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Inseguridad de Coahuila tiene su centro de operaciones en los penales; desde ahí se dirigen extorsiones, secuestros y homicidios
Emma Martínez
Inseguridad de Coahuila tiene su centro de operaciones en los
penales; desde ahí se dirigen extorsiones, secuestros y homicidios
(26
de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).-“Coahuila es el ejemplo
más visible, pero la situación dentro de los penales es la misma que
padecen todos los estados. Es ahí donde tiene su punto de ebullición la
inseguridad. Existe un desgobierno absoluto, por lo que esos sitios se
convierten en el centro de operaciones de muchos delitos que van desde
la extorsión, hasta el secuestro e incluso homicidios. Los delincuentes
-que el gobierno se jacta ya están encerrados- son los mismos que
comandan una serie de acciones que a diario permean la ya diezmada
seguridad de dicha entidad”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO Patricia Arrazate abogada penalista y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
A su vez asegura que la principal causa es la corrupción que impera como producto de autoridades que “ni siquiera han presentado un examen de confianza o no lo pasaron, lo que agrava la situación, y aún así son los encargados de vigilar que los reos no solamente estén dentro de la prisión, sino que no provoquen delitos por medio de la complicidad con otros grupos que se encuentran fuera y son dirigidos por los supuestos individuos que están ahí para ‘reformarse’.
En Coahuila los penales ya son considerados focos rojos de inseguridad, que no son más que el resultado del abandono de los gobiernos estatal y federal, a quien no les interesa ni la seguridad de la calle, ni la de las cárceles, aún sabiendo que muchas de esas cifras que llevan al alza la delincuencia que gesta en los penales donde gobiernan secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y sicarios, por mencionar algunos”.
Lo anterior es soportado por la evaluación al desempeño del Sistema Nacional Penitenciario en México, en donde la Auditoria Superior de la Federación, da a conocer que las políticas de reinserción social no están funcionando, a su vez Arrazate enfatiza que, “ningún político, mucho menos de derecha, realiza un bien en pro de una sociedad si no va obtener algo a cambio, con frecuencia en campañas políticas se promete todo, pero en ninguna ocasión se centran en convertir a los centro penitenciarios en verdaderos monumentos a la reinserción, esto no sucede, en un país donde a los funcionarios les interesa obtener votos, los reos no votan, son pobladores que han quedado relegados, lo que provoca que los penales se vuelvan un caldo de cultivo, quienes mandan son los carteles”, afirma la abogada.
Por su parte la investigadora social y especialista en sistema penitenciario Y perteneciente al Colegio de Abogados, María José Romero, sentencia: “los penales de Coahuila están dentro de los peores que hay en el país. Es innegable que el control de estas prisiones está en manos de los reclusos y ante la falta de gobernabilidad y de readaptación de los internos, el estado se encuentra entre los 10 primeros lugares de los peor evaluados, en cuanto al sistema penitenciario”.
Romero afirma que de las principales tragedias acaecidas por el abandono del gobierno, se perpetró en 2012 cuando se registró la fuga de 129 internos del Cereso de Piedras Negras; ahí hubo una masacre que supieron esconder durante cuatro años y solamente fue por medio de la presión que la procuraduría estatal se comprometió a investigar los hechos en que pobladores del norte del estado murieron a manos del grupo delictivo Los Zetas en el interior de ese penal.
“Cuando se llega al límite de la corrupción y la impunidad, nada significa que los delincuentes y sicarios estén dentro o fuera de la prisión, siguen causándole daño a la sociedad y no, de ninguna manera saldrán rehabilitados, por el contrario, salen con un mayor poderío, incluso no importa si salen o no, nadie les impide seguir haciendo lo que antes llevaban a cabo”, comenta Romero.
“Por lo mismo que los reos ‘no existen’, son impunes, las estrategias contra la delincuencia organizada en Coahuila no habla de tomar en cuenta los delitos que se llevan a cabo desde los penales, se ha llegado al grado de abrir las puertas a los reos para que salgan delincan, trafiquen drogas, violen, asesinen y regresen, están cómodos desde su centro de operaciones, por eso no se van, además ya no serán perseguidos.
En Coahuila tienen que ser los familiares de los desaparecidos quienes hagan investigaciones y concluyan que son dentro de los penales están los culpables de las desapariciones, porque trágicamente, esto no se sabía hasta que la propia sociedad civil intervino. Tenemos autoridades que convierten en tierra de nadie a los penales, por dinero o por decidía”, acusa Arrazate.
Comenta que de buscar un control de los penales, se debe comenzar por realizar varios filtros a los trabajadores que se encuentran dentro de éstos, erradicar la corrupción, tener un control de los reos, siempre con respeto a los derechos humanos, “urgen políticas públicas, que realmente conlleven a generar programas de readaptación, instaurar procesos de terapia psicológica, tanto para ellos, como para su familia, pero por encima de todo esto es preciso tener un gobierno estatal que le importe la readaptación social de los presos y le importe la seguridad de la entidad, dos puntos casi imposibles con el partido en el poder”.
En 2014 la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHED), emitió 10 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, entre las cuales se demandó mejoras en la infraestructura, seguridad, mejoría de higiene, distribución y alimentación de los internos.
Sin embargo la CDHED hasta el momento no ha dado a conocer cuáles fueron los resultados y si se cumplieron en tiempo y forma dichas recomendaciones, que debieron concentrarse en el informe de las revisiones. Puesto que desde principios del 2015 la Comisión dio inicio a la supervisión de los porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de Seguridad (CEAS).
