El empresario de la industria hípica Federico Madrazo Hassey
interpuso una denuncia penal en contra del presidente Enrique Peña Nieto
y otros servidores públicos, por el supuesto delito de intimidación y
lo que resulte ante la Procuraduría General de la República.
El caso –expediente NA/CDMX_SEIDF/0001757/2018– fue radicado este 8 de noviembre en la Unidad de Atención Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra de la Administración de Justicia, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Según la denuncia, los hechos se suscitaron a raíz de un escrito que envió dirigido al presidente el 1 de junio pasado, en el cual exponía, entre otras cosas, actos presuntamente constitutivos de corrupción en el manejo del Hipódromo de las Américas, y el papel de la Secretaría de Gobernación al omitir regular la actividad que incluye cruce de apuestas.
Con base en su derecho de audiencia, en ese escrito Madrazo Hassey solicitaba a Peña Nieto obligar a Gobernación a acatar la ley y regular las carreras de caballos y galgos, así como que se revocara el permiso para la celebración de carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas a la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV.
Además, que se revocara de forma inmediata el registro a la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, el registro como órgano técnico de consulta, que es en la práctica quien regula la actividad.
Ante la falta de respuesta, el 25 de julio presentó otro escrito ante la Presidencia, en el que solicitaba a Peña Nieto aclarar su relación con los involucrados: Alejandro Soberón Kuri, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), y José Manuel Alavez González, presidente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, AC, también ligado a CIE.
Este escrito se acompañó con imágenes del presidente Peña en compañía de Soberón Kuri y Alavez González.
Lejos de obtener respuesta, Madrazo Hassey señala que fue objeto de intimidación: el 23 de octubre, la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad –que depende de la Secretaría de Gobernación– le giró un citatorio de auditoría en contra de su empresa, dedicada a ese rubro y ajena al tema hípico.
Al siguiente día, las autoridades federales se apersonaron en sus oficinas para realizar la auditoría. El procedimiento, señala el empresario, es ilegal, pues la orden databa supuestamente del 30 de julio y, según la ley, se debe de cumplimentar 10 días después, no 2 meses después.
En su relatoría de hechos, el empresario Madrazo destaca las coincidencias de este acto con sus solitudes al presidente. Y es que ante la falta de respuesta a sus escritos, el 11 de octubre interpuso un amparo federal para que se le diera respuesta; para el 17 de octubre, tanto la Presidencia como las secretarías de Gobernación y de la Función Pública fueron notificadas de ese amparo. De inmediato, Función Pública respondió que no era competente.
Seis días después, recibe la notificación de auditoría. Y aunque se trata de un procedimiento legal, desde que constituyó su empresa de seguridad, en 2009, sólo había tenido una visita. La segunda es, precisamente, la que coincide con sus solicitudes de aclaración.
Madrazo Hassey acusa además que los administradores del Hipódromo de las Américas le robaron su Cuadra M, propietaria de más de 100 caballos de carrera pura sangre y cuarto de milla.
Ese “proyecto de vida, legado e incluso la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo han sido vilmente coartados por la empresa […] Administradora Mexicana de Hipódromo y la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, por la mismísima Secretaría de Gobernación y por funcionarios del actual gobierno federal”.
El principal responsable de haber cedido a la iniciativa privada este lucrativo negocio es el panista Santiago Creel Miranda. Durante su paso por la Segob, en el sexenio foxista, anuló al órgano regulador en perjuicio del sector público.
Así, la industria hípica carece de autoridad desde septiembre de 2004, cuando Creel derogó el decreto presidencial por el que se creó la oficial Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, y ésta desapareció. Sus sucesores no corrigieron la anomalía, que permanece a la fecha.
La falta de autoridad propició que bajo el patrocinio de la Corporación Interamericana de Entretenimiento se creara la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, que en la práctica –y sin tener facultades legales– regula al sector.
