EPN a segundo paso en LA HAYA; crimenes de lesa humanidad.parte 1
La suspensión de la “Ley Federal de Remuneraciones” parece no tener muy contento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido arremeter contra los ministros que se niegan a la reducción salarial, pues asegura no se ajustan a las políticas de austeridad y no son un buen ejemplo como funcionarios. Al respecto en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “al reprochar que la Suprema Corte suspendiera la nueva Ley Federal de Remuneraciones, Andrés Manuel López Obrador volvió a atribuir a los ministros ganar más del doble de lo que perciben: ‘Si ellos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, de hasta 600 mil pesos mensuales, están dando un mal ejemplo’, dijo[…]. ‘No están entendiendo la nueva realidad y se olvidan de Juárez. Deberían quitar el retrato del Presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia. Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, ¿para qué tienen a Juárez ahí…?’, descargó. La encomiable máxima del benemérito sugiere la media entre opulencia y pobreza […]. Para lo que se perfila como una colosal confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial conviene leer el oportuno ensayo ¿Absolutismo constitucional? […] que acaba de publicar el ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano […], y en especial por el capítulo dedicado a los ingresos de Benito Juárez como Presidente de México, basados en la fijación […] del salario para ese cargo en el México independiente: 36 mil pesos anuales. Según el estudio, Juárez emitió el Decreto 5296 del 6 de abril de 1861 reduciendo su asignación a 30 mil pesos al año (dos mil 500 mensuales), efectiva inclusive durante la intervención francesa; la confirmó él mismo al restaurarse la República y fue su salario hasta su muerte (18 de julio de 1872). ‘El 31 de mayo de 1872 se publicó la Ley de Presupuestos de ingresos y egresos de la federación en el año económico 48 que comenzará el 1º de julio de 1872 y terminará el 30 de junio de 1873, y disposiciones que en la misma ley se citen. En ella se determina de manera global un gasto de 48,172.40 pesos en el Poder Ejecutivo; sin embargo, se puede inferir fácilmente que el sueldo del Presidente permaneció inalterado, ya que el importe de 48 mil 172.4 coincide exactamente con el importe global de los años anteriores, e incluso con el de 1873, en los cuales el salario del Presidente era de 30 mil pesos anuales’, hace ver Aguirre Anguiano. Lo suculento del ensayo viene cuando el ministro en retiro, basándose en distintas mediciones […] deduce que a Benito Juárez se le pagaría hoy, a valor maíz: 756 mil 590.1 pesos; a plata, 851 mil 381.38, o a dólares, un millón 234 mil 822.14 mensuales…”
Respecto a la inconstitucionalidad de la ley de Remuneraciones, en el Excélsior, el periodista Jorge Fernández Menéndez, explica que: “en realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ‘está dando un mal ejemplo’, como dice el Presidente López Obrador. La Corte está haciendo su tarea de contrapeso legal y al aceptar revisar la Ley de Remuneraciones de servidores públicos simplemente está ejerciendo un derecho constitucional sobre una ley que está mal construida y redactada. El Presidente López Obrador está en todo su derecho de reducir su salario e incluso el de sus colaboradores, pero no puede obligar a hacerlo a otros poderes, como el Judicial, que tiene autonomía al respecto o a instituciones autónomas […]. Insistir en que los ministros de la Corte son corruptos porque ganan 600 mil pesos mensuales no sólo es un abuso verbal del Presidente o los legisladores contra los integrantes de otro poder, sino también una falsedad: el salario de los ministros es de aproximadamente 290 mil pesos mensuales. En el caso de los trabajadores del poder Judicial simplemente el Ejecutivo no puede establecer sus salarios, ya que se trata de un poder autónomo. La ley de Remuneraciones viola normas constitucionales y debe ser revaluada si el Presidente insiste, como lo hará, en que nadie gane en el sector público más que los 108 mil pesos que se ha fijado a sí mismo de salario […]. Si se quiere imponer esa ley, tendrá que ser revisada y elaborada nuevamente asumiendo los espacios en los que el Ejecutivo no tiene autoridad para imponer los salarios e incluso dejando abierta la posibilidad de excepciones para ciertas responsabilidades laborales que requieren de especialistas muy bien pagados”.
Por otra parte, en lo referente a la reducción de sueldos a funcionarios en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “en los pasillos de la Suprema Corte aseguran que Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al informe anual de labores que ofrecerá el ministro presidente del alto tribunal, Luis María Aguilar, el jueves. Visita que se dará en un momento de abierta confrontación entre el mandatario y la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión con el Poder Judicial a causa de la polémica Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. A ver qué pasa”.
