El 20 de octubre, el Poder Electoral congeló el proceso de referendo
revocatorio contra Nicolás Maduro, luego de que varios tribunales
regionales así lo ordenaran por presunto fraude en la
fase inicial de recogida de firmas. Horas después, también se prohibió
por vía judicial la salida del país de varios líderes opositores, tras
lo cual la oposición denunció una supuesta ruptura del hilo
constitucional, anunciando que impulsará un juicio político al
presidente y el inicio de la destitución de los titulares del Poder
Judicial y el Poder Electoral.
La reciente gira de Maduro para impulsar el alza en el precio del petróleo ha sido el pretexto del Parlamento para anunciar que declarará el “abandono del cargo”. La jornada para aprobar estos acuerdos fue interrumpida por sectores bolivarianos, que irrumpieron en el Congreso para denunciar lo que califican de ensayo de golpe parlamentario.
El miércoles, casi dos meses después de la última movilización denominada “Toma de Caracas”, la oposición realizó la “Toma de Venezuela”, con movilizaciones masivas de calle en diversas ciudades. La marcha pacífica, a la que se contrapuso una nutrida movilización chavista en el centro de Caracas y otras ciudades, acabó en violencia en numerosas localidades, dejando un saldo de 120 heridos, 245 detenidos y un policía muerto por disparo en una ciudad residencial cercana a la capital. Al final de la convocatoria, la dirigencia anunció un llamado a huelga de 12 horas para el 28 de octubre y una marcha sobre el palacio presidencial el 3 de noviembre si para entonces no se ha activado la recogida de firmas para el revocatorio.
Nicolás Maduro respondió a la presión convocando el mismo día de la “toma” al Consejo de Defensa de la Nación, compuesto por los titulares del conjunto de poderes públicos, para “encauzar las últimas aventuras de estos sectores que pretenden desestabilizar a Venezuela", y llamando al pueblo chavista a defender el proceso bolivariano. Durante el acto, Maduro denunció la incomparecencia del presidente del Parlamento, Ramos Allup, quien acudió a la movilización opositora.
Este domingo, tres días antes del llamado a marchar sobre Miraflores, ambas partes deberían acudir a una mesa de diálogo. Los esfuerzos de UNASUR para promover el encuentro –a los que se ha sumado recientemente un llamado desde el Vaticano–, así como los mensajes intermitentes pero equívocos de ambos bandos en ese sentido, se estrellan contra el incremento de la polarización. En ese contexto, la estrategia opositora de “paro y marcha a Miraflores” recuerda a la que precedió al golpe de Estado de abril de 2002, aunque en esta ocasión incluye la apuesta por legitimar el desconocimiento del Gobierno a través de la mayoría parlamentaria opositora y los efectos de la crisis económica de trasfondo.
Aunque su capacidad de movilización se vio muy limitada, los sectores de oposición se mantuvieron en rebeldía, retirándose de las elecciones parlamentarias de diciembre 2005 en el último momento y sosteniendo la acusación de fraude en todas las convocatorias electorales. Desde entonces hasta el pasado año, el único revés electoral que sufrió Chávez fue el referendo de 2007 de consulta sobre una reforma constitucional de calado, que perdió por la mínima –en su caso, aceptando el resultado, aun si visiblemente frustrado–.
Entre tanto, una parte de los sectores capitalistas asumieron que para derrotar el proceso de cambios era imprescindible domarlo por dentro. Su progresiva asimilación a lo interno de las estructuras económicas estatales casa mejor con la decisión del Gobierno de Barack Obama, evidenciada a través de cables filtrados por Wikileaks, de que la mejor estrategia para acabar con el proceso revolucionario era el desgaste y la desestabilización silenciosa, como medio de asegurar la erosión de la participación popular masiva en su defensa.
La enfermedad de Chávez fue aprovechada por actores nacionales e internacionales para intensificar el acoso a la economía nacional, que se redobló desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, logrando generar a lo largo de este año una aguda escasez de productos básicos que afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos. Ante el descenso del ingreso público y el ataque a la divisa nacional, el Gobierno ha apostado por la apertura minera y la creación de zonas de inversión para captar capital, y busca mantener el rumbo de las políticas sociales con menguados ingresos, mientras impulsa iniciativas de distribución de productos básicos con saldo desigual según la efectividad de su administración.
