México arde al calor empresarial (II)
La insólita cadena de actos generosos de los banqueros
y de muchos empresarios – hoy sigue llevando millones
de pesos, que no de dólares, hacia los Estados Unidos -,
ha puesto al país en una crisis donde los símbolos cristianos,
los actos de fe, de caridad y preocupación ciudadana por el bienestar
de los trabajadores tienen una atroz analogía: la de los encomenderos
que oyeran de fray Antón de Montesinos la descripción de lo que habían
hecho en las nuevas tierras; es decir, la distancia entre la palabra y la obra.
Gastón García Cantú.
Introducción
El sector empresarial en México es el sector que ha ganado más espacios políticos, fortaleciendo su organización de manera indiscutible, y de la mano de este avance, se ha llegado a que el gobierno mexicano de hoy, sea un gobierno de derecha. Lo cual ha representado para el país, que las decisiones políticas y económicas que se toman tiendan a fortalecer la empresa privada, en detrimento del interés público. De suerte que, empresarios nacionales y extranjeros, tras un proceso de al menos 36 años, han llegado a formar la clase privilegiada. Significando el empobrecimiento de los trabajadores, campesinos y clases medias1.
Situación que se comparte en casi toda América Latina, de manera que, la precarización laboral, la flexibilidad, la informalidad y el outsourcing, han llegado a campear como las políticas generales del capital y el Estado desde hace tres décadas. Utilizándose particularmente el outsourcing por las empresas trasnacionales, con el fin de disminuir los salarios reales, deteriorar las condiciones laborales, anular y/o reducir las prestaciones de los trabajadores, con lo cual se ha gestado una monumental precarización del trabajo, afectando a la mayor parte de la población en México.
De acuerdo con los datos más recientes, en México 4.9 millones de trabajadores laboran bajo el esquema de outsourcing, y de este total, sólo 150 mil, se encuentran contratados de acuerdo con la ley. Destacando el director comercial de ManpowerGroup México, el Caribe y Centroamérica, Héctor Márquez, que bajo este esquema, la gran mayoría de dichos trabajadores no tienen prestaciones, laboran en la incertidumbre y sin seguridad social. Ubicándose así nuestro país en quinto lugar, dentro de la industria de la subcontratación en América Latina.
Además, Héctor Márquez dio a conocer el reporte 2016 de Staffing Industry Analysts, el cual destaca que en México hay aproximadamente 900 empresas de terciarización, de las cuales únicamente una centena están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de ellas, apenas 40 pagan los impuestos correspondientes. Y, del total de estas empresas de subcontratación existentes, sólo 20 permiten la realización de auditorías legales2.
En tanto que respecto a la cuestión del salario mínimo, se prevé que pase de 73.04 a 80.03 pesos diarios desde enero de 2017, compuesto por el incremento habitual en el marco de la inflación esperada de 3.9%, o casi tres pesos. Más un llamado monto independiente de recuperación (MIR) de cuatro pesos, que incluyo por primera vez la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Sin embargo, tal aumento se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que estima en 91 pesos diarios por persona debe estar tal salario mínimo. E incluye la canasta alimentaria, compuesta por; carnes, lácteos, leguminosas, frutas y verduras. Así como la no alimentaria integrada por; gastos de transporte, cuidados personales, educación, vestido, vivienda y esparcimiento.
Peor aún, el incremento salarial se da después de 40 años, durante los cuales el salario mínimo ha ido perdiendo más del 70% de su valor, resultado de las crisis económicas, así como por políticas acordes a los designios empresariales, que sacrifican el salario mínimo, para mantener una inflación “estable” y “baja”, de acuerdo con el Banco de México.
De tal suerte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población ocupada hasta el tercer trimestre de 2016, 15.1%, equivalentes a 7.8 millones de personas, estas sólo ganan un salario mínimo, mientras que 13.6 millones de personas obtienen de dos a tres salarios, representando a la mayor parte de la población ocupada, 26.2%. Mientras que, sólo 12.8% gana entre tres y cinco salarios, y 6.1 de quienes laboran perciben cinco salarios mínimos.
