleo, por parte del sicario.
“En ese momento empezó a correr el rumor de que se habían metido a robar a la casa de un alto funcionario y que habían violado a alguien”, cuentan los vecinos de la colonia. En la averiguación previa de la fiscalía consta que en esos días llegó un mensaje de texto al celular del padre de Bryan Gerardo Sandoval, explicando que su hijo y otros habían entrado a robar “a casa de un judicial” y que “El píter” (Pedro Negrete) había violado a una mujer.
De hecho, esos mensajes son una de las únicas pruebas con que cuenta la fiscalía para asegurar que efectivamente hubo robo con violencia en una propiedad del empresario poblano, ya que nunca se levantó denuncia por ese hecho.
El 26 y 27 de noviembre, finalmente, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval también desaparecieron después de entrar en contacto con el sicario Cantú García. En las últimas imágenes de que se disponen, se ve a Bryan acompañar a un hombre con sombrero hasta un Oxxo situado en la esquina del crucero en el que trabajaba como limpiaparabrisas; luego sale del campo de visión. Todos vivían en el mismo barrio, a unas cuadras de distancia y solían juntarse para jugar fútbol.
De acuerdo con el relato presentado por el fiscal general Victor Carrancá en conferencia de prensa, además de Antonio Cantú, participaron en las tareas de vigilancia, secuestro y desaparición de cuerpos los dos escoltas de Jorge Aduna Villavicencio: Alejandro Páez Valenzuela y José Emanuel Limón Meneses; el antiguo policía ministerial reprobado en los exámenes de confianza Ricardo López Meza; y el ex agente Federal de Investigación Yosafhat Berlanga. Para ello, contaron con información oficial recabada desde la plataforma México (una base de datos interna de la policía) por los agentes en activo de la policía ministerial en Puebla Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández.
Estos hombres descuartizaron y calcinaron los cadáveres de sus seis víctimas, antes de disolverlos en bidones con ácido y diesel. Así desaparecieron Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval. Un hecho inusitado en la discreta ciudad de Puebla.
La casa de la familia Sandoval se encuentra en la parte no pavimentada de la avenida José Rojas, a unos metros del altar dedicado a las víctimas del multihomicidio. Es una pequeña vivienda en obra gris, en la que ya no viven Isabel ni su marido, por miedo a represalias.
“Mi hijo no tenía dinero y por eso salió ese día al crucero, porque tenía mala a la chiquita y necesitaba comprarle medicina” explica la madre de Bryan, sentada en la sala de su antiguo domicilio. “Le decían el Melones porque vendía frutas y limpiaba parabrisas. Nosotros le pedimos que se quedara en casa ese día pero él no quiso, dijo que no tenía miedo porque no había hecho nada y salió a trabajar como siempre”, detalla la mujer de cabello negro y piel oscura.
Para la mayoría de los familiares queda claro que si sus hijos y maridos cometieron el crimen del que se les acusa, deberían haber pagado por él, pero que el tamaño de la venganza por mano propia fue desproporcionado. Como el resto de la historia.
II
Si el arresto de Jorge Aduna fue tan sorpresivo para los poblanos, es porque se trata de un empresario importante en la región, ligado al gobernador Rafael Moreno Valle. Antes de ser conocido como el gallero del sexenio, Aduna era simplemente el hijo mayor de una poderosa familia de comerciantes relacionados con la venta de pipas de agua en la región. “Unos tipos recios, pero rectos”, explica una fuente cercana al empresario, bajo cubierto de anonimato.
“Jorge Aduna Padre es un empresario respetado en la región, por eso me extraña lo que hizo su hijo; mi teoría es que a los tipos les encargaron una calentadita y se les pasó la mano”, añade el hombre bien vestido, que afirma haber tenido contacto reciente con el acusado.
Durante la campaña para las elecciones estatales de 2011, a las que Moreno Valle se presentó como candidato de la coalición de partidos PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza, fue él quien prestó la camioneta Suburban blindada en que circuló el ahora gobernador, además de financiar otros medios de transporte aéreo. A cambio, obtuvo la concesión del Palenque de Puebla a nombre de la empresa Gallística del Noroeste, junto con sus socios Miguel Ángel Cejo y Manuel Lucero, según detalla en una columna publicada en el medio Status Puebla el periodista Alejandro Mondragón.
