Todo lo que esconde el CETA firmado por la UE y Canadá
Jean-Claude Juncker, Justin Trudeau, Donald Tusk y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, durante la firma del CETA este domingo 30 de octubre.
Christos DOGAS / Unión Europea Bruselas | 31 de Octubre de 2016
El CETA está firmado: la UE y Canadá plasmaron su firma el domingo 30 de octubre en Bruselas. “Lo conseguimos”, dijo la ministra de Comercio de Canadá, Chrystia Freeland, a punto de saltar de alegría entre las sonrisas de los políticos presentes en la Cumbre de última hora convocada tras la ‘rendición’ de Valonia, la región belga que durante dos semanas ha bloqueado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá.
La puesta en escena y el lenguaje corporal mostraron que la Comisión Europea, los gobiernos del continente y el canadiense y las grandes empresas que han empujado por este Tratado Comercial han salvado un momento crítico. La política comercial comunitaria “ha recuperado su credibilidad”, decía aliviada su responsable en la UE, la comisaria sueca Cecilia Malmström, mientras se escenificaba lo que aparentemente ha sido una victoria frente a sindicatos, organizaciones sociales o ecologistas y sobre Valonia, la pequeña aldea gala del siglo XXI que puso contra las cuerdas al mismísimo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
Pero, ¿realmente han ganado los que apostaban por el tratado? ¿Han sido en vano los esfuerzos de las campañas de las organizaciones sociales y la izquierda europea? Un análisis del recorrido del acuerdo en las últimas semanas y de los textos firmados finalmente demuestra que, en todo caso, la victoria de la Comisión y sus aliados es una victoria pírrica.
Han sido quince días de “presiones increíbles” sufridas por Valonia, la pequeña región de apenas el 1% de la población de la UE, donde se han concentrado todos los poderes políticos (y económicos) hasta conseguir torcer el brazo de su gobierno. El líder de los socialistas belgas y ex primer ministro, Elio di Rupo, llegó a asegurar que tanto él como el ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette, habían sufrido coacciones directas de los dirigentes europeos.
También el presidente del Europarlamento, Martin Schulz, en una actitud sin precedentes, ha llegado a presionar al presidente socialista del gobierno valón para que se rindiera a las presiones de la Comisión. El también socialista alemán realizó esas presiones sin la aquiescencia de la Eurocámara, y diversas eurodiputadas/os quieren pedirle responsabilidades.
Las presiones se han librado también en los grandes medios, que han intentando sacarle los colores al gobierno valón por su declive económico, utilizando cuestiones como el reciente cierre de la fábrica de maquinaria Caterpillar para intentar justificar la necesaria apertura a las inversiones extranjeras que se promueve con el CETA. De hecho, aunque en la Comisión afirman que “han respetado con paciencia” los tiempos de las instituciones belgas, Juncker ha reconocido que sus negociaciones habían ido más allá del gobierno federal del país. Un equipo de la Comisión visitó varias veces Namur, capital de Valonia, durante los días del rechazo al CETA para discutir directamente sus objeciones.
La resistencia de la pequeña Valonia representaba en realidad el esfuerzo de miles de activistas que llevan años de campaña contra el CETA y el TTIP, y sumaba las reticencias de otros Estados miembros que no acababan de estar cómodos con el acuerdo en ciernes y que han exigido, al calor de las negociaciones para convencer a la región belga, introducir cambios en el texto de la manera que fuera posible.
En realidad, tras dos semanas de fracasos (un Consejo de Comercio que no pudo firmar el acuerdo, una Cumbre de líderes europeos con el primer ministro belga cabizbajo, incapaz de convencer a los valones, una ministra canadiense llorando, horas interminables de negociaciones…) se podría afirmar que ha sido la Comisión la que ha dado su brazo a torcer.
Es cierto que el presidente Juncker y su equipo, con Malmström al frente, han salvado la cara evitando “un golpe muy serio a la política comercial común y a la credibilidad de la UE”, en palabras de un alto diplomático de un país europeo. Pero tampoco puede negarse que Valonia solo ha bajado los brazos tras conseguir un acuerdo de escala nacional con numerosas condiciones, que también se han plasmado de manera parcial en la Declaración firmada como anexo al CETA. En todo caso, tras la firma quedan numerosos pasos por dar para que el acuerdo con Canadá entre en vigor, de manera provisional primero y de manera total posteriormente.