Todo lo cual ha causado que México sea el país más rezagado respecto al salario mínimo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo que un trabajador gana en promedio 0.6 dólares por hora. En Chile se gana 2.3 dólares, mientras que en Estonia, República Checa y Hungría el salario es de 2.5 dólares. Mientras que en las economías desarrolladas como la estadounidense, se tiene un promedio de siete dólares por hora, y en Holanda, Francia, Alemania, Bélgica e Irlanda los trabajadores ganan más de 10 dólares3.
Todo lo cual sumado, ha propiciado que aumente la pobreza en nuestro país, de acuerdo con el reporte Medición y análisis de la pobreza en México 2006-2015, entre 2008 y 2014 se incrementaron los niveles de pobreza de los mexicanos, al pasar la cifra de 44.3 por ciento a 46.2 por ciento. Y dentro del mismo tenor, el Coneval ha señalado que los resultados han revelado en el rubro de ingresos, problemas para la mayoría de la población. Disparándose la proporción de personas con ingresos insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y también para comprar bienes y servicios (transporte, educación, vivienda). Lo que en su conjunto tuvo como resultado, un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza4.
En tanto que en países como Paraguay, también bajo la lógica empresarial, el presidente Horacio Cartes, mandó aprobar leyes regentadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Como son: La ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Alianza Público Privado, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad a las Inversiones.
Particularmente mediante la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, el presidente Cartes vetó a 150. 000 posibles beneficiarios para el Programa Tekoporá (Buen Vivir) que aprobó el Congreso para el 2017- 10.000 más propuesto por Cartes. Asimismo vetó la ley que le impedía seguir endeudando al Estado paraguayo a través de bonos soberanos, vetó el aumento de salario a los trabajadores de la educación y de la salud entre el 10 y 18%, mientras que en contra parte mantiene el doble aguinaldo para los funcionarios de Hacienda. Y vetó totalmente la Ley de presupuesto 2017.
De forma que, el presupuesto 2016 aprobado excede a lo actualmente aprobado por el Congreso, en 770 millones de dólares, donde destaca que el Congreso congela los salarios de los funcionarios, mientras que le permite seguir endeudando al país y así acelerar las privatizaciones para pagar las deudas y quedarse con sus socios comerciales con las empresas del Estado. A todo lo cual se le suma nuevamente, la entrada en vigencia de la Ley de Llave en mano, que es un mecanismo de endeudamiento donde los intereses son superiores inclusive a la emisión de bonos e hipoteca la caja jubilatoria de los trabajadores como garantía de pago, poniendo en vilo la Jubilación de los trabajadores del país .
Mientras que en Brasil, Michel Temer pretende reformar el sistema de pensiones que se votará en el mes de febrero, debido a que la deuda de ese país en 2016 ascendió a 149,2 mil millones de reales. Esa es la justificación del equipo de Temer para proponer “cambios urgentes” como la subida de la edad de jubilación a los 65 años para mujeres y 70 años para hombres. Siendo que actualmente para jubilarse en el sector privado se solicita que el trabajador haya contribuido durante 30 años, en el caso de las mujeres, y durante 35 años los hombres. Además de que el gobierno de Temer se queja de que haya gente con 50 y 55 años ya jubilada.
Y antes de haber finalizado el año Temer anunció un “regalo de Navidad para los trabajadores” con el fin de “modernizar las leyes laborales”. Donde entre las medidas más importantes destaca la posibilidad de que las empresas puedan negociar las condiciones individualmente con los trabajadores y dejen a los sindicatos y los convenios colectivos de lado. La idea principal sería la de flexibilizar los contratos y abrir un vacío legal donde situaciones como el aumento de la jornada laboral de ocho a doce horas puedan pasar a ser condiciones legales. Pero, será hasta febrero cuando el Congreso diga la última palabra en relación a estas reformas.
A todo lo cual se le debe sumar, la aprobación que hizo el Congreso de Diputados el pasado 13 de diciembre, de uno de los principales ejes del nuevo programa económico brasileño: el Proyecto de Enmienda Constitucional 55 PEC 55 (en la Cámara denominada como 241). Esta ley, conocida como la enmienda del techo del gasto, propone congelar el gasto social durante los próximos veinte años y limitar el crecimiento de los presupuestos a la inflación del año anterior.