En la víspera del anunciado paro opositor, Maduro decretó el cuarto aumento del salario mínimo y las pensiones en el año, como medida para contrarrestar la inflación inducida e hizo entrega de nuevas viviendas públicas, anunciando que se han entregado 180.000 en lo que va de año. Ayer, a contrapelo de la expectativa opositora, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-ONU) enfatizó que si bien hay escasez de ciertos productos y tensión política, Venezuela “no está en una crisis humanitaria”.
La dificultad para asegurar la cohesión de las políticas públicas en tiempos de ajuste inevitable, la desaceleración del movimiento de construcción del poder popular por parte de la burocracia chavista y el partido –que han venido operando de forma crecientemente vertical– y el impacto de la crisis en el acceso a productos básicos han propiciado una situación de desgaste que derivó en la primera gran victoria electoral opositora en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Es así claro que un sector del electorado chavista ha retirado su apoyo a la revolución, debido a la demostración de fuerza de sus enemigos y sus consecuencias, o bien por descontento con las decisiones del sucesor de Chávez, los efectos del aparato burocrático o la visibilidad de la corrupción. Es difícil determinar cuántos de éstos se desentienden del proceso bolivariano, y cuántos asumen que la única vía para salir del atolladero es dejar de apoyar al gobierno.
La reciente gira de Maduro para impulsar el alza en el precio del petróleo ha sido el pretexto del Parlamento para anunciar que declarará el “abandono del cargo”. La jornada para aprobar estos acuerdos fue interrumpida por sectores bolivarianos, que irrumpieron en el Congreso para denunciar lo que califican de ensayo de golpe parlamentario.
El miércoles, casi dos meses después de la última movilización denominada “Toma de Caracas”, la oposición realizó la “Toma de Venezuela”, con movilizaciones masivas de calle en diversas ciudades. La marcha pacífica, a la que se contrapuso una nutrida movilización chavista en el centro de Caracas y otras ciudades, acabó en violencia en numerosas localidades, dejando un saldo de 120 heridos, 245 detenidos y un policía muerto por disparo en una ciudad residencial cercana a la capital. Al final de la convocatoria, la dirigencia anunció un llamado a huelga de 12 horas para el 28 de octubre y una marcha sobre el palacio presidencial el 3 de noviembre si para entonces no se ha activado la recogida de firmas para el revocatorio.
Nicolás Maduro respondió a la presión convocando el mismo día de la “toma” al Consejo de Defensa de la Nación, compuesto por los titulares del conjunto de poderes públicos, para “encauzar las últimas aventuras de estos sectores que pretenden desestabilizar a Venezuela", y llamando al pueblo chavista a defender el proceso bolivariano. Durante el acto, Maduro denunció la incomparecencia del presidente del Parlamento, Ramos Allup, quien acudió a la movilización opositora.
El paro no logra sus objetivos
El llamado al paro del 28 de octubre no tuvo el seguimiento que esperaban sus convocantes. En Caracas, su seguimiento fue visible en el Este –la zona de mayores ingresos–, donde “descendió ligeramente el tráfico”, según la agencia EFE; pero tanto la banca como la mayoría de comercios en la zona centro y zonas populares trabajaron con normalidad. Aunque la “Mesa de la Unidad” ha intentado mostrar el éxito de la convocatoria, los cables de agencias planteaban que se cumplió “a medias”. Incluso un diario de fanática adhesión a las tesis de la dirigencia opositora como El País titulaba: “El paro nacional se cumple parcialmente en Venezuela”.Este domingo, tres días antes del llamado a marchar sobre Miraflores, ambas partes deberían acudir a una mesa de diálogo. Los esfuerzos de UNASUR para promover el encuentro –a los que se ha sumado recientemente un llamado desde el Vaticano–, así como los mensajes intermitentes pero equívocos de ambos bandos en ese sentido, se estrellan contra el incremento de la polarización. En ese contexto, la estrategia opositora de “paro y marcha a Miraflores” recuerda a la que precedió al golpe de Estado de abril de 2002, aunque en esta ocasión incluye la apuesta por legitimar el desconocimiento del Gobierno a través de la mayoría parlamentaria opositora y los efectos de la crisis económica de trasfondo.
