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Con Ley de Seguridad podrían aumentar más las violaciones de derechos humanos: ONG
La Coordinación alemana de Derechos Humanos en México sostuvo que,
a medio año de las elecciones presidenciales, el gobierno pretende
legitimar y extender la intervención de las Fuerzas Armadas con la ley de seguridad interior,
que consideró es contraria “a lo estipulado en la Constitución (art.
21), como a las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos”.
Esta legislación, señaló, “va en contra de las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el diseño de una estrategia de salida gradual de las Fuerzas Armadas y de retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país. Se debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como implementar procedimientos penales eficientes”.
“La intervención de la Marina y el Ejército, ya en la actualidad, está empeorando la situación de los derechos humanos en 26 estados. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron, que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas quedaron impunes en gran parte”, apuntó.
“En diez años desde su intervención no han habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un análisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos estados, donde en los últimos años se nombraron Ministros de seguridad pública a miembros de las Fuerzas Armadas, están situados los 50 distritos más violentos. En un tercio, aproximadamente, de los 32 estados, los responsables por la seguridad interior son miembros de las Fuerzas Armadas. Entretanto, cinco de éstos se consideran los estados más inseguros de México”, abundó.
Por ello aseveró que “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.
La ley será discutida esta semana, en los últimos días de sesiones en el Senado.
Esta legislación, señaló, “va en contra de las recomendaciones de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: el diseño de una estrategia de salida gradual de las Fuerzas Armadas y de retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país. Se debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como implementar procedimientos penales eficientes”.
“La intervención de la Marina y el Ejército, ya en la actualidad, está empeorando la situación de los derechos humanos en 26 estados. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos documentaron, que las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas quedaron impunes en gran parte”, apuntó.
“En diez años desde su intervención no han habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un análisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos estados, donde en los últimos años se nombraron Ministros de seguridad pública a miembros de las Fuerzas Armadas, están situados los 50 distritos más violentos. En un tercio, aproximadamente, de los 32 estados, los responsables por la seguridad interior son miembros de las Fuerzas Armadas. Entretanto, cinco de éstos se consideran los estados más inseguros de México”, abundó.
Por ello aseveró que “existe el peligro que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos y persista la amenaza para defensores y defensoras de los derechos humanos”.
La ley será discutida esta semana, en los últimos días de sesiones en el Senado.
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