Breve recuento del proceso histórico de empoderamiento empresarial y la derecha en México.
Para tener un panorama preciso de lo que actualmente ocurre en México, es pertinente revisar aunque sea de manera somera, el proceso por el cual ha transitado la derecha y el empresariado en nuestro país, hasta posicionarse como una de las fuerzas más importantes e influyentes de las decisiones que se toman en nuestra nación.
A este respecto debemos recordar que, algunos empresarios mexicanos, pasada la revolución, se cobijaron bajo la sombra de Huerta, alzándose desde los Estados Unidos: Vera Estañol, Martínez Carrillo, Calero y demás, contra la constitución de 1917. Jorge Vera Estañol, fundador de la Libre de Derecho, tildó de “bolchevique” a la Constitución del 17, más aún, la nueva Constitución le resultaba anticapitalista, xenofóbica y “bóxer”. Bóxer en referencia a principios del siglo XX, a los bóxers chinos. Así, consideraba que los mexicanos pretendían acabar con la presencia extranjera y “productiva” en un suelo patrio que parecía llamado a “mejores cosas”. Indicando que, para que la furia revolucionaria pudiese llegar a donde tenía que llegar, - la destrucción del capital y, en particular, del capital extranjero -, hubo de elevar a rango constitucional la posibilidad de violentar derechos individuales tales como la garantía de irretroactividad y la subsistencia de las obligaciones contractuales5.
Y dentro de tal lógica, Carranza fue derrocado para instaurar un orden a fin a las exigencias de los Estados Unidos, a este respecto, contra el Plan de Guadalupe, el que fuera Ministro de educación en 1913, Jorge Vera Estañol, escribió: “El Leviatán constitucionalista señaló con la demolición de cuanto constituye el patrimonio de una sociedad civilizada, su marcha desde el septentrión hasta los lejanos confines de la península yucateca. ¡Imposible, no ya enumerar, pero ni siquiera catalogar en grandes lineamientos, la serie de crímenes y violencias perpetrados! ¡No hay precepto del Código penal, no hay canon de moralidad o humanidad que emerja inmune del brutal azote! Campos asolados, haciendas saqueadas o incendiadas, fábricas, manufactureras, minas y establecimientos de todas clases entregados al pillaje o devastados por la exacción (…) puentes, obras de arte, tramos inmensos y equipo y material rodante de los ferrocarriles, todo destruido (…) macabros gallardetes humanos colgados por millares a lo largo de los caminos y hasta en las poblaciones; asesinatos individuales cometidos a diario por el simple y salvaje afán de matar; plagios desvergonzados en demanda de rescate; raptos y violaciones de mujeres, sin escatimar vírgenes entregadas a la devoción de la vida mística; orgías desenfrenadas en plazas, calles y lugares públicos; sacerdotes escarnecidos por las hordas; imágenes de santos fusiladas; iglesias y establecimientos religiosos clausurados o entregados al saqueo y la profanación 6 .
Mientras que Álvaro Obregón, acorde también con el orden empresarial nacional y estadounidense, mediante los Tratados de Bucareli, acepta el criterio de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, respecto al artículo 27constitucional, respecto a la no retroactividad de su aplicación, para dejar intactas las propiedades de los empresarios norteamericanos.
Esto se dará mediante el soborno de los inconformes y el asesinato de los que se opusieran. Así, Obregón ocupo las tierras de los Nainari, en el Valle del Yaquí, siendo presidente Calles, en 1926. Logrando una “gloriosa victoria”, sobre los casi indefensos yaquis, es recibido con aclamaciones en la ciudad de México, por haber salido ileso ante unos yaquis, que sin armas, deseaban paz para sus aldeas. Además, la Cámara de Comercio le entregó, en el Alcázar de Chapultepec, una medalla, “como premio a su labor agrícola en Sonora”, mientras que el apoyo de los obreros le fue expresado por Luis N. Morones7.
