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¿Juicio político o golpe de Estado contra Dilma Rousseff?

 

 

55 senadores de Brasil votaron favor del inicio el juicio político a la presidenta Dilma Rouseff. La jefa de Estado es separada del cargo por hasta 180 días, tiempo que durará el proceso.

 La decisión de Waldir Maranhão 

El 10 de mayo el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, decidió anular la votación del pasado 17 de abril sobre el pedido de juicio político contra la Presidenta Dilma Rouseff, horas más tarde Maranhão decidió revocar aquella polémica decisión.


Renan Calheiros, presidente del Senado brasileño rechazó contundentemente la medida inicial de Maranhão señalando que la misma fue intempestiva, alegó además que un presidente interino no puede desoir el pronunciamiento de la mayoría de la Cámara de Diputados y que el Senado continuaría evaluando el proceso votado semanas atrás, manteniendo el cronograma previsto. 

 Votación por juicio político contra Rousseff

Según lo expresado por el presidente del Senado, el 11 de mayo se efectuaría la sesión para votar si se enjuicia a Rousseff y de ganar por mayoría simple , comenzaría propiamente el juicio político y la mandataria sería suspendida de inmediato por hasta 180 días.
De acuerdo a la corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, de ser aprobado el juicio político contra la mandataria, el Senado debe enviarle una notificación a Rousseff sobre su separación del cargo y posteriormente asumiría el gobierno el vicepresidente Michel Temer.
Robreño indicó que durante la duración del procedimiento jurídico contra Rousseff, los 81 senadores deberán analizar, estudiar y juzgar las acusaciones para emitir una decisión sobre si separa definitivamente a Dilma Rousseff del cargo como presidenta de la nación suramericana.

La defensa contra el juicio político

Al conocer el segundo anunció del diputado Maranhão la presidenta de Brasil afirmó que no permitirá bajo ningún motivo una interrupción de su mandato por personas que irrespetan la democracia y al pueblo brasileño, "Voy a seguir luchando para impedir la interrupción ilegal y la usurpación de mi mandato por personas que no tienen las condiciones para ser electos de manera democrática".
De ser separada del cargo por un máximo de 180 días (6 meses) a partir de la notificación del Senado, Dilma Rousseff se concentraría en planear su defensa durante el tiempo que duré el proceso. La defensa de la presidenta podría elevar un documento al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que se pronuncie contra el juicio político.


Para el analista Amilcar Salas Oroño durante el juicio existe la expectativa de que se logre poner en evidencia los intereses que están detrás del golpe parlamentario a Dilma. Si se puede esclarecer ante el pueblo los vicios del proceso del juicio político, sería un gran avance para que Dilma continúe en el poder, afirmó Oroño. 


Para el analista político Beto Almeida las movilizaciones populares en apoyo a Dilma Rousseff jugarán un papel fundamental durante la duración del juicio político, según Almeida las movilizaciones y acciones de calle podrían influir en la decisión final del Senado.

Dilma y el PT al frente de Brasil

Desde que el Partido de los Trabajadores (PT) está al frente de Brasil, con el mandato de Lula iniciado en 2003, más de 50 millones de brasileños han salido de la pobreza.
Además se ha registrado un crecimiento de las clases medias de la población gracias al aumento de los puestos de trabajo y a la implementación de programas sociales que garantizan la inclusión. 
Se cuentan entre estos avances la reforma del sistema político y electoral para profundizar la participación popular, la descentralización de los servicios públicos y el hacer una mejor distribución de la renta petrolera. 


En 2010 Lula dejó su segundo mandato con 80 por ciento de aprobación, 7,5 por ciento de crecimiento económico y un salario mínimo 54 por ciento mayor al de su primer día de gobierno.
Por su parte, Rousseff ha ampliado los planes sociales y en su primer mandato se generaron más de 5,4 millones de puestos de trabajo y se estableció el salario mínimo en 724 reales (unos 266,4 dólares) que representan el mayor poder adquisitivo para los trabajadores brasileños desde 1979.
Entre 2008 y 2012 la tasa de desempleo se redujo en 30 por ciento. Además, disminuyó la deuda pública y crecieron las reservas internacionales.


Entre los programas sociales que se han implementado en el país suramericano están Bolsa Familia, iniciado por Lula y el plan habitacional "Mi Casa, Mi Vida", que surgió en 2009. 
A pesar de los ataques y las amenazas de destitución, Rousseff ha continuado su plan de Gobierno en las últimas semanas con anuncios de la entrega de recursos para los planes agrícolas del período 2016-2017, entre los que se incluye el de agricultura familiar y otorgó contratos para construir 25 mil viviendas. También, el 1 de mayo anunció el incremento del 9 por ciento para los beneficiarios del programa Bolsa Familia y la extensión del programa Más Médicos.