Tres años después, el primero de mayo de 2014, Aduna escapó de un asalto en el antiguo Camino a Covagonda, mientras llevaba consigo las recetas del palenque (5 millones en efectivo), gracias a la misma camioneta que prestó anteriormente a Rafael Moreno Valle. “El mundo de los palenques es complicado en México, allí se reúnen aficionados peligrosos a ver pelear los gallos criados en sus ranchos, cantantes de banda y gente de todo tipo; hizo malos encuentros”, completa la fuente anónima, desde un Starbucks situado en el centro de la ciudad.
De acuerdo con un policía ministerial que no participó en el caso, los dos agentes de la policía ministerial presuntamente implicados trataron de escapar cuando elementos de la fiscalía de alto impacto “les pidieron revisar sus celulares” al momento de detenerlos. “Se echaron a correr y los agarraron, pero no deben ser los únicos que tiemblan, acuérdate que a Plataforma México sólo puede acceder cierto nivel de mando. Aduna tenía contactos”, añade el oficial, que cree que la fiscalía debería transparentar esos videos para poder despejar las dudas sobre la actuación de sus efectivos.
Hasta el momento, sin embargo, los abogados del empresario no han emitido declaraciones en los medios, mientras que el buffet jurídico Ramírez Téllez, encargado de defender a los Ministeriales acusados de filtrar información, ha asegurado que se trataba de chivos expiatorios, “incómodos para la fiscalía”, después de que el Juzgado Cuarto de lo Penal les dictara un auto de formal prisión por secuestro agravado.
El arresto del empresario, ocurrido el 20 de febrero, pronto dividió a la ciudadanía en dos bandos: los que lo felicitaron por su actuación y los que consideraron desproporcionada la venganza. Con el telón de fondo de violencia que ha venido creciendo en Puebla en el último sexenio, prácticamente nadie consideró a la denuncia ante la policía como una solución posible ante la agresión de familiares.
La ola de feminicidios que ha venido azotando al estado (18 asesinatos desde el inicio del año) y el incremento de 1500% en robo a combustible, son tan sólo algunos de los focos rojos que han ido mermando la ya maltrecha confianza de los ciudadanos hacia los representantes del orden en Puebla. El índice de homicidios del estado también se elevó de 7.1 en 2009 a 7.5 en 2015, y la cifra de secuestros pasó de cero casos a los 29 denunciados en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales.
La captura de Jorge Aduna Villavicencio, un hombre cercano al poder, parece estar llegando en un buen momento para un gobierno falto de resultados. Pronto se empezaron a barajar rumores en la ciudad sobre las frecuentaciones del empresario y de su guardaespaldas que dejaron abierta la pregunta: ¿Quién desea la caída del gallero del sexenio?
III
Para el gobernador Rafael Moreno Valle este podría ser un serio obstáculo en la carrera para la silla presidencial de 2018, a la que se sabe que aspira desde que lo destapó el senador Javier Lozano en un programa de radio a mediados de 2015.
La oposición, tanto dentro como fuera de su propio partido, afila sus garras en espera de que el caso crezca a nivel nacional y se vuelva un lastre para el gobernador conocido por su mano dura.
Desde el inicio de su mandato, Moreno Valle trajo consigo a antiguos policías federales cercanos al presidente Felipe Calderón, como el antiguo subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Ardelio Vargas Fosado, o el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, que le han costado algunos escándalos.
Ardelio Vargas Fosado tuvo que dimitir de su puesto luego de reprimir con balas de goma a manifestantes en la localidad de Ciénaga Larga, Chignahuapan el 23 de agosto de 2011, según consta en la recomendación 60/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), antes de ser premiado por Enrique Peña Nieto con la titularidad del Instituto Nacional de Migración.
Mientras que Facundo Rosas dejó su cargo después de que el Ejército capturara al director de su Policía Estatal, Marco Antonio Estrada, y al jefe de Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, escoltando a una caravana de camionetas cargadas con gasolina robada a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Posteriormente, el propio director de seguridad pública poblano fue implicado por la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto miembro de la red de chupaductos.