Paulatinamente, la empresa mexicana, medio francesa, medio española, lejanamente inglesa por Lucas Alaman, girara cada vez más hacia la eficiencia del poder y la política norteamericana. Representándoles un obstáculo la aparición de Lázaro Cárdenas y cuando Calles vuela hacia los Estados Unidos, reaparece el pavor de los empresarios y la derecha, siendo así que se da la fundación de Acción Nacional8.
En 1939 se funda el Partido Acción Nacional, en la Ciudad de México, a las 11:30 de la mañana, tras una reunión en el piso alto del Frontón México, de gran cantidad de delegados procedentes en su mayoría de Tampico, León, Morelia y Monterrey, convocados a iniciativa de Manuel Gómez Morín, Miguel Estrada Iturbide, Jesús Guiza y Acevedo, Carlos Ramírez Zetina e Isaac Guzmán Valdivia, para formar un nuevo partido.
Surgido como reacción a la política revolucionaria asumida desde el principio de su gobierno por el general Lázaro Cárdenas y a sus continuos choques con los grupos empresariales y eclesiásticos; a la transformación del PNR en Partido de la Revolución Mexicana, cuyos principios reconocían la lucha de clases, y cuyos objetivos comprendían "la preparación del pueblo para la implantación de una democracia de los trabajadores para llegar al régimen socialista". Además, se manifestaba Acción Nacional contra la posible continuidad del cardenismo mediante la probable candidatura presidencial del radical general Francisco J. Mújica en las elecciones de 1940.
La convención del Partido Acción Nacional termina el día 17 de septiembre de 1939, luego de acordar por unanimidad que el comité directivo del nuevo instituto político, integrado predominantemente por profesionistas, sería presidido por Manuel Gómez Morín, ex rector de la UNAM. Manifestándose la influencia empresarial sobre el nuevo partido, en el hecho de que sus documentos básicos fueron redactados en el Banco de Londres y México y en que uno de los primeros diputados federales que ganará en 1946, será Antonio L. Rodríguez, director del centro bancario de Monterrey
Algunos otros integrantes destacados del Comité Organizador fueron el licenciado Efraín González Luna, originario de Autlán, Jalisco. Y además de estos, otros fundadores importantes fueron Miguel Estrada Iturbide, Rafael Preciado Hernández, Juan Landerreche Obregón, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera y Lasso, Aquiles Elorduy y Luis Calderón Vega.
Manuel Gómez Morín, mediante el nuevo partido, expresará la repugnancia de quienes se oponían a la Revolución Mexicana. Manifiesto en el Programa Mínimo de Acción del PAN, en el se mostrará su franca oposición al régimen del presidente Lázaro Cárdenos, exaltando a la iniciativa privada, dirá el texto: “El Estado tiene el deber de velar por que los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional, y esté constantemente subordinada al bien común”.
Respecto a la propiedad se indicaba que: “La propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona, y de la… familia… Debe promoverse, por tanto, la formación del mayor número posible de patrimonios familiares suficientes”. Y sobre la economía se señalaba que: “El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional… Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía, y garantizar, al contrario, que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores”9.
Sin embargo, para 1962 el lenguaje de Gómez Morín cambiará, abandonando los temas contra el cardenismo, acomete con más sobriedad el problema de definir el rumbo del partido ante una realidad diferente. Dentro de un nuevo contexto, donde la coexistencia pacífica no era ya un dilema, pasado el tiempo que pudo favorecer una sublevación armada o una rebelión cívica, sólo quedará la vía jurídica, mediante la representación política.
La presidencia de Luís H. Álvarez, en Acción Nacional, dará una muestra palpable de este nuevo rumbo, de acuerdo con Luis se reformará el partido “para prepararnos para conquistar democráticamente el poder para realizar, desde el poder, nuestros principios”. Para Álvarez el PAN tenía que “asumir el riesgo de ejercer responsablemente la cuota de poder que sus lectores le dieron”, debía de crear nuevas formas de hacer política y dejar de tratar de instaurar un orden social cristiano en un Estado panista, de modo que “no nos asustemos ni nos disgustemos porque otros dicen hoy lo que nosotros dijimos primero, ni temamos que se nos unan quienes ayer no caminaban a nuestro lado”. En suma, había que abrirse al diálogo, a las alianzas y a un pluralismo “práctico”. Así, se ira configurando un “neopanistas” que dará vitalidad al partido, aumentando sus recursos y tecnificando sus campañas electorales. También cambiaron su orientación hacia España y los valores que en el momento de creación del PAN, representaba el franquismo, por un acercamiento hacia el sistema económico y el estilo de vida de los Estados Unidos10.