También en torno a la polémica por la Ley de Remuneraciones en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “dicen en la Suprema Corte que si Ricardo Monreal tiene pruebas de que dos ministros metieron mano en el tema de la Ley de Remuneraciones que presente las pruebas… o que vaya pensando cómo pedir disculpas. Y es que nada bien cayó entre los ministros que se señalara a Alberto Pérez Dayán y a Jorge Pardo de haber asesorado a los senadores que impugnaron esa ley que fue puesta en la congeladora por resolución judicial. Los cercanos a Pérez Dayán no sólo califican como “rotunda mentira” lo dicho por el morenista, sino que además le piden leer antes de hablar, pues la suspensión sólo aplica en el caso de los poderes judiciales (federal y locales) y los consejeros del INE, pues hay una prohibición constitucional en esos casos. Habrá que preguntarle al Senador Monreal si tiene con qué sostener su dicho o… de lengua se come un taco.”
En donde también se abordaron los desacuerdos por los salarios, fue en el Excélsior, donde su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien otorgó una suspensión para que los salarios de los servidores públicos del próximo año no se fijen con la nueva Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos y que trae entre dimes y diretes a dos de los poderes. Consideró que si se aplica puede haber afectaciones “irreparables”. Sobra decir que actuó con total parcialidad y en evidente conflicto de interés, ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones, al aceptar a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo minoritario de la oposición en el Senado PRI, PAN, PRD Y MC. Su salario asciende a más de cuatro millones de pesos al año. He ahí el porqué.”
La discusión sobre la reducción salarial es sólo uno de los desacuerdos entre poderes, pues en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “en un hecho inédito, los jueces y magistrados federales en la Ciudad de México realizarán un acto de protesta y darán lectura a un mensaje nacional. La convocatoria ocurre en medio del choque entre el Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo y la representación de Morena en el Legislativo por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones. Al contexto se sumó la resolución del Tribunal Electoral que avaló el triunfo de la panista Martha Érika Alonso como Gobernadora de Puebla, sobre el morenista, Miguel Barbosa, fallo que ayer mismo fue descalificado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo consideró “antidemocrático” aunque también dijo que lo respetará. Guerra entre poderes”.
Choque de poderes
La autonomía entre los poderes es una característica necesaria para el funcionamiento de la democracia, y eso es justamente lo que se observó en fin de semana donde contrario a lo que esperaba el partido en el poder, los jueces y ministros han actuado en contra de las propuestas y expectativas del Presidente de la República. Al respecto en el Excélsior, su director, el periodista Pascal Beltrán del Río, escribe que: “el Poder Judicial mostró que tiene criterio propio y que puede funcionar como control del Ejecutivo y el Legislativo. Primero fue la Suprema Corte de Justicia, que admitió a trámite las quejas que recibió sobre la aplicación de la Ley de Remuneraciones […] que establece que ningún funcionario, incluidos los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el Ejecutivo. Al día siguiente, por cuatro votos a tres, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, pese a que el proyecto a discusión […] proponía la anulación de los comicios para Gobernador en Puebla. Más allá de que cualquier ciudadano tiene derecho a criticar y argumentar en contra de lo realizado por esas dos instancias, éstas mostraron su autonomía de los otros Poderes y de la parte de la opinión pública que coincide en todo con López Obrador. Esa independencia es una característica básica de la división de Poderes y el funcionamiento de la democracia […]. México vivió demasiado tiempo una realidad en la que el Legislativo y el Judicial eran meros apéndices del Ejecutivo. A partir de finales de los años 90, el Presidente de la República dejó de ordenar al Congreso y al Poder Judicial qué hacer. No fue una graciosa concesión, sino resultado de largas luchas de las que fueron parte muchos miembros del partido que hoy está en la Presidencia de la República y tiene la mayoría en el Congreso de la Unión […]. Quizá por la verticalidad del mando que se ejerce en Morena y el que ese partido esté organizado en torno de un solo hombre, los legisladores de la mayoría han decidido abdicar de su criterio y hacer del país una calca de la organización en que militan. Sin embargo, el Poder Judicial no se integró por la misma ola electoral que llevó a Morena a ganar la Presidencia y la mayoría en las dos Cámaras del Congreso y es afortunado que los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los juzgadores en general no se comporten como subordinados del Ejecutivo. Decir esto no implica necesariamente compartir todas sus decisiones […]. De forma similar, sería equivocado exigir al Presidente López Obrador y a su gobierno no criticar las resoluciones de los jueces […]. Pero el mandatario sabe que su palabra no es una más en el contexto de la libertad de expresión de que gozamos todos legalmente […]. Más aun si consideramos que la palabra de este Presidente es atendida por sus correligionarios […] como si fuese la ley misma. Por eso, el Ejecutivo debe medir lo que dice. Tiene derecho a impulsar sus políticas, pues ganó legítimamente las elecciones […] pero, al hacerlo, debe proteger la democracia y la división de Poderes, pues éstos son el valor más grande que tiene la República”.
