miércoles, 4 de febrero de 2015

Una resurrección forzada

Una resurrección forzada
Rosa Elvira Vargas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 4
Desaparecida por el Congreso desde noviembre de 2012, a iniciativa enviada por el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) nunca fue remplazada por el ‘‘órgano constitucional autónomo’’ en materia anticorrupción previsto en los artículos transitorios del Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.
En ese tiempo la dependencia operó con un encargado de despacho, Julián Oliva Ugalde. Para este año ejercerá un presupuesto de mil 483 millones 947 mil pesos. Ayer, por la vía del nombramiento de un titular –Virgilio Andrade– el presidente Peña revirtió en los hechos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal impulsada por él mismo. Además, en su mensaje se pronunció por la aprobación en el Congreso del sistema nacional anticorrupción y no aludió a la comisión nacional anticorrupción propuesta por él y que aún se mantiene como dictamen pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados.
Virgilio Andrade Martínez es abogado por el ITAM. Fue consejero electoral entre 2003 y 2010. Al inicio del gobierno de Peña fue titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Economía. Tras rendir protesta de su nuevo encargo, Andrade convino en la demanda ciudadana y social por acciones dirigidas a cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y público. Se comprometió a propiciar un gobierno eficaz, apegado a la legalidad y transparente frente a los ciudadanos. La SFP, indicó, tiene una estructura presente en prácticamente 300 órganos de la administración pública federal y cuenta con la experiencia y trayectoria de ‘‘cientos de contralores, contadores y expertos en gestión’’.
Para la primera tarea encomendada por Peña –revisar si hubo conflicto de intereses en la compra de las casas de su esposa Angélica Rivera; del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de él mismo, Andrade tendrá que reunir a un panel de expertos para que ‘‘conozcan y evalúen los resultados de la investigación’’.

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