Facundo Rosas también ha sido citado por Édgar Valdez Villareal, “La Barbie”, como uno de los funcionarios a los que sobornó junto con García Luna, y estuvo al mando del operativo de policía contra pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan, el 9 de julio 2014, en el que murió un niño por un disparo de bala de goma, de acuerdo con la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Lo pesado llegó cuando llegaron los Federales. Antes se sembraban delitos y se daban calentaditas, pero nada tan puerco” concuerda el comandante C, antiguo mando en el cuerpo estatal, quien ahora trabaja como guardaespaldas. “Allí es cuando todo empezó a valer madre”. Porque hay que separar claramente los crímenes de derecho común, las represiones del aparato estatal y delitos organizados, “eso es algo que no se veía antes en Puebla”, añade, parado a un lado de su camioneta.
Si bien del 2000 a la fecha habían sido numerosas las ofensivas contra enemigos políticos operadas desde el gobierno (la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre todavía reivindica más de 200 presos políticos), las grandes ciudades se había mantenido en una relativa calma, a pesar de la captura de al menos 15 jefes y operadores de grandes cárteles en el estado. Pero la reciente entrada de grupos criminales como Guerreros Unidos, Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un informe publicado por la consultora Stratfor en 2015, parece estar redistribuyendo las cartas.
Por si fuera poco, el pendiente de aclaración de mil 444 millones de pesos en gasto público requerido por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Moreno Valle ha atraído los proyectores sobre el opaco sistema de financiamiento de las grandes obras del sexenio, conocido como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Un fideicomiso privado dedicado al manejo del dinero recabado por el Impuesto sobre la Nómina (IPS), cuya información permanece reservada hasta el momento.
Los círculos se cierran en torno al gobernador.
IV
Para los familiares de las víctimas, la verdadera cruzada comenzó días después de que desaparecieran sus hijos y esposos, cuando tuvieron que enfrentarse al sistema de justicia pública del estado. El Ministerio Público de la Mesa Tres, adscrito a la Dirección Metropolitana Zona Sur, de la que se encontraba encargado Julio Pérez Salazar, trató de hacerlos desistir a toda costa de su búsqueda.
Primero integró los expedientes por separado, asegurando que se trataba de historias diferentes; luego nunca contestó los teléfonos de emergencia publicados en los avisos de búsqueda de los desaparecidos, según consta en la sábana de llamada de unos de los familiares; e incluso les proporcionó información errónea cuando aseguró que no se podía lanzar una alerta Amber en el caso del secuestro de Bryan –menor de edad al momento de los hechos- por tratarse del padre de dos niñas pequeñas.
Su suerte cambió cuando el abogado Jorge Sosa decidió tomar el caso a nombre del consejo ciudadano de Aguasanta, una organización que él mismo preside. Juntos atrajeron la atención de los medios en una rueda de prensa donde expusieron los casos y filtraron el rumor de que el propio fiscal general Víctor Carrancá pudiera estar involucrado. Semanas después, la Fiscalía de Alto Impacto se adueñó de la investigación y presentó al empresario y a sus guardaespaldas como presuntos culpables del multi homicidio.
Algunas dudas subsisten hasta el momento sobre los hechos, como la posibilidad de que se tratara de un plan de exterminio mucho más amplio que el que se llevó a cabo hasta finales de noviembre. Durante la media filiación en las que los parientes de las víctimas reconocieron las alhajas y prendas de sus familiares apareció ropa que no les pertenecía, lo que coincide con las declaraciones de dos testigos diferentes sobre el hecho de que la lista con la que operaban los secuestradores se encontraban 28 nombres, de los que sólo fueron tachados seis. Tanto la vecina que escuchó a los guardaespaldas de Aduna mencionar los 28 nombres en una tienda de Lomas de San Miguel, como el policía ministerial ajeno al caso, quien asegura que los detenidos eran presentados ante guardaespaldas del subdirector de operaciones de la corporación, coinciden en esta cifra.
Mientras tanto, no deja de sorprender la ineficiencia de los hombres supuestamente contratados por el empresario gallero, quienes a pesar de ser antiguos policías, dejaron en una de sus propiedades colindante con Tlaxcala los restos de los hombres calcinados, juntos con machetes ensangrentados e incluso una libreta detallada del plan de acción, aun cuando sintieron que la presión se incrementaba por resolver el crimen. Sin contar la importancia de que en el crimen participaran tanto elementos retirados como en activo del Estado.