Dicho cambio en el discurso de Morín, también coincidirá con un apartamiento de los empresarios – siempre a trasmano y a la sombra de Acción Nacional – volviéndose así, un partido clase mediero. Ocurriendo la separación empresarial del PAN, por la persistente obra de la contrarrevolución, contra el gobierno y frente al gobierno, posibilitando así, la fusión de antiguos adversarios y una nueva burocracia.
De tal suerte, el PNR que debía estar compuesto por obreros, de la CTM, campesino y militares fue disuelto en 1938, fundándose en su lugar el Partido de la Revolución Mexicana. Dentro del PRM, le corresponderá a Manuel Ávila Camacho, como candidato de dicho partido, frente a la coalición conservadora de Andrew Almazán y el agrupamiento de la izquierda con Múgica, alinear al partido, para darle afinidad con una política conservadora y clerical. Y en la misma dirección, el 17 de enero de 1946, el PRM será disuelto para conformar en su lugar al Partido Revolucionario Institucional.
Ya en el poder Ávila Camacho, aplico el programa de Almazán, excepto en la cuestión del petróleo. Siendo que Almazán pedía el fin del sistema ejidal, al que comparaba con la encomienda colonial. No obstante admitía que el ejido, era un medio elemental para alimentar a los desamparados, pero sin embargo, no se le podía considerar una solución final. Indicando en Michoacán, mediante una entrevista en 1930 que: “Desgraciadamente, la era que lanzamos en 1910 ha retardado el desarrollo de la nueva raza mexicana. El día que los pequeños propietarios, los campesinos, todos los hombres que viven de la tierra lleguen a ser diez millones de rancheros sobrios, activos, honorables y valientes, México será una nación con verdadera influencia en el destino de las Américas”11.
Almazán también prometía atraer el capital extranjero, asegurando dar a los inversionistas extranjeros las mismas garantías que "cualquier país democrático". Señalando que los obreros mexicanos no se opondrían a esta política, dado que el gobierno les mostraría que su propia prosperidad, dependía de la expansión industrial y la seguridad monetaria. Destacando Almazán, que el primer paso para atraer el capital, sería solucionar la controversia del petróleo.
Y al igual que el partido oficial, insistió en la armonía de las clases sociales. Solicitando a los obreros que confiaran en la buena voluntad de los patrones. E incitando a las empresas a compartir las utilidades industriales con los obreros. Radicando el problema de México, según Almazán, no en los obreros ni los empresarios, sino en los líderes obreros afortunados. De forma que, el nivel de vida no subiría hasta que dichos líderes dejaran de incitar a los obreros en contra de sus patrones, permitiendo que la economía se desarrollara armoniosamente.
De tal manera, ambos candidatos también evitaron todo ataque violento a la religión católica, prometiendo los dos respetar la familia mexicana. Pero Almazán fue mucho más lejos para atraer el apoyo de los católicos. Repetidas veces prometió revocar el artículo tercero que exigía la educación socialista. Así, en Iguala, Guerrero, ante una concurrencia entusiasta, condenó la educación socialista: “El pueblo mexicano no permitirá la imposición de la educación socialista. Este tipo de educación significa el monopolio absoluto del Estado sobre la conciencia humana, la multiplicación de la personalidad humana, el relajamiento de las costumbres y la desintegración de la familia, que es la base de nuestra nacionalidad. Los comunistas no lograrán sus objetivos porque estoy seguro que si tratan de aplicar esta ley, los jefes de familia se negarán a mandar a sus hijos a las escuelas privadas y públicas, rescatando así de la corrupción a la esperanza suprema de nuestro país, la generación futura”12.
