sábado, 18 de mayo de 2013

Pasado alcanza a militar salvadoreño en Boston

Pasado alcanza a militar salvadoreño en Boston

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BOSTON, Massachusetts, EE.UU. (AP) -- Después de escuchar el timbre y atisbar entre las persianas cerradas, el hombre abrió la puerta. Con el picaporte en la mano, se detuvo en el umbral. La calle estaba desierta.
Hasta hace poco, el coronel retirado salvadoreño Inocente Orlando Montano llevaba una vida anodina. Llegó a Estados Unidos con una visa de turista, trabajó en una fábrica de dulces y vivió en un barrio modesto cerca de Boston, sin que nadie lo molestara por más de una década.
Pero su pasado lo alcanzó y hoy enfrenta un proceso en una corte federal en Boston por haber mentido en sus formularios migratorios y ocultado información sobre su trayectoria militar durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Montano será sentenciado en las próximas semanas por esos delitos, pero un crimen de guerra, por el que ha sido acusado en un tribunal de España, juega un papel central en el juicio de Boston.
La sentencia, programada inicialmente para marzo, ha sufrido varios retrasos porque el fiscal y la defensa libran una dura batalla alrededor del pasado de Montano. El fiscal arguye que el juez debe tomarlo en cuenta para la sentencia, y la defensa demanda lo contrario.
Los últimos movimientos de la defensa incluyen la presentación de cartas de autoridades salvadoreñas sobre que el militar no tiene antecedentes penales ni judiciales y una misiva del general retirado Mauricio Ernesto Vargas en la que sostiene que su colega demostró a lo largo de su carrera un trabajo humanitario y vocación altruista, según documentos del proceso.
"El general Vargas es un militar, no es un experto en la realidad salvadoreña", dijo Carolyn Patty Blum, asesora legal del Center for Justice and Accountability, la organización de derechos humanos que planteó la demanda en España.
Montano y Vargas se graduaron juntos de la academia militar salvadoreña y precisamente los integrantes de esa promoción de 1966, conocida como La Tandona, ocupaban los principales puestos castrenses durante la guerra y fueron mencionados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos por una comisión investigadora de Naciones Unidas.
Para Blum, si bien Montano está siendo juzgado por delitos de inmigración y perjurio, "el abuso de derechos humanos es relevante en el juicio... Esta es una batalla por la memoria y para buscar a los responsables de lo que pasó."
Lo que pasó se remonta, a más de dos décadas y 3.600 kilómetros de distancia, a una madrugada de noviembre de 1989 en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) que dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos.
Esa madrugada, tropas militares sacaron por la fuerza a seis sacerdotes jesuitas de sus dormitorios, los obligaron a tirarse boca abajo en el jardín frente a sus viviendas en el campus de la Universidad Centroamericana y los ultimaron con balazos en la cabeza.
Montano era viceministro de seguridad pública en El Salvador cuando ocurrió el crimen. Ha dicho que no estuvo presente cuando se dio la orden de matar a los jesuitas y que su misión esa noche fue preparar la defensa de la ciudad, pero el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 lo señaló como uno de los que participó en el planeamiento y diseño del asesinato.
El militar, ahora con 70 años, fue arrestado en agosto de 2012 en Boston, donde vivía desde 2001. Espera su sentencia bajo arresto domiciliario en casa de su hermana en Saugus, un suburbio tranquilo al norte de Boston.
Con la puerta entreabierta se entabla un diálogo:
"No puedo darle una entrevista. Mi abogado me ha dicho que no dé entrevistas a nadie", dijo Montano a The Associated Press.
-Hablemos del pasado ya que no puede hablar del presente. ¿Por qué vino a los Estados Unidos?
-"Como todos los hispanos que vienen aquí, vine buscando una mejor vida".
-Dicen que vino huyendo de su pasado.
-"No".
Montano fue acusado en 2011 por una corte española de ser uno de los 20 militares presuntos responsables del asesinato de los jesuitas y esta acusación interrumpió la vida apacible que había llevado en Boston. En junio fue ubicado por un diario salvadoreño y agentes del Departamento de Seguridad Nacional, que persiguen a violadores de derechos humanos que se refugian en los Estados Unidos, empezaron a investigarlo. Dos meses después lo arrestaron.
Según los agentes, Montano mintió al llenar formularios para obtener y renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que permite a los salvadoreños obtener permiso de trabajo y residencia legal en Estados Unidos.
Montano además falseó su fecha de ingreso al decir que entró el 30 de setiembre de 2000 cuando en realidad lo hizo el 2 de julio de 2001. Para obtener el TPS debía entrar a los Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001.
