Los semidioses de la Corte
Si
hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente
convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su
fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y
delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París
convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e
inmundicia de las autoridades mexicanas.
Este
vergonzoso hecho se suma a la pésima imagen de México en el mundo, en
donde ven al país como un centro de corrupción, de drogas, de violencia
extrema, de impunidad, de injusticia, de abuso de poder y de tráfico de
influencias. Todo ello acreditado, por supuesto, a nuestros gobiernos, a
su vacío de poder y al Estado fallido que han creado cada sexenio.
Los ministros de la Corte se lavan las manos,
como siempre lo hacen a la hora de impartir justicia, y se justifican
al decir que no revisaron el fondo del asunto, que su decisión sólo se
basó en el proceso fallido de la captura de la ciudadana francesa el 9
de diciembre de 2005; en donde otro personaje corrupto, abusivo y torpe,
como es Genaro García Luna (entonces director de la extinta Agencia
Federal de Investigación), violó la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cuantas leyes le pusieron enfrente para
promocionarse en televisión como el “gran policía” en la detención de un
grupo de secuestradores que involucraba a Cassez.
Acaso Felipe Calderón y Genaro García
Luna no tienen responsabilidad alguna en este caso, en donde el primero,
cuando ocupaba la Presidencia de la República, declaró y presionó a los
ministros de la Corte para mantener en prisión a la francesa
secuestradora, sin importar que su subalterno y cómplice haya violado
toda ley en su captura. ¿Por qué los semidioses ministros de la
Corte no se pronuncian al respecto y empiezan a impartir justicia en
contra del abusivo Calderón y el torpe García Luna?, ambos responsables
de la liberación de una mujer claramente involucrada en graves delitos y
violaciones a derechos de los mexicanos secuestrados.
Dicen los ministros que ellos
defienden la Constitución, y ¿por qué no ordenaron una investigación en
contra de los responsables del Poder Ejecutivo que la violaron?
Como este caso involucró a una
ciudadana francesa (a quien su presidente defendió como correspondía a
un jefe de Estado), entonces la Corte sí revisó a detalle el proceso,
pero cuántos mexicanos y extranjeros también hay presos sin derecho a la
justicia o, peor aún, les aplicaron una justicia vendida al mejor
postor, convertida en un rentable negocio para jueces, magistrados y
ministros, quienes están sometidos al presidente en turno.
Cómo explicarles a las víctimas y sus
familias, a la sociedad entera que ve con horror la injusticia en
México, en donde una mujer acusada por los secuestrados abandona la
cárcel porque las autoridades hicieron lo mismo de siempre: abusar,
abusar y abusar. ¿Quién es culpable entonces de lo ocurrido? Sin duda
que Calderón y García Luna, quienes deben pagar por su delito, pero
seguramente la mediocridad de la justicia no alcanzará esos niveles.
El negocio de la justicia
Además de los altos salarios de los 11
ministros de la SCJN, que rondan el medio millón de pesos mensuales,
muy por arriba del asignado al presidente de la República, cada uno de
ellos se embolsa en forma discrecional más de 1 millón de pesos al año
por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los
valores del estado de derecho”.
Otro gasto abusivo en la Suprema
Corte es el de los “pensionados” –53 titulares y 28 viudas–, quienes
cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos
anuales; es decir, 133 mil 300 pesos cada mes.
Un informe de la Auditoría Superior de
la Federación revela que la SCJN ejerció, a partir de 2004, 44 millones
359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también
denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el
ejercicio 2005, la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las
compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10
veces el pago diario por percepción ordinaria mensual y prestaciones
mensuales, es decir, de 1 a 4 meses del sueldo bruto.
El máximo órgano de vigilancia detalla
que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de
mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que
contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que
permitan alcanzar un auténtico estado de derecho, por lo que se
realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100
pesos hasta 1 millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”.
Por promover la cultura de la
legalidad, incluso a domicilio, desde 2004 los ministros cobran una
compensación del presupuesto público por 1 millón 236 mil 200 pesos,
equivalentes a 4 meses de salario bruto de 309 mil pesos.
Por si fuera poco lo anterior, los
ministros cuentan con instrumentos fiduciarios para administrar el
patrimonio de la Corte sin que nada ni nadie los moleste. El responsable
de estos fideicomisos es el oficial mayor de la SCJN, y el día que se
conozca el destino de esos recursos será un verdadero escándalo.
Desde el 31 de diciembre de 2008, el
Fideicomiso para Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de
Mando Superior de la SCJN registró un saldo de 196 millones; el de
Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la
SCJN cuenta con 842.7 millones de pesos; el del Plan de Prestaciones
Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los
Empleados del Poder Judicial de la Federación tiene 106.7 millones, y el
creado para la Administración de los Recursos Producto de la Venta de
Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones y
cualquier Proyecto de Interés para el Fideicomitante gestiona 58
millones de pesos; finalmente, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento
y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) registra
recursos por 632.8 millones.
Estos ministros son quienes liberaron a Florence Cassez.
*Periodista
En Social Number los individuos se registran y eligen un largo
número que se convierte en su identidad en la red. (Foto: Getty Images)