Más todavía, Almazán prometió libertad para la educación, porque no creía que las escuelas religiosas fueran la causa de la ignorancia. Dijo que la culpa del analfabetismo lo tenían las madres no educadas quienes impartían la superstición, la idolatría y la ignorancia a los niños. Afirmando que los seminarios no eran centros de reacción; las instituciones educativas católicas habían producido liberales puros y jacobinos rabiosos, además de católicos fanáticos. Y que una vez presidente, impulsaría las escuelas privadas, o sea, católicas, porque esta iniciativa privada, era decisiva para la expansión del sistema educativo en México.
Respecto a los militares, Almazán llamó al ejército, "la verdadera esperanza de México". Y de ser elegido, les prometía aumento de salarios, promociones sobre méritos y el reemplazo de los políticos por militares de carrera. Todo el cuerpo del ejército sería restablecido en ciudades militares modelos. Almazán también prometía apoyo para el sufragio femenino, el rejuvenecimiento del gobierno municipal y facilidades para la inmigración de trabajadores técnicamente calificados.
Así, era clara su postura frente a la revolución mexicana y el presidente de salida, indicando que: “el general Cárdenas inyectó a todo lo que hacía una cierta buena fe, que, sin embargo, fue distorsionada por exageraciones, torpezas, inconsistencias, especulaciones y mucho maquiavelismo criollo para el futuro. Todo su trabajo parecía un gran complot en contra de las instituciones y el pueblo de México. Su conducta fue muchas veces tan dudosa, que se le creía capaz de convertir a México en una colonia de Rusia para que él pudiera ser comisario de Stalin”13.
Almazán afirmaba que los planes sexenales eran copias de un modelo ruso. Indicando que, los planes eran parte de un "complot monstruoso ruso para sovietizar a México a través de la colectivización y la planeación estatales". Concediéndole la oposición que, los modelos extranjeros extraerían su ideología de la Constitución de 1917.
Acorde con estas posturas, una vez presidente, Manuel Ávila Camacho, demostró que entre los dos candidatos, no había mucha diferencia. Ambos prometieron una nueva era de armonía entre las clases sociales, protección para los pequeños propietarios, fin a la guerra con la Iglesia, más inversión extranjera y una política exterior pro-aliados. También los dos afirmaron que mantendrían la independencia económica de México a la vez de continuar las relaciones amistosas con los Estados Unidos.
De tal suerte, Miguel Alemán, dio lugar a unas mesas redondas en las cuales el empresariado nacional, enriquecido durante la Segunda Guerra Mundial, pudo fijar sus condiciones: reformar el artículo 27 constitucional, para dar paso al capitalismo agrario, una ofensiva contra los campesinos, represión a los trabajadores de PEMEX e inaugurar una política de dos gabinetes: el de los amigos íntimos; los Serrano, los De la Selva, los Parra Hernández, los Bustamante, los Pasquel, los López Sánchez, así como de distinguidos universitarios14.
Significando la SGM para México la consolidación de las dos clases históricas, el proletariado y la burguesía. La primera ampliada pos la necesidad de la fabricación y extracción de materias primas y la segunda enriquecida por la exportación de cuanto se pudo elaborar. En conjunto comienzan a dar forma a un país con mayor bienestar hasta entonces conocido, a la vez que dividido por sus respectivos proyectos de nación, el burgués y el proletario.
Decantándose cada vez más los distintos presidentes del país por el proyecto empresarial, Miguel Alemán, en diciembre, tras días de ser presidente, modifica el artículo 27 de la constitución, para crear, legalmente, las condiciones del capitalismo agrario. Así como manda golpear a los obreros, persigue al Partido Comunista y dos años después, en 1948, anuncia, 23 puntos de su política económica, reseñados por Ramón Beteta a los banqueros.
Siendo que los gobiernos norteamericanos no han aceptado nunca la autonomía y el alcance de la Constitución mexicana, particularmente a las garantías sociales manifiestas en el artículo 123 respecto y respecto a los derechos de la nación sobre los particulares: propiedad de la tierra, de los recursos naturales y la economía estatal, manifiesta en el artículo 27.
