El pasado 22 de junio de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC
anunciaron desde La Habana (Cuba) el cese indefinido de las
hostilidades, lo que en los medios de comunicación, y en palabras del
presidente Juan Manuel Santos, se calificó como "el último día de la
guerra". Sin embargo, esta afirmación está lejos de ser completamente
cierta.
Miembros de juntas vecinales, sindicalistas, líderes indígenas, activistas ambientalistas o profesores en comunidades campesinas han seguido siendo objetivo de la violencia política, con un repunte de los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
En los seis primeros meses de 2016, según el informe '¿Éste es el fin?', elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), se registraron 314 agresiones: 35 asesinatos (incremento del 3% con respecto al mismo periodo de 2015), 232 amenazas (disminución de 41%), 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, 9 casos de uso arbitrario del sistema penal, tres robos de información y un desaparecido.
Así, entre enero y junio de este año cada día fueron agredidos dos defensores de Derechos Humanos en Colombia y cada cinco fue asesinado uno.
En la mayoría de los casos, apunta el SIADDHH, los presuntos responsables son grupos paramilitares con un 68%, mientras el 22% corresponde a desconocidos y 10% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros). Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en dos casos. Todos los presuntos responsables disminuyeron en sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado que, por el contrario, subieron en su presunta responsabilidad: pasaron de 5% en 2015 (19 casos) al 10% en 2016 (32 casos).
Los homicidios presentaron un incremento del 3%, pasando de 34 homicidios en 2015 a 35 en el presente año. De los 35 asesinatos, el 91% correspondieron a hombres y el 9% a mujeres. En seis de ellos, las fuentes consultadas confirman que los defensores habían denunciado amenazas. El SIADDHH recuerda que en muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores siguen siendo agredidos.
Miembros de juntas vecinales, sindicalistas, líderes indígenas, activistas ambientalistas o profesores en comunidades campesinas han seguido siendo objetivo de la violencia política, con un repunte de los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
En los seis primeros meses de 2016, según el informe '¿Éste es el fin?', elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), se registraron 314 agresiones: 35 asesinatos (incremento del 3% con respecto al mismo periodo de 2015), 232 amenazas (disminución de 41%), 21 atentados, 13 detenciones arbitrarias, 9 casos de uso arbitrario del sistema penal, tres robos de información y un desaparecido.
Así, entre enero y junio de este año cada día fueron agredidos dos defensores de Derechos Humanos en Colombia y cada cinco fue asesinado uno.
En la mayoría de los casos, apunta el SIADDHH, los presuntos responsables son grupos paramilitares con un 68%, mientras el 22% corresponde a desconocidos y 10% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros). Las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad en dos casos. Todos los presuntos responsables disminuyeron en sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado que, por el contrario, subieron en su presunta responsabilidad: pasaron de 5% en 2015 (19 casos) al 10% en 2016 (32 casos).
Los homicidios presentaron un incremento del 3%, pasando de 34 homicidios en 2015 a 35 en el presente año. De los 35 asesinatos, el 91% correspondieron a hombres y el 9% a mujeres. En seis de ellos, las fuentes consultadas confirman que los defensores habían denunciado amenazas. El SIADDHH recuerda que en muchos casos de homicidio, familiares o amigos de los defensores siguen siendo agredidos.
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