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Perú busca impulsar inversión energética con reforma legislativa (40 años mas de privatización)

 

 

Author: kenzocaspi

Por Oxford Business Group –
El Congreso de Perú considerará la reforma de la legislación del sector de hidrocarburos, con la ley actualizada que prevé aumentar la inversión en el sector, al tiempo que refuerza la protección del medio ambiente y los derechos de la comunidad.
En junio, el Comité de Energía y Minas de la legislatura aprobó una serie de enmiendas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, enviando el borrador al Congreso para su ratificación final. La nueva ley, que lleva ocho meses en proceso, actualiza la legislación vigente desde 1993.
Actualmente, Perú produce menos del 20% de su requerimiento diario de petróleo, y la producción cayó a 41,000 barriles por día (bpd). dejando un déficit de aproximadamente 200,000 bpd para ser cubierto por las importaciones. Perú gasta aproximadamente $5,000 millones anuales en suministros de hidrocarburos extranjeros para satisfacer sus necesidades energéticas.
Al promulgar una legislación que respalde nuevas inversiones, Perú apunta a cerrar gran parte de esta brecha de producción. El regulador PeruPetro ha pronosticado que se podrían realizar nuevas inversiones por valor de hasta $ 6.500mn en el mediano plazo, que aumentarían la producción a 100.000 bpd para el 2023.

Enmiendas propuestas para facilitar la inversión

Una de las enmiendas clave apunta a ver los términos de los contratos estandarizados a 40 años para todos los arrendamientos de producción, junto con un período de exploración de 10 años,  en lugar del período de contrato anterior de 30 años para el petróleo y 40 para el gas, y una etapa exploratoria de siete años, con otros tres que se otorgarán en casos excepcionales. El contratista también tendría derecho a solicitar un contrato adicional de 20 años presentando un nuevo plan de inversión siete años antes de la fecha de finalización inicial.
Otra reforma establecida en la propuesta es una revisión de PeruPetro, que será rebautizada como la Agencia Peruana de Hidrocarburos. La agencia tendrá mayores poderes para negociar acuerdos de licencia y agilizar los procesos de aprobación con otros organismos estatales.
Las regulaciones que cubren las regalías también se volverían más flexibles al reflejar los desafíos que enfrentan los arrendatarios en el desarrollo de lotes específicos, teniendo en cuenta las condiciones geológicas del bloque.
Al ofrecer una mayor participación para los extractores que desarrollan bloques en áreas más intensivas en inversión, la legislación abrirá nuevos depósitos al incentivar la encuesta, pruebas de perforación y operaciones aguas arriba.
También se propone una revisión de la estructura de los incentivos fiscales para tener en cuenta la tecnología cada vez más sofisticada utilizada por las compañías petroleras.  Según Beatriz de la Vega, líder energética de Perú y socia de la consultora internacional EY, la legislación contiene mayores exenciones fiscales para la importación de bienes de capital, con más equipamiento para ser cubierto en la ley actualizada durante toda la etapa de exploración, y la admisión de este equipo se extendió de cuatro a cinco años.

“La legislación tiene la intención de crear una lista más dinámica de elementos exentos que se actualiza a medida que ocurren las evoluciones tecnológicas en el sector”, dijo a OBG.

Si bien la ley promueve una mayor flexibilidad para mantenerse al día con los cambios en el sector, también ofrece a los inversores consistencia en términos contractuales.

“Se ha especificado que cuando se celebra un contrato con PeruPetro, existe un beneficio de estabilidad tributaria en la fecha en que comienza el contrato”, dijo de la Vega a OBG.

Además de aumentar el atractivo del sector para los posibles inversores, la ley también fortalece la sostenibilidad de la industria al proteger a la población local y el medio ambiente.
Una manera de lograr esto es mediante la reorganización del proceso de consulta con las comunidades nativas en áreas con potencial para la extracción de hidrocarburos, de modo que se busque un acuerdo antes de que la tierra se ofrezca para licitación o contrato. La legislación devuelve esta responsabilidad a PeruPetro del Ministerio de Energía y Minas, fortaleciendo la mano del regulador.
Desde una perspectiva ambiental, la legislación reformada exige que los arrendatarios planten tres veces la cobertura forestal talada durante las operaciones de exploración y extracción, mientras que el 0.25% de los ingresos por la producción de petróleo debe ser transferido al Fondo de Remediación Ambiental de Perú, establecido en 2015 para dirigir los fondos a las áreas afectadas por la extracción de hidrocarburos.
Si bien las empresas de energía nacionales y extranjeras están buscando la nueva legislación para abrir oportunidades en el sector, también esperan que las reformas clarifiquen los poderes de supervisión regulatoria y el papel del gobierno en la vigilancia de la industria.
A fines de mayo, el gobierno del presidente Martin Vizcarra canceló un acuerdo para otorgar a la firma con sede en el Reino Unido Tullow cinco contratos extraterritoriales, no se ha llevado a cabo una debida diligencia con respecto a la consulta con las comunidades locales y la evaluación del posible impacto ambiental de los proyectos.
Las cláusulas reforzadas sobre el medio ambiente y la participación comunitaria de la nueva legislación deberían proporcionar una mayor claridad y eliminar el potencial de intervención directa del gobierno en el proceso de arrendamiento mediante el fortalecimiento del papel del regulador.
Por Oxford Business Group