Sobre esta lucha de poderes, en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “tal como se pronosticaba, la ruta de colisión entre los Poderes de la Unión, en la era de la Cuarta Transformación, finalmente está a punto de provocar el primer gran choque. El enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial […] por la suspensión ordenada por la Suprema Corte de la Ley de Remuneraciones es apenas el inicio de un conflicto político que puede terminar poniendo en jaque el orden constitucional en la República […]. El escenario en pleno fin de año no se ve fácil. Primero porque viene la aprobación del Presupuesto 2019 y será ahí donde se producirá el primer choque frontal en esta guerra de poderes cuando la Cámara de Diputados, respaldada por la mayoría del Senado, y por el Ejecutivo, decidan mantener la reducción de salarios para todos los funcionarios públicos, incluidos quizás los del Poder Judicial, por debajo del tope de los 108 mil pesos a los que obliga la impugnada Ley de Remuneraciones, aún a pesar de la suspensión otorgada por la Corte […]. Y ahí, si se mantiene el abierto desafío del Legislativo a los ministros de la Corte, anunciado y azuzado por los dos coordinadores de la mayoría de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, con el argumento, de enorme aceptación popular, de que ‘los jueces y magistrados no pueden ser juez y parte’ y que trata de un claro ‘conflicto de interés’ en el que los juzgadores federales no pueden conocer de un asunto que involucra directamente a su interés y sus salarios, la respuesta del Poder Judicial pudiera ser una acusación de ‘desacato’ en contra de la Cámara de Diputados por no atender la suspensión dictada según la Constitución. Si eso ocurre podríamos terminar el año y comenzar el próximo en medio de una batalla política, mediática y constitucional entre dos de los tres poderes del Estado mexicano […]. Lo más grave de todo, cuando se produce este choque entre los tres poderes que integran la República, es que ya se escuchan versiones de que el conflicto podría escalar tanto que de un lado, el de los jueces y magistrados planean llevar el problema hasta instancias internacionales para defenderse de lo que dicen es un embate para allanar al Poder Judicial, mientras que del otro lado, desde el Legislativo y el Ejecutivo se azuza, con aceptación entre la gente, la idea de que si un Poder como el Judicial ‘está podrido’ más valdría una reforma constitucional para desaparecerlo en su actual conformación y dar paso, ya sea a una nueva Corte suprema integrada por ministros más afines al proyecto gobernante […] o de plano un nuevo Tribunal Constitucional para lo cual ya hay proyectos y hasta propuestas de reforma que se preparan en el nuevo gobierno de López Obrador. Se viene un fin de año agitado para la República y sus poderes formales”.
Populismo penal
En una crítica a las acciones de los legisladores morenistas en el Congreso, en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “hace unos años el Partido Verde, sí, ese, hizo una intensa campaña electoral para dar pena de muerte a los secuestradores. Era, por supuesto, un absurdo. Pero algún efecto electoral tuvo. Es el populismo penal. Esa táctica para aparentar que se combate el delito sin combatirlo […]. Pues no han tardado ni diez días de haber llegado el poder, y la 4T ya se convirtió en el Verde. Primero la creación de la Guardia Nacional bajo mando militar ignorando que la mayoría de los delitos y buena parte de la violencia tiene que ver con la construcción de capacidades locales hoy devastadas en buena parte del país. Después con ignorar todo lo que tenga que ver con justicia, investigación de los delitos, procuradurías y fiscalías. Ahora con la modificación constitucional aprobada el jueves en el Senado, que aumenta los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; ya podrán presumir que algo están haciendo para combatir la delincuencia. En realidad, no están haciendo nada, más que una larga campaña electoral”.