Una oposición en conflicto permanente
Antes de consolidar el poder, el proceso de gobierno bolivariano liderado por Hugo Chávez enfrentó un golpe de Estado en 2002, un paro petrolero devastador en 2002-2003 y la violencia promovida en torno a la recogida de firmas para la activación del primer referendo revocatorio presidencial de la historia. Luego de que el 60% de los votantes ratificara al presidente en agosto de 2004, la totalidad de observadores subrayaron la validez de la consulta, mientras que la oposición volvió a denunciar fraude. A partir de entonces, el proceso institucional bolivariano entró en su fase de consolidación, coincidiendo con el aumento sustancial de los ingresos petroleros y el llamado de Chávez a comienzos de 2005 a construir el “socialismo del siglo XXI”.Aunque su capacidad de movilización se vio muy limitada, los sectores de oposición se mantuvieron en rebeldía, retirándose de las elecciones parlamentarias de diciembre 2005 en el último momento y sosteniendo la acusación de fraude en todas las convocatorias electorales. Desde entonces hasta el pasado año, el único revés electoral que sufrió Chávez fue el referendo de 2007 de consulta sobre una reforma constitucional de calado, que perdió por la mínima –en su caso, aceptando el resultado, aun si visiblemente frustrado–.
Entre tanto, una parte de los sectores capitalistas asumieron que para derrotar el proceso de cambios era imprescindible domarlo por dentro. Su progresiva asimilación a lo interno de las estructuras económicas estatales casa mejor con la decisión del Gobierno de Barack Obama, evidenciada a través de cables filtrados por Wikileaks, de que la mejor estrategia para acabar con el proceso revolucionario era el desgaste y la desestabilización silenciosa, como medio de asegurar la erosión de la participación popular masiva en su defensa.
La enfermedad de Chávez fue aprovechada por actores nacionales e internacionales para intensificar el acoso a la economía nacional, que se redobló desde la llegada a la presidencia de Nicolás Maduro, logrando generar a lo largo de este año una aguda escasez de productos básicos que afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos. Ante el descenso del ingreso público y el ataque a la divisa nacional, el Gobierno ha apostado por la apertura minera y la creación de zonas de inversión para captar capital, y busca mantener el rumbo de las políticas sociales con menguados ingresos, mientras impulsa iniciativas de distribución de productos básicos con saldo desigual según la efectividad de su administración.
En la víspera del anunciado paro opositor, Maduro decretó el cuarto aumento del salario mínimo y las pensiones en el año, como medida para contrarrestar la inflación inducida e hizo entrega de nuevas viviendas públicas, anunciando que se han entregado 180.000 en lo que va de año. Ayer, a contrapelo de la expectativa opositora, la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-ONU) enfatizó que si bien hay escasez de ciertos productos y tensión política, Venezuela “no está en una crisis humanitaria”.
La dificultad para asegurar la cohesión de las políticas públicas en tiempos de ajuste inevitable, la desaceleración del movimiento de construcción del poder popular por parte de la burocracia chavista y el partido –que han venido operando de forma crecientemente vertical– y el impacto de la crisis en el acceso a productos básicos han propiciado una situación de desgaste que derivó en la primera gran victoria electoral opositora en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Es así claro que un sector del electorado chavista ha retirado su apoyo a la revolución, debido a la demostración de fuerza de sus enemigos y sus consecuencias, o bien por descontento con las decisiones del sucesor de Chávez, los efectos del aparato burocrático o la visibilidad de la corrupción. Es difícil determinar cuántos de éstos se desentienden del proceso bolivariano, y cuántos asumen que la única vía para salir del atolladero es dejar de apoyar al gobierno.
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