Un
prominente clérigo saudí crítico con el régimen de Riad murió en un
hospital en la ciudad de Yida, a donde fue trasladado tras pasar cinco
meses en la cárcel.
Activistas y miembros del grupo pro derechos humanos Al-Qst, con sede en el Reino Unido, informaron de la muerte de Ahmed al-Amari, ocurrida en la noche del domingo. Al-Amari fue internado hace días en un hospital tras sufrir una hemorragia cerebral, según recogió el lunes a su vez la agencia británica de noticias Reuters.
Los activistas denunciaron que las autoridades carcelarias se negaron a prestar atención “intencionadamente” al expredicador de la Mezquita del Profeta en Medina lo que “provocó su muerte”.
Mientras tanto, Prisoners of Conscience (prisioneros de conciencia), otro grupo que defiende el respeto por los derechos humanos en el reino árabe, dijo el domingo pasado en un tuit que Al-Amari sufrió una hemorragia cerebral luego de que los funcionarios saudíes le inyectaron una sustancia venenosa durante una brutal tortura en prisión.
Abdulá, hijo del también antiguo rector de la Universidad Islámica de Medina, confirmó el fallecimiento de su padre. Las oraciones fúnebres tuvieron lugar el lunes por la tarde.
Al-Amari fue arrestado en agosto pasado en una redada en su domicilio y desde entonces fue puesto bajo custodia incomunicada por su presunta relación con el influyente teólogo Safar al-Hawali, arrestado en julio tras publicar un libro en el que criticaba a la familia real saudí.
Por el momento, las autoridades de Riad no se han pronunciado al respecto. El hecho se produce en momentos en que el régimen de los Al Saud, sobre todo el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, son objeto de amplias críticas a nivel internacional por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul (Turquía).
Grupos de derechos humanos denuncian la represión que sufre la disidencia con detenciones y torturas a mujeres. Arabia Saudí es una monarquía absoluta que no tolera las manifestaciones de protesta ni los partidos políticos. Riad defiende la necesidad de “controlar” a los activistas para garantizar la “paz social”.
mjs/rha/ask/mkh
Activistas y miembros del grupo pro derechos humanos Al-Qst, con sede en el Reino Unido, informaron de la muerte de Ahmed al-Amari, ocurrida en la noche del domingo. Al-Amari fue internado hace días en un hospital tras sufrir una hemorragia cerebral, según recogió el lunes a su vez la agencia británica de noticias Reuters.
Los activistas denunciaron que las autoridades carcelarias se negaron a prestar atención “intencionadamente” al expredicador de la Mezquita del Profeta en Medina lo que “provocó su muerte”.
Mientras tanto, Prisoners of Conscience (prisioneros de conciencia), otro grupo que defiende el respeto por los derechos humanos en el reino árabe, dijo el domingo pasado en un tuit que Al-Amari sufrió una hemorragia cerebral luego de que los funcionarios saudíes le inyectaron una sustancia venenosa durante una brutal tortura en prisión.
Abdulá, hijo del también antiguo rector de la Universidad Islámica de Medina, confirmó el fallecimiento de su padre. Las oraciones fúnebres tuvieron lugar el lunes por la tarde.
Al-Amari fue arrestado en agosto pasado en una redada en su domicilio y desde entonces fue puesto bajo custodia incomunicada por su presunta relación con el influyente teólogo Safar al-Hawali, arrestado en julio tras publicar un libro en el que criticaba a la familia real saudí.
Por el momento, las autoridades de Riad no se han pronunciado al respecto. El hecho se produce en momentos en que el régimen de los Al Saud, sobre todo el príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, son objeto de amplias críticas a nivel internacional por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul (Turquía).
Grupos de derechos humanos denuncian la represión que sufre la disidencia con detenciones y torturas a mujeres. Arabia Saudí es una monarquía absoluta que no tolera las manifestaciones de protesta ni los partidos políticos. Riad defiende la necesidad de “controlar” a los activistas para garantizar la “paz social”.
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