El presidente de Argentina, Mauricio Macri, está acusado del delito de peculado que supone penas de dos a diez años de cárcel.
Dos exlegisladores del país sudamericano, José Cruz Campagnoli y Milcíades Peña, denunciaron el viernes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro.12 a Macri y a su secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por aprovechar recursos estatales en beneficio propio.
La queja se basa en un vídeo grabado el pasado 26 de septiembre en que el jefe del Gobierno argentino visita junto a su hija la pizzería ‘Il calzone della nonna’, en Ingeniero Maschwitz, ubicado en el partido de Escobar, de la provincia de Buenos Aires.
Se conoció luego que los dos dueños de la tienda son empleados del Gobierno. Los dueños de la pizzería, Verónica Krieger y Federico Nicotra, trabajan en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), según informaron los medios locales, por lo que su encuentro con Macri no fue casual.
“(El vídeo) fue un spot de comunicación oficial de Presidencia (con presupuesto público y estética oficial)” pese a no mostrar “ninguna vinculación con información pública, difusión de actos de gobierno, ni ninguna otra cuestión que habilitase el uso de la comunicación oficial de acuerdo a la normativa vigente”, criticaron los demandantes en su presentación.
Asimismo, argumentaron que como la grabación más que una “actividad oficial” es “una publicidad personal de Mauricio Macri y de su fuerza política”, encuadra en el delito de peculado, que se refiere al uso en beneficio propio o de un tercero del fondo del Estado y supone penas de dos a diez años de cárcel para el funcionario que lo utilice.
El Observatorio de las Elites Argentinas ha verificado que el 50 % de los ministros convocados por el mandatario tienen puestos en empresas privadas. Los funcionarios quebrantarían la Ley de Ética Pública, que exige un lapso de dos años entre la renuncia a las compañías y la asunción en los cargos públicos. Esto sale a luz mientras el Gobierno de Macri siempre rechaza cualquier vinculación con actos de corrupción.
msm/ktg/mtk/hnb
Dos exlegisladores del país sudamericano, José Cruz Campagnoli y Milcíades Peña, denunciaron el viernes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro.12 a Macri y a su secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, por aprovechar recursos estatales en beneficio propio.
La queja se basa en un vídeo grabado el pasado 26 de septiembre en que el jefe del Gobierno argentino visita junto a su hija la pizzería ‘Il calzone della nonna’, en Ingeniero Maschwitz, ubicado en el partido de Escobar, de la provincia de Buenos Aires.
Se conoció luego que los dos dueños de la tienda son empleados del Gobierno. Los dueños de la pizzería, Verónica Krieger y Federico Nicotra, trabajan en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), según informaron los medios locales, por lo que su encuentro con Macri no fue casual.
“(El vídeo) fue un spot de comunicación oficial de Presidencia (con presupuesto público y estética oficial)” pese a no mostrar “ninguna vinculación con información pública, difusión de actos de gobierno, ni ninguna otra cuestión que habilitase el uso de la comunicación oficial de acuerdo a la normativa vigente”, criticaron los demandantes en su presentación.
Asimismo, argumentaron que como la grabación más que una “actividad oficial” es “una publicidad personal de Mauricio Macri y de su fuerza política”, encuadra en el delito de peculado, que se refiere al uso en beneficio propio o de un tercero del fondo del Estado y supone penas de dos a diez años de cárcel para el funcionario que lo utilice.
(El vídeo) fue un spot de comunicación oficial de Presidencia (con presupuesto público y estética oficial)”, sostuvieron José Cruz Campagnoli y Milcíades Peña, dos exlegisladores argentinos, en cuanto a un vídeo difundido sobre la visita de Mauricio Macri, presidente de Argentina, a una pizzería.El propio Macri figura en la actualidad como “autoridad del directorio” de una empresa del grupo SOCMA: Minera Metales S.A., según reveló en agosto el diario local Página 12. Él es, además, uno de los presidentes más implicados en el caso de los papeles de Panamá, después de que se descubriera su participación directa en empresas no declaradas en paraísos fiscales.
El Observatorio de las Elites Argentinas ha verificado que el 50 % de los ministros convocados por el mandatario tienen puestos en empresas privadas. Los funcionarios quebrantarían la Ley de Ética Pública, que exige un lapso de dos años entre la renuncia a las compañías y la asunción en los cargos públicos. Esto sale a luz mientras el Gobierno de Macri siempre rechaza cualquier vinculación con actos de corrupción.
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