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La Segunda República no fue Caperucita Roja. Los límites de la acción política

 

 

 

Ricardo Robledo

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No es bueno que el historiador confíe en “los cuentos fantasiosos como el de que la Segunda República fue Caperucita Roja (2012)”. Este es el consejo de Stanley Payne,  prologuista del libro de Álvarez Tardío y Roberto Villa 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular(Espasa). Con su publicación se habría completado el triángulo maldito: en 1931 llegó “la revolución”; en 1934 los rojos anticiparon la Guerra Civil y en febrero de 1936 el pucherazo electoral arruinó la democracia: era “inevitable y legítimo un alzamiento combinado del ejército y del pueblo contra el poder ilegítimo, que pasó a la historia como Alzamiento Nacional”, se lee en el comunicado de la  Fundación Francisco Franco del 22 de marzo pasado. 

El libro –exageración de algunas irregularidades electorales que siempre habían existido-- constituye  un episodio más de la batalla historiográfica por la memoria que ha de quedar. Aquí no hay tregua que valga. Y resulta coherente con la orientación historiográfica defendida por sus autores  desde hace unos diez años que resumo sintéticamente: la República necesita ser desidealizada. Su mitificación resulta comprensible desde la lucha antifranquista, pero ya no puede constituir antecedente de la democracia actual que es plural. Pensemos sobre ella, si se quiere, y aprendamos de sus errores. Con la Segunda República se inauguró un proceso revolucionario: las izquierdas, especialmente los socialistas, la consideraron patrimonio suyo y practicaron políticas de  intransigencia que no permitieron la alternancia. La República no fue democrática. Los sindicatos eran “agencias delegadas del Gobierno”. El sistema electoral fue ideado por socialistas y republicanos para marginar a los adversarios conservadores. 

El libro constituye  un episodio más de la batalla historiográfica por la memoria que ha de quedar

Estos postulados, que comparten en todo o parcialmente varios historiadores de contemporánea, se sostienen en el desprestigio de la “historia estructural y de clase”. Las condiciones materiales pasan a segundo plano  y se da más importancia al discurso que crea realidades, a los  factores políticos y al liderazgo. Se llega hasta la afirmación de que fijar la atención en la desigual distribución de la riqueza puede convertirse en “la  coartada para justificar la radicalidad del proyecto político de la izquierda republicana y de los socialistas, su intransigencia e, incluso, la violencia ejercida desde las organizaciones políticas y sindicales” (Álvarez Tardío, 2011).

Sin embargo, “para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más”, escribían Marx-Engels en La ideología alemana.  Es normal que el presente llame a la puerta del historiador. La recesión económica, las altas tasas de desempleo,  las medidas de austeridad, etc. han complicado dramáticamente la supervivencia de los más desfavorecidos. Por otra parte, crece la preocupación  por el incremento de la desigualdad, que no solo recorta las posibilidades de crecimiento económico y por tanto del potencial empleo,  sino que está amenazando la cohesión social.  

La igualdad política que requiere la democracia siempre está bajo la amenaza de la desigualdad económica y, cuanto más extrema es la desigualdad económica, mayor es la amenaza a la democracia (Gilens, 2012). Justamente algo parecido había dicho el ministro de Agricultura Ruiz-Funes en junio de 1936: “La definitiva consolidación en España de una República democrática [es] la obra fundamental de la Reforma Agraria”. Y a tal empeño --democratizar la economía para democratizar la sociedad-- se consagró la política agraria del Frente Popular haciendo creíble  la reforma. Sin embargo, la visión catastrofista de ese periodo (pucherazos, invasiones de fincas, política totalitaria…) que quiere transmitir más de un historiador va dejando en penumbra aquellas  realizaciones.

Y a tal empeño, democratizar la economía para democratizar la sociedad, se consagró la política agraria del Frente Popular haciendo creíble  la reforma

Ciertamente los márgenes de maniobra  que evitaran la prepotencia de unos y la falta de posibilidades de elección de otros eran muy limitados en la década de 1930. Las actuaciones basadas en la confianza  mutua se fueron estrechando  desde febrero de 1936. Con ser reducido, el marco de actuación  era mucho más amplio en 1931. Conviene tener claro quiénes estrecharon más ese marco de actuación coaligándose desde el primer día para conspirar contra la República. 

El historiador se nutre de fuentes diversas. Considero un hallazgo importante el escrito inédito de Ramón López Barrantes (1897-1977), gobernador del Banco Exterior de España durante 1936-1939. No estamos pues ante una opinión cualquiera. Es la contestación a un cuestionario del ministro de Industria en el exilio, Irujo, sobre la restauración de la República que ingenuamente pensaba podía producirse en breve. Seguramente la exclusión de España de la ONU en febrero de 1946 animó estas perspectivas. El Informe está firmado el 31 de julio de 1946 desde Hendaya. Del amplio escrito, conservado en el Archivo de la Segunda República en el exilio, extracto estos párrafos:

“Nuestros dirigentes de “izquierda” –hablo con crítica sana, sin mordacidad-- embriagados del  triunfo político descuidaron que la realidad económica de España subsistiría idéntica en mandos y orientación efectiva después del “14 de abril”, ya que no podían desconocer que  POLÍTICA Y ECONOMÍA marchan en la actualidad paralelamente. Este paralelismo exigía que el “estirón”, permítaseme la palabra, del avance democrático de la implantación de la República acompañase ritmo análogo en lo económico, y así como el pueblo democratizó  sus Instituciones políticas, [era preciso] que se hubiera democratizado su sistema económico –o parte, al menos-- eliminando de la dirección los elementos retardatarios y hostiles a que el mismo –el sistema-- estaba tradicionalmente sometido. No se hizo, porque tal vez no se pudiera hacer, seamos justos. Y llegamos a la realidad (1931-1936) de que continuando el poderío económico en manos de las derechas, viejas, nuevas, disimuladas y no, cuando gobernaban las izquierdas el impulso que daba, de derecho, el “poder” político era constantemente frenado, desvirtuado o inutilizado, de hecho, por los “equipos” económicos (Altas empresas y altos funcionarios) de signo contrario, más claramente, de derechas.