Los agentes también descubrieron que Montano ocultó su pasado militar. A las preguntas de si sirvió en unidades militares/paramilitares o policiales; si recibió entrenamiento militar y si intervino o apoyó alguna acción con uso de armas contra cualquier persona, Montano respondió "No" en vez de "Yes". Cuando los agentes le pidieron explicaciones, no supo qué decir, según documentos judiciales a los que la AP tuvo acceso.
En setiembre Montano reconoció en acuerdo negociado con el fiscal que mintió al llenar esos documentos. El fiscal John Capin, que ha pedido 51 meses de prisión, afirmó en su memorando de sentencia que "Montano no vino aquí para escapar de la pobreza u opresión o buscando mejores oportunidades" y que probablemente vino escapando de la justicia.
Señaló que el récord de Montano es el de un "violador de derechos humanos", afirmación basada en un reporte de 48 páginas escrito por Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford y reconocida autoridad sobre Centroamérica y el Caribe.
El informe de Karl sostiene que Montano formaba parte del círculo de poder militar salvadoreño y conspiró con otros altos oficiales en el asesinato de los sacerdotes y luego participó en una campaña de mentiras, intimidación y obstrucción para encubrir el crimen.
La salida de Montano de El Salvador en 2001, dijo Karl en su reporte, se produjo en un momento clave en el que era muy probable que altos oficiales, Montano entre ellos, fueran juzgados por la masacre de los jesuitas ante la reapertura del caso en un tribunal salvadoreño.
"En el ultimo año de Montano en El Salvador, la amenaza de ser juzgado por la masacre de los jesuitas pendía sobre su cabeza", dijo Karl.
Durante los 30 años de la carrera militar de Montano se cometieron 1.169 violaciones a los derechos humanos por tropas y unidades bajo su mando, según Karl. La cifra incluye 65 asesinatos extrajudiciales, 51 desapariciones , 520 casos de tortura y 533 detenciones arbitrarias.
El abogado de Montano, que rehusó declarar mientras esté abierto el proceso, ha criticado el reporte de Karl. "Ofrece un retrato muy sombrío de Montano, como si hubiera sido un criminal de guerra de proporciones épicas", dijo Oscar Cruz Jr. en el documento de respuesta al fiscal.
A la pregunta de si tuvo alguna participación en el crimen de los jesuitas, Montano dijo a la AP escuetamente: "No tengo nada que ver con eso."
Familiares de las víctimas de la guerra salvadoreña han tenido que acudir a tribunales extranjeros en busca de justicia porque el gobierno de derecha del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) promulgó una amnistía horas antes de que fuese divulgado el informe de la Comisión de la Verdad.
Para los que presentaron la demanda en España, el juicio a Montano en Boston refuerza los argumentos a favor de su extradición al país europeo.
Los familiares de las víctimas esperan la sentencia con "cierto escepticismo". Carlos Martín Baró perdió a su hermano Ignacio, vice-rector de la Universidad Centroamericana. En conversación telefónica desde España, expresó desazón por la lentitud de la justicia.
"Los mataron el 89 y estamos en el 2013", dijo.
Ignacio Martin Baró tendría 70 años, la edad de Montano.
Cualquiera sea la sentencia, el militar tendrá que cumplirla en Estados Unidos, y después podría ser extraditado a España o deportado a El Salvador. Aunque la corte española acusó a Montano, el pedido de extradición aún no ha sido formalizado.
"Yo estoy pidiendo irme a El Salvador", dijo el militar a la AP.
La mayoría de los militares demandados en España vive en El Salvador. Cuando la justicia española pidió a las autoridades salvadoreñas que los detuvieran, los oficiales fueron confinados en un cuartel militar para evitar cualquier intento de captura por policías internacionales. Días después la Corte Suprema de El Salvador denegó el pedido de extradición con base en la ley de amnistía de 1993.
Si los militares salvadoreños que viven y enfrentan juicios no penales en el extranjero fueran deportados, no les pasaría nada, dicen expertos, porque las estructuras que siempre los cobijaron en su país siguen vigentes.
La ley de amnistía ha permitido que hayan quedado en la impunidad el asesinato de los jesuitas, el magnicidio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980 y la muerte de decenas de miles de campesinos, masacrados por tropas gubernamentales entrenadas en contrainsurgencia por Estados Unidos.
En España, el hermano de Martín Baró no pierde la esperanza. "No tenemos deseos de venganza y nadie nos va a quitar el dolor que tenemos dentro", dijo, "pero sería positivo que se sepa la verdad, sobre todo para el pueblo de El Salvador".
© 2013, La Prensa Asociada.

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