Los empresarios, la política y la corrupción

 

Del subejercicio del gasto público pasando por las deudas del gobierno con proveedores –que ya se extienden por 3 años– hasta el desmantelamiento de políticas públicas que beneficiaron a ciertos empresarios durante las transiciones partidistas, las actividades de los hombres de negocios en México viven una transformación de los usos y costumbres que, durante muchas décadas, marcaron el ritmo de sus actividades.

Claudia Villegas

La corrupción en México que involucra a todas las organizaciones políticas, al partido gobernante y, por supuesto, a muchos “empresarios” ha estado determinada por el ritmo de los procesos electorales y la necesidad de flujo de efectivo para sostener lealtadas.
Pero es sólo la punta de un iceberg, siempre atado a la permanencia y a la definición del poder político. Privatizaciones, contratos de proveeduría, obras de infraestructura, trámites más agiles, concesiones, claves para otorgar créditos con descuento a burócratas, licencias y todo aquel proceso regulado o que dependa del gobierno, son las zanahorias que muchos empresarios y políticos han intercambiado durante muchos años y que se impusieron como un desviado deber ser de los “negocios” en México. Incluso, multinacionales han sido sancionadas por la Comisión de Valores de Estados Unidos porque al realizar negocios en México sucumbieron a esas prácticas. Al menos eso argumentan: México les impuso sus reglas. ¿En serio? Poco creíble porque una empresa corrupta hace lo mismo en México que en Asia o Europa y así lo confirma el seguimiento y el resultado de investigaciones sobre el modus operandi de compañías como Siemens o Hewlettt Packard, por sólo mencionar algunas. La tentación les costó el descredito y millones de dólares en multas.
Ahora, el paquete de leyes anticorrupción, específicamente la Ley General de Responsabilidad Administrativas –la Ley 3 de 3– busca terminar con un círculo vicioso que tiene postrado al país y a la economía. Por primera vez, una iniciativa ciudadana, impulsada por firmas de la población civil pero que condujo el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), le puso nombre y registró en voz alta las perniciosas prácticas que dañan la transparencia en la economía e incrementan sus costos.
El soborno, los desvíos de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito y oculto, la colusión, la obstrucción de la justicia, el uso ilegal de información confidencial o falsa, el nepotismo y la conspiración para cometer actos corruptos, son las acciones que busca impedir y que pretendía sancionar la Ley 3 de 3 en un amplio espectro que, al menos en este primer round, quedó acotado. Aún no logramos el knock out contra la corrupción.
Los legisladores se negaron a colocarse un cascabel y modificaron el corazón de esta iniciativa al eliminar la exigencia de revelación y rendición de cuentas hecha por los ciudadanos respecto a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. No serán públicas estas declaraciones, lo que equivale a extender el fuero con el que cuentan los legisladores. Aún nos falta conocer bajo qué condiciones se conocerá esta información y en qué plazo. Tendremos, entonces, el incremento de los casos de simulación y la existencia de prestanombres. Para compensar este golpe a la ciudadanía y para recomponer en parte su deteriorada relación con el sector empresarial, marcada por la distancia con la Secretaría de Hacienda y su titular Luis Videgaray, el presidente Enrique Peña Nieto vetó los cambios al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, en una especie de revancha, también obligaban a empresarios proveedores del gobierno y a toda aquella entidad o individuo –contraparte y beneficiario de programas con recursos públicos– a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Los empresarios tampoco tendrán la obligación de revelar los negocios que tengan con el gobierno federal. Es aquí, por cierto, en donde las pinzas podrían comenzar a cerrar tal y como sucede en países de Europa, en Estados Unidos y Canadá.
Si las empresas de estos hombres de negocios favorecidos con contratos públicos están vinculados con el sector bursátil, si sus compañías reciben recursos del gran público inversionistas tendrán que, forzosamente, reportar sus relaciones con el sector público. En Estados Unidos, sin embargo, van de avanzada en la lucha contra malas prácticas empresariales porque la Comisión de Valores (SEC) trabaja de la mano con el Departamento de Justicia.
Por ello, la Ley 3 de 3 después de su aprobación no era el instrumento con el que los ciudadanos soñaban para dar el primer paso del sistema nacional anticorrupción; ni siquiera el Instituto Mexicano de la Competitividad puede sentirse satisfecho con este escalón. Aún falta mucho.
Algunos casos de empresarios perseguidos
Sigamos con el iceberg: al terminar los procesos electorales (cuando empresarios aportan a campañas y al financiamiento de estrategias de proselitismo) llega el pago de favores; la entrega de contratos, las recompensas por la lealtad exhibida. Así la corrupción sigue su marcha como una maquinaria cuidadosamente aceitada. Con precios del petróleo en niveles menores a 50 dólares también disminuyó el dinero para otorgar contratos y con ellos las comisiones.
Son muchos los casos de empresarios que han sido actores en estas escenas del binomio política-empresa. En más de 2 décadas como reportera de negocios, conocí algunas historias que ejemplifican esta situación; casos como el de Gerardo De Prevoisin, a quien se le consideró el empresario consentido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La persecución del empresario por varios países de Europa hasta llegar a Suiza fue resultado de su rompimiento con el poder político. Un donativo a una campaña política; más de 11.5 millones de pesos que fueron desviados y que los bancos acreedores reclamaban, constituyeron algunos de los elementos de la trama política que terminó con la carrera de Gerardo De Prevoisin en la industria de la aviación.
Recupero el caso porque De Prevoisin me contó en una entrevista que fue Carlos Salinas de Gortari –según él– quien lo llamó para que se hiciera cargo de Mexicana de Aviación tomando en cuenta los éxitos que, hasta ese momento, presentaba con Aeroméxico. Después, favorecido y tocado por una especie de Rey Midas, el expresidente de Aeroméxico y Mexicana estimó “justo” entregar donativos para una campaña rumbo a la Presidencia. El resto de la historia se escribió en miles de notas periodísticas sobre su persecución, encarcelamiento, liberación y retiro de los negocios.
Otro caso parecido es del de Amado Yáñez, quien durante los gobierno panistas, se transformó en el principal proveedor de servicios marítimos de Pemex. Llegó el cambio de gobierno, sin embargo, y el fundador de Oceanografía comenzó a enfrentar problemas en el flujo de sus negocios con la paraestatal. Uno de los abogados –representante de los propietarios extranjeros de barcos que confiaron sus embarcaciones a Oceanografía– me aseguró que el pleito con Amado Yáñez –la inhabilitación como proveedor de la petrolera– fue resultado de su negativa para vender su empresa a empresarios cercanos al nuevo régimen político. Ésta es una versión de un buena fuente que vivió muy de cerca la debacle de Oceanografía. Por casos como éste, sobre todo en los negocios con Pemex, IMSS y CFE, –que ahora se repartirán entre cientos de empresas nacionales y extranjeras– la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a México por todas las vías modificar, revisar y mejorar la transparencia de las licitaciones públicas para adquirir bienes y servicios pero también para los concursos para asignar obras de infraestructura.
Muchas historias de negocios cubiertas por la prensa especializada documentan que sí, que en efecto, los negocios y la política tienen que rendir cuentas para evitar prácticas de corrupción y que necesitamos –más allá de la parafernalia legislativa– revisar muy pronto si esta Ley General de Responsabilidad Administrativas y los avances para conformar el sistema nacional anticorrupción función o tienen que replantearse porque México necesita urgentemente una ola de meritocracia para reducir la concentración de la riqueza y combatir la pobreza.