Pero el colmo fue la matanza que ocurrió dos semanas después, durante la noche del lunes 29 de febrero al martes primero de marzo, en una galera del municipio de Cuautlancingo, donde un grupo armado disparó a quemarropa sobre los asistentes del evento y secuestró a por los menos 20 galleros más. El temor invadió la población poblana cuando se aclaró que al menos 10 de los cuerpos fueron fundidos en el municipio de Calpan, en tambos de ácido perforados, con diesel y ácido, de forma similar a la que emplearon los guardaespaldas del empresario Jorge Aduna Villavicencio.
En tanto que por otro lado, los familiares de las víctimas, atemorizados y bajo constantes amenazas, han decido buscar la ayuda del centro de Derechos Humanos en el país y de equipos forenses independientes que los puedan ayudar a dirimir las incertidumbres que subsisten en el caso y a castigar severamente a los responsables del asesinato de sus esposos e hijos desaparecidos entre el 28 de octubre y el 29 de noviembre 2015, en la colonia Lomas de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
(06 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Entre el 28 de octubre y el 27 de noviembre 2015, seis jóvenes originarios de la ciudad de Puebla fueron secuestrados uno por uno, ejecutados e incinerados por guardias privados del empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio, con la ayuda de dos policías ministeriales del Estado, en activo.
De acuerdo con la versión de la Fiscalía General del Estado, se trataba de cuatro sujetos responsables de un robo con violencia a la casa del empresario unos meses antes y de dos inocentes, cuyos restos fueron fundidos en ácido y desechados a una coladera por sus captores.
El caso fue cobrando relevancia, de los medios locales pasó a interesar periódicos nacionales e internacionales, hasta que el 20 de febrero 2016, elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (Fisdai) arrestaron al hombre de negocio y a sus escoltas; quienes fueron acusados de haber mandado a asesinar a los seis jóvenes en represalia por el hurto cometido en su casa; bajo el cargo de secuestro agravado.
Pero la irrupción de un comando armado, que asesinó a dos personas y secuestró por lo menos a veinte en un palenque de Cuautlanzingo, Puebla, este primero de marzo, parece indicar que lo que en un principio fue presentado por la fiscalía como un simple caso de venganza, podría marcar el principio de una historia violenta en la región.
I
El primero de los seis en desaparecer fue el lechero de la colonia Lomas de San Miguel, Marco Antonio Cuautle Cuautle, el 19 de octubre 2015. De acuerdo con las cámaras de seguridad que captaron la escena, el hombre fue asaltado y secuestrado mientras manejaba su camioneta Chevrolet Silverado sobre la avenida Camino al Batán, cerca de donde trabajaba. A los nueve días, el 28 de noviembre, unos individuos que se presentaron como policías ministeriales también “levantaron” a su amigo Román Limón Gómez, quien viajaba en compañía de su esposa y su hija.
Allí sí que les presentamos nuestras disculpas a las familias, porque ellos no tenían nada que ver, explicó el propio fiscal de alto impacto, Fernando Rosales, a los parientes de las víctimas, según el relato de dos familiares. Se trató de un error.
Durante casi dos meses, dos hombres contratados por Jorge Aduna vigilaron la colonia, recolectaron información y finalmente procedieron a secuestrar a Antonio Cuautle y a Fernando Rosales. A cada uno se les pagó la suma 60 mil pesos, pero se equivocaron de personas. Para reemplazarlos, el empresario contrató a un profesional: Antonio Cantú García.
Las siguientes víctimas serían Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez, herreros ambos, el 12 de noviembre 2015. Fueron engañados mediante falsas promesas de empleo, por parte del sicario.
“En ese momento empezó a correr el rumor de que se habían metido a robar a la casa de un alto funcionario y que habían violado a alguien”, cuentan los vecinos de la colonia. En la averiguación previa de la fiscalía consta que en esos días llegó un mensaje de texto al celular del padre de Bryan Gerardo Sandoval, explicando que su hijo y otros habían entrado a robar “a casa de un judicial” y que “El píter” (Pedro Negrete) había violado a una mujer.
De hecho, esos mensajes son una de las únicas pruebas con que cuenta la fiscalía para asegurar que efectivamente hubo robo con violencia en una propiedad del empresario poblano, ya que nunca se levantó denuncia por ese hecho.
