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Enfrentando los crímenes impunes de las empresas transnacionales

Enfrentando los crímenes impunes de las empresas transnacionales

Sol Trumbo - Público.es
Este fin de semana se ha hecho pública la declaración de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) celebrada en Manzini, Suazilandia el 16 y 17 de Agosto, centrada en los crímenes cometidos impunemente por empresas transnacionales (TNCs) en la región sudafricana. Nueve testimonios presentados mayoritariamente por mujeres como líderes de sus comunidades  o cuidadoras de las víctimas, demostraron la falta de acceso a la justicia y la necesidad de mecanismos como el TPP para acabar con la impunidad de las TNCs.
Casos como la masacre de Marikana en 2012, donde 34 de los mineros de la multinacional Lonmin en huelga fueron asesinados por las fuerzas de seguridad surafricanas, muestran el nivel de violencia ejecutado en la región para defender los intereses de las TNCs. La sesión del TPP constató el carácter sistemático de las violaciones cometidas por TNCs en diferentes países, en particular las empresas mineras y extractivas. Testimonios de Zambia y Sudáfrica verificaron como, debido a las actividades de Glencore en sus territorios, acuíferos de los que dependen comunidades enteras quedan inservibles y como se disparan los problemas respiratorios a consecuencia de la emisión de gases venosos sin ningún plan medioambiental. Glencore es la mayor empresa del mundo dedicada a la compra-venta de materias primas y alimentos, acaparando por ejemplo la mitad del mercado mundial del cobre. El comportamiento de Glencore puertas adentro no es más positivo, reprimiendo con disparos una huelga consecuencia de incumplir sus propios planes laborales. No pagar costes medioambientales y humanos ofrece grandes beneficios, los cuales sin embargo no repercuten en la zona gracias a complejas estructuras financieras internacionales. El cuartel general de Glencore está en Suiza aunque su registro oficial esta en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Los asesinatos a activistas luchando contra las actividades de TNCs en América Latina como el de la Hondureña Berta Cáceres han sido titular en los últimos meses. Sin embargo África sigue encarnando la cara más extrema de la globalización. Como indica la introducción de la declaración del TPP de Manzini “las luchas de liberación (Africanas) han sido incapaces de evitar la transición al neocolonialismo”. En el actual contexto la supeditación de África a los intereses de los viejos poderes coloniales se añade los de las potencias emergentes. La intensificación de la presencia empresarial china en el continente durante los últimos años es bien conocida, pero en el TPP también se han escuchado casos de violaciones cometidas por TNCs de los llamados BRICS como la Brasileña Vale, la Rusa DTZ-OZGEO, la India Jindal, y la Sudafricana Chancellor House.
¿Cómo consiguen las TNCs quedar impunes ante sus crímenes? Cuando las comunidades consiguen organizarse para buscar justicia, hacen frente a menudo a autoridades policiales, administrativas y judiciales que no colaboran en la defensa de sus derechos y que anteponen los intereses de las TNCs. Una narrativa de crecimiento y progreso construida en torno al supuesto beneficio que sus inversiones traen a los territorios, presenta los intereses de las TNCs como coincidentes con los de las poblaciones que sufren las consecuencias de sus operaciones. Esta narrativa se promueve por las TNCs y organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI y es aceptada ampliamente por altos funcionarios y cargos electos. En Manzini sin embargo la pregunta era: ¿Crecimiento para quién?
Cuando a pesar de todo un proceso judicial contra una TNC consigue salir adelante se inicia entonces una lucha desigual, las TNCs acceden a bufetes de abogados internacionales especializados en proteger por todos los medios posibles los “derechos” de sus clientes. En este punto la brecha que separa la Lex Mercatoria, construida en torno a multitud de tratados y acuerdos de comercio e inversión con sistemas de ejecución consolidados, del frágil sistema internacional de defensa de los derechos humanos se vuelve insalvable.
El caso de varias comunidades indígenas ecuatorianas que presentaron una demanda en una corte estadounidense contra Chevron por la destrucción causada en la región amazónica en la que vivían es paradigmático. La petrolera gastó millones de dólares para argumentar que debía ser juzgada en Ecuador, tras diez años de litigio y conseguir que el caso pasara a cortes ecuatorianas su defensa se basó entonces en la inadecuación de las cortes ecuatorianas. Tras otra década de litigios y recibir finalmente una sentencia a pagar casi 10.000 millones de dólares en daños, Chevron invocó un tratado de comercio e inversión bilateral que finalmente le exoneró de pagar. Tras 23 años de lucha los pueblos indígenas ecuatorianos siguen sin acceder a la justicia.