El camino que le queda al CETA
El primer reto del CETA será conseguir el apoyo de la mayoría simple de las y los diputados del Parlamento Europeo, en una votación que, si no se celebra en diciembre, deberá esperar a febrero. En principio, ese primer trámite no debería dar problemas a las partes firmantes: votará a favor la gran coalición de facto, formada por los conservadores del PP Europeo y el grupo de los ‘Socialistas y Demócratas’, a la que se unirán los liberales del ALDE, el cuarto grupo de la Cámara. La oposición quedará en manos del GUE/NGL, el grupo de izquierdas del Parlamento, y Los Verdes, junto a algunas eurodiputadas/os belgas y franceses.
Es sabido, también, que los socialdemócratas franceses en conjunto están siendo muy combativos en las negociaciones del TTIP, el tratado comercial con Estados Unidos, así que la disciplina de voto socialista podría romperse. En todo caso, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que su previsión “es que no habrá problemas en el Parlamento Europeo”.
Una vez aprobado el CETA por el Parlamento Europeo, las dos partes procederán a la aplicación provisional del acuerdo. Este es el as en la manga de la Comisión, ya que permitirá que el tratado se aplique sin el tercer paso necesario para su ratificación, la aprobación por cada Estado de la UE. Sin embargo, gracias a las reticencias de Valonia, de numerosos juristas, del Tribunal Constitucional alemán y de varios países, la aplicación provisional sólo se producirá respecto de determinadas partes del tratado y no respecto de la totalidad del capítulo más criticado: el de la protección de la inversión extranjera. Aun así, durante la rueda de prensa tras la firma, el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha señalado que “una de las claves es que la entrada en vigor provisional representa el 98% de lo que es el CETA”.
A partir de ahí, el CETA libraría su última batalla, una lid con casi 40 escenarios pues en algunos Estados miembros, como evidentemente Bélgica, el Tratado requerirá la aprobación en los parlamentos regionales. Por esta razón, Bruselas tiembla ante otros ‘valones’ en cualquier rincón del continente y, entre bambalinas, no se descarta que probablemente el acuerdo con Canadá nunca llegue a ser ratificado del todo.
Si finalmente el CETA descarrila porque alguno de los Estados Miembros de la UE no lo ratifica o, incluso, si un Tribunal Constitucional o una institución similar falla en contra de la compatibilidad entre el CETA y alguna de las Constituciones nacionales, finalizaría la aplicación provisional del acuerdo. La duda estriba en saber cuándo va a ocurrir esto ¿será inmediato el cese de la aplicación? ¿Habrá un tiempo mínimo para que el CETA muera definitivamente?
Esta cuestión ha ocupado, entre otras, un lugar central en el debate que ha llevado hasta el sí de Valonia. Si repasamos los documentos publicados tras la negociación en Bélgica se observa que la aquiescencia valona se ha conseguido mediante la adopción de una resolución firmada por el conjunto de autoridades belgas implicadas. Este texto, resultante de la negociación intrabelga, establece condiciones importantes que pueden lastrar la vida del Tratado.
Las condiciones de Valonia
En primer lugar, y como declaración principal, las autoridades implicadas van a realizar a intervalos regulares evaluaciones de las implicaciones sociales y ambientales de la aplicación provisional. Si una de las entidades federadas informa al gobierno belga de su decisión definitiva y permanente de no ratificarlo, éste deberá notificar en un plazo máximo de un año al Consejo la imposibilidad total de ratificación. Valonia y las otras federaciones siguen teniendo en su mano la muerte definitiva del CETA.
Un segundo punto clave es que los distintos Gobiernos belgas también han acordado elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE una solicitud de examen de la compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ICS) con los Tratados de la UE. Estas regiones han manifestado en ese mismo texto su negativa a ratificar el CETA si se mantiene el capítulo 8, respecto de la inversión extranjera, tal y como está en el texto.
Además, la resolución incluye una previsión de activar la cláusula de salvaguarda en materia de agricultura, y la obligación de que el Parlamento belga apruebe cualquier iniciativa en materia de cooperación reguladora que trate competencias compartidas con Bélgica.
Las reclamaciones valonas contra el CETA también han estado muy centradas en los posibles cambios de la legislación europea en áreas como los productos transgénicos, en concreto sobre su “autorización, comercialización, crecimiento y etiquetado” en suelo europeo. El texto belga “reafirma que el CETA no afectará a la legislación de la UE” sobre estos alimentos, pero no hace mención, por ejemplo, a posibles problemas en la gestión del agua.
