viernes, 22 de enero de 2016

Tortura, crisis humanitaria en México: OMCT; tipificación y creación de Unidad de investigación, temas bajo la lente


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Tortura, crisis humanitaria en México: OMCT; tipificación y creación de Unidad de investigación, temas bajo la lente

Cecilia Balderas
Tortura, crisis humanitaria en México: OMCT; tipificación y creación de Unidad de investigación, temas bajo la lente
(22 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En reunión con diputados federales perredistas, organizaciones de la sociedad civil  -incluida la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)- expresaron su preocupación por el contenido de la propuesta de Ley General Contra la Tortura enviada por el Ejecutivo federal al Senado de la República para su análisis, y exigieron cambios en temas como la tipificación de los delitos de tortura; tratos crueles, inhumanos o degradantes; además, subrayaron la necesidad de tener un buen marco legal que sirva como hoja de ruta para cambiar la cultura de los cuerpos de seguridad de nuestro país.
Helena Solá, consejera de derechos humanos y coordinadora de la OMCT en América Latina, sostuvo que en México la tortura se ha convertido en un fenómeno de carácter humanitario al que calificó de “muy recurrente y muy preocupante”, por lo que la ley en la materia debe incluir la obligatoriedad de las entidades públicas para su cumplimiento y las sanciones a las que se harán acreedoras en caso de incurrir en inconsistencias.
La activista argumentó que el artículo 26 implica una limitación muy clara de la definición de tratos crueles, inhumanos o degradantes al señalar únicamente a servidores públicos miembros de dependencias de seguridad pública, como quienes podrían cometer este delito, ya que elimina a muchos sujetos activos que podrían incurrir en el mismo.
Agregó que es necesario explicitar que si este tipo de delitos no son investigados debidamente, habrá un organismo independiente que podrá ejercer su facultad de atracción porque de otra forma “las investigaciones se llevarán a cabo por parte de los mismos entes y no vamos a avanzar, la impunidad va a seguir”.
Verónica Verver, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal) argumentó que “hay temas fundamentales en los que definitivamente no estamos dispuestos a ceder en esta lucha. El primero, es en relación con la unificación que se busca de la tipificación de la tortura con los tratos crueles, inhumanos y degradantes…podríamos caer en el error de que actos de tortura pudieran minimizarse a tratos crueles y no estamos hablando únicamente de la penalidad que se impone a uno u otro, sino que podrían quedar en la impunidad”.
En el artículo 47 de la iniciativa de Peña, explicó Verver, se hace la referencia a que “las pruebas que hubiesen podido ser obtenidas con independencia no se podrán tomar en consideración, lo que nos abre una puerta enorme para que no se sigan investigando estos delitos o que cualquier agente del Estado pueda argumentar que la prueba fue obtenida de manera distinta”, lo que, de nueva cuenta, conduciría a la impunidad.
En tanto, Ivette Estrada, del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE) argumentó que respecto a la construcción de la Unidad de Investigación, la propuesta de Peña tiene “serios problemas” porque no se alcanzó a entender cuál será su objetivo.
“Debemos centrarnos en el fortalecimiento de las facultades de investigación de la unidad porque no estamos cumpliendo con los estándares mínimos para que siquiera funcione como debe ser: la garantía de independencia técnica es muy importante y lo prioritario es que garanticemos que quienes formen parte de esta, cumplan con los perfiles necesarios para lograr investigaciones efectivas”, dijo Estrada.
Criticó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no dé para dictar las medidas cautelares específicas para la protección de las víctimas, de quienes denuncian la tortura o de los testigos, por lo que debe ser la Ley General en la que queden establecidas las obligaciones de las autoridades.
El freno de Presidencia…
Lucía Chávez, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) narró que en octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad de Derechos Humanos, puso a consulta de diversas organizaciones la iniciativa en la materia que el Ejecutivo enviaría al Congreso, misma que calificó de “bastante pobre”.
Después de varias reuniones, los participantes “nutrieron” el documento; sin embargo “cuando esta ley pasa a la Consejería Jurídica de Presidencia y se consulta con otras dependencias del Ejecutivo, cambia de manera importante el proyecto que se había consultado con las organizaciones y ahora tenemos mucha preocupación por el producto final que se ha presentado en el Senado”, detalló Chávez.
Una de las principales demandas de la CMDPDH, es que se especifique que los delitos de tortura y tratos crueles tendrán las mismas consecuencias procesales; además, les preocupa que “como está redactada la iniciativa, sólo el superior jerárquico inmediato que diera la orden de cometer tortura sería igualmente responsable, pues sabemos que muchas veces las órdenes para cometer estos actos no vienen exactamente de un superior jerárquico inmediato, por lo que nos quedaríamos cotos en los responsables”.
Sobre la exclusión de pruebas, Chávez subrayó que “sería una tragedia que se validaran pruebas obtenidas bajo tortura, tal y como está redactada la iniciativa”.

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