Casos como el de Chevron son comunes en otras regiones del mundo, los tratados bilaterales de comercio promovidos por los países de la EU en las últimas décadas incluyen extensos capítulos de protección de inversores, principalmente TNCs. Esta tendencia se ha pretendido ahora afianzar a nivel de la UE con los acuerdos planeados con Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA). Las críticas y movilización sin precedentes contra estos tratados, que han forzado al gobierno francés a posicionarse en contra del TTIP y creado dudas en el alemán, fue de hecho iniciada por organizaciones que llevan dos décadas exponiendo las consecuencias que ese tipo de tratados han tenido en otras regiones del mundo.
La política comercial de la UE en África gira en torno a negociar agresivamente EPAs (Acuerdos de Asociación Económica por sus siglas en inglés). Recientemente Nigeria y Tanzania se han negado a firmar EPAs cuestionando la compatibilidad de una política industrial autónoma con reglas de comercio que incluyen extensos planes de liberalización e impiden la protección de la economía local. La evidencia presentada en Manzini expuso además como éste modelo comercial deja a las comunidades desprotegidas mientras se blinda la protección de los inversores, constituyendo una arquitectura de la impunidad para las TNCs.
Ante la impunidad de las TNCs  movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil han iniciado el proceso de construcción de un sistema judicial desde abajo para llegar donde no llegan las leyes nacionales e internacionales. El principal ejemplo de ello es el TPP, descendiente de los Tribunales Russell organizados en Estocolmo y Roskilde  (1966-1967) para juzgar los crímenes contra la humanidad que se estaban cometiendo en Vietnam. Rusell II juzgó los crímenes de las dictaduras en América Latina en los años setenta y ya entonces organizó sesiones concretas exponiendo la alianza entre las empresas transnacionales y los estados. El TPP se fundó en 1979 siguiendo la Declaración de los Derechos de los Pueblos en 1976 afirmando el rol de las comunidades afectadas como las protagonistas para desarrollar leyes desde el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Las TNCs españolas Repsol, Aguas de Barcelona y Unión Fenosa también han sido juzgadas en diferentes estancias del TPP. En Mayo de 2010 Madrid fue el escenario de la sesión del TPP sobre la UE y las TNCs en América Latina, que expuso y condenó las violaciones de derechos humanos cometidas impunemente bajo el paraguas de las políticas comerciales de la UE. La experiencia de cuarenta años del TPP ha desarrollado una capacidad de presión política y jurídica que ha dado paso a una coalición de 200 organizaciones y redes de todo el mundo trabajando en torno a la “Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”. Una línea de trabajo clave de la campaña es la elaboración de un Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales. El tratado se entiende como un proceso que visibilice y fortalezca las alianzas entre las comunidades y pueblos afectados, creando a su vez un nuevo paradigma jurídico internacional que afiance la protección de los derechos humanos y los ecosistemas por encima de los derechos de los inversores.
Este trabajo ya ha dado frutos. Desde 2014 existe un grupo de trabajo intergubernamental en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para discutir la creación de un tratado vinculante sobre derechos humanos y TNCs. Este proceso histórico se inició a petición de los gobiernos Ecuador y Sudáfrica con el apoyo de cientos de organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo. Con escasas expectativas de éxito al inicio, salió adelante a última hora con la resolución A/HRC/RES/26/9 gracias al apoyo definitivo de China, India y Rusia. Estados Unidos, la UE y Japón se opusieron frontalmente, con abstenciones escandalosas como la de Brasil.
El proceso en la ONU permite resaltar la impunidad de las TNCs en casos de violaciones de derechos humanos. Construir obligaciones vinculantes no será sin embargo un camino fácil. En la primera sesión celebrada en Julio de 2015 la UE tuvo un papel perverso al intentar bloquear el inicio del grupo de trabajo, mientras Estados unidos y Japón optaron por no presentarse a las sesiones. El mes que viene tendrá lugar la segunda sesión del grupo de trabajo y de nuevo cientos de organizaciones y movimientos sociales se están preparando para estar presentes física o simbólicamente en Ginebra, cambios políticos como el reciente en Brasil añaden mucha incertidumbre al proceso.
La política comercial de la UE que prioriza los intereses de las TNCs está más en entredicho que nunca, a lo que se suma la articulación global de la resistencia contra la impunidad de las TNCs. Estamos ante una ventana de oportunidad para construir desde los pueblos un sistema de comercio internacional que controle las actividades de las TNCs y garantice los derechos de los pueblos y el planeta. Como la declaración del TPP de Manzini indica, se ha dado ha dado otro paso para “una profunda revolución en el rol de las leyes: de ser el garante e instrumento de aquellos en el poder a ser un flexible compañero en las luchas de las mayorías y minorías marginadas”.
Investigador en el Transnational Institute (TNI) y activista en varias redes internacionales como la “Campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”