El 26 y 27 de noviembre, finalmente, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval también desaparecieron después de entrar en contacto con el sicario Cantú García. En las últimas imágenes de que se disponen, se ve a Bryan acompañar a un hombre con sombrero hasta un Oxxo situado en la esquina del crucero en el que trabajaba como limpiaparabrisas; luego sale del campo de visión. Todos vivían en el mismo barrio, a unas cuadras de distancia y solían juntarse para jugar fútbol.
De acuerdo con el relato presentado por el fiscal general Victor Carrancá en conferencia de prensa, además de Antonio Cantú, participaron en las tareas de vigilancia, secuestro y desaparición de cuerpos los dos escoltas de Jorge Aduna Villavicencio: Alejandro Páez Valenzuela y José Emanuel Limón Meneses; el antiguo policía ministerial reprobado en los exámenes de confianza Ricardo López Meza; y el ex agente Federal de Investigación Yosafhat Berlanga. Para ello, contaron con información oficial recabada desde la plataforma México (una base de datos interna de la policía) por los agentes en activo de la policía ministerial en Puebla Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández.
Estos hombres descuartizaron y calcinaron los cadáveres de sus seis víctimas, antes de disolverlos en bidones con ácido y diesel. Así desaparecieron Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Sandoval. Un hecho inusitado en la discreta ciudad de Puebla.
La casa de la familia Sandoval se encuentra en la parte no pavimentada de la avenida José Rojas, a unos metros del altar dedicado a las víctimas del multihomicidio. Es una pequeña vivienda en obra gris, en la que ya no viven Isabel ni su marido, por miedo a represalias.
“Mi hijo no tenía dinero y por eso salió ese día al crucero, porque tenía mala a la chiquita y necesitaba comprarle medicina” explica la madre de Bryan, sentada en la sala de su antiguo domicilio. “Le decían el Melones porque vendía frutas y limpiaba parabrisas. Nosotros le pedimos que se quedara en casa ese día pero él no quiso, dijo que no tenía miedo porque no había hecho nada y salió a trabajar como siempre”, detalla la mujer de cabello negro y piel oscura.
Para la mayoría de los familiares queda claro que si sus hijos y maridos cometieron el crimen del que se les acusa, deberían haber pagado por él, pero que el tamaño de la venganza por mano propia fue desproporcionado. Como el resto de la historia.
II
Si el arresto de Jorge Aduna fue tan sorpresivo para los poblanos, es porque se trata de un empresario importante en la región, ligado al gobernador Rafael Moreno Valle. Antes de ser conocido como el gallero del sexenio, Aduna era simplemente el hijo mayor de una poderosa familia de comerciantes relacionados con la venta de pipas de agua en la región. “Unos tipos recios, pero rectos”, explica una fuente cercana al empresario, bajo cubierto de anonimato.
“Jorge Aduna Padre es un empresario respetado en la región, por eso me extraña lo que hizo su hijo; mi teoría es que a los tipos les encargaron una calentadita y se les pasó la mano”, añade el hombre bien vestido, que afirma haber tenido contacto reciente con el acusado.
Durante la campaña para las elecciones estatales de 2011, a las que Moreno Valle se presentó como candidato de la coalición de partidos PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza, fue él quien prestó la camioneta Suburban blindada en que circuló el ahora gobernador, además de financiar otros medios de transporte aéreo. A cambio, obtuvo la concesión del Palenque de Puebla a nombre de la empresa Gallística del Noroeste, junto con sus socios Miguel Ángel Cejo y Manuel Lucero, según detalla en una columna publicada en el medio Status Puebla el periodista Alejandro Mondragón.
Tres años después, el primero de mayo de 2014, Aduna escapó de un asalto en el antiguo Camino a Covagonda, mientras llevaba consigo las recetas del palenque (5 millones en efectivo), gracias a la misma camioneta que prestó anteriormente a Rafael Moreno Valle. “El mundo de los palenques es complicado en México, allí se reúnen aficionados peligrosos a ver pelear los gallos criados en sus ranchos, cantantes de banda y gente de todo tipo; hizo malos encuentros”, completa la fuente anónima, desde un Starbucks situado en el centro de la ciudad.
De acuerdo con un policía ministerial que no participó en el caso, los dos agentes de la policía ministerial presuntamente implicados trataron de escapar cuando elementos de la fiscalía de alto impacto “les pidieron revisar sus celulares” al momento de detenerlos. “Se echaron a correr y los agarraron, pero no deben ser los únicos que tiemblan, acuérdate que a Plataforma México sólo puede acceder cierto nivel de mando. Aduna tenía contactos”, añade el oficial, que cree que la fiscalía debería transparentar esos videos para poder despejar las dudas sobre la actuación de sus efectivos.
