El esquema de las tres declaraciones (patrimonial, de intereses y de impuestos) “abre la puerta a una cacería de brujas y pone en riesgo la privacidad y seguridad de decenas de miles de personas que nada tienen que ver con el gobierno ni reciben recursos públicos y mucho menos son parte de actos de corrupción”, afirmó Tejado Dondé, coincidiendo con la expresión de Gamboa Patrón.
-¿Se fracturó a la sociedad civil? –se le preguntó a Martha Tagle.
-En algunos casos, les metieron el mismo miedo. Que si algunos querían participar en la llamada Mesa de las 7 sillas, donde estarían representantes de las organizaciones ciudadanas dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debían también hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
“Creo que el papel de la sociedad civil en este proceso debe ser de bisagra. No se les puede exigir ‘estás conmigo o estás contra mí’ o ‘ya cambiaste de bando’”, afirmó Tagle, en clara referencia a una declaración del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien acusó a la sociedad civil de haber “cambiado de bando” tras su reunión con el PRI y el Verde.
También del lado de la negociación del PRD y PAN hubo errores, comentaron algunos senadores. Entre esos errores, fue concentrar la negociación sólo en tres o dos senadores que desconocían los mecanismos del Parlamento Abierto y las negociaciones políticas.
Gatopardismo
Finalmente, el martes 26, Emilio Gamboa Patrón admitió en conferencia de prensa que no habían condiciones para sacar el paquete anticorrupción antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones y que el PRI y el Verde ya estaban trabajando “un documento jurídico” con la organizaciones Transparencia Mexicana, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Fundar, Fundación Espinoza Yglesias y México Evalúa.
“Son ONGs muy serias, como todas, pero han trabajado todo el viernes, todo el sábado y el domingo, y el día de hoy están por terminar el proyecto que creo que va a tener que ser presentado a los grupos parlamentarios”, afirmó Gamboa Patrón, admitiendo así que no se trabajó en Parlamento Abierto.
Un día después, el miércoles 28, el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos, presentó una carta a los presidentes del Senado, Roberto Gil, y de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, demandándoles que cumplieran con lo establecido por la Constitución en materia de reforma anticorrupción. El próximo 27 de mayo vence el plazo que dio la reforma constitucional para publicar las leyes secundarias.
“Solicitamos que de no haber consenso antes del 30 de abril, se convoque de inmediato a un periodo extraordinario en el que se discuta y aprueben los dictámenes de todas y cada una de las leyes que conforman el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó la Coparmex.
El líder empresarial expresó su desacuerdo con la posibilidad de una reforma cosmética, sin capacidad de sancionar a los funcionarios públicos:
“El Sistema debe poseer dientes para morder a la impunidad, es decir, afectar directamente los bienes producto de la corrupción en un marco jurídico adecuado para resarcir el daño”.
A pesar de estas demandas, el jueves 28, el PRI y el Partido Verde presentaron sus cinco iniciativas que trabajaron a puerta cerrada con algunos representantes de la sociedad civil.
Sólo plantearon cinco en lugar de siete: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; reformas a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y reformas a las leyes de fiscalización, coordinación fiscal y contabilidad gubernamental.
La parte medular de la Ley3de3 desapareció en las iniciativas del PRI y del Verde: la obligación de los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales queda a voluntad de los sujetos obligados.
Así se establece claramente en el artículo 29 de su iniciativa de Ley General de Responsabilidades Públicas:
“El servidor público que así lo determine podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información”.
Lo mismo se ordena para las declaraciones de intereses y las declaraciones fiscales anuales.
“No le cambiaron nada a lo que actualmente ya existe en materia de declaraciones patrimoniales”, reprochó la senadora Martha Tagle.
La posibilidad de un periodo extraordinario quedó en el limbo. Gamboa Patrón negociaba convocar hasta el 7 y 8 de julio de este año, “después de las elecciones de los estados”, y después del plazo límite de la reforma constitucional en materia de anticorrupción que vence el 28 de mayo.