Valor para cambiar

La violencia ha desnudado la ineficacia institucional en áreas clave como la seguridad y la justicia, junto con el reclamo del derecho a la verdad en casos como Tlataya o Iguala, dentro y fuera del país, con pronunciamientos de la Casa Blanca por una investigación transparente.

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José Buendía Hegewisch 02/11/2014 05:35

El doble discurso y la simulación como prácticas del poder y los partidos han sido tan comunes como desastrosos para las instituciones, actúan como especie de virus que desactiva sus funciones. El cinismo político, la inacción y la autocomplacencia de la clase política son un freno para su  funcionamiento, mucho más grave que el error, el desacuerdo o los gobiernos divididos. Son comportamientos a los que  todos recurren para  desviar la atención o esconder el colapso institucional en estados como Guerrero, así como la ineficacia de políticas públicas y la corrupción en todos los órdenes de gobierno. Se trata de los mayores obstáculos para la conducción del poder público, que hoy luce paralizado  como cuando al piloto no le responden los instrumentos de su nave frente a la crisis de seguridad y derechos humanos que hay en el país.
La violencia ha desnudado la ineficacia institucional en áreas clave como la seguridad y la justicia, junto con el reclamo del derecho a la verdad en casos como Tlataya o Iguala, dentro y fuera del país, con pronunciamientos de la Casa Blanca por una investigación transparente, así como la expresada preocupación del papa Francisco, o recomendaciones de ONG internacionales para esclarecerlos y resolver la crisis por los desaparecidos. Incluso, en un hecho inusual, el gobierno mexicano ha pedido asistencia a la CIDH, en un reconocimiento de la falta de respuesta interna para enfrentar el mayor desafío que se plantea la actual administración y mejorar su imagen externa.
En ese extremo de presión y con los reflectores internacionales, la simulación sirve cada vez menos para ocultar la incapacidad gubernamental como demostró el  desencuentro de Peña Nieto y familiares de las víctimas de Ayotzinapa, que  a pesar de reunirse con ellos por horas no depusieron su reclamo de  justicia y expresar  desconfianza por los nulos resultados para hallar a sus desaparecidos. 
En efecto, una prueba inequívoca de desconexión de las prácticas políticas y el funcionamiento de las instituciones es el fracaso hasta ahora para localizarlos. Y de modo más general,  la incapacidad para dar respuesta por los miles de desaparecidos. El caso Iguala hizo emerger un fenómeno soterrado y que hunde sus raíces en los gobiernos panistas y la guerra contra el crimen del calderonismo.
Las fosas descubiertas en Guerrero en la búsqueda de los estudiantes están conectadas con las administraciones panistas, que llegaron al poder con el discurso de los derechos humanos frente al autoritarismo que representaba el PRI, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas como forma de gobierno.  Ni el expresidente Calderón ni ninguno de sus secretarios  abandonaron  el doble discurso del régimen anterior ni asumieron responsabilidad alguna por los desaparecidos en la guerra contra el narco. Tampoco dejaron un padrón de desaparecidos, que a la fecha no existe, aunque las  estimaciones van de  20 mil a  25 mil personas. Aunque algunas declaraciones de funcionarios e investigaciones de prensa nacional y extranjera han referido  la existencia de dos informes oficiales del pasado gobierno, el actual ha negado conocerlos.
¿Dónde estaba la oposición o las comisiones de derechos humanos para denunciar esa omisión? La desaparición de los desaparecidos en el discurso político de los últimos años refleja el desconocimiento de las acciones de las corporaciones de seguridad en el combate a la delincuencia o la simulación del poder respecto a los abusos de la fuerza pública y la violación a los derechos humanos.
La actuación del gobierno perredista  de Ángel Aguirre ofrece otra prueba de simulación de justicia, si como denuncian padres de las víctimas, les ofreció dinero a cambio de su silencio tras la desaparición de sus hijos. La vieja práctica de negociar con el dolor para acallar un problema, en vez de reparar el daño está entre las principales causas que explican el descrédito de la justicia.
Pero la corrupción en la justicia tiene límites como muestra la actual crisis de seguridad y derechos humanos. Ya es un recurso ineficaz para “calmar las aguas” y esperar que el problema se olvide, cuando el miedo y la indignación por la violencia rebasan las ventajas de guardar silencio.  Y es el punto en el que resulta imprescindible que el poder tenga valor para reformarse comenzando por dejar de recurrir a viejas prácticas de la simulación y el doble discurso. Para responder al reclamo de la Justicia no queda más que  entrar a una reforma estructural de la justicia.  
                *Analista político
                jbuendiah@gimm.com.mx
                Twitter:@jbuendiah