Hasta el momento, sin embargo, los abogados del empresario no han emitido declaraciones en los medios, mientras que el buffet jurídico Ramírez Téllez, encargado de defender a los Ministeriales acusados de filtrar información, ha asegurado que se trataba de chivos expiatorios, “incómodos para la fiscalía”, después de que el Juzgado Cuarto de lo Penal les dictara un auto de formal prisión por secuestro agravado.
El arresto del empresario, ocurrido el 20 de febrero, pronto dividió a la ciudadanía en dos bandos: los que lo felicitaron por su actuación y los que consideraron desproporcionada la venganza. Con el telón de fondo de violencia que ha venido creciendo en Puebla en el último sexenio, prácticamente nadie consideró a la denuncia ante la policía como una solución posible ante la agresión de familiares.
La ola de feminicidios que ha venido azotando al estado (18 asesinatos desde el inicio del año) y el incremento de 1500% en robo a combustible, son tan sólo algunos de los focos rojos que han ido mermando la ya maltrecha confianza de los ciudadanos hacia los representantes del orden en Puebla. El índice de homicidios del estado también se elevó de 7.1 en 2009 a 7.5 en 2015, y la cifra de secuestros pasó de cero casos a los 29 denunciados en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales.
La captura de Jorge Aduna Villavicencio, un hombre cercano al poder, parece estar llegando en un buen momento para un gobierno falto de resultados. Pronto se empezaron a barajar rumores en la ciudad sobre las frecuentaciones del empresario y de su guardaespaldas que dejaron abierta la pregunta: ¿Quién desea la caída del gallero del sexenio?
III
Para el gobernador Rafael Moreno Valle este podría ser un serio obstáculo en la carrera para la silla presidencial de 2018, a la que se sabe que aspira desde que lo destapó el senador Javier Lozano en un programa de radio a mediados de 2015.
La oposición, tanto dentro como fuera de su propio partido, afila sus garras en espera de que el caso crezca a nivel nacional y se vuelva un lastre para el gobernador conocido por su mano dura.
Desde el inicio de su mandato, Moreno Valle trajo consigo a antiguos policías federales cercanos al presidente Felipe Calderón, como el antiguo subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Ardelio Vargas Fosado, o el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, que le han costado algunos escándalos.
Ardelio Vargas Fosado tuvo que dimitir de su puesto luego de reprimir con balas de goma a manifestantes en la localidad de Ciénaga Larga, Chignahuapan el 23 de agosto de 2011, según consta en la recomendación 60/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), antes de ser premiado por Enrique Peña Nieto con la titularidad del Instituto Nacional de Migración.
Mientras que Facundo Rosas dejó su cargo después de que el Ejército capturara al director de su Policía Estatal, Marco Antonio Estrada, y al jefe de Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, escoltando a una caravana de camionetas cargadas con gasolina robada a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Posteriormente, el propio director de seguridad pública poblano fue implicado por la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto miembro de la red de chupaductos.
Facundo Rosas también ha sido citado por Édgar Valdez Villareal, “La Barbie”, como uno de los funcionarios a los que sobornó junto con García Luna, y estuvo al mando del operativo de policía contra pobladores de San Bernardino, Chalchihuapan, el 9 de julio 2014, en el que murió un niño por un disparo de bala de goma, de acuerdo con la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Lo pesado llegó cuando llegaron los Federales. Antes se sembraban delitos y se daban calentaditas, pero nada tan puerco” concuerda el comandante C, antiguo mando en el cuerpo estatal, quien ahora trabaja como guardaespaldas. “Allí es cuando todo empezó a valer madre”. Porque hay que separar claramente los crímenes de derecho común, las represiones del aparato estatal y delitos organizados, “eso es algo que no se veía antes en Puebla”, añade, parado a un lado de su camioneta.
Si bien del 2000 a la fecha habían sido numerosas las ofensivas contra enemigos políticos operadas desde el gobierno (la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre todavía reivindica más de 200 presos políticos), las grandes ciudades se había mantenido en una relativa calma, a pesar de la captura de al menos 15 jefes y operadores de grandes cárteles en el estado. Pero la reciente entrada de grupos criminales como Guerreros Unidos, Los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un informe publicado por la consultora Stratfor en 2015, parece estar redistribuyendo las cartas.
