miércoles, 2 de marzo de 2016

Legisladores solicitan a la PGR acelerar investigaciones contra Moreno Valle por robar recursos de Puebla

Legisladores solicitan a la PGR acelerar investigaciones contra Moreno Valle por robar recursos de Puebla


morenovallegasto

 El día de hoy el Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR), acelerar las investigaciones contra Moreno Valle, gobernador de Puebla, implicado en el robo de hidrocarburo a Pemex y a la Secretaría de Hacienda; así como iniciar una revisión sobre la deuda pública, fideicomisos y servicios contratados en la entidad.
Además se exige un informe de Moreno Valle sobre las indagatorias emprendidas contra la policía estatal relacionada con bandas que se dedican al robo de combustible; y hacer pública la información referente a un fideicomiso que contrató con la empresa Evercorepara “administrar” la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina.
Por su parte el senador del Partido Acción Nacional (PAN),Javier Lozano Alarcón, defendió a Moreno Valle, quien fue enfrentado por los senadores Manuel Bartlett Díaz del PT, Luis Miguel Barbosa Huerta del PRD y Martha Angélica Tagle Martínez, independiente.
Para legisladores en Puebla durante el gobierno morenovallista, el robo de combustible incrementó  en casi mil 600 por ciento, ya que en 2010 se registraban 49 tomas y a finales de 2015 se registraron 825; acción ilegal que no ha sido combatida por el ejecutivo estatal.
Martha Tagle, senadora de Movimiento Ciudadano, y la perredista Dolores Padierna, denunciaron que Evercore durante medio siglo será la empresa encargada de manejar los recursos del gobierno por el concepto de ISN, pero que se corría el riesgo que fueran utilizados para otras cosas, proyectos que Moreno Valle manejo de forma “sigilosa”, haciendo una estrategia para mantener la información bajo reservas y realizando reformas estatales “para protegerse”, ejemplo de ellos, fue la reforma al artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual establece que no constituye desuda pública los contratos de proyectos para prestación de servicios.
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