Miguel Alemán Valdés, después del 1ero.de Diciembre de 1946, toma como una de sus primeras medidas reformar la legislación agraria de Cárdenas, pues ésta protegía a la Propiedad Privada de cualquier amenaza de expropiación y fijaba las superficies máximas de pequeña propiedad de acuerdo a los diversos cultivos y condiciones, así en diciembre de 1946 se modifica la fracción XIV, del artículo 27 constitucional, agregando el siguiente párrafo, en el que concedía el amparo a los latifundistas:
Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación, a los que se haya expedido o en el futuro se expida certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas15.
Y bajo la misma tesitura, los párrafos cuarto y quinto, de la fracción V, se define a la pequeña propiedad como:
Se considerará así mismo como pequeña propiedad, las superficies que no excedan de 200 hectáreas en terrenos de temporal o de agostadero susceptibles de cultivo; de 150, cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego de avenida, fluvial o por bombeo; de 300, en explotación, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, coco-tero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales. Así también, Se considerara pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, n los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos16.
Afín a los intereses empresariales nacionales y extranjeros, también en el 47, se modifican las tarifas arancelarias, por lo que por primera vez en la historia, un presidente norteamericano visitaba la Ciudad de México, y un mes después Alemán visita Washington.
De suerte que, conforme Ramón Beteta Quintana inaugura el llamado “desarrollo estabilizador” del país, la política económica de la nación fue sirviendo para capitalizar a una minoría, fortalecer el capitalismo mexicano, que conforme su poder alcanzado y gradualmente se ha convertido en socio menor del capitalismo estadounidense. Situación para lo cual les ha sido necesario, a partir de la SGM, omitir de la política económica el espíritu de la Constitución mexicana, es sus artículos fundamentales: 27 y 123.
Y cada vez que un gobierno ha intentado acatar sus normas, se ha suscitado un enfrentamiento con la derecha y las organizaciones empresariales, por ejemplo con López Portillo, en 1982, cuando se nacionaliza la banca. No obstante no han sido medidas socialistas, sino manifiestas en la constitución. Teniendo como centro el hecho de que todos los gobiernos norteamericanos, ya fueren republicanos o demócratas, han rechazado el artículo 27 de la Constitución de 1917.
Resultando que los conflictos internacionales que ha tenido México con los Estados Unidos en el pasado siglo (y están presentes aun hoy en día), provenían de la aplicación y reglamentación del artículo 27, ya que el gobierno de ese país ha considerado que las propiedades de sus connacionales, en México, deben respetarse por ser de norteamericanos, y por ende creen que se encuentran más allá de las leyes mexicanas.
Contando el intervencionismo norteamericano dentro de nuestro país, siempre con aliados mexicanos, ya sea por parte del clero, de la derecha o los grandes industriales. Y proviniendo su política de la importancia estratégica que cumple nuestro país como abastecedor de recursos estratégicos para dicha nación de recursos estratégicos, principalmente petróleo y minerales.
Pero, como el Estado mexicano, conforme a la Constitución de 1917, es un estado nacional de economía mixta, de manera que las nacionalizaciones son la fuerza productiva en términos de utilidad y no de lucro. Y las empresas estatales, en consecuencia han representado la fuerza del país, frente a la intervención económica y política del exterior, les ha sido preciso, tanto a la derecha, como a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, desmantelar en estos aspectos, tanto al Estado como a la Constitución mexicana17.
Sin embargo, aún nos falta debelar la forma en que se incorporan al partido Acción Nacional, nuevos grupos empresariales, especialmente tras la nacionalización de la banca en septiembre de 1982. De forma que, el PAN irá logrando más triunfos electorales en algunos estados de la República y distritos de la ciudad de México, hasta obtener en 1989 su primera gubernatura en Baja California con Ernesto Ruffo Appel, y en 1991, su primera senaduría con Héctor Terán Terán, en el mismo estado.
Hasta llegar a poner en riesgo la hegemonía del PRI en las elecciones de 1994, mediante la candidatura de Diego Fernández Ceballos, y en alianza con el Partido Verde Ecologista, triunfará en las siguientes elecciones frente al PRI y a la alianza del PRD y el PT. Colocando a su primer presidente de la República, Vicente Fox Quezada, quien tomará posesión del gobierno el 1º de diciembre del año 2000.
Pero este trabajo lo dejamos para la siguiente entrega.
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