Los medios de comunicación y el golpe de Estado

Desde que comenzaron las investigaciones por el caso de corrupción en Petrobras, la campaña mediática está enfocada en contra de la presidenta Dilma Rousseff, su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva y, en general, el Partido de los Trabajadores (PT). 
Las investigaciones y acusaciones en contra de otros legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados señalados por corrupción parecen ser ignoradas por las grandes corporaciones de medios de comunicación.
Los analistas de ese país han denunciado que los escándalos relacionados con el PT se muestran diariamente por televisión mientras casi no se presenta ninguna crítica hacia la gestión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en Sao Paulo. Y también han advertido que una de las intenciones es detener la democratización mediática. 
El conglomerado mediático O Globo aparece a la cabeza de esta estrategia para dañar la imagen de la mandataria brasileña.
Ya en febrero  de 2015 el director del diario, Erick Bretas, fijó posición con una publicación en Facebook en la que exigió la destitución de la presidenta. Además, se ha encargado de presentar de forma destacada a los diputados de oposición. 
Los objetivos son los mismos que persiguieron durante la campaña a la reelección de la presidenta al tratar de perjudicarla con noticias basadas en especulaciones sin ningún tipo de pruebas. 

La revista Veja publicó el año pasado una edición en cuya portada aparecían los rostros de Lula y Dilma y se sugería que ambos estaban conscientes de la corrupción en Petrobras. Lo que llevó al expresidente Lula a demandar el 29 de agosto de 2015 a cuatro periodistas y al editor de la misma. 
La campaña se intensificó desde que este año se anunció el nombramiento de Lula como ministro de Casa Civil y la posibilidad de su participación en las elecciones presidenciales de 2018. 
En el caso del juicio político, la presidencia de Brasil denunció que los medios locales infunden pesimismo entre los seguidores de Rousseff. En esa oportunidad el pronunciamiento fue en respuesta a una nota publicada por el diario O Globo en la que se mencionaba que el Gobierno habría reconocido que no contaba con suficiente apoyo parlamentario para detener el juicio, un argumento que se basó en una declaración anónima.
Las imágenes que hacen circular las agencias se ajustan a la misma tónica al mostrar a una Dilma solitaria, en las sombras y con gestos de derrota. Incluso el diario "O Estado de Sao Paulo" usó como portada una imagen en la que se ve el fuego de la llama olímpica sobre el rostro de Rousseff.

Juicio a Collor de Melo ¿Por qué lo juzgaron?

El primer juicio político de América Latina y Brasil se hizo en contra del actual senador del Partido Laborista Cristiano (PLC) por el estado de Alagoas, Fernando Collor de Melo.
Él ya había pasado a la historia por ser el presidente más joven de Brasil y el primero electo por voto directo luego del regreso de la democracia. Las principales acusaciones llegaron después de que asumió el poder y fueron reportadas principalmente en los medios de comunicación.
Entre ellas se incluía el desvío de fondos públicos por parte de su mujer, Rosane, que fueron negociados con empresas de Alagoas, millonarias cuentas en el exterior y tráfico de influencias. El entonces jefe de Estado llegó a demandar al diario "Folha de Sao Paulo" por las acusaciones. 
El escándalo no tomó mayor repercusión hasta el 27 de mayo de 1992 cuando la revista Veja publicó un reportaje en el que su hermano, Pedro, denunció todos los ilícitos. 
En estas revelaciones el eje central estaba en los negocios efectuados entre Collor y su mano derecha y tesorero en la campaña presidencial, Paulo César Farias, a quien se le señaló como testaferro. 

Al entonces mandatario se le acusaba de haber financiado ilegalmente su campaña y de pagar los gastos de su residencia con el dinero de las empresas fachada de Farias. 
El 30 de junio de 1992 los diarios "Folha de S. Paulo" y "O Estado de S. Paulo" publicaron editoriales exigiendo la renuncia del presidente. Luego, se decidió instalar una Comisión Parlamentaria para hacer la investigación.
Las autoridades llegaron a comprobar que un auto Fiat Elba fue pagado con dinero de las cuentas de Farias. La versión también fue confirmada en una entrevista que dio el chofer de Collor, Eriberto França. Además, la comisión concluyó que más de 6,5 millones de dólares habían sido transferidos irregularmente para financiar los gastos privados del mandatario.
El 29 de septiembre de 1992 se aprobó en la Cámara de Diputados abrir el juicio político con 441 votos a favor y 38 en contra. El pedido fue trasladado al Senado, instancia en la que también se aprobó la apertura del mismo.
Collor fue notificado el 2 de octubre y quedó automáticamente suspendido del cargo por 180 días. Asumió la conducción del Estado el entonces vicepresidente, Itamar Franco. 
En un último intento por detener el proceso, Collor presentó su renuncia el 29 de diciembre de ese año. Sin embargo, el Senado decidió continuar con el proceso y lo encontró culpable. Esta decisión le hizo perder todos sus derechos políticos y lo inhabilitó por ocho años.

En 1994 la justicia lo absolvió de los cargos de corrupción pasiva porque no se pudieron probar las acusaciones y, diez años más tarde, en 2014, el Supremo Tribunal Federal (STF) también lo absolvió de las acusaciones de peculado.