¿Por qué no se aborda la reforma del sistema de medios?
El
espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad. Sí. Esas ondas
invisibles a través de las cuales accedemos a internet con nuestro
‘smarthphone’ o recibimos las señales de radio y televisión son un bien
público que es gestionado por la Administración conforme a tres
criterios básicos: informar, educar y servir a las personas. En
definitiva, cumplir un servicio público. Este espacio, limitado, es
administrado por el Estado bajo criterios de pluralidad, diversidad y
libertad de expresión. Al menos, sobre el papel.
La nueva adjudicación de licencias de la TDT y el informe interno de Industria revelado en exclusiva por eldiario.es,
dibuja una situación ‘orwelliana’. El panorama es desolador:
compraventa de licencias, sin obligación de ofrecer servicio público de
informativos, prohibición de las comunitarias, fomento de la situación
de duopolio mediático…
Tener
una televisión no es rentable, en términos lucrativos, por sí sola.
Sólo hay una forma de que lo sea: tener una posición de oligopolio en el
audiovisual. Un duopolio (Atresmedia y Mediaset) que controla más del
85% de inversión publicitaria y multitud de canales.
Pero
la rentabilidad no tiene porqué ser siempre económica. Muchas empresas,
fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones tienen
acciones o poseen un medio de comunicación para influir políticamente
así como para orientar las decisiones de consumo de la ciudadanía. ¿Por
qué si no iba a querer tener El Corte Inglés un canal de televisión?
¿Qué gana la Iglesia católica sufragando ese pozo sin fondo que es 13TV?
Otros,
se decantaban por la alternativa más beneficiosa: es el negocio de la
venta y alquiler de las licencias otorgadas por concurso público. Unas
operaciones en las que se mueven decenas de millones de euros y que,
pese a lo que pueda parecer, son legales. Eso es lo que hace (y fomenta)
el Gobierno de Mariano Rajoy con ese bien público que llamamos espectro
radioeléctrico: impulsar un mercado negro de conciencias y miradas de
la ciudadanía, presa por la mercantilización del espectro.
Medios Comunitarios, en el ojo del huracán
Muchas empresas, fondos de inversión, bancos y compañías de telecomunicaciones tienen acciones o poseen un medio de comunicación para influir políticamente así como para orientar las decisiones de consumo de la ciudadanía
Es
indignante ver la situación de desamparo que sufren los medios
comunitarios por parte de quien tiene la obligación de protegerlos. Pero
más grave resulta aún, leer en el informe interno de Industria, las
verdaderas intenciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy: planificar una
voladura controlada del único resquicio de democracia mediática en
nuestro país.
Ahora es
más fácil entender cómo, durante las últimas décadas, lejos de mejorar
el acceso al derecho a la comunicación de la ciudadanía, este Gobierno
ha orquestado una campaña dirigida a penalizar el encomiable trabajo de
las pocas emisoras comunitarias que existen en nuestro país. La
respuesta de las comunitarias, interponiendo un recurso contra el
concurso de la TDT ante los tribunales, ha inquietado al Gobierno.
La reforma del audiovisual
Afrontar
la regulación del audiovisual es fundamental, una tarea pendiente en
nuestra maltrecha democracia. Sin embargo, a todos los partidos, sin
excepción, les tiemblan las piernas al hablar de ello. Tienen miedo.
Miedo a los que enarbolan la bandera de libertad y la constriñen
mercantilizando este bien público. Por eso, para afrontar el cambio es
necesaria valentía.
Hace
unos días, la jurista Isabel Tobeña, de Jueces para la Democracia,
intervino en unas jornadas sobre Periodismo en Melilla señalando que
legislar sobre el artículo 20 de la Constitución “es vidrioso y
delicado, pero hay que hacerlo”. Y hay que hacerlo con seriedad y
rigurosidad, evitando esta venta de esclavos que en el siglo XXI se
llaman televidentes y oyentes.
Los
partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales deben de ser
consciente de lo necesario que es abrir la caja de Pandora de la
propiedad de los medios y comprender que la lucha por democratizar las
ondas es el comienzo de cualquier otra lucha por el cambio social. Sin
abordar seriamente este problema, cualquier oportunidad de cambio será
un titular efímero, un anhelo que se esfuma.
Defender
la educación pasa, en un primer término, por defender la
democratización del espectro. Defender la sanidad y el sistema público
de pensiones pasa por defender el pluralismos en la opiniones que ocupan
el dial. Defender la lucha contra el cambio climático solo es posible
si en el espectro radioeléctrico otras voces toman la palabra.
Por
eso es necesario apelar a las formaciones políticas para que no
escurran el bulto. Y lo hacemos para que aborden el asunto con
profundidad y no solo para que pongan parches a la legislación actual
con el objetivo de mantener esta cena de buitres.
El
documento del Ministerio que dirige Soria, visualiza una mafia
organizada. Una trama de corrupción que solo se entiende como una
descarada complicidad de servidores públicos con las corporaciones
mediáticas de espaldas a la ciudadanía a la que debieran proteger de los
lobos a los que alimentan.
En
el fondo de la cuestión está la ciudadanía, que conforma buena parte de
su realidad a través de la información que consume de los medios de
comunicación. Su realidad pero también sus perspectivas de futuro, su
ideología y su voto, sus decisiones de consumo y su identidad,
individual y colectiva. Los medios hacen país. Y en estos momentos son
Atresmedia y Mediaset, las que están construyendo patria.
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