El resto del acuerdo intrabelga se vincula con el contenido de la Declaración interpretativa del CETA que llevaba meses fraguándose y que ha sido engordada y acabada in extremis, como único camino posible para sortear obstáculos que parecían infranqueables.
Realmente ¿qué han firmado la UE y Canadá?
El contenido del CETA finalmente firmado no ha cambiado, es exactamente el mismo que rechazó el Parlamento valón y que ha suscitado las críticas de Estados, movimientos sociales, sindicatos e incluso del propio Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, junto con el CETA se ha firmado una Declaración anexa que debe entenderse como parte del acuerdo.
Esta declaración de 12 páginas contiene dos novedades fundamentales respecto de los textos filtrados antes de que Valonia se rebelara. Por un lado, la Declaración se reconoce a sí misma como interpretación obligatoria en el sentido del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados. El CETA, por tanto, debe interpretarse según el sentido que le dé esa declaración, que incluye un listado de los artículos específicos a los que afecta y que deben ser interpretados según sus indicaciones.
Esta contundencia choca con la segunda de las novedades que incluye la Declaración, con afirmaciones que van en sentido totalmente contrario al contenido del CETA. Por ejemplo, en la Declaración se reconoce que del CETA no se va a derivar un trato más favorable para los inversores extranjeros que para los nacionales. Si aplicamos estrictamente esta idea, directamente hemos de eliminar del texto el mecanismo de solución de controversias inversor-estado (ICS), lo cual significaría dejar caer una de las piezas fundamentales del Tratado. ¿Cuál puede ser la solución? ¿Están diciendo realmente una cosa y la contraria? La respuesta puede estar en el propio artículo 31 del mencionado Convenio de Viena, donde se señala que la interpretación de todo tratado debe realizarse en primer lugar atendiendo a su texto y en segundo lugar a las declaraciones anexas. Si se aplica esta norma de manera rigurosa queda claro que, en todo caso, va a primar lo que diga el CETA, lo que sin duda resta valor a la Declaración que tantos esfuerzos ha costado firmar.
El anexo parece escrito para fomentar la tranquilidad. Su preámbulo tiene un aroma conocido y repite las bondades del CETA y sus potencialidades para impulsar la economía, incluyendo afirmaciones como que “el principal propósito del comercio es aumentar el bienestar de la ciudadanía”; el reconocimiento del derecho a regular; el reconocimiento de la capacidad de ambas partes de plantear y conseguir sus “objetivos legítimos de políticas públicas” decididas por sus instituciones democráticas; o la afirmación de que el CETA no rebajará los estándares y regulaciones relativas a la salud, protección del consumidor, ambiente o protección de los derechos laborales. Ambas partes reafirman su compromiso con el principio de precaución y reiteran que la cooperación en materia normativa será voluntaria, algo que es evidente según el capítulo 21 del CETA. No se explica en cambio que si una de las partes decide “voluntariamente” apartarse del método de cooperación debe justificarlo y esta justificación no es sencilla.
A partir de ahí la Declaración aborda los temas que más reticencias y polémica han despertado durante las negociaciones: el derecho a regular de los Estados y sus entidades, los mecanismos de cooperación reguladora, los servicios públicos, el ICS (el mecanismo de arbitraje entre inversor y Estado), el desarrollo sostenible (en cuestiones laborales y ambientales), las consultas con los agentes sociales, la contratación pública, el agua, las pymes o la protección de los pueblos aborígenes de Canadá.
En muchos de estos puntos la Declaración es una mera repetición de lo dicho hasta ahora: buenas intenciones sin modificar el texto del CETA. Sin embargo, hay algunas novedades como la mención a los sistemas de seguridad social, que se reconocen expresamente fuera del ámbito del tratado, y quedan exentos de las obligaciones de liberalización establecidas para el conjunto de los servicios en diversos capítulos del CETA.
Otro ejemplo es la materia laboral, ya que se afirma que los mecanismos de sanción por incumplimiento de los estándares laborales (mínimos) serán vinculantes, un extremo que no está establecido en el tratado y que, sin duda, generará confusión a la hora de activar estos mecanismos. Una parte positiva es que se remarca que el CETA no afecta a los derechos de negociación colectiva y de huelga.
Menos clara resulta la parte de la declaración que atañe a la contratación pública: se afirma que ninguna previsión del CETA va a ser un obstáculo para la introducción de cláusulas sociales y ambientales, pero el contenido del Tratado apunta a lo contrario. También se subraya que los stakeholders, o partes con intereses en el CETA, no son solo empresas, sino sindicatos, grupos ecologistas, cosa que hasta ahora no se contemplaba.
