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Rebelion. Al menos 72 muertos en los ataques de rebeldes rohinyás en el oeste de Birmania
Al
menos 72 personas murieron el viernes en el oeste de Birmania (Myanmar) en
ataques reivindicados por rebeldes rohinyás contra controles militares,
comisarias y cuarteles en el conflictivo estado de Rakhine.
Los
muertos son 59 rebeldes, 11 policías, un soldado y un funcionario, según
los últimos datos de las Fuerzas Armadas, que incluyen a 11 heridos,
tres de ellos graves, y a un detenido.
Un millar de insurgentes armados con cuchillos, machetes, hachas, tirachinas y otras armas caseras participaron en los ataques perpetrados contra distintos objetivos del municipio de Maungdaw, cerca de la frontera con Bangladesh.
El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) reivindicó la acción, un grupo al que se atribuye el ataque a tres puestos policiales el 9 de octubre de 2016 que dejó nueve agentes muertos y desencadenó una represión de las fuerzas de seguridad condenada reiteradamente por Naciones Unidas en estos meses.
El asalto ocurrió al día siguiente de que la comisión liderada por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan presentara al público un informe encargado por el Gobierno con recomendaciones para poner fin a la violencia sectaria en Rakhine y promover el desarrollo de la región.
"Ninguna causa puede justificar tal brutalidad y muertes sin sentido", manifestó Annan en un comunicado de condena de los ataques y en el que pide contención a las fuerzas de seguridad e insta a todas las partes a rechazar la violencia.
"Después de años de inseguridad e inestabilidad, debería estar claro que la violencia no es la solución a los retos que afronta el estado de Rakhine", añadió el diplomático ghanés.
El ARSA justificó la acción con la necesidad de defenderse de los abusos que padece la minoría musulmana rohinyá a manos del Ejército, que ha aumentado la represión desde los citados ataques de octubre.
"Este es un paso legítimo que hemos dado para defender al pueblo mas perseguido del mundo y liberar a los oprimidos de las manos de los opresores", escribió el ARSA en un tuit.
El grupo acusó al Ejército en un comunicado de cometer al menos doce asesinatos, saqueos y violación de mujeres en Rathedaung y Maungdaw en las últimas semanas con el objetivo de provocar inestabilidad y hacer fracasar el trabajo de la comisión de Annan.
"Cuando las atrocidades contra gente inocente van más allá de lo que podemos tolerar, y estando a punto de lanzar un ataque contra nosotros, nos hemos visto obligados a levantarnos y defender a la gente desesperada y a nosotros mismos", indicó el ARSA.
Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
La situación empeoró tras el ataque del 9 de octubre de 2016 perpetrado por supuestos insurgentes rohinyás contra puestos policiales que causó la muerte a nueve agentes y la represalia de las fuerzas de seguridad.
Al menos 74.000 rohinyás huyeron a Bangladesh, mientras se denunciaban incontables violaciones de los derechos humanos y la ONU llegó a hablar de "posibles crímenes contra la humanidad".
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, sino que los consideran inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
La comisión que preside Annan y que creó el Gobierno hace un año presentó esta semana a las autoridades un informe final con 88 recomendaciones para, entre otros objetivos, resolver la crisis rohinyá y favorecer el diálogo entre comunidades.
El estudio descarta la fuerza como solución de la violencia sectaria en Rakhine.
Birmania, después de 49 años de dictadura militar, estrenó el 30 de marzo de 2016 su primer gobierno democrático, el liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, aunque los generales mantienen el control sobre las cuestiones de seguridad, como los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y el veto en el Parlamento.
Un millar de insurgentes armados con cuchillos, machetes, hachas, tirachinas y otras armas caseras participaron en los ataques perpetrados contra distintos objetivos del municipio de Maungdaw, cerca de la frontera con Bangladesh.
El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) reivindicó la acción, un grupo al que se atribuye el ataque a tres puestos policiales el 9 de octubre de 2016 que dejó nueve agentes muertos y desencadenó una represión de las fuerzas de seguridad condenada reiteradamente por Naciones Unidas en estos meses.
El asalto ocurrió al día siguiente de que la comisión liderada por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan presentara al público un informe encargado por el Gobierno con recomendaciones para poner fin a la violencia sectaria en Rakhine y promover el desarrollo de la región.
"Ninguna causa puede justificar tal brutalidad y muertes sin sentido", manifestó Annan en un comunicado de condena de los ataques y en el que pide contención a las fuerzas de seguridad e insta a todas las partes a rechazar la violencia.
"Después de años de inseguridad e inestabilidad, debería estar claro que la violencia no es la solución a los retos que afronta el estado de Rakhine", añadió el diplomático ghanés.
El ARSA justificó la acción con la necesidad de defenderse de los abusos que padece la minoría musulmana rohinyá a manos del Ejército, que ha aumentado la represión desde los citados ataques de octubre.
"Este es un paso legítimo que hemos dado para defender al pueblo mas perseguido del mundo y liberar a los oprimidos de las manos de los opresores", escribió el ARSA en un tuit.
El grupo acusó al Ejército en un comunicado de cometer al menos doce asesinatos, saqueos y violación de mujeres en Rathedaung y Maungdaw en las últimas semanas con el objetivo de provocar inestabilidad y hacer fracasar el trabajo de la comisión de Annan.
"Cuando las atrocidades contra gente inocente van más allá de lo que podemos tolerar, y estando a punto de lanzar un ataque contra nosotros, nos hemos visto obligados a levantarnos y defender a la gente desesperada y a nosotros mismos", indicó el ARSA.
Más de un millón de rohinyás viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos de desplazados.
La situación empeoró tras el ataque del 9 de octubre de 2016 perpetrado por supuestos insurgentes rohinyás contra puestos policiales que causó la muerte a nueve agentes y la represalia de las fuerzas de seguridad.
Al menos 74.000 rohinyás huyeron a Bangladesh, mientras se denunciaban incontables violaciones de los derechos humanos y la ONU llegó a hablar de "posibles crímenes contra la humanidad".
Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, sino que los consideran inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.
La comisión que preside Annan y que creó el Gobierno hace un año presentó esta semana a las autoridades un informe final con 88 recomendaciones para, entre otros objetivos, resolver la crisis rohinyá y favorecer el diálogo entre comunidades.
El estudio descarta la fuerza como solución de la violencia sectaria en Rakhine.
Birmania, después de 49 años de dictadura militar, estrenó el 30 de marzo de 2016 su primer gobierno democrático, el liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, aunque los generales mantienen el control sobre las cuestiones de seguridad, como los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras, y el veto en el Parlamento.
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