“Hoy los penales de Coahuila son parte del peligro inminente para la seguridad de Coahuila, sin cifras, sin informes, sin documentación que compruebe que la corrupción y la impunidad han provocado la muerte de cientos de desaparecidos a quienes secuestran y usan como sustitutos de reos, la delincuencia sigue extendiéndose por toda la entidad al amparo del gobernador”, afirma Romero.
A su vez asegura que la principal causa es la corrupción que impera como producto de autoridades que “ni siquiera han presentado un examen de confianza o no lo pasaron, lo que agrava la situación, y aún así son los encargados de vigilar que los reos no solamente estén dentro de la prisión, sino que no provoquen delitos por medio de la complicidad con otros grupos que se encuentran fuera y son dirigidos por los supuestos individuos que están ahí para ‘reformarse’.
En Coahuila los penales ya son considerados focos rojos de inseguridad, que no son más que el resultado del abandono de los gobiernos estatal y federal, a quien no les interesa ni la seguridad de la calle, ni la de las cárceles, aún sabiendo que muchas de esas cifras que llevan al alza la delincuencia que gesta en los penales donde gobiernan secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y sicarios, por mencionar algunos”.
Lo anterior es soportado por la evaluación al desempeño del Sistema Nacional Penitenciario en México, en donde la Auditoria Superior de la Federación, da a conocer que las políticas de reinserción social no están funcionando, a su vez Arrazate enfatiza que, “ningún político, mucho menos de derecha, realiza un bien en pro de una sociedad si no va obtener algo a cambio, con frecuencia en campañas políticas se promete todo, pero en ninguna ocasión se centran en convertir a los centro penitenciarios en verdaderos monumentos a la reinserción, esto no sucede, en un país donde a los funcionarios les interesa obtener votos, los reos no votan, son pobladores que han quedado relegados, lo que provoca que los penales se vuelvan un caldo de cultivo, quienes mandan son los carteles”, afirma la abogada.
Por su parte la investigadora social y especialista en sistema penitenciario Y perteneciente al Colegio de Abogados, María José Romero, sentencia: “los penales de Coahuila están dentro de los peores que hay en el país. Es innegable que el control de estas prisiones está en manos de los reclusos y ante la falta de gobernabilidad y de readaptación de los internos, el estado se encuentra entre los 10 primeros lugares de los peor evaluados, en cuanto al sistema penitenciario”.
Romero afirma que de las principales tragedias acaecidas por el abandono del gobierno, se perpetró en 2012 cuando se registró la fuga de 129 internos del Cereso de Piedras Negras; ahí hubo una masacre que supieron esconder durante cuatro años y solamente fue por medio de la presión que la procuraduría estatal se comprometió a investigar los hechos en que pobladores del norte del estado murieron a manos del grupo delictivo Los Zetas en el interior de ese penal.
“Cuando se llega al límite de la corrupción y la impunidad, nada significa que los delincuentes y sicarios estén dentro o fuera de la prisión, siguen causándole daño a la sociedad y no, de ninguna manera saldrán rehabilitados, por el contrario, salen con un mayor poderío, incluso no importa si salen o no, nadie les impide seguir haciendo lo que antes llevaban a cabo”, comenta Romero.
“Por lo mismo que los reos ‘no existen’, son impunes, las estrategias contra la delincuencia organizada en Coahuila no habla de tomar en cuenta los delitos que se llevan a cabo desde los penales, se ha llegado al grado de abrir las puertas a los reos para que salgan delincan, trafiquen drogas, violen, asesinen y regresen, están cómodos desde su centro de operaciones, por eso no se van, además ya no serán perseguidos.
En Coahuila tienen que ser los familiares de los desaparecidos quienes hagan investigaciones y concluyan que son dentro de los penales están los culpables de las desapariciones, porque trágicamente, esto no se sabía hasta que la propia sociedad civil intervino. Tenemos autoridades que convierten en tierra de nadie a los penales, por dinero o por decidía”, acusa Arrazate.
Comenta que de buscar un control de los penales, se debe comenzar por realizar varios filtros a los trabajadores que se encuentran dentro de éstos, erradicar la corrupción, tener un control de los reos, siempre con respeto a los derechos humanos, “urgen políticas públicas, que realmente conlleven a generar programas de readaptación, instaurar procesos de terapia psicológica, tanto para ellos, como para su familia, pero por encima de todo esto es preciso tener un gobierno estatal que le importe la readaptación social de los presos y le importe la seguridad de la entidad, dos puntos casi imposibles con el partido en el poder”.
En 2014 la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHED), emitió 10 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, entre las cuales se demandó mejoras en la infraestructura, seguridad, mejoría de higiene, distribución y alimentación de los internos.
Sin embargo la CDHED hasta el momento no ha dado a conocer cuáles fueron los resultados y si se cumplieron en tiempo y forma dichas recomendaciones, que debieron concentrarse en el informe de las revisiones. Puesto que desde principios del 2015 la Comisión dio inicio a la supervisión de los porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de Seguridad (CEAS).
“Hoy los penales de Coahuila son parte del peligro inminente para la seguridad de Coahuila, sin cifras, sin informes, sin documentación que compruebe que la corrupción y la impunidad han provocado la muerte de cientos de desaparecidos a quienes secuestran y usan como sustitutos de reos, la delincuencia sigue extendiéndose por toda la entidad al amparo del gobernador”, afirma Romero.
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