Quienes conozcan un poco la vida interior de la Administración pública española (Ministerios, Gobiernos Civiles, etc.) reconocerá que la ascensión al “Poder” de las derechas era recibida en el mundo financiero y en la alta burocracia con alborozo, abriéndoles los brazos como a parientes ricos que vienen a honrarnos con su compañía y de los que se espera algo… En cambio, si quienes llegaban al “Poder” eran las izquierdas, se fruncía el ceño, se cubrían las apariencias, se murmuraba y criticaba sin descanso (Recuérdese la “campaña contra el socialista Cordero por “enchufista”…) y se hacía todo lo posible porque fracasasen y se marcharan cuanto antes. La eterna historia de los parientes pobres.

La guerra de 1936-1939 era punto menos que imposible que la ganase la República española, tal como entonces se encontraba, por desgracia para la Humanidad, el “tablero” internacional, pero así y todo, pecaría de miopía más que política y social quien creyera que la victoria de los sublevados la consiguieron unos Generales valerosos, un Ejército eficaz o unos traviesos jovenzuelos forjadores de la Falange. Sin entrar a discutir ni el valor ni la eficiencia ni la travesura, la victoria aludida la alcanzaron los mismos intereses --Banca, grandes negocios, acaudalados, hombres de empresa y acólitos burgueses-- que la prepararon y a quienes favorecía. Porque fue una lucha ECONÓMICA, que ha obedecido, no lo olvidemos nunca, a CAUSAS ECONÓMICAS, EXCLUSIVAMENTE”. (Las mayúsculas, cursivas y comillas son de López Barrantes).

Es la voz de un experto con responsabilidades financieras y se podrá discrepar del énfasis concedido a los intereses económicos, pero no de la verosimilitud de esos argumentos que confirma “la eterna historia de los parientes pobres”. La historia económica, no voy a dar nombres ahora salvo el del  banquero  e historiador Sánchez Asiaín (fallecido no hace mucho), confirma lo que digo. Creo que es un texto que anima a la reflexión sobre los límites de la acción política cuando se parte de la inferioridad económica.

La llamada historia objetiva quiere acabar con el cuento de que “La Segunda República fue Caperucita Roja”

Todos están empeñados en la historia que ha de quedar, en fabricar el relato más conveniente, como ahora se dice. La llamada historia objetiva quiere acabar con el cuento de que “La Segunda República fue Caperucita Roja”. El paso siguiente, como se ha escrito, es que gracias al franquismo llegó inconscientemente, sin quererlo,  la democracia a España “gracias a  su evolución interna, sus políticas e incluso su legislación, amén del desarrollo económico del país”. Por eso es pertinente el recuerdo veraz  de quienes acabaron con la República y de los efectos de esta acción. Si para desidealizar la República se cargan las tintas sobre quienes la defendieron, el desenfoque dará lugar a lecturas erróneas si no perversas. 

Pero hay otras razones para que la República sea algo más que el recordatorio voluntarioso del mes de abril. Los estudios sobre el republicanismo (Petit, entre otros) han servido para superar la consideración puramente individualista del “homo economicus” que lleva aparejada la opresión o la exclusión social. Hay algo más que la dicotomía de I. Berlín sobre la libertad positiva y negativa. Las abstracciones del jusnaturalismo (libertad, igualdad…) que acompañan al derecho burgués tienen una validez que “se agota en un nivel formal, pero que resultan absolutamente insatisfactorias en lo social”; se quiere contentar a los indigentes con “el plato de lentejas de la igualdad jurídica”  sin tocar la desigualdad de hecho, razona P. Grossi. Cuando se leen los manifiestos que los vecinos de los pueblos elevaban al Gobierno Civil en la primavera de 1936 pidiendo el rescate de los bienes comunales privatizados, estamos ante un laboratorio donde se puede analizar la extensión de la ciudadanía, la no dominación  y la superación de determinados contratos sociales que se quedaban en la superficie de la  igualdad jurídica. 

No se puede por menos de imaginar también qué diferente sería nuestro presente de no haberse producido la rebelión militar. López Barrantes, observando el desastre económico y social de los años 40, del que se beneficiaba un reducido grupo, escribió:

“Se ha entregado el Poder público, con furor, a la persecución de los vencidos, poniendo entre los barrotes de las prisiones los brazos –crispados por la iniquidad-- que hacían falta en la tierra. El rencor de los vencedores cometió la insensatez de llevar a cabo una política económica de precios altos y jornales bajos, en régimen de castas, que condujo a que las clases sociales adscritas a los sublevados de julio de 1936 (Clero, Ejército y adinerados) hayan ido ellas mismas devorando con su consumo improductivo y continuo las fuentes de riqueza, depauperando hasta el mínimo rendimiento al pueblo productor”. Todavía estamos sufriendo los efectos del “rencor de los vencedores”.

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Ricardo Robledo. Catedrático jubilado de la Universidad de Salamanca. Profesor visitante de la Universitat Pompeu Fabra.