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Angel Sandoval.
Agenda Confidencial
Ahora sí habrá política…
Había una vez un país que durante décadas tuvo una política industrial basada en un modelo de sustitución de importaciones, en donde el Estado era el propietario de los medios de producción. Un buen día, el modelito se agotó, con las consecuencias económicas que todos recordamos. O sea, a los habitantes se los empezó a llevar la tristeza. El país se quedó sin política de fomento económico, y adoptó para su desarrollo el lema: “La mejor política industrial es la que no existe”.Mientras el mundo evolucionaba y la mayoría de las naciones fortalecían sus mercados con la participación preponderante de la iniciativa privada, el país al que nos referimos mantuvo durante mucho tiempo el paradigma de que no debería existir una política activa de fomento económico.
Un buen día, ya en el Siglo XXI, regresó al poder el partido que le había dado en la torre a la política de fomento basada en la sustitución de importaciones, y propuso generar una política de fomento económico moderna para que los empresarios, los obreros, los campesinos, los formales y los informales, en fin, todos aquellos que sufrieron las consecuencias de no contar con una política industrial, fueran los más felices del planeta.
¡Y colorín, colorado, este cuento todavía no se ha acabado! Bueno, todo tiene una explicación. Falta saber si la iniciativa para crear la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, logra lo que sus creadores prometen, a saber:
-Que el crecimiento mediocre de la economía en los últimos 30 años se revierta, hasta llegar a tasas cercanas al 5% del PIB.
-Impulsar la creación de empleos formales y que los salarios reales de los trabajadores se incrementen.
-Incrementar la productividad y la competitividad
-Reconocer la importancia de las políticas de carácter sectorial, entre otros objetivos.
La nueva ley que seguramente se aprobará, pone a la competitividad y a la productividad como ejes centrales de la política económica; dota de institucionalidad, permanencia y eficacia a una moderna política nacional de fomento económico, obligatoria para la administración pública federal, con visión de corto, mediano y largo plazo. Propicia un cambio estructural ordenado hacia sectores de alta productividad y competitividad, dicen sus creadores.
Pretende también impulsar la integración de cadenas productivas; hacer llegar el financiamiento también a actividades y proyectos con potencial productivo es una estrategia fundamental que enmarca este instrumento.
Invertir en capital humano, ciencia y tecnología como elementos fundamentales para el incremento de la productividad y la competitividad.
Impulsar el emprendimiento y la innovación aplicada.
La nueva ley viene a complementar y ordenar la transformación económica que las reformas estructurales han iniciado en el país.
¡Por eso decíamos que este cuento no se ha acabado!
AGENDA PREVIA
Dice la directora general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, la misma que “le puso el cascabel al gato”, perdón, a los dueños de los casinos, que la dependencia está llevando a cabo un programa para decomisar y destruir las maquinitas tragamonedas prohibidas por la ley -unas 250 mil en todo el país-, que es un negocio que deja unos 20 mil millones de pesos al año.
El principal objetivo de este programa, explica la señora Marcela González Salas y Petricioli, es erradicar uno de los problemas que más ha crecido en los últimos años -con la complacencia de las autoridades de ésta y otras administraciones- a costa del bienestar de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La adicción al juego, aparte de afectar psicológicamente, implica en la mayoría de los casos deserción escolar y repercute no sólo en el aspecto familiar o económico, sino que estos niños, niñas y adolescentes queden expuestos a ser captados o incorporados a las filas de la delincuencia.
Estas maquinitas a nivel nacional, generan un ingreso aproximado de 600 millones de pesos a la semana, cuyo destino es ilícito, por lo que puede ser el financiamiento de organizaciones delictivas.
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