Redacción
El caso –expediente NA/CDMX_SEIDF/0001757/2018– fue radicado este 8 de noviembre en la Unidad de Atención Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra de la Administración de Justicia, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Según la denuncia, los hechos se suscitaron a raíz de un escrito que envió dirigido al presidente el 1 de junio pasado, en el cual exponía, entre otras cosas, actos presuntamente constitutivos de corrupción en el manejo del Hipódromo de las Américas, y el papel de la Secretaría de Gobernación al omitir regular la actividad que incluye cruce de apuestas.
Con base en su derecho de audiencia, en ese escrito Madrazo Hassey solicitaba a Peña Nieto obligar a Gobernación a acatar la ley y regular las carreras de caballos y galgos, así como que se revocara el permiso para la celebración de carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas a la empresa Administradora Mexicana de Hipódromo, SA de CV.
Además, que se revocara de forma inmediata el registro a la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, el registro como órgano técnico de consulta, que es en la práctica quien regula la actividad.
Ante la falta de respuesta, el 25 de julio presentó otro escrito ante la Presidencia, en el que solicitaba a Peña Nieto aclarar su relación con los involucrados: Alejandro Soberón Kuri, presidente de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), y José Manuel Alavez González, presidente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de la Hípica Mexicana, AC, también ligado a CIE.
Este escrito se acompañó con imágenes del presidente Peña en compañía de Soberón Kuri y Alavez González.
Lejos de obtener respuesta, Madrazo Hassey señala que fue objeto de intimidación: el 23 de octubre, la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad –que depende de la Secretaría de Gobernación– le giró un citatorio de auditoría en contra de su empresa, dedicada a ese rubro y ajena al tema hípico.
Al siguiente día, las autoridades federales se apersonaron en sus oficinas para realizar la auditoría. El procedimiento, señala el empresario, es ilegal, pues la orden databa supuestamente del 30 de julio y, según la ley, se debe de cumplimentar 10 días después, no 2 meses después.
En su relatoría de hechos, el empresario Madrazo destaca las coincidencias de este acto con sus solitudes al presidente. Y es que ante la falta de respuesta a sus escritos, el 11 de octubre interpuso un amparo federal para que se le diera respuesta; para el 17 de octubre, tanto la Presidencia como las secretarías de Gobernación y de la Función Pública fueron notificadas de ese amparo. De inmediato, Función Pública respondió que no era competente.
Seis días después, recibe la notificación de auditoría. Y aunque se trata de un procedimiento legal, desde que constituyó su empresa de seguridad, en 2009, sólo había tenido una visita. La segunda es, precisamente, la que coincide con sus solicitudes de aclaración.
Madrazo Hassey acusa además que los administradores del Hipódromo de las Américas le robaron su Cuadra M, propietaria de más de 100 caballos de carrera pura sangre y cuarto de milla.
Ese “proyecto de vida, legado e incluso la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo han sido vilmente coartados por la empresa […] Administradora Mexicana de Hipódromo y la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, por la mismísima Secretaría de Gobernación y por funcionarios del actual gobierno federal”.
Negocio privado con anuencia gubernamental
Como lo ha documentado Contralínea, las carreras de caballos y el mercado de apuestas ligado a ellas está bajo el control total de particulares, a pesar de que Gobernación está obligada, por ley, a regular todos los juegos con apuestas y sorteos.El principal responsable de haber cedido a la iniciativa privada este lucrativo negocio es el panista Santiago Creel Miranda. Durante su paso por la Segob, en el sexenio foxista, anuló al órgano regulador en perjuicio del sector público.
Así, la industria hípica carece de autoridad desde septiembre de 2004, cuando Creel derogó el decreto presidencial por el que se creó la oficial Comisión Nacional de Carreras de Caballos y Galgos, y ésta desapareció. Sus sucesores no corrigieron la anomalía, que permanece a la fecha.
La falta de autoridad propició que bajo el patrocinio de la Corporación Interamericana de Entretenimiento se creara la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, que en la práctica –y sin tener facultades legales– regula al sector.
Redacción
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