La parte dedicada a la protección de la inversión extranjera es la que más profundamente afecta al contenido del CETA. Para matizar la frase comentada sobre la no discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, en la Declaración se indica que el “trato igual” significa que los inversores extranjeros pueden, que no deben, utilizar los tribunales estatales. Además, se clarifica que una modificación normativa no puede ser objeto de un recurso de un inversor, y que sólo las empresas con un claro vínculo con Canadá o la UE podrán utilizar estos mecanismos (lo que no es óbice para que el mecanismo siga siendo una avenida para las empresas de EEUU porque muchas tienen filiales en Canadá).
La Declaración incluye cuestiones que ya se habían afirmado como un maquillaje que no cambia el corazón del mecanismo de ICS (jueces seleccionados por su currículum, un código de conducta, normas de remuneración, etc). Ante este contenido, los sectores críticos recuerdan que el principal problema es que el mecanismo de ICS genera una justicia paralela sólo al alcance de las empresas extranjeras, algo que no cambia con la Declaración anexa. Haciendo bandera de esta nueva aproximación a los mecanismos de solución de controversia inversor-Estado, la Declaración confirma la voluntad de la UE de caminar con rapidez y con el apoyo de Canadá hacia una Corte Multilateral de Inversiones.
También es importante señalar que la Declaración incluye la cuestión del agua. Aunque la Comisión había prometido dejar este asunto fuera del acuerdo, el European Water Movement ha analizado el capítulo del CETA sobre ‘Derechos y obligaciones relacionados con el agua’ y concluye que facilitará en Europa y Canadá “el acaparamiento del agua por parte de empresas multinacionales”. Aunque este capítulo considera que el agua no es un bien ni un producto y, por tanto, queda fuera del acuerdo comercial, el European Water Movement alerta de que sus usos posteriores como mercancía (agua potable, saneamiento o riego agrícola) sí abren la posibilidad de que esté sujeta a los mecanismos del CETA. Para contrarrestar estas críticas, se ha introducido una cláusula interpretativa asegurando que “nada en el Acuerdo obliga a la UE a permitir el uso comercial del agua para cualquier propósito”.
Tras el CETA, ¿está muerto el TTIP?
Juncker y su equipo, la autodeclarada “Comisión política y no de tecnócratas”, tienen serios problemas para sacar adelante su agenda política y especialmente uno de sus pilares, la política comercial. En el último choque de trenes europeo se ha evidenciado cómo, en este tema, lo que debería haber sido un paseo triunfal se ha convertido en una pírrica victoria y esto va a afectar sin duda al TTIP.
La suerte del tratado con los Estados Unidos está en sus horas más bajas. Los socialistas del continente están divididos y tienen por delante muchas votaciones para ahondar en sus contradicciones, sobre todo por sus repetidas sentencias de muerte al TTIP. El tiempo dirá si se materializan estas sentencias de muerte de ciertos políticos franceses y alemanes en horas preelectorales pero, de momento, ponen palos en las ruedas de los Tratados de Libre Comercio de nueva generación. Por añadidura, una gran parte de la ciudadanía conoce el CETA, el TISA –Acuerdo sobre el Comercio de Servicios que negocian 23 miembros de la OMC– y sobre todo el TTIP.
La lucha pública de Valonia en las dos últimas semanas ha supuesto un espaldarazo y un reconocimiento a la labor de las campañas y movimientos sociales que, en palabras de sus miembros, van a seguir peleando para extender el conocimiento y el rechazo de estos tratados al conjunto del continente. Como apuntan desde los movimientos de rechazo al CETA, “puede parecer que hemos perdido una batalla, pero hemos salido con la moral alta y el grueso de las tropas intactas, no todos pueden decir lo mismo. Ahora no vamos a bajar la guardia, tenemos por delante la votación en el Parlamento Europeo y hay que seguir en las calles”.
- Adoración Guamán es profesora titular de derecho del trabajo en la Universitat de València y autora del libro TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia.
- Alexandre Mato
Periodista por la UCM, donde cursó un Máster en Relaciones Internacionales. Antiguo editor jefe de cierre de ‘Mercados’, ha pasado por la Cadena Ser, Informativos Telecinco y ‘El Confidencial’. Colabora con la TVG o Telemadrid. Vive en Bruselas.
Publicado en CTX
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