Por si fuera poco, el pendiente de aclaración de mil 444 millones de pesos en gasto público requerido por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Moreno Valle ha atraído los proyectores sobre el opaco sistema de financiamiento de las grandes obras del sexenio, conocido como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). Un fideicomiso privado dedicado al manejo del dinero recabado por el Impuesto sobre la Nómina (IPS), cuya información permanece reservada hasta el momento.
Los círculos se cierran en torno al gobernador.
IV
Para los familiares de las víctimas, la verdadera cruzada comenzó días después de que desaparecieran sus hijos y esposos, cuando tuvieron que enfrentarse al sistema de justicia pública del estado. El Ministerio Público de la Mesa Tres, adscrito a la Dirección Metropolitana Zona Sur, de la que se encontraba encargado Julio Pérez Salazar, trató de hacerlos desistir a toda costa de su búsqueda.
Primero integró los expedientes por separado, asegurando que se trataba de historias diferentes; luego nunca contestó los teléfonos de emergencia publicados en los avisos de búsqueda de los desaparecidos, según consta en la sábana de llamada de unos de los familiares; e incluso les proporcionó información errónea cuando aseguró que no se podía lanzar una alerta Amber en el caso del secuestro de Bryan –menor de edad al momento de los hechos- por tratarse del padre de dos niñas pequeñas.
Su suerte cambió cuando el abogado Jorge Sosa decidió tomar el caso a nombre del consejo ciudadano de Aguasanta, una organización que él mismo preside. Juntos atrajeron la atención de los medios en una rueda de prensa donde expusieron los casos y filtraron el rumor de que el propio fiscal general Víctor Carrancá pudiera estar involucrado. Semanas después, la Fiscalía de Alto Impacto se adueñó de la investigación y presentó al empresario y a sus guardaespaldas como presuntos culpables del multi homicidio.
Algunas dudas subsisten hasta el momento sobre los hechos, como la posibilidad de que se tratara de un plan de exterminio mucho más amplio que el que se llevó a cabo hasta finales de noviembre. Durante la media filiación en las que los parientes de las víctimas reconocieron las alhajas y prendas de sus familiares apareció ropa que no les pertenecía, lo que coincide con las declaraciones de dos testigos diferentes sobre el hecho de que la lista con la que operaban los secuestradores se encontraban 28 nombres, de los que sólo fueron tachados seis. Tanto la vecina que escuchó a los guardaespaldas de Aduna mencionar los 28 nombres en una tienda de Lomas de San Miguel, como el policía ministerial ajeno al caso, quien asegura que los detenidos eran presentados ante guardaespaldas del subdirector de operaciones de la corporación, coinciden en esta cifra.
Mientras tanto, no deja de sorprender la ineficiencia de los hombres supuestamente contratados por el empresario gallero, quienes a pesar de ser antiguos policías, dejaron en una de sus propiedades colindante con Tlaxcala los restos de los hombres calcinados, juntos con machetes ensangrentados e incluso una libreta detallada del plan de acción, aun cuando sintieron que la presión se incrementaba por resolver el crimen. Sin contar la importancia de que en el crimen participaran tanto elementos retirados como en activo del Estado.
Pero el colmo fue la matanza que ocurrió dos semanas después, durante la noche del lunes 29 de febrero al martes primero de marzo, en una galera del municipio de Cuautlancingo, donde un grupo armado disparó a quemarropa sobre los asistentes del evento y secuestró a por los menos 20 galleros más. El temor invadió la población poblana cuando se aclaró que al menos 10 de los cuerpos fueron fundidos en el municipio de Calpan, en tambos de ácido perforados, con diesel y ácido, de forma similar a la que emplearon los guardaespaldas del empresario Jorge Aduna Villavicencio.
En tanto que por otro lado, los familiares de las víctimas, atemorizados y bajo constantes amenazas, han decido buscar la ayuda del centro de Derechos Humanos en el país y de equipos forenses independientes que los puedan ayudar a dirimir las incertidumbres que subsisten en el caso y a castigar severamente a los responsables del asesinato de sus esposos e hijos desaparecidos entre el 28 de octubre y el 29 de noviembre 2015, en la colonia Lomas de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
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